Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8685/24 Sentencia: Definitiva Actor: Quezada Néstor Alejandro Demandada: Swiss Medical ART S.A Objeto: Accidente de trabajo Fecha: 20-03-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 20 del mes de marzo de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “QUEZADA NESTOR ALEJANDRO C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO" Expte. Nro. 20.450 del año 2019 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de la Familia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8685. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Horacio Fernández y Humberto Eduardo Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A fs. 28/32 se presenta Néstor Alejandro Quezada con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila, y promueve demanda laboral contra Swiss Medical A.R.T. S.A.. Solicita la suma de $ 1.318.608,57 o lo que más o menos resulte de la producción de la prueba, en concepto de las prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26.773. Relata que trabaja en la empresa Los Ranqueles LR S.R.L. desde el 03/04/2007, de manera continua e ininterrumpida realizando tareas generales. Narra que el 21/02/17 en oportunidad en que bajaba del camión en que se transportaba junto con un compañero, por una ráfaga de viento se cerró la puerta y le apretó la mano derecha con la carrocería, produciéndole lesiones en el dedo medio, cuyo certificado obra a fs. 1, por lo que fue trasladado a una sala de urgencias y al Hospital de Pico Truncado, donde recibió prestaciones en especie por parte de la ART. Explica que se le realizaron estudios médicos, tratamientos de kinesiología y diferentes juntas médicas, hasta que el 27/11/17 se le otorga el alta médica sin incapacidad laboral. Posteriormente, y conforme el certificado médico que le expidiera el Dr. José Daniel Del Colle, puso en conocimiento a la ART de la incapacidad diagnosticada, mediante nota de fecha 16/07/19 y rectificación en fecha 01/11/19. Plantea la inconstitucionalidad de las normas que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019. Hace reserva del caso federal. Acompaña documentación. Posteriormente a fs. 36/37 ofrece prueba.-
II. En PE540107-2022 la Dra. Mariana Clement, apoderada de Swiss Medical ART S.A. plantea la nulidad de notificación y contesta demanda. Luego de las negativas de rigor, del desconocimiento de la documentación arrimada, afirma que recibida la denuncia del siniestro, Néstor Quezada fue asistido por la aseguradora, se descartaron lesiones óseas y se le brindó tratamiento médico hasta alcanzar el alta. Expresa que el reclamante pretende eludir la prescripción de su reclamo alegando que recién tomó conciencia de las pretendidas secuelas más de 2 años después de ocurrido el accidente. Considera que de admitirse el planteo del actor se estaría dejando sujeto a la voluntad de la parte el momento del nacimiento de la supuesta obligación y por ende, el del cómputo de la prescripción. Cita lo dispuesto por los arts. 2 de la Ley N° 26.773 y 44 de LRT y concluye en que la acción entablada resulta extemporánea. Cita jurisprudencia que considera aplicable al respecto. Impugna el cálculo del ingreso base mensual practicado por el actor por ser inaplicable, toda vez que el siniestro ocurrió con anterioridad a la reforma introducida por la Ley 27.348. Objeta asimismo, la base salarial aplicada al cálculo, debido a que utilizó haberes posteriores a la fecha del accidente, conforme art. 12 LRT. Realiza un cálculo del IBM. Respecto a la inconstitucionalidad de las comisones médicas planteada, menciona el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que considera que la exigencia de una instancia administrativa previa no supone por sí sola un supuesto de inconstitucionalidad e indica lo dispuesto por el art. 46 LRT. Cita jurisprudencia referido a ello. Solicita se declare abstracto el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 669/19 por resultar inaplicable al caso, debido a que la contingencia laboral ocurrió bajo la vigencia de la Ley 24.557, en subsidio, contesta dicho planteo, considerando al instrumento legítimo, que no produce afectación a derechos adquiridos. Hace reserva del caso federal y ofrece prueba.-
III. Obra en PE607943-2022 dictamen del representande del Ministerio Público Fiscal, quien considera que el planteo de prescripción no puede ser admitido, ya que para el cómputo debe tenerse en consideración el momento en que los daños fueran conocidos por el reclamante.-
IV. A PE405124-2022 se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida y admitida se clausura el período probatorio a PE1208304-2023, poniéndose los autos para alegar. Realizando lo propio el actor a PE1295771-2024.-
V. Se dicta sentencia de primera instancia en PE1500471-2024 que declara la inconstitucionalidad de los art. 12, arts. 21, 22 y 46 inc. 1 de la LRT, Decreto 717/96, Decreto 1278/00 y Decreto 54/2017; desestima la prescripción deducida por la demandada; declara abstracto el pedido de inconstitucionalidad del Decreto 669/19; admite parcialmente la demanda articulada por Néstor Alejandro Quezada y condena a SWISS MEDICAL ART SA a abonar la prestación dineraria de pago único prevista en el art. 14 ap. 2 inc. a Ley 24557, de acuerdo con el mecanismo de ajuste previsto en los arts. 8 y 17 ap. 6 Ley 26773, más la indemnización del art. 3 Ley 26.773. Condena en costas a la demandada y regula honorarios profesionales.- La sentencia es recurrida por la parte demandada, interponiendo recurso de apelación a PE1515526-2024.-
VI. Al exponer agravios, la representante de la demandada expresa que la declaración de inconstitucionalidad resulta abstracta. Sostiene que sin efectuar cálculo alguno y sin contemplar la integración de los salarios del actor, el sentenciante prejuzgó que la aplicación de la ley vigente a la fecha del accidente acarrearía en el cálculo indemnizatorio un gravamen patrimonial con alcance de violación de derechos constitucionales. Agrega que la sentencia no precisa la fecha que debe ser tenida en cuenta para el computo de los intereses. Considera equivocado asimismo, fundamentar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 LRT, con lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 26.773, toda vez que la base de imposición no define la cuantía de la obligación.
Manifiesta que lo resuelto provoca el traslado de la base de la imposición de la alícuota al riesgo, generando un desequilibrio que obliga a la ART a responder por una suma superior a aquella a la que se había obligado, en violación a su derecho de propiedad. Expresa que el sentenciante incurrió en violación y errónea interpretación de la Ley 26.773 y de la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citada. La normativa aplicada para disponer la actualización del resultado de la fórmula legal se encuentra derogada, por disposición del Art. 21 de la Ley 27.348. Menciona que la acumulación del RIPTE más intereses fijados a valor de una tasa propia del mercado financiero supone la doble actualización del crédito, lo que conlleva a un resultado confiscatorio y por lo tanto, inconstitucional, que además resulta en un enriquecimiento sin causa del actor.
Cita jurisprudencia referida al caso y mantiene reserva del caso federal.- La actora contesta el traslado de los agravios a través de PE1559408-2024. Sobre el primer agravio considera que el sentenciante examinó las consecuencias patrimoniales en un régimen que ya fue juzgado como insuficiente, cuyo déficit se pretendió menguar con la reforma, resolver en contrario implicaría un perjucio al sujeto vulnerable que intenta reparar un daño irreversible. Explica que calcular la indemnización por incapacidad permanente con base en valores salariales irreales, viola los objetivos de la Ley 24.557 y el mandato del art. 14 C.N.. Sobre la tasa de interés aplicable, considera que el sistema contemplado por la Ley 27.348 tiende a impedir la licuación del crédito, y es competencia del legislador su determinación.
Realiza una descripción acerca de cómo se deben calcular los intereses y menciona los principios protectorio y de progresividad que permiten a los magistrados recurrir a mecanismos complementarios o declarar la inconstitucionalidad del art. 12 LRT, con la finalidad de evitar los efectos nocivos de la inflación.- Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo. Se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
VII. Establecido ello corresponde ingresar al examen del recurso interpuesto. En primer término se agravia la demandada por haberse declarado una inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24557 sin fundamento alguno. A poco que se lea el fallo de primera instancia no cabe más que darle la razón a la recurrente.
Se tiene dicho que "... la declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, esto es dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos en la Ley Fundamental, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y que obliga a ejercer dicha atribución con sobriedad y prudencia, únicamente cuando la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable " (Cfr. CSJN 14/5/91 “Pupelis Mario C. y otros” JA 1991-III-392, entre otros). Este concepto ha sido reiteradamente sostenido en innumerables sentencias judiciales y trabajos doctrinarios. Estos principios básicos hacen que sea obligatorio para la magistratura analizar la norma en cuestión con concordancia a los casos traídos a resolver y examinar de que modo la ley impugnada confronta con una norma constitucional o convencional.
También la normativa de forma impone la necesidad de fundar todas las sentencias definitivas e interlocutorias atendiendo a la jerarquía de las normas y el principio de congruencia (arts. 34 y 164 CPCC). Esta labor propia jurisdiccional se encuentra ausente en el fallo recurrido, toda vez que se realizan diversas citas de fallos y doctrina y seguidamente declara la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley de riesgos del trabajo sin analizar de que modo afectaría el derecho en juego. El fallo hace una breve mención a la mengua del crédito y al factor inflacionario, pero no fundamenta porque o de que modo ello se opondría a una norma de la Constitución Nacional. Por estas razones el primer agravio de la recurrente debe ser admitido.
Habré de analizar nuevamente el planteo, es decir, si se encuentran dados los presupuestos correspondientes para que opere la declaración de inconstitucionalidad del artículo señalado. Así se tiene que el accidente que origina el reclamo ocurrió el día 21 de febrero de 2017 y en esa fecha ocurrió la primera manifestación invalidante -que no es la misma de consolidación del daño-. En atención a ello en principio no resulta de aplicación la ley 27348 que en su art. 20 señala que "La modificación prevista al artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley." Y la ley en cuestión fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 24 de febrero de 2017 y entró en vigencia a partir del 5 de marzo del 2017.
Siendo que dicha modificación normativa es aplicable a las contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a esa fecha, el caso de autos claramente no se encuentra comprendido. La sentencia es confusa, ya que tiene como fecha del accidente el 21 de febrero de 2017 y luego al momento resolver la prescripción dice que tomó conocimiento en mayo de 2019. Casi por sentido común podría decirse que si el actor se apretó la mano con la puerta del vehículo y fue inmediatamente atendido por ello, esa es la primera manifestación invalidante, así lo denunció la empleadora y en noviembre de 2017 tuvo el alta médica, siempre por la misma patología, lo que surge del informe de SRT y de su propia historia clínica.
El actor en la demanda realiza una liquidación conforme a la nueva redacción del art. 12 de la ley de riesgos y señala "en forma subsidiaria interpongo inconstitucionalidad". No menciona ni demuestra en su demanda porque debería aplicarse una norma y no otra, tampoco de que manera le afectaría algún derecho contemplado por la normativa constitucional. No se demuestra ningún agravio concreto que le produzca la norma que debe aplicarse al caso, no realiza cómputos comparativos, ni propone una pericia contable, y tampoco señala de que manera se encontraría comprometido el orden constitucional con la ley aplicable al caso; recién al contestar agravios ensaya el argumento de que se licuaría el crédito, etc.
Es del caso señalar que las causas se deben resolver conforme los postulados expuestos en la demanda y su conteste. El sentenciante incurre en igual conducta. Dicta una inconstitucionalidad en forma teórica y base a citas pero carente de fundamento alguno que se ajuste al caso, sólo indica que se produce un deterioro del valor del crédito, que no fue probado ni liquidado, ni porque razón. Por estas razones entiendo que el agravio de la demandada en este aspecto debe prosperar y asimismo corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad peticionado en la demanda (arts. 28, 31 y ccs. Constitución Nacional, 1, 3 y ccs. CCC, 34 CPCC).- En un segundo agravio la recurrente señala que se estaría realizando una doble actualización del crédito por haberse dispuesto una forma de cómputo ya derogada.
En verdad se observa que la sentencia nuevamente se detiene a analizar la aplicación de una normativa que como señala la recurrente se encuentra derogada (arts. 8 y 17 ley 26.773). Por otra parte en ningún pasaje de la demanda el actor lo requiere, sino que claramente dice que se tendrá en cuenta el art. 17 bis de la ley 26773. Es decir que en pricipio se observa una incongruencia entre lo requerido y lo sentenciado, y por otro lado ya se determinó en éstos la normativa aplicable de conformidad con la anterior redacción del artículo 12 de la LRT teniendo en cuenta la primera manifestación invalidante y ello deberá realizarse conforme a las pautas correspondientes en la etapa de ejecución de la sentencia.
Se trata de una contingencia donde debe realizarse un pago único por la incapacidad determinada, donde la demandada no ha abonado nada aún. El monto se debe desde que el actor tomó conocimiento de su incapacidad, tal como lo señala en la demanda el 2 de mayo de 2019, cuando supo fehacientemente la incapacidad que adolescía. Por estas razones este agravio debe prosperar en la medida de lo dispuesto debiendo realizarse la cuantificación correspondiente de acuerdo a las pautas que quedaron determinadas (art. 34 ic. 4to CPCC). Por estas razones entiendo que la sentencia no es justa y debe modificarse en la medida de lo señalado en forma precedente.-
VIII. Costas. Adelanto que habré de apartarme en el caso del principio geeral de imposición de costas en el presente. Tengo en cuenta para ello la gran complejidad legislativa que presentan estos casos, la diversidad de pronunciamientos sobre los puntos aquí tratados y la situación que se señaló desde el propio juzgado al momento de resolver, cuestión que no puede ser imputada a las partes. Por ello entiendo que en esta insatancia las costas deberán ser soportadas por su orden (art. 68 CPCC por remisión ley 1444).- A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. Coincido con el análisis de los agravios que formula la primer votante y con sus conclusiones. Adhiero al voto que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
X. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir los agravios de la parte demandada. 2º) Revocar parcialmente el punto 1 de l fallo en cuanto ordena la inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT. 3°) Revocar parcialmente el punto 4to. del fallo en cuanto ordena el reajuste por los arts. 8 y 17 de la ley 26773. 4º) Confirmar la sentencia en lo restante que no fue materia de agravios. 5°) Imponer las costas en el orden causado en la instancia. 6º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinadas en la instancia de grado. 7°) Tener presente la reserva del caso federal formulada por las partes. 8°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XI. Adhiero a la propuesta formulada por la Dra. Bard por considerarla justa.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 20 de marzo de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
2. Revocar parcialmente el punto 1 de l fallo en cuanto ordena la inconstitucionalidad del art. 12 de la LRT.
3. Revocar parcialmente el punto 4to. del fallo en cuanto ordena el reajuste por los arts. 8 y 17 de la ley 26773.
4. Confirmar la sentencia en lo restante que no fue materia de agravios.-
6. Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinadas en la instancia de grado.
7. Tener presente la reserva del caso federal formulada por las partes.-
8. Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.- El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes.- Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara Presidenta; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mi: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara.-
Protocolización: A201009S.251 Tomo: CII Sentencia: 3105 Folio Nº: 030/035 Secretaria: 1
Fin de la sentencia