Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 82527565-I
—SALA IV-
CAF 1064/2024/CA1 QUICKFOOD SA (TF 82527565-i) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO Buenos Aires, junio de 2024.-
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, conforme surge de los presentes autos, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, condonó la multa impuesta, con costas por su orden.
Para así decidir el voto mayoritario ponderó que, ante todo, correspondía analizar si la sanción aplicada se encontraba alcanzada por el beneficio de condonación. En tal sentido, afirmó que no se hallaba controvertido que la contribuyente había conformado el ajuste propuesto por la fiscalización interviniente en el IVA, cancelando el importe adeudado mediante pago bancario el 20 de diciembre de 2018.
En cuanto a la condonación solicitada, y en lo que refiere a los alcances de la ley 27.562, se remitió a lo resuelto por este Tribunal en la causa “Telcom Ventures de Argentina c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, el 10 de junio de 2021.
En esta línea, ponderó la referida ausencia de controversia en cuanto a que los períodos de IVA que habían dado lugar a la sanción habían sido cancelados el 20 de diciembre de 2018, previo incluso a la vigencia de la ley 27.541 en su redacción original (BO 23/12/19), por lo que no procedía requerir a la actora la presentación de la declaración jurada prevista en el art. 59 de la RG 4816/2020.
Tuvo en cuenta también lo resuelto por esta Sala en la causa “Ostry Silvia Beatriz” el 10 de noviembre de 2022, y por la Sala II en la causa “Smurfit Kappa SA (TF 69809104-I) c/ Dirección General Impositiva”, el 5 de abril de 2023. Señaló al respecto que esta Alzada expuso que de los términos del art. 12, cuarto parágrafo de la ley 27.562 y de los arts. 25 inc. a, y 28 de la RG 481, surgía que cuando se trata del caso de multas que no se encuentran firmes, correspondientes a obligaciones canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley, el plexo normativo involucrado establecía la condonación de las sanciones con la condición del cumplimiento de ese último requisito (cancelación con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley), de tal suerte que no cabía exigir la concurrencia de otro recaudo para la operatividad de tal consecuencia. Por lo expuesto, procedía la condonación de la multa, debiendo disponerse el archivo de las actuaciones. Distribuyó las costas en el orden causado, atento a lo dispuesto expresamente por el art. 12, inc. a, de la RG 4816/2020 y el criterio adoptado por el tribunal relativo a que en las condonaciones de las multas no existía “parte vencida”.
2. Que, disconforme con la decisión, apeló el Fisco y expresó agravios, cuyo traslado no fue contestado.
Afirma que se ha efectuado una errónea interpretación y aplicación de las normas de regularización fiscal de las leyes 27.541 y 27.562.
Sostiene que la valoración efectuada por el organismo jurisdiccional omite considerar las constancias obrantes en autos, haciendo una incorrecta interpretación de la normativa aplicable a la situación.
Ello, en tanto que la contribuyente aquí cuestionada, para ser acreedora del beneficio de condonación automática de multas, debe estar comprendida en los términos del art. 8º de la ley 27.541 y del art. 4º de la RG 4816, es decir, que no posea activos financieros en el exterior o, en caso de poseerlos sus socios o accionistas directos o indirectos con un porcentaje no inferior al 30%, procedan a la repatriación de por lo menos el 30% del producido de su realización. Afirma que este hecho no fue evaluado por el Tribunal Fiscal. Por ende, la condición para acceder a los beneficios dispuestos por la ley 27.541 son revestir condición MiPyme (u otro tipo de entidad civil sin fines de lucro) y, en caso de persona jurídica, verificarse la repatriación de bienes que se encuentren en el extranjero, en un porcentaje del 30%.
Señala asimismo que la contribuyente no dio cumplimiento al régimen informativo dispuesto por el art. 59 de la RG 4816/2020 como tampoco en el art. 48 de la RG 5101/2021, por lo que resulta improcedente el beneficio de condonación. En subsidio, solicita que las costas sean impuestas por su orden.
3. Que, según surge de las constancias de la causa, el 20 de diciembre de 2018 la actora efectuó el pago de las obligaciones tributarias correspondientes al gravamen cuya multa se discute en los presentes autos, por lo que solicitó su condonación, acompañando las constancias de pago pertinentes.
Por lo demás, posee un activo en el exterior ―de acuerdo a la calificación prevista en el art. 8° de la ley 27.541― del que no se registra repatriación en los términos allí dispuestos.
Así pues, la cuestión en debate requiere determinar si la sanción que motivó el presente proceso se encuentra condonada de pleno derecho de acuerdo a lo dispuesto por el art. 12, cuarto párrafo, de la ley 27.541 y su modificatoria.
4. Que, esta Sala se ha pronunciado en la causa 6488/2021 “Telcom Ventures de Arg. SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” el 2 de septiembre de 2021, en cuya oportunidad dijo que un análisis integral del plexo legislativo involucrado permitía colegir que la condición de repatriación a la que se refería el art. 8° de la ley 27.541 se encuentra establecida únicamente para aquellos sujetos que pretendan acogerse al régimen de moratoria y gozar de los beneficios previstos para las —SALA IV- CAF 1064/2024/CA1 QUICKFOOD SA (TF 82527565-i) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO obligaciones tributarias regularizadas en los términos allí dispuestos, pero no para la condonación de las multas correspondientes a obligaciones sustanciales canceladas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.562, supuesto contemplado en el cuarto párrafo del art. 12 de la referida norma.
En efecto, el art. 8° de la ley 27.541 supra transcripto resulta claro en cuanto exige la repatriación de al menos el 30% del producido de la realización de los activos extranjeros “dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación”. En esa misma línea, el art. 8°, punto 2°, de la RG 4816 establece que: “En el caso de que el mismo sujeto regularice la deuda mediante diversos planes de facilidades de pago, pago al contado y/o compensación, el plazo de SESENTA (60) días previsto en el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones se computará desde la primera adhesión”. Seguidamente, el punto 3° del mismo artículo reza: “El incumplimiento de la repatriación del producido de la realización de los activos financieros en el plazo fijado en el artículo 8° de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones, en los términos y condiciones previstos en esta resolución general, determinará el rechazo de la adhesión al régimen de regularización”.
En ese mismo orden de ideas, se inscribe el art. 59 de la RG 4816 en cuanto establece que “Los sujetos que adhieran al presente régimen deberán informar, con carácter de declaración jurada, los socios, accionistas y/o similares, titulares de por lo menos el TREINTA POR CIENTO (30%) del capital social y/o similar, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562” y aquellos alcanzados por el requisito de repatriación “deberán informar con carácter de declaración jurada, el monto total de los activos financieros situados en el exterior que posean a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 27.562. A esos fines, los contribuyentes que efectúen la adhesión deberán adjuntar en formato “.pdf”, un informe especial extendido por contador público independiente matriculado (…) quien se expedirá respecto de la razonabilidad, existencia y legitimidad de los activos financieros situados en el exterior”.
En este escenario, no resulta ocioso señalar que, de acuerdo a la nota aclaratoria 38.1 de la RG 4816, “La adhesión se refiere a la manifestación de la voluntad a través del reconocimiento de la deuda mediante el plan de facilidades de pago, pago al contado o compensación”; definición que no condice con el significado de la locución “de pleno derecho” incorporada por el legislador en el art. 12, cuarto párrafo, de la ley 27.541 -y su modificatoria- y utilizada por la Corte federal para calificar los efectos de aquellas normas que no requieren “petición de parte” (Fallos: 277:347; 281:297; 295:729 y 815; 321:3160 y 330:4544).
En este mismo sentido, y si bien con relación a la condonación de pleno derecho receptada en el art. 56 de la ley 27.260, la Corte distinguió el supuesto regido por los arts. 52 y 53, referidos a la regularización de obligaciones vencidas, de la condonación de multas formales, materiales y de intereses resarcitorios correspondiente a obligaciones ya canceladas prevista en el art. 56 de la ley y consideró desacertado sujetar su procedencia al cumplimiento de los requisitos previstos para el acogimiento de la moratoria (en ese caso, el desistimiento y renuncia de toda acción y derecho, incluso el de repetición). De este modo, confirmó la sentencia dictada por esta Sala in re 15951/17 “Bunge Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 11/04/17 (conf. Fallos: 343:702).
Por lo demás, en nada modifica lo expuesto la circunstancia de que el art. 28 de la RG 4816 supedite el registro automático de la condonación en el sistema informático del organismo recaudador al cumplimiento de “los distintos requisitos dispuestos en la presente norma”. Ello es así, por cuanto: (i) a diferencia de la redacción del art. 25 de la RG 4667 supra transcripto, el art. 28 de la RG 4816 no establece requisitos “para hacer efectivo el beneficio de condonación” sino para efectuar un registro automático de la misma; y (ii) la disposición mencionada en último lugar refiere a la condonación de pleno derecho de multas e intereses y respecto a estos últimos, el art. 9°, último párrafo de la RG 4816, prescribe “De tratarse de obligaciones tributarias canceladas con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 27.562 que se encuentren en curso de discusión en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial por vía de repetición, el beneficio de condonación de los intereses en los términos previstos en el quinto párrafo del artículo 12 de la Ley N° 27.541 y sus modificaciones resultará procedente siempre que el interesado desista de la acción y del derecho y renuncie a la promoción de cualquier procedimiento respecto de la obligación cancelada, en cuyo caso deberá presentar el formulario de declaración jurada N° 408 (Nuevo Modelo) mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales”, implementado por la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando el trámite “Presentación F. 408 - Allanamiento o desistimiento”.
Es dable advertir que el legislador podría haber incorporado la limitación prevista en el art. 8° de la ley 27.541 y su modificatoria en el art. 16 de esa norma que excluye “de las disposiciones de esta ley” a quienes se hallen en alguna de las situaciones allí enumeradas, o bien replicarla en el art. 12 para que proceda la condonación de las multas y demás sanciones, pero no lo hizo. Frente a ello, no cabe presumir la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (arg. Fallos: 315:1922; 321:2021 y 2453; 322:2189; 329:4007, entre otros), sin que quepa atribuir a las normas un alcance que implique la tacha de inconsecuencia en el órgano del cual emanan —SALA IV- CAF 1064/2024/CA1 QUICKFOOD SA (TF 82527565-i) C/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO (Fallos: 310:1689 y dictamen de la Procuradora Fiscal al que remitió la Corte en Fallos: 343:702).
En definitiva, en el caso de autos el pago de la obligación tributaria fue realizada el 20/12/18, es decir con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.562 (26/8/20), de conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de la ley 27.541 y modif.
Es dable señalar al respecto que, si bien en el art. 48 de la Res. 5101/2021 se incorporó la exigencia de la repatriación para los sujetos alcanzados por los beneficios de la condonación del art. 12, ptos. 4º y 5º, de la ley 27.541, esta normativa no resulta aplicable a la actora dado que su situación quedó consumada con anterioridad a su entrada en vigencia (18-11-21).
Por las consideraciones de hecho y de derecho supra efectuadas y en atención a lo ya resuelto por el Tribunal en la mencionada causa “Telcom Ventures de Arg. SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” del 2 de septiembre de 2021, antes citada, como asimismo “Ostry Silvia Beatriz c/ DGI s/recurso directo”, del 10 de noviembre de 2022, corresponde rechazar el recurso interpuesto y confirmar la resolución apelada, con costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión (art. 68, segunda parte del CPCCN). ASI SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia