Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 43/2007, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $12.569, por la representación procesal y $19.338 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-112550018-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 22 de Septiembre de 2023 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 29.832-I caratulado “ Quickfood SA s/ repetición”, La Dra. O’Donnell dijo:
I. Quickfood S.A. interpone recurso por denegatoria de repetición contra la Resolución N° 43/2007, dictada el 6 de junio de 2007 en el Departamento Legal de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se rechazó el reclamo que iniciara, en los términos del art. 81 de la ley 11.683, por $11.857,78, más intereses, por reintegro de créditos fiscales del impuesto al valor agregado derivado de operaciones de exportación del período fiscal noviembre de 2002.
En su presentación ante este Tribunal, explica que solicitó el recupero del impuesto correspondiente a exportaciones del año 2002 según la Resolución General (AFIP) N° 1101 y una vez obtenido el reintegro anticipado, se le requirió que aportara copia y exhibiera originales de facturas, documentación de cancelación, constancias y demás documentación respaldatoria de las retenciones efectuadas a la firma Racine Silvio y Hnos. Soc. de Hecho por operaciones de venta de hacienda vacuna efectuadas en abril, mayo y julio de 2002 por un total de $ 5.577,45.
Dice que si bien contestó el requerimiento en tiempo y forma, se concluyó que “atento a que no pudieron encontrarse en los registros de la inspeccionada las operaciones auditadas, los actuantes consideraron los montos de impuestos facturados como inexistentes”, y el 28 de julio de 2006 emitió la Resolución N° 52/2006 por la cual se hizo lugar a las solicitudes de reconocimiento de crédito fiscal vinculado a operaciones de exportación efectuadas en los períodos abril, mayo y julio de 2002, sólo hasta la suma de $5.577,45 y se rechazó la devolución por $5.620,89 por el período noviembre de 2002.
Relata que contra ese acto interpuso el recurso de apelación previsto en et art. 74 del decreto 1379/97, el que fue rechazado por Resolución N° 254/06. En consecuencia, el 5 de enero de 2007 se le notificó la Comunicación de Reintegro N° 1/2007 por la cual se lo intimó a restituir la suma de $5.620,89 por los reintegros cobrados en noviembre de 2002, más los intereses resarcitorios.
Manifiesta que a pesar de estar en desacuerdo, cumplió con la intimación e ingresó la suma que a esa fecha ascendía con intereses a $11.857,78, y luego interpuso reclamo administrativo pidiendo la repetición, el que fue denegado mediante la Resolución N° 43/2007 aquí recurrida. Se agravia de que en dicho acto, a su entender, el juez administrativo rechazó su reclamo “con mínimos argumentos” y “sin entrar al fondo del asunto”. A continuación, se refiere al contenido de la Resolución N° 52/06 para afirmar que las operaciones realizadas con Racine Silvio y Hnos. Soc. de Hecho que fueron las desconocidas estaban documentadas en un todo de acuerdo a la reglamentación, que se verificó además la entrega de los bienes y que el proveedor reconoció las operaciones, por lo que los créditos fiscales declarados como vinculados a las exportaciones relacionadas con esas operaciones, fueron correctamente computados.
Concluye en que, a su juicio, el organismo fiscal impugnó las operaciones sin fundamento, sin haber efectuado una actividad fiscalizadora suficiente y basándose en generalidades.
Por último, aporta prueba documental y ofrece prueba informativa y pide que “se desestime la Resolución N°43/2007, la Resolución N° 254/2006 y la intimación de pago Comunicación de reintegro N° 001/2007 y se ordene al Fisco a devolver a la Empresa Quickfood SA la suma de $ 11.857,78 más sus respectivos intereses”.
II. A su turno, contesta el traslado del recurso la representación fiscal, que por los argumentos que invoca, pide el rechazo de la repetición intentada, con costas.
A fs. 220 se abrió la causa a prueba, la que tramitó hasta fs. 317 en que se clausuró el periodo probatorio y se elevaron las actuaciones a consideración de esta Sala. A fs. 335/337 presentó su alegato el Fisco Nacional, no habiendo la recurrente hecho uso de ese derecho. Finalmente, a fs. 341 quedan los autos en estado de dictar sentencia.
III. Corresponde decidir acerca de la legitimidad de la Resolución N° 43/2007, en la cual se rechazó por improcedente la acción de repetición iniciada por Quickfood S.A. en los términos del art 81 de la ley 11.683, por $11.857,78.
Como se dijo, la cuestión se vincula con la impugnación de los créditos fiscales con el proveedor Racine Silvio Hnos. Soc de Hecho que originó que se la intimara a devolver el monto que había percibido en forma anticipada bajo el régimen de reintegro a exportadores.
Para fundar su decisión, en la Resolución N° 43/2007 el juez administrativo tuvo en cuenta que “…el pago efectuado respondió a una intimación correctamente cursada, sin que resulte viable en esta instancia el conocimiento y análisis de los argumentos de fondo invocados por la rubrada, que ya fueron oportunamente analizados y resueltos por esta área, ante la cual la propia recurrente optó por la vía recursiva prevista en el artículo 74 del Decreto N° 1397/79…”.
Previamente, al momento de resolver ese recurso mediante Resolución N° 254/2006, había dicho que como resultado de la fiscalización practicada a Quickfood S.A. se corroboró que no existía relación entre el crédito fiscal facturado y el supuesto producto vendido porque no se pudo acreditar la existencia de las operaciones comerciales cuestionadas.
En su presentación ante este Tribunal, la recurrente se agravia de lo decidido en las Resoluciones Nros. 254/2006 y 43/2007 y, además, vuelve a cuestionar lo decidido en la Resolución N° 52 -en la que se hizo lugar a la solicitud de recupero en forma parcial-, negando las irregularidades detectadas respecto al proveedor Racine Hnos. Soc. de Hecho.
Pero sin perjuicio de señalar que sus agravios contra la Resolución N° 52/06 ya fueron expuestos al interponer el recurso de apelación del art. 74 del decreto 1379/97 y tratados por el juez administrativo al resolver ese recurso, lo cierto es que tampoco en esta instancia ha logrado demostrar la validez del crédito fiscal cuya repetición solicita.
Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “…el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior(conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/0639/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” – conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022, entre otras-.
Resulta así claro que el cómputo del crédito fiscal, y en el caso la solicitud de reintegro del mismo, se subordina a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si le asiste a Quickfood S.A. el derecho que invoca en relación al proveedor que el Fisco Nacional objetara cuando lo fiscalizó. Concretamente, respecto del proveedor Racine Silvio Soc. de Hecho, del Cuerpo de Verificación que forma parte de las act. adm. surge que como resultado de la fiscalizacion que se le realizara en el año 2003 y que concluyó con el descargo el 27 de febrero de 2004, no pudo comprobarse su capacidad productiva para realizar las ventas descriptas en los comprobantes fiscales en poder de Quickfood S.A.
Ello así, en primer lugar, porque su actividad declarada era el acopio y la venta de frutas y hortalizas frescas, es decir que no se correspondía con la de venta de hacienda vacuna facturada a Quickfood S.A. y documentada ante el SENASA y otros organismos de aplicación a la actividad de los frigoríficos; por otro lado, su domicilio fiscal estaba en un estudio contable en la Ciudad de Buenos Aires en el que fueron compulsados sus libros contables, en los que no estaban registradas las supuestas ventas a Quickfood S.A.; por último, tampoco se pudo corroborar la cobranza, todo lo cual llevó a la fiscalizacion a concluir que las operaciones fueron inexistentes, es decir, simuladas.
Debe decirse que la prueba informativa producida en este Expediente en nada contribuye con el propósito antes indicado. En efecto, de la misma surge que:
- La información solicitada al Banco Santander Río respecto del destinatario de los cheques emitidos para pagar las compras al proveedor no pudo ser brindada por el Banco, ya que según manifestó “no pudimos dar con las copias de los cartulares solicitados” (fs. 271).
- La información solicitada al SENASA respecto de la documentación del movimiento de hacienda no fue aportada por el organismo, que respondió que “no existe archivada en esta Of. Local de San Cristóbal, la Documentación exigida…” (fs. 296). De cualquier modo, ya se dijo, que la actividad declarada por el proveedor era la venta de frutas y hortalizas, por lo que sus resultados tampoco hubieran contribuido al propósito buscando con la misma.
- La Administración Federal de Ingresos Públicos acompañó declaraciones juradas rectificativas presentadas por el proveedor en los períodos fiscales abril, mayo y julio de 2002 (fs. 233/236). Con ellas el recurrente pretende acreditar la existencia de las operaciones cuestionadas, afirmando que allí incluyó los débitos fiscales correspondientes lo cual intenta respaldar. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que esas declaraciones juradas rectificativas no fueron espontáneas, sino que fueron presentadas el 3 de febrero de 2004, una vez tramitada la inspección al proveedor, prueba de lo cual es que fue descargada el 27 de febrero de 2004-, por lo que sin otros elementos que den cuenta de su real capacidad operativa para vender la hacienda vacuna que documentan los comprobantes fiscales, no constituyen prueba suficiente de la realidad de las operaciones que es lo que exige el art. 12 de la ley del gravamen.
En definitiva, no probó la aquí recurrente la capacidad de Racine Silvio y Hnos. SH, empresa inscripta para el ejercicio de una actividad distinta a la frigorífica, la venta de frutas y verduras, para realizar las ventas de hacienda vacuna documentadas en los comprobantes fiscales que originaron los créditos fiscales y con ello no probó la legitimidad de los que incluyó en la solicitud de reintegro.
- La respuesta remitida por el ONCCA respecto de las listas de matanza cuya autenticidad se le consultó, fue que “son auténticas” y que “corresponden a los originales archivados en esta Oficina Nacional”. Del mismo modo, las listas por sí solas y sin otros elementos de prueba no resultan suficientes para acreditar la veracidad de las operaciones y en su caso, su vinculación con las exportaciones efectuadas por Quickfood S.A., que es lo que tenía que probar para convalidar el crédito fiscal cuyo reintegró solicitó..
En definitiva, Quickfood S.A. no ha logrado revertir en esta instancia a través de la producción de pruebas contundentes, el criterio que se sustenta en la Resolución N° 43/2007 para denegar la acción de repetición, por lo que corresponde confirmarla, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la decisión de la Vocal Instructora por similares argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que corresponde resolver si las operaciones que dieran lugar al crédito fiscal cuya devolución se solicitara han existido y fueron necesarias para llevar a cabo la actividad de exportación desarrollada por la firma recurrente y en el caso si procede la repetición intentada.
Que según se desprende de las actuaciones en punto a la verificación del crédito fiscal objetado vinculado a exportaciones, el ente recaudador admitió la existencia del ganado vacuno, la efectiva exportación de los productos referidos en las comprobantes, la verificación formal de la solicitud, el cumplimiento de los requisitos correspondientes y no obstante que el proveedor cuestionado presentó las declaraciones juradas rectificativas del IVA declarando el débito fiscal respectivo -durante el curso de la fiscalización- si que surja de que el ente fiscal haya formulado observaciones al respecto. No obstante ello, el Fisco considera que no existe correspondencia entre las compras computadas en las solicitudes de reintegro con las exportaciones declaradas por haber detectado inconsistencias respecto del proveedor involucrado en la operatoria y por tal motivo invalidó los créditos fiscales y rechaza la repetición intentada.
II. Que el art. 43 de la ley del IVA dispone que “Los exportadores podrán computar contra el impuesto que en definitiva adeudaren, por sus operaciones gravadas, el tributo que por bienes, servicios y locaciones que destinaren efectivamente a las exportaciones o a cualquier etapa en la consecución de éstas les hubiere sido facturado, en la medida en que esté vinculado a la exportación y no hubiere sido ya utilizado por el responsable...” para agregar que “ … si la compensación permitida en este artículo no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante les será acreditado contra otros impuestos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidada autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía o, en su defecto, le será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros responsables, en los términos del segundo párrafo del artículo 29 de la ley N° 11.683, texto ordenado en e 1998 y sus modificaciones”.
Por su parte el artículo agregado a continuación del 43 establece que “Los exportadores tendrán derecho a la acreditación, devolución o transferencia a que se refiere el segundo párrafo del artículo precedente con el sólo cumplimiento de los requisitos formales que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, ello sin perjuicio de su posterior impugnación cuando a raíz del ejercicio de las facultades de fiscalización y verificación previstas en los artículos 33 y siguientes de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, mediante los procedimientos de auditoría que a tal fin determine el citado Organismo, se compruebe la ilegitimidad o improcedencia del impuesto facturado que diera origen a la aludida acreditación, devolución o transferencia.”
“Las solicitudes que efectúen los exportadores, en los términos del párrafo anterior, deberán ser acompañadas por dictamen de contador público independiente, respecto de la razonabilidad y legitimidad del impuesto facturado vinculado a las operaciones de exportación”.
"Cuando circunstancias de hecho o de derecho permitan presumir connivencia, los exportadores serán solidariamente responsables respecto del impuesto al valor agregado falsamente documentado y omitido de ingresar, correspondiente a sus vendedores, locadores, prestadores o, en su caso, cedentes del gravamen de acuerdo con las normas respectivas y siempre que los deudores no cumplieren con la intimación administrativa de pago, hasta el límite del importe del crédito fiscal computado, o de la acreditación, devolución o transferencia originadas por dicho impuesto. A tal efecto será de aplicación el procedimiento previsto en los artículos 16 y siguientes de la ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones”
Por su parte, la Resolución General (AFIP) N° 1101/01 -aplicable al caso- establece un régimen general de reintegro del IVA facturado por los exportadores y demás responsables, en virtud de las operaciones de exportación y las actividades y operaciones que reciban igual tratamiento, indicando que dichos contribuyentes deberán suministrar al organismo la información producida mediante la entrega del soporte magnético - acompañado del formulario de declaración jurada Nº 443/A- asimismo se indica que el mismo será acompañado de una nota y se detalla su confección. A fin de formalizar la presentación deberán aportar una serie de elementos que se indican, entre los que se encuentra un informe especial extendido por contador público independiente. Que la Resolución General bajo análisis prevé que en el caso de las solicitudes de acreditación, devolución o transferencia, el juez administrativo procederá a detraer los montos correspondientes de los importes consignados en la solicitud, cuando se detecten facturas o documentos equivalentes que correspondan a proveedores con CUIT no válida y/o inexistente, facturas o documentos equivalentes apócrifos, proveedores que no revistan la calidad de responsable inscripto en el IVA, proveedores que registren la baja en el citado impuesto con anterioridad a la fecha de emisión de la factura, o altas con posterioridad a la fecha mencionada y especifica en que casos no será de aplicación lo mismo (art.17).
Que conforme surge de las actuaciones antes reseñadas y en virtud de lo informado por los fiscalizadores, desde el punto de vista formal, la apelante había cumplido con los requisitos fijados por la normativa para las solicitudes efectuadas y en lo que hace a los créditos fiscales objeto de la presente, el ente fiscal otorgó los reintegros; además del análisis de los antecedentes se evidencia que, con posterioridad a ello el organismo fiscal impugna los créditos fiscales, con fundamento en las verificaciones llevadas a cabo en el ejercicio de las facultades previstas por ley, debiendo señalarse que no se evidencia que se hubieran objetado las facturas en sí, es decir, en lo que hace a los requisitos y formalidades que deben contener, como así tampoco a la real existencia de la firma proveedora objetada ni la declaración jurada rectificativa presentada por ésta donde consigna los débitos fiscales relacionados con los créditos fiscales impugnados a la repitente.
Que más allá de las invocadas facultades de verificación que posee el Fisco para invalidar el crédito fiscal reclamado con posterioridad a haber otorgado la devolución solicitada, es importante recalcar que para ello no deben existir sólo sospechas de que se estaría computando un crédito fraguado o inexistente, sino que tal afirmación debe estar sustentada por ciertos elementos que así también lo corroboren, y que en el caso de autos, de acuerdo con lo ut supra expuesto no ha sido materia de discusión por parte del ente recaudador la existencia y materialidad de las operaciones realizadas, que las mismas se vinculan con las exportaciones efectuadas, que los montos correspondientes a las facturas observadas han sido abonados y que las facturas cumplen los requisitos y formalidades que deben contener.
Que, ello así, es el Fisco quien debía precisar concretamente por qué las operaciones debían ser consideradas como irreales o simuladas y no basarse en meras presunciones vinculadas con situaciones fácticas atribuidas a un tercero -proveedor-, que por vía indirecta le han sido imputadas a la recurrente, y en tal sentido si la actora cumplió con todos los recaudos legales exigidos no se le puede atribuir, como fundamento de la impugnación del crédito fiscal, inconsistencias del proveedor, máxime que, a la fecha de la emisión de las facturas el Organismo Fiscal no informa que figurara en la base de facturas apócrifas.
Que la cuestión aquí planteada guarda relación con la resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Bildown S.A. c/ Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/ ordinario”, sentencia del 27/12/2011, donde se remite al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, Laura M. Monti (en particular el Considerando VI del mismo), donde se dijo:
“Queda en claro aquí que la actora ha abonado el gravamen correspondiente a sus adquisiciones, pagándolo junto con el precio, en la forma en que la propia ley del impuesto lo ha dispuesto -vale decir al proveedor- (arg. arts. 10, 11, 12 y cc. de la ley del IVA), lo que le genera el derecho a tomar tal suma de dinero como "crédito fiscal", atado a las vicisitudes de la operatoria comercial que le sea propia (arg. Fallos: 308:673, considerandos 7° y 8°) pero que, en principio y en la mayoría de los casos, le permitirá sustraer esa suma ya pagada de su correspondiente "débito fiscal", originado éste con la venta de sus productos o la prestación de sus servicios a terceros.” “Ello no quita que, en ciertos otros casos, como ocurre en el supuesto del sub lite, pueda surgir el derecho al reintegro de ese "crédito fiscal" abonado con el precio de sus insumos, al haber exportado las mercaderías con ellos fabricadas (arg. arts. 8, inc. d, 43 y cc., ley del IVA).”
“Sentado ello, nada encuentro en la ley del IVA -y tampoco indican norma concreta alguna los representantes de la demandada- que otorgue al Fisco la posibilidad de condicionar la restitución del crédito fiscal al exportador al hecho de que sus proveedores hayan abonado sus respectivos gravámenes.”
“En otras palabras, no existe precepto alguno que subordine el derecho a la restitución del IVA del exportador al cumplimiento de las obligaciones sustantivas por parte de los terceros con los que él operó.”
“Por otro lado, tengo para mí que pretender ello conduce a dos inaceptables conclusiones. En primer lugar, equivale a constituir al contribuyente en una suerte de responsable del cumplimiento de la obligación sustantiva de otros, sin norma legal que así lo establezca. Y, en segundo término, lleva a que el Fisco se vea liberado de su inexcusable deber de verificar, fiscalizar y cobrar las sumas adeudadas por los contribuyentes, mediante la transferencia de esa responsabilidad hacia un tercero, como dije, sin ley que así lo autorice.”
"En efecto, no puede caber duda en cuanto a que el Fisco, al haber constatado tanto la falta de presentación de las declaraciones juradas como el pago del tributo por parte de alguno de los proveedores de la actora -con independencia de lo que aquí se debatió con respecto al derecho al reintegro de la accionante- debió haber puesto en ejercicio las potestades y facultades conferidas por el ordenamiento -en particular, las de los arts. 33, 35 y cc. de la ley de rito fiscal-, para lograr dilucidar la auténtica situación tributaria de aquéllos, y perseguir el cobro de la acreencia que le correspondiera, tal como lo obliga la Constitución Nacional en cuanto recaudador de las rentas públicas (arts. 99, inc. 10, y 100, inc.7°) sin que pueda admitirse, como indebidamente lo pretende aquí, involucrar a un tercero en violación al principio de reserva de ley en materia tributaria (Fallos: 312:912; 318:1154; 319:3400; 321:366; 326:3168, entre muchos otros)."
A tenor de lo expresado, cabe concluir que no hay elementos que permita sustentar o dar razón de las impugnaciones practicadas por el ente fiscal y en consecuencia corresponde revocar el acto apelado y en consecuencia hacer lugar a la repetición intentada, con costas a cargo de la parte vencida.
Ello así, a la suma cuya devolución se pide corresponde adicionar los intereses calculados desde la fecha de interposición del reclamo administrativo hasta la del efectivo pago, liquidados a la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina de acuerdo con lo dispuesto en la doctrina plenaria establecida por este Tribunal en la causa “Dálmine Siderca S.A.I.C.” del 27/12/93 (Expte.Nº 6.031-I), que resulta de acatamiento obligatorio en virtud de lo establecido por el art. 151 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998)
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 43/2007, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $12.569, por la representación procesal y $19.338 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y cc. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2023.09.22 14:16:12 -03:00 Date: 2023.09.22 14:22:09 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.22 15:47:43 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.09.22 15:47:44 -03:00
Fin de la sentencia