Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 131864
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 131.864, "Internos Alojados en la Unidad Penitenciaria n° 48 s/ queja interpuesta por el Dr. Coriolano, Mario Luis -Defensor ante Casación- en causa n° 87.994 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Torres, Genoud.
La Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín, mediante el pronunciamiento dictado el 13 de octubre de 2017 confirmó la resolución del Juzgado de Garantías n° 6 departamental del 22 de septiembre de 2017, que hizo lugar al habeas corpus interpuesto por la defensora oficial a favor de los detenidos alojados en la Unidad Carcelaria n° 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense y dispuso -en virtud de la superpoblación constatada- la reubicación de doscientos veinticinco internos alojados en dicha dependencia en forma gradual; prohibió el ingreso de detenidos a la misma hasta tanto se cumpla lo previamente mencionado, debiendo quedar con el cupo ideal de cuatrocientos ochenta detenidos y, finalmente, requirió que se arbitren los medios para readecuar el cupo ideal oportunamente fijado (v. fs. 1/2 vta. con relación a fs. 49/58).
Contra ello interpuso recurso de casación el entonces señor Director Provincial de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires –Alejandro Fabián Arévalo- (v. fs. 24/30).
La Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 31 de mayo de 2018, hizo lugar al recurso deducido, casó la resolución dictada por el Tribunal de Alzada y ordenó el dictado de una nueva, previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo -a través de la respectiva Subsecretaría- y la Cámara interviniente a fin de dar solución definitiva al fondo de la cuestión (v. fs. 77/81 vta.).
Frente a lo así resuelto, el señor Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Mario Luis Coriolano, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 85/94), el cual fue desestimado por inadmisible por el tribunal intermedio (v. fs. 116/118 vta.). Interpuesta la queja pertinente (v. fs. 214/218), este Superior Tribunal por resolución del 18 de diciembre de 2019 decidió -por mayoría- admitirla y conceder el recurso extraordinario incoado (v. fs. 219/223).
Oído el señor Procurador General a fs. 229/237, dictada la providencia de autos (v. fs. 238), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El señor defensor oficial denunció el 27 de junio de 2018 que la sentencia es arbitraria, que vulneró la garantía a la tutela judicial efectiva y se apartó de la doctrina legal con prescindencia del texto de la ley (CSJN, Fallos: 328:1146 "Verbitsky" y art. 18, Const. nac.; v. fs. 88 vta.).
Sostuvo que el pronunciamiento que hizo lugar al habeas corpus tuvo su origen en la constatación del agravamiento de las condiciones de detención a partir del exceso de población carcelaria permitida en la Unidad Penal n° 48 de San Martín, y por carecer de la totalidad de colchones ignífugos necesarios (arts. 18, Const. nac. y 25, CPP). Refirió que la instancia de diálogo y negociación que impuso el Tribunal de Casación Penal en su fallo como medida previa obligatoria para emitir una decisión definitiva, descartando las adoptadas por las instancias jurisdiccionales anteriores por estimarlas intrusivas de políticas públicas de gestión del sistema carcelario, vacía de contenido la tutela judicial efectiva que requiere la materia, además de desentenderse de la realidad imperante en la Provincia de Buenos Aires en donde pese a las numerosas instancias de diálogo diseminadas por todo el territorio, no se ha podido avanzar en una solución definitiva a la problemática de emergencia que vive el Servicio Penitenciario Provincial (v. fs. 88 vta. y 89 vta.).
Recordó que fue en la causa "Verbitsky" (CSJN Fallos: 328:1146) donde se reconoció la imposibilidad de llegar a una solución consensuada y la necesidad de adoptar medidas para la subsanación de las afectaciones constatadas por la jurisdicción (cons. 30° y 31°, fallo cit.), y que resulta propio de la función jurisdiccional el control de los actos de la administración, también en la etapa de ejecución de la decisión (arts. 43, Const. nac. y 20, Const. prov.; v. fs. 89 vta.).
Expuso que sobre los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (conf. art. 1.1, CADH), pesa el suministrar recursos judiciales idóneos y efectivos contra las violaciones a los derechos, pero no basta con que ese recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, sino que se requiere que sea "realmente idóneo" para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarlo; por su parte -continuó- la Corte Interamericana agregó que los recursos no solo deben ser idóneos para solucionar la violación alegada, sino que tampoco deben ser ilusorios. Entendió que la protección sería ilusoria si solo se dispusiera el diálogo y la negociación y no se exigiera judicialmente la subsanación efectiva, útil y pronta. En ese sentido, citó precedentes de la Corte Suprema referidos a la competencia del Poder Judicial para garantizar la eficacia de los derechos (v. fs. 90).
Señaló que en el marco de la ejecución del fallo "Verbitsky" en causa P. 83.909, esta Suprema Corte reforzó el diseño de control jurisdiccional de los centros de detención y estableció un sistema de visitas periódicas a cargo de un Comité departamental, y la creación de la Subsecretaria de Personas Privadas de la Libertad dependiente de este Máximo Tribunal Provincial (conf. SCBA, resol. 250 de 2-V-2007, Acuerdo 3118; v. fs. 92).
Consideró que "No existe así resquicio legal o jurisprudencia que permita sostener que el control de las condiciones de detención, la adopción de medidas y la ejecución de las sentencias implican injerencia indebida del poder judicial, cuando ello se traduce en la reparación de afectaciones constitucionales y convencionales" y que en el caso "Verbitsky" se instruyó a la Suprema Corte y demás tribunales provinciales para que hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según correspondiera, entre otras mandas (v. fs. 92 y vta.).
Estimó que de admitirse y consolidarse la línea argumental que la Sala IV del Tribunal de Casación Penal pretendió imponer a partir de los fallos dictados en el marco de procesos colectivos (v.gr. causas 84.898/Sala IV, 85.018/Sala IV), se desnaturaliza la garantía a la tutela judicial efectiva y se retrotraen derechos adquiridos en la materia; consideró que vaciar de contenido la facultad de control judicial sobre este aspecto de la pena implica crear un ámbito de discrecionalidad en el desarrollo del encierro carcelario que resulta sumamente cuestionable en un Estado de Derecho (v. fs. 93 vta.).
Por todo lo expuesto, concluyó que la señora jueza de garantías no se excedió y que el Tribunal de Casación violentó la garantía de la tutela judicial efectiva (arts. 25, CADH y 25 inc. 3, CPP), y vulneró el debido proceso y la defensa en juicio (art. 18, Const. nac.) a partir de la arbitrariedad del fallo por apartarse, sin brindar fundamentos a tal fin, del precedente "Verbitsky". En consecuencia, solicitó se haga lugar al recurso y se reenvíen los autos al a quo a fin de que -debidamente integrado- dicte una resolución ajustada a derecho (v. fs. 93 vta. y 94).
II. El señor Procurador General se pronunció a favor del recurso (v. fs. 229/237).
III. Liminarmente, cabe realizar una breve reseña del derrotero procesal de la presente causa a fin de comprender la solución a la que se arribará.
III.1. La señora defensora oficial del Departamento Judicial de San Martín, doctora Carolina Martínez, interpuso en el mes de septiembre de 2017, una acción de habeas corpus colectivo a favor de los detenidos alojados en las Unidades Carcelarias n° 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense, denunciando -en lo que ahora interesa- un agravamiento en las condiciones de detención, por cuanto la capacidad de las mismas se hallaba holgadamente superada faltando colchones (conf. art. 405 in fine, CPP). Citó en su apoyo los parámetros del caso "Verbitsky" (v. fs. 47/48).
III.2. La titular del Juzgado de Garantías n° 6 departamental, doctora Elena Gabriela Persichini, hizo lugar a la acción el 22 de septiembre de 2017 aunque solo con relación a los detenidos alojados en la Unidad n° 48 -debido a que existían otros habeas corpus tramitando a favor de los detenidos de las Unidades n° 46 y 47-. Entendió que las condiciones de detención se encontraban agravadas dado que existía un exceso de internos respecto de la capacidad máxima de alojamiento. Precisó que ese exceso era de doscientos veinticinco internos pues, según lo declarado por el Jefe de la Unidad, la capacidad del penal era de cuatrocientos ochenta detenidos a pesar de lo cual se encontraban alojados en esos momentos setecientas cinco personas. Por consiguiente, la magistrada resolvió -en lo que ahora importa-: 1) que se procediera a la reubicación gradual de doscientas veinticinco personas, 2) prohibir el ingreso de nueva población hasta tanto se cumpliera el punto anterior, debiendo quedar con el cupo ideal de cuatrocientos ochenta detenidos, 3) que se procediera a arbitrar los medios para readecuar el cupo ideal fijado para la Unidad -ya que, eventualmente, podrían alojarse cinco personas en las celdas en lugar de cuatro- y 4) exhortar a la Jefatura del Servicio Penitenciario provincial a fin de que se proveyera de colchones a la población carcelaria excedente (v. fs. 49/58).
Es importante destacar que la señora jueza reconoció la situación crítica que afrontaba el Servicio Penitenciario, que no se resolvía con la mera reubicación de internos de una unidad en otra con similares déficits.
III.3. Contra ello el 5 de octubre de 2017 interpuso recurso de apelación el entonces señor Subsecretario de Política Penitenciaria -doctor Juan José Baric- (v. fs. 59/68).
Denunció la invasión de competencias propias del Poder Ejecutivo y un exceso jurisdiccional en cuanto al diseño de estrategias de intervención con relación a la población carcelaria, complicando incluso la situación de quienes están alojados en comisarías. Alegó que se trata de soluciones que no se pueden obtener en el "corto plazo"; que se emiten pronunciamientos contradictorios ya que el cumplimiento de unos implica el incumplimiento de otros, desatendiéndose el sistema en su totalidad; que los efectos son adversos para los internos cuyo traslado se dispone; que es pernicioso fijar límites máximos de ocupación; que se ordenó "...la muy urgente adecuación de la población carcelaria de la Unidad Penal N 48 de San Martín a su capacidad ideal de alojamiento". Además, se agravió por la ausencia de bilateralidad al sostener que "...si esta parte hubiese sido convocada a una audiencia o se hubiese corrido vista de las actuaciones, o se le hubiese planteado una mesa de trabajo, se habría podido explicar el porqué de la irrazonabilidad" de la decisión, lo que no ocurrió, infringiéndose el art. 412 del Código Procesal Penal.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental, mediante el pronunciamiento del 13 de octubre de 2017, rechazó la impugnación y confirmó el fallo recurrido. Tuvo en cuenta que el dato de la capacidad máxima de cuatrocientos ochenta internos de la Unidad n° 48 había sido suministrado por el propio Servicio Penitenciario, y que una población de setecientos cinco internos para la capacidad indicada representaba un grado de hacinamiento que justificó la intervención jurisdiccional a fin de hacer cesar el agravamiento de las condiciones de detención conforme el art. 405 del Código Procesal Penal. Consideró que, al haberse dispuesto una readecuación de la población en forma gradual, se contempló el carácter generalizado de la problemática, admitiéndose que el traslado del número de internos excedentes se realizara "...en la medida de las posibilidades del Servicio Penitenciario". En lo que concierne a la celebración de la audiencia, desestimó el planteo con el argumento de que el art. 415 del Código Procesal Penal permite prescindir de la misma cuando no sea necesaria y que el Poder Ejecutivo no expresó que hechos no había podido alegar o la prueba que pretendía ofrecer (v. fs. 1/2 vta.).
III.4. Frente a esa decisión, con fecha 9 de noviembre de 2017, interpuso recurso de casación el señor Director Provincial de Política Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires -Alejandro Fabián Arévalo-, a cargo de dicha dependencia durante la gestión anterior a la actual. Planteó cuestiones similares a las llevadas ante la instancia previa: denunció gravedad institucional, arbitrariedad del pronunciamiento por indebida fundamentación, por invadir facultades del poder administrador y por impactar en forma negativa en los derechos de los internos al reubicarlos en forma obligatoria, afectando el equilibrio poblacional. Insistió también en su agravio relativo a la falta de celebración de la audiencia prevista en el art. 412 del Código Procesal Penal (v. fs. 24/30).
III.5. Al notificarse de la integración de la Sala interviniente, el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, doctor Carlos Arturo Altuve, se pronunció el 1 de febrero de 2018 por el rechazo del recurso pues consideró que la resolución dictada era "...razonable y acorde a la competencia jurisdiccional específica que la ley otorga al órgano"; y coincidió con la Cámara en que la decisión cuestionada se ajustaba a la normativa vigente y había sido dictada "...en el marco de la superpoblación que afecta[ba] la Unidad penitenciaria aludida" (fs. 38 y vta.).
III.6. Por su parte, el 25 de abril de 2018, el señor Defensor Oficial ante esa instancia, doctor Mario Luis Coriolano, compartió la postura fiscal y añadió que "...las medidas que afectan al Poder Ejecutivo son consecuencia de lo resuelto por la jurisdicción local en cumplimiento de la CN, fijando las pautas para hacer cesar el probado agravamiento de condiciones de detención por exceso en el cupo carcelario y otros padecimientos, en el marco de un proceso de hábeas corpus, en el que se indican, además incumplimientos previos [...] con directa vinculación con el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a no ser víctima de tratos crueles inhumanos o degradantes, el derecho a ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y el derecho a que la pena tenga por finalidad esencial la reforma y readaptación social de los/as condenados/as" (arts. 43, Const. nac. y 25, CADH; v. fs. 71/73).
Alegó que solo aconsejar medidas al Poder Ejecutivo implica frustrar la esencia misma del habeas corpus y citó el caso "Rivera Vaca", fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.7. El 31 de mayo de 2018, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, hizo lugar al recurso y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento previa articulación de ámbitos de diálogo y negociación entre el Poder Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia provincial y de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín, a fin de dar solución definitiva al fondo de la cuestión (v. fs. 77/81 vta.).
Para resolver de ese modo, el doctor Kohan quien contó con la adhesión del doctor Natiello, transcribió lo dicho en la causa n° 63.640, en la cual expresó entre otras consideraciones que : "La solución al sumamente complejo y urgente problema que aqueja a las personas detenidas en todo el sistema penitenciario provincial, sólo puede surgir de un esfuerzo mancomunado entre los distintos actores públicos con competencia sobre la materia, en el que cada uno, en el marco de sus atribuciones y sin exceder las mismas, tenga como finalidad la concreción del mandato constitucional". Añadió que "El control judicial, en la perspectiva expresada, no puede incluir la implementación de políticas públicas de gestión del sistema carcelario, sin poner en crisis el sistema republicano de gobierno y comprometer responsabilidades que son inherentes a otros poderes y funciones' ...
" y que la problemática "... en donde se abordan cuestiones que involucran a distintos funcionarios de todos los poderes públicos, lleva indefectiblemente enlazada la necesidad de realizar una tarea mancomunada tendiente a dar definitiva y acabada solución a la problemática aludida"; "En esta línea argumental, el habeas corpus colectivo, por su carácter parcial, obliga a confrontar la denuncia realizada con todo el resto del sistema carcelario provincial y proveer a una estrategia de solución que contenga un abordaje general y sincrónico de todo el sistema de ejecución penal"; "Tal lo sostenido por la CSJN en el fallo ‘Verbitsky’ (Fallos: 328:1146, sentencia del 3/2/2005), aquella problemática conlleva mayor complejidad ejecutiva y requiere la evaluación integral e igualitaria de la cuestión"; "... la resolución de un problema de hacinamiento, sobre la base de un traslado masivo de detenidos de un penal a otro, puede solucionar el problema del primero, pero afectará en forma indefectible al segundo o en algún caso, implicar un agravamiento de las condiciones de detención del sujeto que es trasladado"; "De esta manera, la necesidad de articular ámbitos de diálogo y negociación entre los distintos actores involucrados en la cuestión, esto es, el Poder administrador quien es el que tiene la obligación esencial y primaria de que toda detención sea adecuada a las Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas para de esa forma lograr cumplir el mandato constitucional de tener cárceles limpias y sanas por un lado y por el otro, a quien está encargado del control de la pena como lo es el Poder Judicial, se presenta como una necesidad ineludible a cualquier decisión jurisdiccional"; "La obligación de los jueces de dar respuesta a la pretensión esgrimida en el habeas corpus y lograr que cesen aquellas políticas que afectan los derechos de los detenidos, no implica necesariamente que sean competentes para el diseño o modificación de los programas de políticas penitenciarias en curso, que por otro lado, deberán juzgar eventualmente a partir de sus resultados..." (fs. 79 vta. y 80, cursiva en el original).
La Casación afirmó que lo fallado en el precedente así citado era aplicable "mutatis mutandi" al caso de autos para luego concluir -con una argumentación que parece referirse a un supuesto exactamente contrario al de estos autos- que "Tampoco aparece como motivo válido de concesión del instituto del Hábeas Corpus el hecho de disponer traslados de internos de una unidad a otra. Aquí debe ponderarse que resulta menos perjudicial para los intereses del sujeto, devenido el hecho de ser reubicado en otra institución que pueda ofrecer mejores condiciones de alojamiento, mitigando el hacinamiento extremo que se verifica en algunos establecimientos, para homegenizar la cantidad de internos en cada unidad conforme su capacidad", y que "...toda otra alegación en contrario cede frente al incontrovertible hecho de que, al lograrse una distribución más equilibrada de los sujetos privados de su libertad, se contribuye a mejorar -aunque no solucionar- el problema de la superpoblación en algunas unidades penitenciarias" (fs. 80 vta.).
IV. En coincidencia con el señor Procurador General, considero que el recurso extraordinario es procedente.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.