Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 167267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Rechazar el recurso interpuesto por el deudor a fs. 303/4;
II. Imponer las costas por el orden causado en virtud de la falta de controversia (art. 68 2° párrafo del CPCC).
III. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967).
REGISTRO N ° 102-S FOLIO N° 538/40
EXPEDIENTE N° 167267 JUZGADO N ° 12
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 300/301?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I. - En la sentencia recurrida el Señor Juez de primera instancia dispuso el cese de la inhabilitación del Sr. Damián Burgos en virtud de haber transcurrido un año desde la sentencia de quiebra y al no existir razones que justifiquen la ampliación del plazo. No obstante, mantuvo el embargo trabado sobre el salario del fallido hasta tanto se encuentren depositados en autos los fondos suficientes para cubrir los gastos y costas del proceso.
II. Apeló el deudor a fs. 303/304, recurso que fue concedido a fs. 306 y fundado mediante el escrito de fs. 335/340. El síndico no contestó el traslado conferido.
III. El recurrente basa su queja en los siguientes agravios:
a) Afirma que la resolución es contradictoria porque si bien el juez decretó el cese de la inhabilitación extendió el desapoderamiento al mantener el embargo sobre su salario sin que la ley le confiera las facultades para ello (arts. 234 y sigts. ; 107 y sigts. Ley 24522).-
b) Expresa que aún no puede afirmarse que no exista otro activo, ya que no se dictó sentencia verificatoria, ni se investigó sobre la existencia de otros bienes, ni se presentó el informe general.
c) Explica que el embargo sobre sus haberes es contrario a la ley y avasalla sus derechos constitucionales, máxime cuando aún no se sabe a cuánto ascenderán las costas del pleito.
d) Cita doctrina y jurisprudencia sobre el cese de la inhabilitación de pleno derecho y sus causales de prórroga, las que no se dan en el supuesto de autos.
IV. El principio de inapelabilidad de las resoluciones en materia concursal dentro de las que se incluyen las decisiones sobre medidas cautelares como la aquí recurrida impediría adentrarnos en el tratamiento del presente recurso (art. 273 inc. 3° LCQ).
Del mismo modo, advierto que la fundamentación del recurso se encuentra rayana en la deserción pues omite atacar el principal fundamento del juez que versa sobre la obligación del deudor de solventar los gastos con los bienes adquiridos por el fallido con posterioridad al cese de la inhabilitación (art. 260 CPCC).
Sin embargo, considero que en este caso estos recaudos deben ser interpretados de forma menos estricta en virtud de la calidad del fallido -persona humana con sobreendeudamiento-, la falta de regulación especial de procesos falenciales simplificados con magro o nulo activo; y en particular por la especial tutela que los consumidores poseen en nuestro ordenamiento jurídico. Por este motivo, me avocaré al tratamiento de la queja del recurrente.
i.- La resolución apelada tiene dos partes bien diferenciadas: a) aquella que declara el cese de la inhabilitación por haber transcurrido el plazo legal (art. 236 LCQ); b) la que ordena mantener el embargo sobre el salario del fallido hasta tanto se encuentre garantizado el cumplimiento de los gastos y costas del proceso (art. 240 LCQ).
No advierto la contradicción denunciada por el recurrente ya que la decisión de mantener el embargo del salario no implica la ampliación del desapoderamiento, sino que tal medida tiene carácter cautelar y se encuentra fundada en la posible insuficiencia del monto depositado en la cuenta de autos durante el año que duró el efecto personal.
Es claro que el juzgador de la instancia de origen se enrola en la posición doctrinaria y jurisprudencial que sostiene que el fallido se encuentra obligado a pagar las costas del proceso con todo su activo, es decir, con aquellos bienes y derechos afectados por el desapoderamiento y si estos fueran suficientes también responderá con el producido de aquellos ingresados con posterioridad al cese de la inhabilitación (arts. 106/8; 234/6, 240 de la Ley 24522).
Este es el criterio sostenido por la mayoría de la doctrina especializada y jurisprudencia, y es el que comparto. (Graziábile, Darío J., Privilegios, Código Civil y Comercial de la Nación, ed. La Ley, pág. 236/7; García Silvana Mabel, Extinción de las obligaciones por quiebra, Ed. Astrea, Pág. 244/6; Rivera, Julio César - Casadío Martínez, Claudio - Derecho Concursal, Ed. La Ley T° III, 509; Cáceres, Martín Elias, Gastos de Conservación y justicia. Las cuestiones debatidas y su regulación en los procesos concursales, Revista de Derecho Comunitario y Privado, Privilegios, 2011-2, Ed. Rubinzal Culzoni, pág. 223 y sigts; Graziabile, Darío J., Sobre el efecto liberatorio falencial y los créditos prededucibles, Publicado en: APC 2013-7, 860; "Rodríguez, Graciela del Carmen s/quiebra propia simple" CACiv y Com, Córdoba; 09/03/2012; Cita Online: AP/JUR/3763/2012; y Cita Online: AP/DOC/1456/2013, entre otros)
A mayor abundamiento, los fondos depositados en la cuenta de autos con motivo del embargo, se mantienen dentro del activo del patrimonio del fallido hasta tanto sean cancelados los gastos de conservación y justicia, luego de lo cual podrán ser dispuestos libremente por su titular.
ii.- Tampoco son de recibo aquellas quejas que se fundan en la falta de determinación definitiva de la composición del activo, ó en la falta de avance del proceso donde aún no hay sentencia verificatoria, ó en la falta de precisión respecto del quantum de los gastos del proceso.
Vale la pena, que me detenga en este tópico, ya que sin perjuicio de comprender la realidad económica y familiar que denunció el Sr. Bustos éste debe asumir las cargas y obligaciones que se generan como consecuencia de someterse voluntariamente a un proceso complejo como es la quiebra.
En efecto, la ley concursal requiere que el deudor preste colaboración con el juez y con el síndico para la clara determinación de su situación patrimonial (art. 86, 102 y concordantes de la Ley 24522). Advierto que esto no ha sucedido en autos.
Respecto del activo, el único denunciado fue su salario (fs. 80/82). Luego de "ponerlo a disposición" de este proceso, solicitó el levantamiento de los embargos trabados en los juicios individuales y de los descuentos directos que pesaban sobre él. En cuanto al pasivo el fallido no ha realizado peticiones útiles tendientes a que el proceso avance.
Desde la sentencia de apertura 4/7/2017 este presentó dos escritos de mero trámite: uno de ellos el de fecha 1/8/2017 donde adjuntaba -sin dar mayores explicaciones- oficios al registro del automotor y propiedad inmueble con el indice de titularidad; y el otro, el día 31/8/2018 -es decir un años después- donde solicitó se declare el cese inhabilitación.
A poco de ahondar en las constancias de autos, se advierte que del oficio contestado a fs. 314 surge que existiría un automotor dominio DEA-343 de titularidad del deudor, por el cual la municipalidad solicitó verificación de créditos por la deuda de patentes (fs. 277/289). A su vez, sin perjuicio de que del informe de fs. 102/3 (índice de titularidad de dominio) no surgen inmuebles a nombre del deudor OSSE se presentó a solicitar la verificación de un crédito por el servicio sanitario correspondiente a un inmueble sito en calle Balcarce 8943 casa 7 de Mar del Plata, Cuenta N°109263/000 CVI; Secc. A, 47A, 19, cuya titularidad se desconoce.
Con esto quiero decir, que el deudor no puede fundar su queja en la falta de avance del proceso; o en la imprecisión de la composición de su activo; ó en la falta de determinación del monto que correspondería reservar en concepto de gastos de conservación y justicia.
iii .- En conclusión, estando a su alcance todas las herramientas procesales para que las circunstancias apuntadas sean esclarecidas y así se puedan cuantificar provisoriamente los gastos y costas del proceso, si el juez estimara que estos se encuentran debidamente garantizados con los fondos depositado en la cuenta de autos, el embargo podrá ser levantado a su requerimiento (arts. 202, 203, 204 del CPCC)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde rechazar el recurso interpuesto por el deudor a fs. 303/4 e imponer las costas por el orden causado en virtud de la falta de controversia (art. 68 2° párrafo del CPCC)
Así lo voto.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia se dicta la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Rechazar el recurso interpuesto por el deudor a fs. 303/4; II) Imponer las costas por el orden causado en virtud de la falta de controversia (art. 68 2° párrafo del CPCC). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14967). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 del C.P.C.). DEVU ÉLVASE.
ROBERTO J. LOUSTAUNAU RICARDO D. MONTERISI
Alexis A. Ferrairone
Secretario
Fin de la sentencia