Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 98280
En la ciudad de Dolores, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 98.280, caratulada: "ARENAS, HERNAN DARIO S/ QUIEBRA (PEQUEÑA)", votando los Señores Jueces según el siguiente orden Dres. Mauricio Janka y María R. Dabadie.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión ¿Es justo el pronunciamiento de fs. 253/255?
Segunda cuestión ¿Qué corresponde decidir?
V O T A C IÓ N
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
I. Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 259 contra el pronunciamiento dictado a fs. 253/255; concedido en relación a fs. 260, se sustentó mediante el memorial de fs. 261/264.
II. El Sr. Juez de la instancia de grado rechazó en el marco de un primer despacho, el pedido de declaración de propia quiebra formulado a fs. 246/252, al considerar que el objeto del proceso se tornaría ilusorio ante la inexistencia de bienes que integren el activo falencial, siendo insuficiente el denunciado ingreso de naturaleza salarial.
Señaló el a quo que la apertura del trámite sólo serviría para generar gastos de justicia que, a la postre, resultarán desatendidos dada la inexistencia de activos.
Entendió en ese camino que "...se pretende poner en funcionamiento una maquinaria judicial que involucrará y reclamará recursos no sólo de este juzgado sino además, de acreedores obligados a realizar trámites verificatorios, de una sindicatura abocada a la labor técnica, e incluso de la justicia penal, teniendo en consideración la fuerte probabilidad de que el proceso concluya en clausura por falta de activo..." (sic).
Finalizó sosteniendo que se trata de un procedimiento con la finalidad específica de liquidar bienes, cuya su existencia es requisito indispensable para su apertura; que en el caso se estaría ejerciendo de manera abusiva y antifuncional un derecho para frustrar el de los acreedores, al valerse de un régimen de excepción.
III. El recurrente solicitó la revisión de lo resuelto y su revocatoria, con basamento en que mal puede considerarse abusivo su derecho a que se resuelva su estado de cesación de pagos mediante un proceso falencial.
Refirió que el fin de la quiebra no siempre es liquidar bienes y que a todo evento su existencia tampoco puede ser analizada en este estadio liminar, en el que sólo cabe la verificación de los requisitos legales para su declaración; a saber, si el peticionante es un sujeto concursable y si se ha comprobado el estado de cesación de pagos.
Remarcó que la existencia de bienes no surge de la ley y que el sentenciante no pudo adelantarse a afirmar la clausura del proceso por falta de activos, sino limitarse a analizar los presupuestos subjetivo y objetivo.
IV. Entrando al tratamiento del planteo, debo señalar en primer lugar que el rechazo liminar de la pretensión ejercida, siempre ha de ser analizado con suma prudencia; configura un instituto de interpretación restrictiva por encontrarse en pugna directa con el derecho de acceso a la justicia reconocido por el art. 15 de la Constitución Provincial, lo cual implica que ante la mínima duda los jueces deban dar trámite a la pretensión (arg. SCBA C. 97490 del 15/6/2011).
En ese camino, corresponde contraerlo sólo a aquellos supuestos en los que la inadmisibilidad de lo pedido aparezca en forma manifiesta, a punto tal que su gravedad impida que constituya un requerimiento revestido del grado mínimo de seriedad que debe tener toda actuación ante la justicia. O que la confrontación de lo solicitado con el derecho positivo resulte evidente, debiendo descartársela en caso contrario.
Con mayor razón cuando el rechazo es producto de una interpretación efectuada por el propio juzgador en una materia que, a su propio entender y conforme lo deja expresado a partir de la foja 253 vta., resultaría opinable dadas las diversas posturas que transcribe, relacionadas a teorías sobre el abuso del derecho, en base a lo cual finalmente decide.
V. Como ya se sabe a esta altura, se trata el presente de un pedido de quiebra voluntaria (fs. 246/252) en relación al cual la ley es clara al exigir la concurrencia de dos presupuestos de carácter sustancial, dejando realmente poco o ningún margen para su apreciación por parte del órgano jurisdiccional, que ha de limitarse a analizar la concurrencia de esos recaudos y resolver en consecuencia.
Por un lado, exige que quien pretenda su propia quiebra revista la calidad de sujeto concursable, y por otro, el estado de cesación de pagos (arts. 78, 79 inc. 1, 82 y concs. de la LCQ).
Ello, además de los presupuestos puramente formales contemplados en el art. 86 de la LCQ, recaudos que -como tales- su omisión no impide la declaración de quiebra según la misma norma, pudiendo intimarse a su cumplimiento en la forma que prevé el art. 88 inc. 4 de la LCQ.
En el caso, se encuentra fuera de discusión la calidad de sujeto concursable del apelante por encontrarse comprendido en el art. 2 de la LCQ, y por ende legitimado para solicitar voluntariamente su quiebra (art. 77 inc. 3 de la LCQ).
En cuanto al estado de cesación de pagos, presupuesto objetivo sustancial de acceso común para la apertura del concurso preventivo y de la quiebra, el mismo importa un desequilibrio entre los compromisos exigibles y los medios disponibles para afrontarlos, cuandoéstos se revelan insuficientes -de manera regular y con cierta permanencia- para atender aquéllos (Rouillon, Adolfo A. N. en "Régimen…"; 11ª ed. Ed. Astrea. pág. 53).
Si bien la ley no define qué es el estado de cesación de pagos, habrá de surgir de los hechos del deudor; a su vez, no es el sólo incumplimiento sino un estado, una situación de impotencia patrimonial y la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones con amenaza para los acreedores, quienes podrían ver desaparecer su garantía; esa situación económica está vinculada a la imposibilidad de afrontar el pago, y vincularlas es una cuestión de hecho para lo cual juzgador deberá tener en consideración todos los elementos del caso.
Una situación particular se plantea en aquellos casos como el de autos, en que es el propio deudor como pretenso cesante quien se presenta y declara hallarse incurso en el estado de cesación de pagos, solicitando su quiebra (fs. 246/251).
La mayoría de las legislaciones, incluida la argentina, reconocen entre los hechos reveladores del presupuesto objetivo la confesión del propio deudor (art. 79 inc. 1 de la LCQ).
No hay duda que en caso de que exista una manifestación proveniente del propio peticionante, ello resultará uno de los elementos de convicción más poderosos, unívocos y determinantes de un estado de crisis o impotencia patrimonial. En especial cuando la confesión consiste o se infiere de la solicitud del amparo legal de su particular situación a través de su voluntario sometimiento al ordenamiento concursal (arts. cit., 384 del CPCC).
Ante el texto expreso de la ley cabe sostener que no corresponde al juez el análisis de la composición, suficiencia, o potencialidad del patrimonio del sujeto que admite encontrarse en estado de insolvencia, sino que se debe limitar a la apreciación judicial de este presupuesto objetivo.
En este sentido, se ha expresado que va de suyo que la invocación de hechos y circunstancias dirigidas a probar la cesación de pagos, sólo se exige cuando la alegue un acreedor y que no ocurre lo mismo cuando es el propio deudor quien la reconoce: es suficiente su confesión. Se justifica así el método seguido en la regulación del concurso preventivo, dicha confesión suple cualquier otra prueba (Grispo, Jorge D, "La prueba del estado de cesación de pagos y sus hechos reveladores frente a la declaración de quiebra", LA LEY2000-B, 1109; RIVERA, Julio César, "Instituciones de Derecho Concursal", t. I, p. 187, 2ª ed. actualizada).
En nuestro ordenamiento actual, puede que esta orientación encuentre algún escollo dados los términos en que se hallan redactados los arts. 1 y 11 inc. 2 de la LCQ, que establecen entre los requisitos formales que deberán cumplimentarse a los efectos de la solicitud de apertura de un proceso concursal preventivo: "Explicar las causas concretas de su situación patrimonial con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado".
Pero no cabe en el supuesto particular requerir la acreditación efectiva del estado de cesación de pagos, sino que habrá que interpretarse literalmente la norma específica antes citada, bastando la invocación de tal estado y la explicación de las pretensas causas que han generado el mismo, con finalidades meramente informativas, sin mayores necesidades de acreditación.
Todo requerimiento en dicho sentido, en tanto prematuro, excedería las facultades acordadas al órgano jurisdiccional, el cual no podría ingresar en dichas consideraciones en la oportunidad de resolver sobre la apertura del proceso concursal (CÁRREGA, Francisco José, La cesación de pagos y la apertura del concurso preventivo del deudor, publicado en La Ley Litoral 2002, 01/01/2002, 1113).
No obstante lo expuesto, cabe agregar que en el caso no sólo se cuenta con la confesión del deudor de hallarse en cesación de pagos, que emerge del pedido de su propia quiebra, con lo cual quedaría cumplido el supuesto del inc. 1 del art. 79 de la LCQ. Sino que a ello ha de sumarse la mora que prima facie se desprende de la documentación adjuntada al escrito de inicio, en el cumplimiento de sus obligaciones tanto fiscales por un monto denunciado de $ 1.093.199,13, como bancarias por préstamos personales y tarjetas de crédito por el monto de $ 113.440,15 y saldo vencido de $ 14.014,63 (fs. 15/20).
Asimismo, las retenciones esgrimidas sobre el único activo denunciado (remuneración, fs. 251) y la medida cautelar de inhibición general de bienes que pesaría sobre el presentante en el marco de una ejecución fiscal seguida en su contra, de la que da cuenta la documental de fs. 16 (sentencia de trance y remate, fs. 16/17).
También corresponde valorar el aviso de vencimiento y notificación extrajudicial (fs. 109) que da cuenta del vencimiento de obligaciones, circunstancia insoslayable que debe ser merituada (art. 384 del CPCC).
Lo señalado, sin perder de vista la magnitud de la influencia del propio reconocimiento del presentante en los términos expresos del art. 79 inc. 1 de la LCQ, lejos está de colocarnos frente a un supuesto donde se pueda afirmar que no exista el mentado presupuesto objetivo, sino todo lo contrario.
Máxime cuando la enumeración de hechos reveladores del estado de cesación de pagos del art. 79 de la LCQ no es taxativa sino enunciativa y hasta interpretativa de ese estado, lo que no limita al juez la posibilidad de computar otros supuestos allí eventualmente no contemplados (Fassi y otro, Concursos y quiebras, ed. Astrea, octava edición, año 2005, p. 264).
El sentenciante de grado no sólo ha omitido considerar la circunstancia prevista el inc. 1 del art. 79 de la LCQ relacionada al propio reconocimiento, sino que tampoco lo ha hecho con la documentación traída, concluyendo en la imposibilidad económica del presentante para enfrentar el pago de los gastos causídicos que pudiera ocasionar el proceso, lo cual es totalmente desajustado a lo previsto en la ley y a la realidad (arts. 171 de la Const. Prov.; 161 inc. 1, 163 inc. 6 y concs. del CPCC).
El Sr. Juez de grado hizo hincapié en que el peticionante sólo denuncia la percepción de una remuneración. Pero el régimen legal vigente en materia de concursos y quiebras en modo alguno veda el acceso al proceso falencial a quien manifiesta tener solamente sus haberes como único ingreso.
Por otra parte, tampoco es acertada la afirmación relacionada a la inexistencia de otros bienes que compongan el activo, aún frente a la propia afirmación del deudor.
En el proceso de quiebra, la determinación de la existencia de bienes susceptibles de desapoderamiento constituye una valoración que se consuma en una etapa posterior a la declaración de quiebra, y no previa o preliminar, de acuerdo a lo que denuncie el propio peticionante, dado que ello puede surgir de la investigación que llevare a cabo el síndico, como de la detección de actos susceptibles de ser revocados por acciones de recomposición patrimonial o de los que pueda adquirir el quebrado hasta su rehabilitación, entre otros (arts. 39, 107, 118, 119 ley 24.522; Germán E. Gerbaudo, "Las causales de rechazo de la apertura del concurso preventivo", LL Litoral 2016-19.05.16).
Se ha expresado en tal sentido que en una etapa inicial, el deudor se encuentra frente al órgano requiriendo su pronunciamiento, el cual sólo en limitadísimos supuestos puede ser negativo de modo tal que la averiguación previa queda limitada a la competencia del órgano jurisdiccional, a la personería del solicitante y a la calidad de sujeto pasible de quebrar (Rouillón Adolfo: "Procedimientos para la declaración de quiebra", Zeus Rosario, 1982 pág. 149/150).
En este caso, no se advierten razonables los motivos tenidos en cuenta por el juzgador para considerar el rechazo de la pretensión y asumir que de declararse la quiebra se estaría propiciando un ejercicio abusivo del derecho.
Sostiene su criterio en que el rechazo ocasional de estos pedidos es necesario, pues constituyen un ejercicio irregular y disfuncional del derecho que desnaturalizan instituto; que mediante esta tendencia se busca desbaratar los derechos de los acreedores a través del empleo del régimen de excepción de la quiebra, frustrando el pago de las deudas, suspendiendo embargos, impidiendo el remate de algún bien, licuando el pasivo y obteniendo el cese de los descuentos de sueldos (fs. 153 vta. última parte y 254).
No cabe de llano catalogar el accionar del deudor como de mala fe en el ánimo de desbaratar derechos de acreedores o frustrar el cumplimiento de obligaciones, en tanto en derecho, la buena fe se presume y la otra debe probarse (arg. arts. 961, 1061 del CPCC); tampoco cabe juzgar en abstracto por aquellos supuestos en los que sí pudieran darse tales hipótesis, sino que el juzgamiento debe ser siempre de acuerdo a las circunstancias objetivas y propias del caso (art. 163 inc. 6 del CPCC: "...de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio...").
Pues bien, de ellas no surge que la acción constituya el ejercicio irregular de un derecho, debiendo en su caso detallarse por qué cabría aquí predicarse la existencia de ese supuesto exceso (arts. 171 de la Const. Prov.; 161 inc. 1, 163 inc. 6 y concs. del CPCC).
Otra de las razones dadas para rechazar el pedido de quiebra, es que no se cumpliría la finalidad de la ley concursal de posibilitar que los acreedores se distribuyan el producido de los bienes del deudor, pues el apelante cuenta con su haber mensual, sin que su patrimonio se integre con otro activo.
Si bien la quiebra es básicamente un proceso liquidativo -como da cuenta la sistemática de los arts. 88, 203 y 217 L.C., en tanto ordenan al síndico la inmediata realización de los bienes y en un término perentorio-, no siempre tal proceso concursal implicará liquidación del activo, pues existen otras vías para salir de la crisis, tal como lo reflejan los institutos de la conversión (art. 90 y concs. de la LCQ), avenimiento (art. 225 y concs.) y cartas de pago (art. 229 de dicha ley), entre otros; aspecto que también viene a desdibujar la presunción de abuso construida en la sentencia de grado.
En consecuencia, considero que en el caso se han cumplimentado los presupuestos que exige la ley concursal para decretar la quiebra voluntaria solicitada por Hernán Darío Arenas a fs. 246/252, esto es la calidad de sujeto concursable y la existencia de su estado de cesación de pagos como desequilibrio entre las obligaciones contraídas y los medios disponibles para enfrentarlas, o como situación de impotencia patrimonial.
Ello sin que se vislumbren circunstancias que justifiquen mantener el criterio adoptado en la instancia de grado, debiendo el Sr. Juez de grado proceder conforme lo dispone el art. 88 de la LCQ, es decir, al dictado de la sentencia de quiebra, conteniendo todos los recaudos previstos en los incisos de dicha norma (arts. 15, 171 de la Const. Prov.; 9, 961, 1061 del CCyCN; 1, 2, 11 inc. 2., 77 inc. 3, 78, 79, 82, 86, 88 inc. 4, 90, 107, 118, 119, 225, 229 y cocns. de la LCQ; 161 inc. 1, 163 inc. 6, 375, 384 y concs. del CPCC).
VI. En cuanto a lo manifestado por el apelante en relación a un prejuzgamiento del sentenciante de grado, cabe señalar sin perjuicio del abordaje de los agravios expuestos y de la revocatoria que propongo por su acogimiento, que no se advierte configurado el supuesto aludido. Ello en tanto el Sr. Juez ha hecho alusión a una probabilidad de que el proceso concluyera en clausura por falta de activos (fs. 254 tercer párrafo) como consecuencia de la propia interpretación que desarrolla en su decisorio, que no se torna suficiente como para disponer el pretendido apartamiento en el conocimiento de la causa, como juez natural (art. 18 de la Const. Nac.).
Tampoco lo es que hubiera afirmado la falta de bienes que pudieran componer el activo falencial, en tanto como ha quedado expuesto en este voto en su Considerando V, tal extremo no es esencial en este estadio liminar y podrá en su caso surgir de una valoración posterior de acuerdo al desarrollo del proceso (arts. 39, 107, 118, 119 de la LCQ).
Considero en consecuencia que debe ser desestimado el planteo en este punto efectuado (arts. 14, 17 inc. 7 del CPCC).
VII. En suma, como los agravios dan la medida de la competencia de esta Alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC), propongo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar lo resuelto en la instancia de grado, debiendo el juez de grado proceder al dictado de la sentencia de quiebra, de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 y concs. de la LCQ. Desestimar el planteo efectuado por el apelante en relación a la existencia de prejuzgamiento conforme el Considerando VI. Costas de ambas instancias en el orden causado atento la ausencia de contradictor (arts. 18 de la Const. Nac.; 15, 171 de la Const. Prov.; 9, 961, 1061 del CCyCN; 1, 2, 11 inc. 2., 77 inc. 3, 78, 79, 82, 86, 88 inc. 4, 90, 107, 118, 119, 225, 229 y cocns. de la LCQ; 14, 17 inc. 7, 161 inc. 1, 163 inc. 6, 375, 384 y concs. del CPCC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JANKA DIJO:
Conforme se ha votado en la cuestión anterior corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar lo resuelto el decisorio de fs. 253/255, debiendo el juez de grado proceder al dictado de la sentencia de quiebra de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 y concs. de la LCQ. Desestimar el planteo efectuado por el apelante en relación a la existencia de prejuzgamiento conforme el Considerando VI. Costas de ambas instancias en el orden causado atento la ausencia de contradictor (arts. 18 de la Const. Nac.; 15, 171 de la Const. Prov.; 9, 961, 1061 del CCyCN; 1, 2, 11 inc. 2., 77 inc. 3, 78, 79, 82, 86, 88 inc. 4, 90, 107, 118, 119, 225, 229 y cocns. de la LCQ; 14, 17 inc. 7, 161 inc. 1, 163 inc. 6, 260, 261, 266, 375, 384 y concs. del CPCC).
ASI LO VOTO.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE
De conformidad al resultado que instruye la votación del Acuerdo que antecede, por unanimidad se revoca la resolución apelada de fs. 253/255, debiendo el juez de grado proceder al dictado de la sentencia de quiebra de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 y concs. de la LCQ. Desestímase el p
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