Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 132037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Jorge Luis Cuevas en orden al delito de homicidio en grado de tentativa que le fuera imputado (arts. 2, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 42 y 79, Cód. Penal).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 132.037, "Cuevas, Jorge Luis s/ Queja en causa n° 86.519 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal resolvió, el 19 de diciembre de 2017, rechazar el recurso homónimo deducido por la defensa de Jorge Luis Cuevas contra la sentencia de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que confirmó lo decidido por el Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental -integrado de modo unipersonal- en cuanto no hizo lugar al pedido de extinción de la acción penal seguida al mencionado Cuevas por la presunta infracción a la garantía del plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 30/35).
El señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, interpuso el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 82/94 vta., el cual fue denegado por el órgano intermedio y, finalmente, concedido por esta Suprema Corte por vía de un recurso de queja por resolución del 13 de mayo de 2020 (v. fs. 178/181).
Oído el señor Procurador General a fs. 189/191, dictada la providencia de autos a fs. 193 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
Previa: ¿Corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa?
En su caso:
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión previa planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El señor Procurador General dictaminó que, en principio, debería declararse de oficio la extinción por prescripción de la acción penal en orden al delito de homicidio en grado de tentativa imputado a Jorge Luis Cuevas (v. fs. 189/191).
II. Concuerdo con la Procuración General, pues considero que la acción penal correspondiente al delito de homicidio simple tentado efectivamente se encuentra prescripta.
II.1. En forma preliminar, corresponde detallar el derrotero que ha seguido la presente causa en las diferentes instancias.
II.2. De lo actuado surge que, el 11 de marzo de 2008, el Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de La Plata dictó el auto de citación a juicio en la causa n° 2170/3020 seguida a Jorge Luis Cuevas por el delito de homicidio en grado de tentativa (arts. 79 y 42, Cód. Penal), que había sido cometido el 7 de agosto de 1999 (v. fs. 239 de la causa principal).
El 26 de agosto de 2010, el tribunal dispuso designar la audiencia del día 24 de septiembre de 2012 para el juzgamiento oral y público de Jorge Luis Cuevas (v. fs. 258), la que fue suspendida determinándose nueva audiencia para los días 11 y 12 de septiembre de 2014 con nueva integración unipersonal del tribunal (v. fs. 294).
II.3. Mediante presentación del 3 de septiembre de 2014, el señor defensor oficial del imputado -doctor Ernesto Julián Ferreira- solicitó la extinción de la acción por infracción a la garantía del plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 295/298 vta.).
Expresó que su asistido se hallaba imputado por un hecho denunciado el 7 de agosto de 1999, que no presentaba ninguna complejidad que justificara los 15 años de tramitación insumidos hasta ese entonces (v. fs. 296 vta.).
Solicitó, en definitiva, que se disponga la extinción de la pretensión punitiva del Estado y el consecuente sobreseimiento de Jorge Cuevas por infracción a la garantía del plazo razonable de duración del proceso (arts. 18, Const. nac.; 8.1., CADH y 14.1.c., PIDCP; v. fs. 298 vta.).
II.4. El señor juez a cargo del Tribunal en lo Criminal n° 1 departamental, el 4 de septiembre de 2014, no hizo lugar a lo peticionado por la defensa por no haber operado la prescripción de la acción penal en ese entonces (v. fs. 305).
Explicó que los plazos legales aún se encontraban vigentes ya que el auto de citación a juicio se había dictado el 11 de marzo de 2008, no habiendo en consecuencia transcurrido el máximo de pena amenazada en la especie -homicidio en grado de tentativa- de doce años de prisión (v. fs. cit.).
II.5. Contra esa decisión, la defensa articuló recurso de apelación, solicitando además la suspensión del debate (v. fs. 306/311).
Insistió en requerir que se aplique la garantía del plazo razonable de duración del proceso, a partir de la aplicación al caso de la teoría de la ponderación (v. fs. 306 vta.).
II.6. El 23 de septiembre de 2014, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto de la instancia originaria (v. fs. 316/317 vta.).
II.7. Contra lo así decidido, el señor defensor oficial articuló recurso de casación.
El 5 de febrero de 2015, la Sala I del Tribunal de Casación Penal hizo lugar al reclamo argumentando que los pronunciamientos inferiores habían soslayado la cuestión constitucional planteada por la defensa, ordenando el reenvío a la instancia de origen para dictarse un nuevo pronunciamiento (v. fs. 337/339 vta.).
II.8. A partir del reenvío dispuesto, el 5 de mayo de 2017, una vez más el tribunal de la instancia desestimó el pedido por improcedente (v. fs. 353/354 vta.).
Ante el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial contra aquella decisión (v. fs. 355/359 vta.), la Cámara departamental mediante resolución del 13 de julio de 2017 confirmó la desestimación por improcedente del planteo de extinción de la acción penal por la presunta infracción a la garantía del plazo razonable de duración del proceso (v. fs. 364/365).
Por su parte, entablado el recurso de casación, la Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 19 de diciembre de 2017, rechazó el reclamo y ordenó que se arbitraran los mecanismos necesarios para disponer en forma urgente la celebración de la audiencia de debate (v. fs. 30/35 del legajo de casación n° 86.519).
II.9. Contra aquella decisión se alzó el señor defensor oficial adjunto interponiendo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 82/94), que fue finalmente concedido por este Tribunal mediante resolución del 13 de mayo de 2020 (v. fs. 178/181), merced a la queja deducida a fs. 164/171 vta.
Mediante su presentación el defensor tachó de arbitrario el pronunciamiento recurrido por apartamiento de las constancias de la causa y por la infracción al derecho a ser oído, en lo atinente al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, con la suficiencia y carga técnica necesarias. Cuestionó la decisión revisora por entender que negó el menoscabo a la garantía del plazo razonable sin siquiera haber tenido a la vista el expediente principal cuando -a su entender- resultaba necesario el estudio de la totalidad de las actuaciones para tomar en consideración diversas cuestiones a fin de ponderar la infracción aludida, tales como: la falta de complejidad de la causa, pues la víctima del hecho -denunciado el 7 de agosto de 1999- señaló al imputado como el agresor ese mismo día; la actividad procesal del encausado que en ningún momento entorpeció la investigación; la ausencia de maniobras dilatorias por parte de la defensa; la conducta de las autoridades judiciales que en reiteradas oportunidades detuvieron de modo injustificado la tramitación; y, por último, los perjuicios padecidos por Jorge Luis Cuevas frente a la situación de incertidumbre ante la extensa duración del proceso (v. fs. 89 vta./94).
III. Ahora bien, liminarmente se debe destacar que, si bien el hecho de esta causa data de una fecha anterior a la reforma de la ley 25.990 (B.O., 11-I-2005), corresponde aplicar esta norma retroactivamente por ser la ley más benigna (conf. arts. 9, CADH; 15, PIDCP; 75 inc. 22, Const. nac. y 2, Cód. Penal; causas P. 131.505, sent. de 5-X-2020 y P. 133.556, sent. de 10-XI-2022).
Esta Corte tiene dicho que el principio de retroactividad de la ley más benigna también rige en lo atinente a los mecanismos de extinción de la acción, ya que este extremo está incluido en el concepto de ley penal que establece el art. 2 del Código Penal (CSJN Fallos: 287:76; causa P. 83.722, sent. de 23-II-2005 y su progenie).
En tal entendimiento, resulta pertinente señalar que la citada ley 25.990, en cuanto modificó el párrafo cuarto del art. 67 del Código Penal, sustituyendo la expresión "secuela de juicio" como causal interruptora de la prescripción de la acción penal por un catálogo taxativo de los actos procesales que producen ese efecto (incs. "b", "c", "d" y "e"; conf. doctr. P. 83.722, cit.), varió sustancialmente el instituto relativo a la prescripción de la acción penal, restándole virtualidad interruptora a muchos actos que, según pacífica jurisprudencia, revestían esa entidad tanto en la etapa instructoria, como en el plenario o contradictorio e, incluso, en la instancia recursiva.
Estas nuevas disposiciones proyectan, en el caso, sus efectos más benignos sobre la situación del procesado, al haber reducido las causales de interrupción por actos de procedimiento, correspondiendo, por ende, su aplicación (arg. arts. 2, Cód. Penal; 9, CADH; 15.1., PIDCP y 75 inc. 22, Const. nac.).
IV. Por otra parte, es un criterio consolidado que la prescripción puede (y debe) ser declarada, incluso, de oficio, en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, por tratarse de una cuestión de orden público que, como tal, actúa de pleno derecho, por el solo "transcurso del tiempo" (conf. causas P. 57.460, sent. de 29-XII-2004; P. 83.722, cit.; e.o.).
Y ello debe ser resuelto por esta Corte, aun en el estrecho marco de su competencia extraordinaria, cuando se encuentren verificados todos los requisitos positivos y negativos que establece la ley para su procedencia, a efectos de evitar la continuación de un juicio innecesario (conf. CSJN Fallos: 186:396 y 318:2481). Estos son: 1) el transcurso del plazo pertinente (art. 62, Cód. Penal); y 2) la inexistencia de actos procesales interruptores y la no comisión de un nuevo delito (conf. art. 67, Cód. cit.).
V. Sentado ello, tal como lo puso de manifiesto el mencionado dictamen de la Procuración General, se advierte que el último acto con entidad interruptora de la acción penal en esta causa es la única citación a juicio existente en el proceso de fecha 11 de marzo de 2008 (conf. arts. 67 inc. "d", Cód. Penal y 338, CPP). En consecuencia, desde ese momento hasta el presente, ha transcurrido el término máximo de doce años (conf. art. 62 inc. 2, Cód. Penal) aplicable para el caso del delito de tentativa de homicidio simple (arts. 79 y 42, Cód. Penal).
Tampoco se ha establecido que en el plazo a computar el procesado Jorge Luis Cuevas hubiese cometido otro delito a la luz de los informes del Registro Nacional de Reincidencia (v. fs. 220/221) y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 207).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde declarar la extinción de la acción penal por prescripción en la presente causa respecto de Jorge Luis Cuevas en orden al delito de homicidio simple en grado de tentativa (arts. 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 42 y 79, Cód. Penal).
Voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la cuestión previa por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Dada la forma en que ha quedado resuelta la cuestión previa, no corresponde el tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara de oficio la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Jorge Luis Cuevas en orden al delito de homicidio en grado de tentativa que le fuera imputado (arts. 2, 62 inc. 2, 67 -según ley 25.990-, 42 y 79, Cód. Penal).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 11:53:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 13:44:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/03/2023 15:23:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2023 15:55:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:01:53 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/04/2023 10:45:39 hs. bajo el número RS-23-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia