Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala II · Causa 71196
Causa nº: 2-71196-2023
"SOSA FERNANDO ARIEL S/ QUIEBRA(PEQUEÑA) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - TANDIL
En la ciudad de Azul, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veinticuatro, celebrando Acuerdo Ordinario (Acuerdo 3975/2020), se reúnen los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi y Víctor Mario Peralta Reyes, con la presencia del Secretario, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados “Sosa Fernando Ariel s/ quiebra (pequeña)” (causa n° 71.196). Habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Constitución Provincial; arts. 263 y 266 del C.P.C.C.), resultó que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes y Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Procede el recurso de apelación planteado contra la sentencia definitiva del 29/5/23?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes , dijo:
I. La sentencia apelada rechazó la solicitud de su propia quiebra efectuada por Fernando Ariel Sosa , en su invocado carácter de consumidor sobreendeudado (cf. escrito inaugural del 8/5/23).
Para así resolver, el decisorio comenzó por referir que el art. 52 de la ley falencial, otorga al sentenciante la potestad de desestimar la homologación de un acuerdo preventivo, o de rechazar la declaración de una quiebra, en caso de propuesta abusiva o en fraude a la ley. Recordó que el art. 10 del Código Civil y Comercial no ampara el ejercicio abusivo de los derechos; y trajo a colación el principio de buena fe, contenido en el art. 9 del igual cuerpo de normas. Refirió que el principio general que proscribe el abuso del derecho, acarrea la responsabilidad por los daños derivados del ejercicio abusivo de prerrogativas procesales, correspondiendo la aplicación analógica del artículo 208 CPCC.
Entendió que “constituye un ejercicio antifuncional o abusivo el pedido de su propia quiebra incoado, en tanto, en rigor de verdad, su finalidad es evitar los descuentos por planilla y los débitos automáticos. Sostienen que utilizan la quiebra como un mecanismo para «limpiar su recibo de sueldo». Refieren que cuando hay una petición de quiebra por el propio deudor y aquélla carece de bienes a liquidar resulta un ejercicio abusivo de la misma correspondiendo su rechazo. Aun más cuando la quiebra es un instituto excepcional pudiendo el deudor recurrir a otros remedios previstos por la legislación concursal de carácter preventivo, como por ejemplo solicitar la apertura del Concurso preventivo (...) Es decir, dar curso a la petición seria consagrar un verdadero fraude a la ley, al permitir al deudor librarse de sus deudas, y de una actuación jurisdiccional inútil, advirtiendo que el objetivo final del proceso es obtener el levantamiento de los embargos del sueldo y, por último, limpiar el pasivo mediante la rehabilitación que procede al año de su declaración, de conformidad al art. 236 de la LCQ...” (sic, considerando tercero).
En esa línea, luego de citar doctrina que alude a “ la viveza criolla del argentino ” , concluyó que “así como no puede retrotraerse la falencia al esquema sancionatorio de sus orígenes, tampoco puede admitirse el endeudamiento abusivo y una liberación patrimonial incausada (...). Es claro que el deudor no está haciendo un uso regular de su derecho de pedir la quiebra, en atención a que existe una asunción voluntaria de un pasivo desproporcionado con los ingresos, incremento notable de dicho pasivo en los últimos meses antes de la petición de falencia, y, en muchos casos, adquisición de bienes suntuosos y sin relación con el nivel de vida del sujeto con el propósito exclusivo de lograr posteriormente “limpiar el pasivo y reinsertarse económicamente”.
En el considerando quinto, citó doctrina conforme la cual “teniendo en cuenta que el proceso de quiebra tiene como finalidad específica liquidar los bienes del fallido para distribuir su producido entre sus acreedores, ningún sentido tiene transitar por ese camino cuando no existen justamente bienes para liquidar. Incluso señalan que aceptar el pedido de propia quiebra conduciría a una grave consecuencia como es la presunción de fraude y su necesaria comunicación a la justicia penal”. Añadió que “la continuación de un proceso falencial con inexistencia de activo presente (...) deviene en un proceso estéril (...) un dispendio de trabajo y de recursos económicos, solo con el objeto de sanear el pasivo...”.
Agregó en el Considerando sexto, como argumentos adicionales, la “carencia probatoria en relación con el estado de cesación de pago, y el incumplimiento de los recaudos del Art. 86 LCQ respecto de la correcta formación de legajos por cada acreedor -solo compuestos por capturas de pantalla de Whatsapp-, y la falta de acreditación de gastos y composición del grupo familiar, ingresos entre otras cuestiones que demarcan que el pedido de propia quiebra sin patrimonio luce claramente como abusivo (Art. 10 del Cód. Civil y Comercial de la Nación)...’”.
II. La sentencia fue apelada por el Sr. Sosa por escrito del 29/5/23; recurso fundado en tiempo y forma con el memorial del 22/6/23. Argumenta allí el recurrente que el pronunciamiento, al considerar que su parte no acreditó el estado de cesación pagos , no valoró la totalidad de los hechos reveladores que surgen del escrito inicial, ni su propia confesión y la documental acompañada. Esgrime que explicó con detalle los motivos y circunstancias que lo llevaron a ese estado, acompañando documental de la que pueden inferirse hechos reveladores, conforme el acápite C.III del escrito inaugural. Señala que refirió en forma precisa tales hechos y el incumplimiento regular de cuotas -acorde los legajos de acreedores acompañados-; enumeró créditos de consumo por montos ínfimos -solicitados para su subsistencia y la de su familia-; puso de relieve haber tomado préstamos con altísimas tasas de interés; acompañó informe del Banco Central de donde surgen los acreedores y el incumplimiento regular de los pagos, e informes de deudas de las entidades acreedoras.
Subraya que su patrimonio está compuesto únicamente por sus haberes, que resultan el único ingreso en su hogar; y que su situación es de carácter permanente. Ello acorde al informe del Banco Central, del que resulta que la situación data de hace más de dos años, y se mantiene a la fecha. Agrega que en la demanda detalló la cuantía de sus haberes y el valor al que asciende el pasivo; revelando que su patrimonio es extremadamente impotente para hacer frente a sus compromisos de manera regular; y ello sin incluir las deudas cuyos montos desconoce por violación al deber de información.
Agrega que, conforme la jurisprudencia y el art. 86 LCQ, la falta de acreditación de los recaudos establecidos en el art. 11 LCQ , no impide la declaración de la quiebra solicitada por el propio deudor. Ello pues su requerimiento, implica necesariamente el reconocimiento de la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, pues de lo contrario no se concebiría que la pidiera. Subraya que para la jurisprudencia, es improcedente exigirle al deudor que pruebe su estado de cesación de pagos, bastando a esos efectos su confesión.
Añade que la jurisprudencia no admite el rechazo liminar del pedido de quiebra, debiendo en todo caso el magistrado disponer las medidas necesarias para determinar los extremos legales para decretarla y otorgar un plazo para el cumplimiento de los recaudos formales (cf. arts. 86 y 11 L.C.Q.). Insiste en que es un consumidor sobreendeudado, y que resulta pública la falta de información y de entrega de documentación en la que incurren la gran mayoría de las entidades financieras; la que deberá ser presentada ante el requerimiento del Síndico.
En lo concerniente a la aseveración de la sentencia de que su pedido de quiebra es abusivo , argumenta que “el a quo ha realizado un juicio moral para justipreciar mi situación, sin tener en consideración que estoy haciendo uso del derecho que me asiste legalmente, (...) a fin de poder cumplir con todos mis acreedores en la medida de mis reales posibilidades económicas, y sin afectar en su camino derechos fundamentales de subsistencia mía y de mi familia, y extender durante más tiempo esta situación apremiante que hoy atravieso.”
Agrega que acorde la jurisprudencia, el abuso del derecho “no es una situación que se pueda calificar “ab initio” de la mera lectura del pedido de propia quiebra (...). Presumir que el deudor persona física está abusando de las herramientas que le brinda el legislador para pedir su propia quiebra cuando su activo sólo está conformado por sus ingresos regulares, nos llevaría a extender la aplicación del abuso para ser parejo con todos los sujetos concursables a otras situaciones de reestructuración del pasivo que permite la ley de concursos y que consagran una importante licuación de los pasivos, lo cual no sólo colocaría al intérprete en posición de legislador, sino que iría en contra de la seguridad jurídica. ¿Y qué pasará cuando un acreedor le pida la quiebra a un consumidor sobreendeudado?...”.
En relación con la ausencia de activos , argumenta que el a quo ha confundido la posibilidad de que exista patrimonio, con la necesidad de que exista; y que si no existe patrimonio -luego de todas las averiguaciones que se deben efectuar-, la quiebra se clausura por falta de activo. Añade que aun luego de la clausura, podrían aparecer bienes antes de su conclusión (conf. art. 231 LCQ); y que, si ninguna prueba de la existencia de bienes se le exige al acreedor que pide la quiebra, tampoco se le puede exigir al deudor que la solicita. Concluye que esa exigencia “es absolutamente discriminatoria e inválida, y no tiene ningún fundamento en la Ley 24.522, en la jurisprudencia y en la doctrina. Y ello es así porque la Ley 24.522 no exige en ninguna parte como condición para decretar la quiebra la existencia de patrimonio del deudor. El fin de la quiebra es que un quebrado, persona en cesación de pagos, no siga actuando en la vida comercial de una sociedad como si no lo estuviera (...), así como evitar que un acreedor más avispado cobre en desmedro de los otros, y en definitiva para bien del propio quebrado, para que éste pueda iniciar, luego del traumático y pesado tránsito de su Quiebra una nueva vida económica y digna. No existe la muerte civil.” Trae a colación jurisprudencia conforme a la que, la determinación de la existencia de bienes susceptibles de desapoderamiento, se consuma luego de la declaración de quiebra, y no en una etapa previa o preliminar (de acuerdo con lo que denuncie el propio peticionante), dado que pueden surgir bienes de la investigación del Síndico, de la existencia de actos susceptibles de revocación, o de lo que pueda adquirir el quebrado hasta su rehabilitación, entre otros (arts. 39, 118, 119, 107, ley 24.522).
Por lo demás, agrega que no es cierto que la presente quiebra carezca de activo, pues propuso que se considere el porcentaje embargable de sus haberes por el plazo de doce meses (cf. arts 107, 234, 236 y concordantes de la Ley 24.522).
Insiste en que los requisitos para hacer lugar a la sentencia de quiebra, no son discrecionales para el Juez; y en que si la prueba acompañada es insuficiente para declarar la apertura de la quiebra, se podrían obtener los documentos que respalden las deudas denunciadas; los que están en poder de sus acreedores. Solicita, entonces, que se revoque la decisión y se ordene al juez de primera instancia el dictado de la sentencia de quiebra.
III. Elevados los autos a esta Alzada, se corrió vista al Fiscal General , el que, por dictamen del 31/7/23, expresa que ciertos argumentos del decisorio aparecen exagerados o desvinculados al caso de autos. Así, ejemplifica, carece de sustento la afirmación de que muchos de los gastos efectuados por el accionante se relacionan con bienes suntuosos, o la referencia a una hipótesis de quiebra fraudulenta, sin aportar ningún elemento al efecto. Máxime cuando, agrega el Fiscal, en todo caso el Juzgado interviniente debió dar intervención a la justicia penal. Añade, por otro lado, que los acreedores acordaron entregar en préstamo al deudor sumas de dinero, conociendo no sólo su estado patrimonial, sino también las alternativas legales a las que podía recurrir en caso de caer en cesación de pagos. En relación con la subrayada ausencia de activo liquidable, trae a colación un dictamen presentado en un caso similar al de autos, en el que se puso de relieve que cuando el activo de la quiebra es el sueldo, no existen gastos de liquidación; y que en muchos supuestos de quiebras con activos, no es posible saldar ni siquiera los gastos de liquidación -debido a años de litigio-, ni abastecer las expectativas de los acreedores. Culmina su dictamen enfatizando que los consumidores tienen derecho a presentarse en concurso o quiebra, debiendo los magistrados limitarse a valorar la concurrencia de los requisitos previstos por el legislador.
Llamados los autos para sentencia y practicado el sorteo de ley, han quedado estos obrados en condiciones de ser resueltos.
IV. 1) Como surge de la reseña que antecede, la quiebra del Sr. Sosa, ha sido denegada en la instancia anterior por considerársela abusiva y carente de activo liquidable; y, como argumentos adicionales, por no haberse acreditado claramente el estado de cesación de pagos y el cumplimiento de los recaudos del art. 86 LCQ . Anticipo que, a mi criterio, los fundamentos de la sentencia apelada, no reflejan una aplicación sistemática y equitativa del cuadro integral de normas vigentes, a las concretas circunstancias del caso (arts. 1, 2 y 3 CCCN).
No hay dudas de que, acorde la descripción efectuada en el escrito inaugural del 8/5/23, y la documentación traída en esa ocasión, el caso de autos alude, como se entendió en la instancia anterior, a la hipótesis falencial de un consumidor sobreendeudado, cuyo único activo denunciado está constituido por su remuneración como Oficial de Policía (U.P.P.L. Tandil). Tampoco hay dudas de que, como surge del recibo de abril de 2023 obrante en los legajos, su remuneración se encuentra sujeta a numerosos descuentos ; y tampoco de que posee otras múltiples deudas, que no se descuentan automáticamente de sus haberes, pero que engrosan considerablemente su pasivo (en el acápite 6 de este considerando, me refiero con más detalle a esas cuestiones).
Señala Junyent Bas que el fenómeno del sobrendeudamiento del consumidor, es "la situación caracterizada por la grave dificultad para afrontar el cumplimento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad que compromete el acceso y el goce de bienes esenciales". Agrega el autor citado, que “el concepto legal se define por las siguientes características:
- El sobreendeudamiento es una "situación", por lo que también podría decirse que es un "estado" que tiene la nota de relativa permanencia.
-Grave dificultad para afrontar el cumplimento de las obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad, refiriendo en este aspecto a la virtual imposibilidad de afrontar el pasivo o si se quiere las deudas de la persona sin afectar sus condiciones de vida; diferenciándose en esto del "estado de cesación de pagos" de la ley concursal que si bien es similar constituye fundamentalmente un problema financiero en el flujo de fondos de la empresa.
- Así, el consumidor no tiene un problema de fondos típico, sino una afectación de las condiciones de vida y normalmente sus ingresos o son fijos, v.gr., salarios y/o jubilaciones y eventualmente "changas", por lo que resulta impropio hablar de flujo de fondos. Por el contrario, una empresa se dedica al intercambio de bienes y servicios por lo que (...) implica la existencia de un flujo de fondos.
- La característica final del sobreendeudamiento es el compromiso al acceso y el goce de bienes esenciales para una vida digna del consumidor, por lo que pone en juego directamente la dignidad de la persona. ” (Junyent Bas, Francisco, El crédito para el consumo y tutela frente al sobreendeudamiento en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor. La regulación de obligaciones cambiarias conexas, Sup. Especial Comentarios al Anteproyecto de LDC, 437, TR LALEY AR/DOC/628/2019; el destacado es propio).
Más recientemente, Boquín y D’Ubaldo, califican al sobreendeudamiento del consumidor como una situación de hipervulnerabilidad que afecta derechos humanos (en igual sentido, Alexis M. Marega y María Victoria Petean, Sobreendeudamiento del consumidor. Un modelo para armar, La Ley 28/12/2023, 1); y explican que es “un desequilibrio, con estado de cesación de pagos o sin él , entre los ingresos ordinarios y las obligaciones asumidas como consecuencia de sus relaciones de consumo , resultando que estas ( no contraídas en el marco de una actividad especulativa del consumidor) generan que el sujeto se vea imposibilitado de hacer frente a las erogaciones necesarias para solventar su manutención digna y la de su grupo familiar . Sin duda, es una condición patrimonial que va más allá de la situación estrictamente personal del deudor (...) Sus efectos se extienden y repercuten en el núcleo familiar del afectado generando costos adicionales que abarcan tanto aspectos patrimoniales como no patrimoniales (...) a fin de proteger el derecho a una vida digna se debe resguardar parte del patrimonio indispensable para la subsistencia del consumidor de acciones agresivas que le impidan sustentarse... ” (Gabriela Fernanda Boquin y Brenda Agustina D’Ubaldo, Sobreendeudamiento del consumidor: la problemática del acceso a la justicia. Análisis de la normativa vigente y posibles soluciones ; en Cuestiones actuales del derecho concursal. Homenaje al Dr. Horacio Pablo Garaguso, 1a ed, Buenos Aires, La Ley, 2023, libro digital, PDF; págs. 17 y 18; el destacado me pertenece).
A renglón seguido, las autoras citadas, ponen de relieve la “ exclusión social” en la que cae el consumidor sobreendeudado, al ver restringido el acceso a bienes primarios, necesarios para desempeñarse mínimamente en las relaciones sociales ; poniendo a su vez énfasis en la asimetría estructural de la relación con el proveedor , sumada a “la situación desesperante de no poder abastecerse de bienes para una vida digna tornándose en una hipervulnerabilidad ante situaciones que implican, por ejemplo, dificultad para tomar decisiones razonables y ejercer sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones que otros usuarios ”. (Gabriela Fernanda Boquin y Brenda Agustina D’Ubaldo, ob. cit. pág. 19).
2. Como principal causa del sobreendeudamiento de las personas físicas, aludía esta Sala en la causa “Castañares” , a la “democratización del crédito que permitió, en pocas palabras, obtener crédito a vastos sectores de la población sin garantía patrimonial suficiente, mediante la expedición de tarjetas de crédito, créditos personales, etc. con el solo comprobante de sueldo, también atrajo a una masa de sujetos a la insolvencia y –cuando se le permitió- a los procedimientos concursales” (cfr. Huls, Nick, septiembre de 2010, citado por Anchaval, Hugo Alberto en “El nuevo sujeto concursal”, La Ley 2010-F, pág. 1079; cf. esta Sala, causa n° 58.837, “Castañares, Ana Beatriz...”, del 19/6/14).
En esa línea, se ha señalado recientemente que “la situación del consumidor sobreendeudado es un tema de creciente relevancia en la sociedad contemporánea al cual la legislación no ha dado respuesta hasta la fecha. A medida que el acceso al crédito se ha vuelto más accesible y las obligaciones impuestas por el consumismo han aumentado, un número cada vez mayor de individuos se encuentra atrapado en un ciclo de deudas abrumadoras. Esta realidad y sus consecuencias presentan ciertas aristas que deben analizarse necesariamente desde el foco de los
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.