Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34577-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1.
Desestimar los agravios ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos de Públicos (Dirección General Impositiva) y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas. 2. Regular los honorarios de conformidad con el considerando XIV.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
41312/2016 QUETRA SA (TF 34577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 15 de diciembre de 2022.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma Quetra S.A. interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 76, inciso ‘b’, de la ley 11.683 contra la resolución n° 296/2010 (DV SRR1) de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), por la cual determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 12/2003 a 06/2005, liquidó los intereses resarcitorios y difirió la aplicación de la sanción de multa en los términos del artículo 20 de la ley 24.769 (ver fs. 17/26).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió (a) por unanimidad, revocar la resolución apelada, y (b) por mayoría, imponer las costas a la AFIP-DGI. Asimismo, reguló los honorarios del letrado apoderado de la parte actora (ver fs. 117/120).
III. Es conveniente efectuar una reseña de los fundamentos expuestos por el Tribunal Fiscal.
(i) La Dra. Agustina O´Donell sostuvo:
a. Correspondía examinar si la venta de entradas que realizó Quetra S.A. ––cuya actividad es la producción de espectáculos musicales y teatrales en el local comercial “Señor Tango”–– se encontraba exenta (artículo 2º de la ley 19.787) o gravada (en función de lo establecido en los decretos 493/2001 y 496/2001).
Para ello debía repararse en que la ley 25.920 (B.O. 9/09/2004) incorporó luego del segundo párrafo del artículo 7.1 de la ley del impuesto al valor agregado el siguiente texto: “[s]in perjuicio de las previsiones del primer párrafo de este artículo, en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuestos, en cuanto no lo incluyan taxativamente”.
Tal era el caso de la ley 19.787, que declaró de interés nacional la difusión de la música argentina y estableció una exención genérica sobre los tributos creados o que fueran a crearse.
Sin embargo, la ley 25.920 incluyó a continuación del tercer párrafo del artículo 7.1 el siguiente texto: “[l]a limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo […]”.
b. La ley 19.787 fue incluida en el Digesto Jurídico Argentino aprobado por la ley 26.939 como una norma vigente y ello hacía operativo el último párrafo del artículo 7.1 de la ley del impuesto al valor agregado. c. Paralelamente la pretensión fiscal era improcedente porque la ley 25.414 ––que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a dictar los decretos 493/2001 (B.O. 30/04/2001) y 496/2001 (B.O. 2/05/2001)–– fue derogada por la ley 25.556 (B.O. 28/12/2001).
d. La derogación de esa ley generó diversas controversias que fueron superadas mediante los pronunciamientos, de esta cámara, que declararon la inconstitucionalidad del decreto 493/2001.
e. Un criterio similar fue expuesto en la disidencia del precedente “Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” (Fallos: 341:101) en la que se sostuvo que la delegación de atribuciones que efectuó la ley 25.414 era inconstitucional.
(ii) El Dr. Daniel Martin señaló:
a. La ley 19.787 declaró de interés nacional la difusión de la música argentina y estableció en su artículo 2º una exención genérica que abarcó los tributos vigentes o que fueran a crearse, como era el caso del impuesto al valor agregado (vigente desde el año 1975).
b. El decreto 493/2001 ––en lo que ahora importa–– eliminó la exención prevista el punto 10 del inciso ‘h’ del artículo 7º de la ley del impuesto al valor agregado a los espectáculos y reuniones de carácter musical “por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos” y agregó en el artículo 7.1 de esa ley que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 41312/2016 QUETRA SA (TF 34577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO no serían de aplicación las exenciones taxativas o genéricas dispuestas para estos espectáculos por otras normas legales.
c. El artículo 7.1 de la ley del gravamen ya contenía una disposición de un tenor similar pero respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica.
d. La ley 25.920 (B.O. 9/09/2004) incorporó dos párrafos al artículo 7.1 que ratificaron la vigencia de las exenciones que se encontraban vigentes a la fecha de entrada de esta última, inclusive respecto de las actividades que menciona el primer párrafo de ese artículo.
La Corte Suprema, en la causa “Asociación Mutual Sancor c/ AFIP- DGI s/ acción meramente declarativa de derecho”, pronunciamiento de fecha 14 de abril de 2015, “despejó las dudas respecto de si dicha incorporación también impactaba sobre las exenciones objetivas mencionadas en el primer párrafo del artículo incorporado a continuación del 7º, al confirmar su aplicación”.
f. Si bien esa ley tuvo vigencia desde su publicación (el 9 de septiembre de 2004), su carácter aclaratorio permitía declarar que las operaciones realizadas por Quetra S.A. desde diciembre de 2003 hasta junio de 2005 gozaban de la exención prevista en la ley 19.787.
iii. La Dra. Edith Gómez indicó:
a. La ley 25.414 (B.O. 30/03/2001) delegó en el Poder Ejecutivo Nacional el ejercicio de atribuciones legislativas hasta el 1º de marzo de 2002 y estableció: (1) en el inciso (a) del acápite II, entre otras, la facultad de crear o eliminar exenciones y (2) la caducidad de pleno derecho de la delegación efectuada, una vez que transcurriera el período citado. b. Sobre la base de esa delegación, el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 493/2001 (B.O. 30/4/2001) derogó la exención en el impuesto al valor agregado “sobre los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, circense, deportivos o cinematográficos [dispuestos] en leyes nacionales ––generales, nacionales o estatutarias––, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluyeran genérica o taxativamente el IVA [sic]”.
c. Posteriormente la ley 25.556 (B.O. 28/12/2001) derogó la ley 25.414 y, de ese modo, el decreto 493/2001 perdió operatividad y vigencia. Esa fue la postura propiciada por el Procurador del Tesoro de la Nación (dictamen nº 351/2003) avalada en el debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley 25.556 que derogó en forma total las disposiciones de la ley 25.414.
d. Las Salas II y V de la cámara exteriorizaron una conclusión similar a la que fue expuesta en las causas “Boiteaux, Miguel Angel” y “Magariños, Juan Carlos”, pronunciamientos del 12 de abril de 2007 y 5 de junio de 2008, respectivamente.
e. Ya se había pronunciado en relación con las modificaciones introducidas por la ley 25.920 en el sentido de que “el tercer párrafo fija el criterio general que resultará de aplicación para las nuevas exenciones que se dicten a partir de su dictado, mientras que el último párrafo del art. agregado a continuación del artículo 7º de la ley del tributo reafirma la prevalencia de las normas genéricas subjetivas por sobre las disposiciones propias de la ley del tributo”.
f. Toda vez que no existían cuestionamientos sobre el recto cumplimiento de la parte actora en relación a los requisitos para gozar de la exención allí prevista y que la ley 19.787 estuvo vigente respecto a la totalidad de los períodos determinados en la causa, correspondía revocar la resolución apelada.
IV. La AFIP-DGI interpuso recurso de apelación y expresó agravios que fueron replicados por la parte actora (ver presentaciones del 24 de agosto, 13 de septiembre y 7 de diciembre del 2021).
Sus críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:
(i) El primer párrafo del artículo 7.1 de la ley del impuesto al valor agregado (según las modificaciones introducidas por el decreto 493/2001 y 496/2001) establece que a los servicios caracterizados como espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos, no les resultan aplicables las dispensas consagradas en otras leyes nacionales, generales o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 41312/2016 QUETRA SA (TF 34577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO especiales ––sean éstas taxativas o genéricas–– aunque se hayan dictado con anterioridad a la vigencia de aquel decreto.
(ii) La excepción que introdujo la ley 25.920 (B.O. 9/09/2004) ––que se plasmó en el tercer y en el cuarto párrafos del artículo 7.1–– en el sentido de que las exenciones generales establecidas en leyes anteriores a la publicación de aquella ley prevalecen sobre las normas de la ley del impuesto al valor agregado, no era aplicable respecto de los servicios enumerados en el primer párrafo del artículo 7.1 de la ley del impuesto al valor agregado.
(iii) Esa interpretación ––la prevalencia del primer párrafo del artículo 7.1 de esa ley y la intención de gravar a los espectáculos musicales — quedaba reforzada por la circunstancia de que posteriormente el decreto 496/01 restableció la exención a los espectáculos teatrales, pero no incluyó a los espectáculos musicales.
(iv) La interpretación efectuada por el Tribunal Fiscal en el sentido de que la derogación de la ley 25.414 implicó la pérdida de la operatividad y la vigencia del decreto 493/2001 fue arbitraria.
(v) En la reunión del mes de mayo de 2010, en el marco del grupo de enlace AFIP-DGI/CPCECABA (act. nº 502/10 (DI ATEC) la AFIP-DGI expresó su postura en el sentido de que el segundo párrafo que introdujo la ley 25.920 en el artículo 7º sin número ––que establece la prevalencia de las normas exentivas especiales respecto del impuesto al valor agregado los espectáculos musicales–– sólo era aplicable respecto de las exenciones generales a que hace referencia el primer párrafo de la ley 25.920 y no modificaba el primer párrafo del artículo 7º sin número.
(vi) A la luz de los fundamentos que expuso la Corte Suprema en el precedente “Asociación Mutual Sancor” y en el dictamen del proyecto de ley que modificó la ley del impuesto al valor agregado (ley 26.112 (B.O. 6/07/2006) orden del día nº 478) ––que dispuso la exención a los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y a la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos y recitales musicales–– debía interpretarse que solamente las exenciones genéricas de carácter subjetivo dispuestas por las normas anteriores a la vigencia de la ley 25.920 podrían prevalecer sobre las disposiciones del primer párrafo del artículo 7 sin número de la ley del gravamen.
La exención prevista en la ley 19.787 era de carácter objetivo.
V. La cuestión a resolver reside en determinar si en función de las reformas normativas que se operaron con el dictado del decreto 493/2001 la actividad de la firma actora estuvo gravada en los períodos fiscales aquí debatidos.
VI. Con esa finalidad, es conveniente efectuar una reseña de las normas que resultan pertinentes para resolver esa controversia, según su fecha de publicación en el Boletín Oficial:
i. La ley 19.787 (B.O. 24/8/1972) declaró de interés nacional la difusión de la música argentina, entre ellas el tango, y estableció en su artículo 2º una exención genérica que abarcaba los tributos vigentes al momento del dictado de la citada norma o que fueran a crearse.
ii. La ley 25.414 (B.O. 30/03/2001), en el marco de la emergencia pública, facultó al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 1° de marzo de 2002 a “crear exenciones, eliminar exenciones, excepto aquellas que beneficien los consumos que integran la canasta familiar o las economías regionales, Sociedades Cooperativas, Mutuales, Asociaciones y Obras Sociales Sindicales; disminuir tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de mejorar la competitividad de los sectores y regiones y atender situaciones económico sociales extremas. Autorizar la devolución, acreditación o compensación con otros tributos de los saldos a favor a que se refiere el primer párrafo del artículo 4 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (t.o. 1997), así como regímenes de regularización y facilidades de pago” (art. 1°, ap. 11).
iii. En uso de esas facultades el Poder Ejecutivo dictó el decreto 493/01, mediante el cual, en lo que ahora importa:
––eliminó, entre otros, el punto 10 del inciso ‘h’ del artículo 7º de aquella ley, en el que se preveía que estaban exentos del impuesto “los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 41312/2016 QUETRA SA (TF 34577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos” y, ––sustituyó el artículo artículo 7.1, por el siguiente texto: “[r]especto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos, no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6., del inciso h), del primer párrafo del artículo 7° —excepto para los servicios brindados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales a sus afiliados obligatorios—, ni las dispuestas por otras leyes nacionales —generales, especiales o estatutarias—, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluya taxativa o genéricamente al impuesto de esta ley […]”.
iv. Posteriormente la ley 25.556 (B.O. 28/12/2001) dispuso:
“Derógase la Ley 25.414”.
VII. Esta sala, en la causa causa “Molteni, María Margarita c/ Direccion General Impositiva”, pronunciamiento del 14 de febrero de 2017, examinó aquel bloque normativo (compuesto por la ley 25.414 y los decretos 493/2001 y su modificatorio 496/2001) aunque en relación con el tratamiento en el impuesto a las ganancias de las rentas obtenidas por las personas físicas en las operaciones con títulos.
Allí se reseñó que:
i. Con anterioridad a la reformas realizadas en el año 2001, esas operaciones no estaban gravadas en el impuesto a las ganancias 1. 1 Pues los resultados de las personas físicas que desarrollaban esas actividades en forma “habitual” se encontraban exentas en función del inciso ‘w’ del artículo 20 de la ley de impuesto a las ganancias, y los resultados de dichas operaciones realizadas en forma “no habitual” no se encontraban gravados por no cumplir con los requisitos para ser considerados “rentas” en los términos del artículo 2º de la ley. ii. La ley 25.414 (B.O. 30/03/2001), que se centró sustancialmente en la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, “incluyó una norma aislada” que sustituyó dos artículos de la ley de impuesto a las ganancias. Mediante dicha sustitución se incluyó como hecho imponible en el artículo 2º, inciso 3º, a “los resultados obtenidos por la enajenación de […] acciones, títulos, bonos y demás títulos valores, cualquiera fuere el sujeto que las obtenga”; y, paralelamente, se dispuso que la exención del inciso w. del artículo 20 procediera en general para las personas físicas y sucesiones indivisas, eliminando el requisito de que las operaciones sean realizadas “en forma habitual”, modificación que, en definitiva, para las personas físicas, “mantuvo la exacta situación anterior de no gravabilidad, tanto para ‘habitualistas’ como ‘no habitualistas’”.
––El decreto 493/2001 (B.O. 30/04/2001), dadas las facultades delegadas al Poder Ejecutivo en la ley 25.414, sustituyó nuevamente el texto del inciso w. del artículo 20 de la ley de ganancias a efectos de excluir expresamente la exención para las operaciones sobre acciones que no cotizaran en bolsas o mercados de valores.
Luego de efectuar esa reseña previó que “teniendo en cuenta la invariable posición del legislador para considerar a las operaciones como no gravadas, no es posible afirmar que esos hechos [en relación a los cambios normativos que se operaron] traduzcan eficazmente un eventual cambio de posición sobre el punto y la consecuente voluntad del legislador de pasar a gravar dichas operaciones”.
Y agregó que “[e]s bien sabido que el principio de legalidad tributario, al igual que su par que rige en derecho penal y del que es análogo, tiene por esencia el fin de salvaguardar la previsibilidad de las reglas de la materia, razón por la que impone la previa determinación de aquellos elementos esenciales que darán origen a la obligación tributaria, entre ellos, el hecho imponible y su eventual exención (cfr. Fallos: 323:3770 y 329:1554)”.
VIII. Las Salas II, III y V de esta cámara, en las causas “Boiteaux, Miguel Angel”, “Magariños Juan Carlos” y “Djaparidze, Levan Roberto”, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 41312/2016 QUETRA SA (TF 34577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pronunciamientos del 12 de abril de 2007, 5 de junio de 2008 y del 22 de marzo de 2010, respectivamente, examinaron un planteo análogo al que fue examinado en la causa “Molteni” y declararon la inconstitucionalidad de la ley 25.414 en cuanto había delegado en el Poder Ejecutivo Nacional la facultad de derogar exenciones y del decreto 493/2001 mediante el cual se ejercieron esas facultades.
Cabe poner de resalto que el pronunciamiento que dictó la Sala V se encuentra firme en razón de que la Corte Suprema, el 19 de abril del 2011, declaró inadmisible el recurso extraordinario —interpuesto por la AFIP— por aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
IX. El Máximo Tribunal, en el precedente “Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” (Fallos: 341:101), pronunciamiento del 18 de diciembre de 2018, examinó una controversia de un tenor similar a la que aquí es examinada.
Si bien el voto que formó la mayoría de la decisión resolvió rechazar la demanda pues consideró que no se había configurado un “caso” —dada la inexistencia de un “acto en ciernes” que justificara la declaración de certeza pretendida por la allí accionante—, de la disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda se desprenden las siguientes nociones:
(i) la actora había demostrado un interés serio y suficiente que habilitaba examinar el bloque normativo integrado por el artículo 1°, inciso ‘a’, apartado 11, de la ley 25.414 que delegó en el Poder Ejecutivo Nacional la atribución de eliminar exenciones tributarias y la norma dictada en consecuencia, el decreto 493/2001 ––artículo 1° inciso f–– que modificó la ley del impuesto al valor agregado, y “eliminó –entre otros– el punto 10 del inc. h, del primer párrafo del artículo 7° de aquella ley [impuesto al valor agregado], en el que se prevía que estaban exentos del impuesto ‘los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos, por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos’”.
(ii) “como ha recordado recientemente esta Corte en Fallos: 337: 388 ‘Camaronera Patagónica’ la Constitución Nacional ‘prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4° como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”.
(iii) “este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones (Fallos: 329:1554)”.
(iv) “ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución”.
(v) “resulta claro que ni el Poder Legislativo podía delegar en el Ejecutivo la facultad de eliminar exenciones –menos aun con la amplitud que lo hizo– ni este último podía dictar reglamentos en uso de tal atribución disponiendo la inclusión en el impuesto al valor agregado de sujetos hasta entonces exentos, sin vulnerar el principio constitucional de legalidad en materia tributaria”.
X. En ese contexto, es claro que hasta el dictado del decreto 493/2001 la firma Quetra S.A. se encontraba exenta en el impuesto al valor agregado respecto de los ingresos obtenidos por la venta de las entradas para acceder a los espectáculos de tango que realizaba.
Ciertamente, la voluntad expresa del Congreso Nacional era otorgar a los espectáculos musicales el tratamiento de supuestos exentos en el impuesto al valor agregado pues, vale reiterar, la ley eximía a esas actividades de tributar el impuesto.
Desde esa perspectiva, la pretensión de la AFIP–DGI de gravar dichas actividades en función de las modificaciones que el decreto CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 41312/2016 QUETRA SA (TF 34577-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 493/2001 introdujo en la ley del impuesto al valor agregado comporta un avasallamiento del principio constitucional de reserva de ley. Ello es así, pues como sostuvo esta sala en la causa “Molteni”, citada, “el principio de legalidad tiene por esencia el fin de salvaguardar la previsibilidad de las reglas de la materia, razón por la que impone la previa determinación de aquellos elementos esenciales que darán origen a la obligación tributaria, entre ellos, el hecho imponible y su eventual exención”.
Dicha interpretación, esto es, que la intención del Congreso Nacional fue desgravar esas actividades, se ve confirmada si se repara en la circunstancia de que la ley 26.115 (B.O. 19/7/2006) volvió a incorporar al artículo 7, inciso ‘h’ punto 10, a los conciertos y los recitales musicales como servicios exentos en relación con el precio que se paga por ellos.
XI. Paralelamente, no puede perderse de vista que la ley 19.787, que eximía a esta actividad de tributar en términos generales, se encontraba vigente en los períodos fiscales aquí discutidos.
XII. En suma, corresponde rechazar los agravios de la AFIP–DGI y confirmar la sentencia apelada.
XIII. Las costas se imponen a la parte demandada en tanto resulta vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XIV. Resta pronunciarse sobre de la apelación que dedujo la representación fiscal por considerar “altos” los honorarios regulados en el punto 2º del pronunciamiento del Tribunal Fiscal.
En función de la naturaleza del proceso, de su monto, para el que cabe tomar la suma que surge de la resolucion apelada, de la única etapa procesal cumplida, del mérito, de la calidad y de la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde CONFIRMAR en la suma de TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($326.237), los honorarios a favor del Dr. Daniel Malvestiti, por la tarea cumplida en el ejercicio de la dirección y representación legal de la parte actora en la instancia anterior (artículos 6, 7, 10, 19, 37 y 38 de la ley 21.839).
Sobre pautas análogas, corresponde FIJAR en 9,41 UMA ––equivalentes a la suma de $ 97.871,10, según los valores establecidos en la acordada n° 25/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— los emolumentos a favor de aquel profesional por las tareas cumplidas en el ejercicio de la dirección y representación legal de la parte actora en esta instancia (artículo 30 de la ley 27.423).
En merito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: 1.
Desestimar los agravios ofrecidos por la Administración Federal de Ingresos de Públicos (Dirección General Impositiva) y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas. 2. Regular los honorarios de conformidad con el considerando XIV.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia