Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127305
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria del día 23 de abril de 2021 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa destacar, condenó a Gustavo Fabián Penas a abonarle a Juan Miguel Martos la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido (v. vered. y sent. de 8-IV-2021).
II. Frente a lo así resuelto, el demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 21-IV-2021), oportunidad en la que alegó la imposibilidad material de afrontar el cumplimiento de la carga procesal dispuesta en el art. 56 de la ley 11.653, con cita expresa del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Troche Báez, Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos S.R.L." y los que siguieron su doctrina, ofreciendo prueba de ello (v. pág. 5 de la impugnación y sus datos adjuntos). Asimismo, planteó la inconstitucionalidad de la señalada norma ritual (v. pág. 2 del citado recurso).
A su turno, el tribunal de grado, con fundamento -únicamente- en la documental adjuntada en la presentación recursiva, desestimó la solicitud de exención fundada en la imposibilidad de afrontar la erogación establecida por la señalada norma ritual (v. resol. de 23-IV-2021). En consecuencia, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado, por no encontrarse satisfecho el requisito del depósito previo.
III. Contra este último pronunciamiento, la impugnante dedujo el recurso de queja previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación de 29-IV-2021).
En sustancia, sostiene que el tribunal laboral, al expedirse en torno a los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, omitió sustanciar la prueba relativa al pedido de exención a depositar peticionado en los términos de la doctrina emanada a partir del precedente arriba indicado.
IV. La vía directa incoada ante esta sede ha de prosperar.
IV.1. De modo preliminar, debe recordarse que esta Corte tiene dicho que, para el supuesto de sentencia condenatoria, el mencionado art. 56 de la ley 11.653 establece como carga ineludible para la admisibilidad de los remedios extraordinarios el depósito previo de capital, intereses y costas, cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la posibilidad de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que el fallo recurrido constituye fuerte presunción favorable (causas L. 123.810, "Molina", resol. de 30-X-2019; L. 125.810, "Tesei", resol. de 23-X-2020 y L. 124.679, "Argiz", resol. de 15-IV-2021).
En cuanto al cuestionamiento introducido en torno a la validez supralegal del mentado requisito, corresponde señalar que el planteo ha sido materia de reiterados pronunciamientos por parte de este Tribunal.
Al respecto ha sostenido el criterio de que dicho precepto no conculca derechos o garantías constitucionales, pues constituye por su finalidad una razonable medida precautoria prevista en salvaguardia del interés social comprometido y de la celeridad procesal, colocando al trabajador en condiciones de hacer efectivo sin dilaciones su crédito, del que la sentencia en embate es fuerte presunción favorable, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio, toda vez que se impone de igual modo a todos los que se encuentran en las mismas circunstancias (causas L. 120.985, "Palomeque", resol. de 5-VII-2017; L. 120.997, "Jiménez", resol. de 29-VIII-2017; L. 125.977, "Quinteros" y L. 126.131, "Geist", resols. de 13-X-2020 y L. 124.679, cit.).
Específicamente, en casos similares al presente, ha señalado que el derecho de defensa en juicio sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley, y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (causas L. 125.041, "Diaz", resol. de 16-III-2020; L. 125.281, "Gómez", resol. de 1-VI-2020 y L. 125.629, "Ruiz", resol. de 29-VI-2020).
IV.2. A ello corresponde adunar, que también ha declarado, respecto de lo regulado en la norma procesal aludida, que la desproporcionada magnitud del monto con relación a la capacidad económica del impugnante y la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontar dichas erogaciones, constituyen supuestos de excepción al mencionado dispositivo normativo (causas L. 124.797, "Cabral" y L. 125.093, "Moros", resols. de 26-II-2020; CSJN "Troche Báez Prostacio c/ Salvador Olivadese e Hijos S.R.L.", agosto, 26-1997).
Conforme ello, el principio general que marca el enunciado art. 56 de la ley ritual del fuero puede sufrir excepciones cuando los recurrentes demuestran, cabalmente y sin ninguna hesitación, la imposibilidad para efectuar el depósito de marras (causas L. 120.809, "Cilidonio", resol. de 10-V-2017; L. 123.860, "Valderrama" y L. 123.984, "Ramírez", resols. de 23-X-2019; L. 125.066, "Arripe", resol. de 22-VII-2020 y L. 124.679, cit.)
IV.3. Ello, cierto es, aconteció en el caso en análisis, desde que en su presentación de 21 de abril de 2021 el interesado alegó su imposibilidad económica de afrontar el depósito para acceder a la instancia extraordinaria, ofreciendo prueba a tales fines (v. pág. 5 de la impugnación), por lo que deviene pertinente que el órgano anterior en grado sustancie aquel material probatorio tendiente a acreditar la alegada imposibilidad, y decida, en consecuencia, lo que corresponda (causas L. 123.661, "Porchia", resol. de 11-IX-2019; L. 124.362, "Gasparini", resol. de 11-III-2020 y L. 125.066, "Arripe", resol. de 22-VII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, y dejar sin efecto, con el alcance aludido, la denegatoria del día 23 de abril de 2021 (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y vuelvan los autos al tribunal de origen por la vía que corresponda para que obre de conformidad con lo decidido.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2021 17:19:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 07:46:24 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 09:37:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 21:30:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2021 08:12:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2021 11:23:16 hs. bajo el número RR-1354-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia