Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 64183
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de lo actuado exclusivamente con relación al cuestionamiento del síndico contra la decisión que le aplicó una multa de $3000, a partir de su planteo recursivo de fs. 209/212vta., debiendo en la instancia de origen intimarse por cinco días y por cédula al Síndico cdor. Matías Raúl Civale para que presente la fundamentación del recurso concedido a fs. 204/204vta. con la debida asistencia letrada y bajo apercibimiento de ley (arts. 56, 135 inc. 5°, 246 y ccs. del C.P.C.C.; art. 255 de la ley 24.522; SCBA, causas cits.; esta Sala, causa n° 61.115, cit.).
2Revocar la resolución apelada de fs. 218/218vta. disponiendo el cese de pleno derecho de la inhabilitación del fallido al año de la sentencia de quiebra (art. 236 de la ley 24.522; arts. 6 y 7 del CCyC.).
3Sin costas dado el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Causa nº: 2-64183-2019
"VAZQUEZ JORGE LUIS S/QUIEBRA (PEQUEÑA) (27) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - AZUL
Sentencia Registro nº: 116 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los veintidos días del mes de Agosto del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 de la Ley 5827), encontrándose en uso de licencia el Doctor Jorge Mario Galdós , para dictar sentencia en los autos caratulados: “Vazquez, Jorge Luis s/. Quiebra (Pequeña)” ( Causa Nº 64.183 ), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dra. Longobardi, Dr. Peralta Reyes y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la resolución apelada de fs. 201/201vta.?.
2da.- ¿Y la de fs. 218/218vta.?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
I.1. La resolución de fs. 201/201vta. impuso al síndico Matías Raúl Civale una multa de $3000 por considerar que incumplió con las tareas ordenadas a fs. 195 párrafo final y a fs. 194 párrafo tercero (en forma errónea –aclaro- el decisorio impugnado hizo referencia a fs. 193 y fs. 194, respectivamente).
2. Contra dicho decisorio el síndico contador Matías Raúl Civale interpuso recurso de apelación que le fue concedido en relación y fundó tempestivamente. Cabe destacar que en ambas ocasiones -interposición y fundamentación del recurso de apelación- el funcionario concursal actuó sin asistencia letrada (ver presentaciones electrónicas del 11-10-18 y 26-10-18).
3. La Suprema Corte de la Provincia tiene decidido, con relación a la pertinencia del patrocinio de este tipo de funcionarios en los concursos que, “en principio, resulta imprescindible –a pesar de su calidad de órgano de la quiebra- que la impugnación presentada cuente con la debida asistencia profesional de un abogado” . Ello en el entendimiento que “la imposición del art. 56 de la ley 24.522 no sólo responde a la tutela del debido proceso de la parte que debe actuar con asesoramiento, sino a una adecuada administración de los litigios y a una eficiente prestación del servicio de justicia, que se vería obstruido ante la permisión de postulaciones de deficiente técnica” (causas Ac. 50.794, sent. del 1-XI-1994; C. 73.725, sent. del 19-XII-2007; C. 111.780, resol. del 5-X-2011; C. 118.521, sent. del 9-IV-2014; C. 120.281, sent. del 11-XI-2015; esta Sala, causa n° 61.115 del 14-7-16, “Dos Santos…”).
Habiendo agregado la Casación local que “el consentimiento de las partes en el sentido de prescindir del auspicio letrado no obsta al cumplimiento de la manda establecida, que el juez puede verificar aún oficiosamente” (arts. 56 y 57 del C.P.C.C.; arts. 92 y 93 de la ley 5177; causas C. 73.725 y C. 120.281, cits.).
4. Luego, advirtiendo que la falta de asesoramiento letrado pudo incidir en el intento recursivo formulado por el síndico contador Matías Raúl Civale, sin que se verifiquen en la especie circunstancias que permitan juzgar la cuestión de un modo diverso, corresponde declarar de oficio la nulidad de lo actuado exclusivamente con relación al planteo recursivo del referido profesional contra la decisión que le aplicó una multa de $3000, a partir de su planteo recursivo de fs. 209/212vta., debiendo en la instancia de origen intimarse por cinco días y por cédula al Síndico cdor. Matías Raúl Civale para que presente la fundamentación del recurso concedido a fs. 204/204vta. con la debida asistencia letrada y bajo apercibimiento de ley (arts. 56, 135 inc. 5°, 246 y ccs. del C.P.C.C.; art. 255 de la ley 24.522; SCBA, causas cits.; esta Sala, causa n° 61.115, cit.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
II.1. Mediante presentación electrónica del 26-10-18 el doctor Ernesto Alberto Erramouspe –letrado apoderado del fallido- solicitó la rehabilitación de su representado, en virtud de haber transcurrido un año desde la sentencia de quiebra fechada el 25-10-17.
Previo traslado a la sindicatura –que se expidió favorablemente-, se arribó al dictado de la resolución apelada (fs. 208, 217/217vta.). Se ponderó allí que se encuentran pendientes de cumplimiento la mayoría de las medidas ordenadas a lo largo del proceso, por lo que rechazó la rehabilitación por considerarla prematura.
2. El apoderado del fallido apeló dicha resolución (presentación del 02-11-18), siéndole concedido el recurso en relación (fs. 219).
Alegó que la falta de cumplimiento de la mayoría de las medidas ordenadas en autos no es imputable a su representado por lo que, habiendo transcurrido un año desde la sentencia de quiebra sin que el fallido se encuentre incurso en delito penal, corresponde disponer su rehabilitación de conformidad con lo prescripto por el art. 236 de la LCQ.
3.1. En primer lugar he de señalar que el recurso bajo glosa resulta formalmente admisible en tanto la resolución recurrida importó apartarse del trámite ordinario y normal del trámite del proceso falencial que justifica excepcionar la regla de inapelabilidad del art. 275 inc. 3 de la LCQ (esta Sala, causas n° 53.306 del 12-5-09, “Martinelli…”; n° 54.137 del 03-02-10, “González…”; n° 56.999 del 27-11-12, “Ane…”; entre muchas otras).
3.2. El recurso procede.
Resulta inobjetable que entre la fecha de la sentencia de quiebra (25-10-17) y aquella otra en que el apoderado del fallido pidió la rehabilitación de su cliente (26-10-18), transcurrió el plazo de un año al que la normativa concursal supedita el cese de pleno derecho de la inhabilitación (art. 236 de la ley 24.522; arts. 6 y 7 del CCyC.).
Por lo demás, no se configura actualmente en autos el supuesto de prórroga contemplado en el tercer párrafo de la norma (sometimiento a proceso penal del inhabilitado), ni tampoco se presentan como suficientes los argumentos que la a quo brindó para mantener la inhabilitación, por lo que corresponde revocar la resolución apelada y tener al fallido por rehabilitado de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra, sin perjuicio –claro está- de lo normado en el último párrafo del art. 236 de la LCQ.
Cabe destacar que la expuesta es la interpretación de la Corte Suprema de la Nación que, haciendo suyos los fundamentos y conclusiones del dictamen de la Procuración General, juzgó que: “resulta claro que el cese de inhabilitación del fallido operaba automáticamente, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o prórroga al que alude la citada norma, circunstancias que no concurrieron en el caso, toda vez que el recurrente no fue sometido a proceso penal alguno” (Fallos: 333:5).
En virtud de las razones anteriores propicio al acuerdo revocar la resolución apelada de fs. 218/218vta. disponiendo el cese de pleno derecho de la inhabilitación del fallido al año de la sentencia de quiebra (art. 236 de la ley 24.522; arts. 6 y 7 del CCyC.); sin costas dado el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
A LA TERCERA CUESTION, la Señora Jueza Dra. Longobardi , dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de las cuestiones anteriores, por los fundamentos expuestos, se resuelve declarar de oficio la nulidad de lo actuado exclusivamente con relación al cuestionamiento del síndico contra la decisión que le aplicó una multa de $3000, a partir de su planteo recursivo de fs. 209/212vta., debiendo en la instancia de origen intimarse por cinco días y por cédula al Síndico cdor. Matías Raúl Civale para que presente la fundamentación del recurso concedido a fs. 204/204vta. con la debida asistencia letrada y bajo apercibimiento de ley (arts. 56, 135 inc. 5°, 246 y ccs. del C.P.C.C.; art. 255 de la ley 24.522; SCBA, causas cits.; esta Sala, causa n° 61.115, cit.); revocar la resolución apelada de fs. 218/218vta. disponiendo el cese de pleno derecho de la inhabilitación del fallido al año de la sentencia de quiebra (art. 236 de la ley 24.522; arts. 6 y 7 del CCyC.); sin costas dado el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Peralta Reyes adhiere al voto que antecede, votando en idéntico sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 22 Agosto de 2019.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve : 1) declarar de oficio la nulidad de lo actuado exclusivamente con relación al cuestionamiento del síndico contra la decisión que le aplicó una multa de $3000, a partir de su planteo recursivo de fs. 209/212vta., debiendo en la instancia de origen intimarse por cinco días y por cédula al Síndico cdor. Matías Raúl Civale para que presente la fundamentación del recurso concedido a fs. 204/204vta. con la debida asistencia letrada y bajo apercibimiento de ley (arts. 56, 135 inc. 5°, 246 y ccs. del C.P.C.C.; art. 255 de la ley 24.522; SCBA, causas cits.; esta Sala, causa n° 61.115, cit.). 2) revocar la resolución apelada de fs. 218/218vta. disponiendo el cese de pleno derecho de la inhabilitación del fallido al año de la sentencia de quiebra (art. 236 de la ley 24.522; arts. 6 y 7 del CCyC.). 3) sin costas dado el modo en que se originó la cuestión y el resultado al que se arriba (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase .
MARÍA INÉS LONGOBARDI
PRESIDENTE
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
VICTOR MARIO PERALTA REYES
JUEZ
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II I
ANTE MÍ
CLAUDIO MARCELO CAMINO
SECRETARIO
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL
SALA II
Fin de la sentencia