Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49761-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) hacer lugar al recurso deducido por la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado y rechazar la excepción de prescripción opuesta por el actor, con costas en ambas instancias (art. 68, primera parte, CPPCN); b) dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 68 y declarar inoficioso expedirse con relación a los recursos de apelación obrantes a fs. 71 y fs. 74; y c) remitir la causa al Tribunal Fiscal a fin de que prosiga con el trámite del recurso incoado por el contribuyente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
21760/2021 “QUIBUS, ANTONIO JOSE-TF 49761-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de abril de 2022.
Estos autos caratulados: “Quibus, Antonio José – TF 49761-I c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal;
1. Que, en lo que aquí interesa, el organismo jurisdiccional declaró prescriptas las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el gravamen y aplicar la multa respecto del período 2012 del Impuesto a las Ganancias, con costas (fs. 62/63).
Para así resolver, consideró que de conformidad con los arts. 56, 57 y 58 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificatorias), el término de prescripción aplicable en autos comenzó a correr el 1º/1/14 y operó el 1º/1/19. En ese contexto señaló que la ley 26.860 que suspendió el plazo de prescripción de las facultades del Fisco por un año (conf. art. 17) entró en vigencia el 03/06/13, esto es, “cuando aún no había comenzado siquiera a correr el término de la prescripción relativa al período fiscal en discusión en la presente causa”. En consecuencia, concluyó que la referida norma no pudo producir efecto suspensivo alguno puesto que el plazo de prescripción relativo al período fiscal 2012 no había empezado a correr a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial. Así pues, precisó que a la fecha del dictado de la resolución determinativa de oficio 37/19 (esto es, el 14/03/19), el plazo de prescripción para exigir el pago del impuesto y aplicar sanciones ya había operado.
2. Que, disconforme con la resolución, el Fisco Nacional apeló y expresó sus agravios a fs. 69 y 77/80, respectivamente, que fueron contestados por su contraria a fs. 85/86.
Sostiene que el plazo de prescripción relativo al período fiscal 2012 comenzó a correr el 1º/01/14 y resultó suspendido en virtud de lo dispuesto por el art. 65.1 de la ley de rito. En esa misma línea, precisa que la resolución apelada corresponde a una vista dictada en el segundo semestre del 2018 y pone de resalto que el acto determinativo y sancionatario fue emitido el 14/03/19, esto es, dentro del término de 120 días establecido por la norma supra mencionada. Asimismo, indica que la aplicación del art. 65.1 de la ley de 11.683 había sido expresamente señalada en la resolución apelada ante el Tribunal Fiscal (cfr., página 13); extremo que —según alega— no fue analizado por el a quo. DE CAMARA por cuanto se apartó de la normativa vigente “bajo el velo de un fundamento aparente” y prescindió de los planteos formulados en el acto recurrido.
Sin perjuicio de ello, manifiesta que la suspensión de los plazos de prescripción prevista en la ley 26.860 aplica con carácter general a la totalidad de los contribuyentes o responsables.
Por último, refiere al principio iura novit curia y advierte que “tratándose de normas de orden público”, este Tribunal debe encauzar jurídicamente “el erróneo fallo”.
A su turno, el actor indica que el acto que da inicio al cómputo de la prescripción es el correspondiente al período en el cual se realiza la operación y aclara que la interpretación del a quo “va en línea con las normas y encuadra dentro de los plazos traídos a consulta”. Asimismo, insiste en que la suspensión establecida por el art. 17 de la ley 26.860 solo resulta aplicable a las personas que hubieran adherido al régimen especial instituido por dicha norma.
3. Que, conforme surge de los presentes actuados, el 11/09/18 la AFIP confirió vista al actor de los cargos formulados en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2012 e instruyó sumario calificando la conducta prima facie dentro de las previsiones del art. 45 de la ley 11.683 (conf. resolución 162/18 obrante a fs. 153/160 de la actuación nº 10826-304-2016). La referida vista fue notificada al actor el 13/09/18 (conf. fs. 162 de la actuación nº 10826-304-2016).
Con posteridad al vencimiento del plazo otorgado por la vista conferida mediante la resolución 162/2018, la AFIP-DGI advirtió que el 28/08/18 el actor había modificado su domicilio fiscal. En consecuencia, a fin de garantizar el debido proceso adjetivo y sobre la base de lo dispuesto en los arts. 17 y 19 de la ley 19.549 y sus modificatorias, el 3/12/18 la demandada sustituyó la resolución 162/18 por la resolución 255/2018 y confirió nueva vista al contribuyente, que quedó notificado ese mismo día (cfr. fs. 184/197 de la actuación nº 10826-304- 2016).
El 14/03/19 el Sr. Quibus fue notificado de la resolución 37/2019 dictada en igual fecha mediante la cual el organismo fiscal determinó de oficio su obligación frente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2012, le intimó el pago de $1.125.328,96 en concepto de capital, con más sus intereses resarcitorios ($2.398.076,02) y le aplicó una multa por $787.730,27 (cfr. fs, 214/232, de la actuación nº 10826-304-2016). En dicha oportunidad, y en lo que aquí interesa, la AFIP mencionó que, según lo dispuesto por el art. 65.1. de la ley ritual “Se suspenderá por ciento veinte (120) días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la presente ley y para aplicar y hacer efectivas las multas, desde la fecha de notificación de la vista del procedimiento de determinación de oficio o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 21760/2021 “QUIBUS, ANTONIO JOSE-TF 49761-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a prescribir y dichos actos se notificaran dentro de los ciento ochenta (180) días corridos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción” (cfr. fs. 226 de la actuación nº 10826-304-2016). En ocasión de interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, el actor alegó que las acciones y poderes del Fisco Nacional para determinar de oficio la obligación tributaria del Impuesto a las Ganancias relativa al período 2012 se encontraban prescriptas y manifestó que no correspondía aplicar el plazo de suspensión previsto en la ley 26.860 (fs. 19/20vta.). A su turno, la demandada puntualizó que el 03/06/13 el plazo de prescripción quinquenal aplicable en autos había sido suspendido por un año en virtud de lo dispuesto por el art. 17 de la ley 26.860 que opera con respecto a la universalidad de contribuyentes y responsables (fs. 110vta./112).
Mediante providencia del 9/08/19, el Tribunal Fiscal declaró la defensa de prescripción articulada por la actora como de previo y especial pronunciamiento y el 23/09/19 dictó la resolución apelada ante esta Alzada (fs. 56 y 62/63).
4. Que, en función de la reseña efectuada en el considerando precedente y de conformidad a la normativa aplicable resulta claro que: (i) el inicio del cómputo del plazo quinquenal para determinar el Impuesto a las Ganancias y aplicar sanciones con relación al período fiscal 2012 no ha sido objetado (esto es, 1º/01/14), de modo que el referido plazo fenecía el 1º/01/19 (cfr. arts. 56, inciso a, 57 y 58, ley 11.683); (ii) el 3/12/18, es decir, dentro de los 180 días corridos anteriores al 1º/01/19 la AFIP notificó la vista e instruyó el sumario respectivo de modo que a partir de ese momento operó la suspensión del plazo de prescripción por 120 días establecida en el art. 65.1 de la ley 11.683; y (iii) a la fecha del dictado de la resolución 37/2019 (esto es, al 14/03/19) no había operado el plazo de prescripción supra señalado.
En este escenario, es dable mencionar que si bien asiste razón al a quo en cuanto a la inaplicabilidad de la suspensión dispuesta por el art. 17 de la ley 26.860 en función a su fecha de publicación en el Boletín Oficial (3/06/13), lo cierto es que en autos se verificó la causal de suspensión prevista en el art. 65.1 de la ley de rito que había sido mencionada en el acto determinativo y sancionatorio que dio origen a las presentes actuaciones.
En ese mismo orden de ideas, no resulta ocioso destacar que una vez alegada la prescripción por parte de la interesada, corresponde al juez determinar la naturaleza de la relación jurídica y el plazo aplicable según la norma pertinente, independientemente de lo que hubieran señalado los litigantes sobre el particular, DE CAMARA c/ EN – AFIP s/ amparo ley 16.986”, sent. del 23/05/19 y doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 326:164 y sus citas). No se trata de sustituir los hechos, ni de apartarse de los términos de la litis, sino de decidir cuál es la norma aplicable, facultad que es irrenunciable para el juzgador (cfr., esta Sala in re “EN – M Producción c/ Fiat Crédito Compañía Financiera SA s/ proceso de ejecución”, sent. del 17/12/19).
A mayor abundamiento, es dable advertir que aun cuando se considerara que el plazo de prescripción relativo a las facultades del Fisco Nacional para aplicar la multa habría comenzado a correr el 1º/01/13, la solución aquí propiciada no se vería modificada puesto que esta Sala tiene dicho que la ley 26.860, en su art. 17, dispuso la suspensión con carácter general, por el término de un año, del curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos y para aplicar multas (cfr. “TRV6 SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 12/11/19 y “INC SA /TF 44098-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 18/05/21).
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: a) hacer lugar al recurso deducido por la parte demandada, revocar el pronunciamiento apelado y rechazar la excepción de prescripción opuesta por el actor, con costas en ambas instancias (art. 68, primera parte, CPPCN); b) dejar sin efecto la regulación de honorarios de fs. 68 y declarar inoficioso expedirse con relación a los recursos de apelación obrantes a fs. 71 y fs. 74; y c) remitir la causa al Tribunal Fiscal a fin de que prosiga con el trámite del recurso incoado por el contribuyente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia