Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 131259
Lo que resolvió el tribunal
I. Aceptar las excusaciones formuladas por los Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau en virtud de las causales invocadas a fs. 611 y 612, respectivamente.
II. Reanudar los plazos que fueran suspendidos a fs. 615.
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
REGISTRO N° . 586-R FOLIO N° . 1089/92
229-H 333/6
EXPEDIENTE N° 131259. JUZGADO N ° 3.
"ROMAN CARLOS ALBERTO S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) ".
Mar del Plata, 26de diciembre de 2019.
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " ROMAN CARLOS ALBERTO S/ QUIEBRA (PEQUEÑA) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación deducido a fs. 552, contra la resolución de fs. 547/549.
I. En el auto cuestionado el Sr. Juez a quo teniendo en cuenta el 12% del activo realizado ($ 450.976,18*12%= 54.117,14 ), reguló los honorarios de los profesionales actuantes.
II. A fs. 552 la síndico apeló por bajos sus honorarios. Se agravió de que no se consideraron en el cómputo del activo los fondos obtenidos en los autos "Firpo Margarita Isabel y otro c/ Roman Carlos Alberto y otra s/ Ejecución Hipotecaria".
Cuestionó la aplicación del techo insorteable del 12% del activo realizado. Solicitó que se distribuya entre los profesionales actuantes un porcentual del activo que posibilite compatibilizar la finalidad última del proceso falencial.
Los agravios no fueron objeto de réplica.
III. El recurso no merece prosperar.
1. En el caso el juez consideró como base arancelaria para regular los honorarios en el proceso de quiebra un activo realizado que asciende a la suma de $ 450.976,18 (v. fs. 510 y 518 $ 339.259,56 cta de autos y $ 117.716,62 cta del incidente nro. 30.713-2010). De ello, no surge que se encuentre incluido el producido en el concurso especial "Firpo", pero si se advierte la introducción de aquel a través de la reserva de gastos del 244 de la LCyQ (v. in re: "Firpo" la regulación de honorarios de fs. 531 y 610).
Al respecto doctrina especializada enseña que, no se puede a los efectos arancelarios, computar dos veces el valor de los bienes liquidados en el concurso especial, una a través de la reserva de gastos y la otra, al incluir el producido del asiento del privilegio dentro del activo realizado. (...) Lo contrario implicaría remunerar doblemente un mismo servicio (Guillermo G. Mosso "Concurso Especial y Reserva de Gastos", pág.307, Editorial Ad-Hoc, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2002).
Este panorama, nos persuade para considerar que no corresponde la inclusión del producido del bien asiento del privilegio en la base regulatoria que se utiliza para regular los estipendios en la quiebra. El fundamento esta dado porque ya fue computado como reserva de gastos (art. 244 LCyQ) y ya se practicaron las pertinentes regulaciones de honorarios a favor de los participantes en el concurso especial (art. 209 LCyQ; art. 47 LHP).
Un proceder contrario a la naturaleza indicada, revela estimar dos veces los honorarios sobre un mismo activo concursal, produciéndose un enriquecimiento sin causa para los profesionales intervinientes, lo que nos conlleva a rechazar este parcial.
2. Honorarios.
2. a.- Opinión del Dr. Alfredo E. Méndez:
El art. 267 de la LCyQ ha previsto márgenes arancelarios: el conjunto de honorarios no puede ser inferior al 4%, ni a tres sueldos de secretarios de Primera Instancia (el que sea mayor), ni superior al 12% del activo.
La Sala que naturalmente integro, en coincidencia con lo resuelto en varias oportunidades por la Sala Segunda de este Tribunal, sigue el criterio de calificada doctrina autoral en cuanto sostiene que: "(...) el porcentaje puesto como techo es "insorteable", habilitándose un apartamiento "hacia arriba" en dos únicas hipótesis -que no se presentan en el caso de autos- a) clausura del procedimiento por falta de activo y b) cuando concluye la quiebra por no existir acreedores verificados (arg. Guillermo Mario Pesaresi- Julio Federico Passarón, “HONORARIOS EN CONCURSOS Y QUIEBRAS”, Pág. 358, Editorial ASTREA, Ciudad de Buenos Aires, 2002 y Juan Manuel Hitters-Silvina Cairo, “HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES”, Pág. 452, Editorial LEXIS NEXIS, Buenos Aires, 2007; Sala Segunda, causas n° 148802 RSI 486 - 802/804 del 15/09/2011, N° 149173 172 (H) 230 del 15/09/2011; esta Sala, causa nro. 150203, Reg. N° 120, F. N° 153, del 27/03/2012; causa nro. 153809, Reg. N° 202, Folio N° 255, del 16/05/2013; 159.216 RSI 251 del 8/7/2015, entre otras).
En conclusión, entiendo que corresponde acoger el principio general receptado doctrinariamente y respetar el techo del 12% del activo realizado, esto es $ 54.117,14, para la regulación de honorarios (arts. 267 y 272 LCQ).
2.b. Opinión Dr. Rubén D. Gérez:
Liminarmente cabe recordar que los honorarios deben ser establecidos sobre una base regulatoria previamente especificada, clara y concreta, respetando la debida proporción entre los montos por tal concepto, la calidad, eficacia y extensión de los trabajos efectivamente cumplidos, como así también, atendiendo a la extensión material y al tiempo insumido en las tareas realizadas (conf. Guillermo Mario Pesaresi- Julio Federico Passarón, "Honorarios en concursos y quiebras", Edit. Astrea, pág. 345/346).
La ley 24.522 inviste al juez de la facultad discrecional de calcular el conjunto de la retribución profesional en un porcentaje, que parte de un mínimo del 4% y llega a un máximo del 12%, sobre la base regulatoria predeterminada -activo realizado-. Asimismo, le impone al magistrado que ese total de honorarios no sea inferior a la suma equivalente a tres sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción donde tramite el proceso (conf. argto. doct. Guillermo M. Pesaresi - Julio F. Passarón, Honorarios en concursos y quiebras, Edit. Astrea, pág. 345 y sgts.).
En circunstancias como la del sub lite , en la que se da la paradójica situación de que el mínimo legal fundado en la retribución del secretario de primera instancia (obviamente superior al 4% del activo realizado) es superior a su vez al 12% del producido de la realización de los bienes (máximo legal previsto), se genera una situación de colisión de normas que impone al órgano judicial optar entre respetar sólo una de las dos directrices en juego: o bien el "piso" de los tres sueldos actuariales o, bien, en su defecto, el "techo" del porcentual máximo del activo realizado .
Pero en los casos donde por la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes que se consideren indicaren que la aplicación lisa y llana de estos mínimos y máximos establecidos en la referida ley –tres sueldos de secretario de primera instancia y el 12% del activo realizado- condujeren a una desproporción entre la importancia del trabajo realizado y la retribución resultante, los jueces podrán regular honorarios apartándose de esos topes (conf. argto. art. 271 2do. párrafo de la ley 24.522; jurisp. Sala III causas nro. 164.606 RSI 58 del 26/04/2018 y nro 165.509 RSI 87 del 6/06/2018).
En este sentido, el art. 271 del mismo ordenamiento legal dispone que "... Los jueces deberán regular los honorarios sin atender a los mínimos fijados en la ley, cuando la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes que se consideren, indicaren que la aplicación lisa y llana de aquéllos conduce a un desproporción entre la importancia del trabajo realizado y la retribución resultante. ..." (textual).
En este sentido, destaca Rouillon que los honorarios regulados por el juez del concurso deben apartarse de cualquiera de los mínimos legales, cuando se configurase desproporción entre la regulación que resultaría y la importancia del trabajo realizado por el acreedor del estipendio. Sin embargo resalta que dicha norma es excepcional, pues en los hechos implica regular sobre el trabajo efectivamente realizado y que su aplicación corresponde en casos en que la desproporción fuese manifiesta e injusta, lo cual debe explicitarse en la respectiva resolución judicial, so pena de nulidad (conf. argto. doct. Adolfo A. N. Rouillon, “Régimen de Concursos y Quiebras” , p. 360; Guillermo Mario Pesaresi-Julio Federico Passarón, obra citada, pág. 357/358; argto. jurisp. esta Sala, causa N° 156.883, RSI 472/14 del 4/9/14).
Aplicando los parámetros precedentemente expuestos al supuesto de autos, el monto del activo realizado -$ 450.976,18-, implica que los honorarios no pueden ser inferior a 4% (suma que asciende a $ 18.039,04), ni a tres sueldos de secretario de primera instancia (suma que asciende a $ 271.188,51; Ac. de la SCBA 3954 del 2/10/2019, ni superior al 12%, ($54.117,14) .
Lo que determina que ponderar tanto el piso mínimo sostén de tres sueldos de secretarios de primera instancia como el tope del 12% del activo realizado, resulta, por una parte, excesivamente desproporcionado y por la otra muy baja en relación al alcance de la labores realizadas en autos (argto. esta Cámara, Sala II, causa nro. 162.927 "Sotera Carmelo S/ Quiebra (Pequeña)" del 8/11/2018).
En función de ello, considero razonable meritar discrecionalmente una regulación de honorarios prescindiendo de estos topes, a fin de que se pueda establecer una remuneración a favor del Síndico recurrente que sea más acorde a las tareas efectivamente realizadas en el trámite falencial (conf. argto. art. 267, 271 ley 24522).
2.-c.- Opinión personal del Dr. Rodrigo H. Cataldo:
Coincido con la solución propiciada por el distinguido colega Dr. Alfredo Eduardo Méndez y me permito añadir que la única mecánica permitida por el ordenamiento concursal para apartarse de los topes arancelarios está dada para el caso de la regulación de honorarios en incidentes (art. 287 L.C.Q.) y en el supuesto del art. 271 2° párr. donde se admite perforar los límites mínimos mas no la ruptura del techo insorteable del 12%.
Se ha dicho que la utilización de esta norma es excepcional y de aplicación restrictiva (en referencia al art. 271), porque en el concepto mismo del honorario mínimo ya anida la idea de desproporción entre los valores en juego y la retribución. Por ello, la ley exige que la regulación que el juez efectúe por debajo del mínimo deberá ser debidamente fundamentada y explicitarse –bajo pena de nulidad- las razones que la justifican (“Manual de concursos, quiebras y otros procesos liquidatorios”, Tomo 2, de Pablo D. Frick –Director-, Ed. El Dial, Año 2016, pág. 357).
Véase que tal como dijera previamente, la posibilidad de alteración de la previsión legal es admisible para perforar topes mínimos, más no los máximos (en igual sentido, Pesaresi-Passarón, “Honorarios en Concursos y Quiebras, Ed. Astrea, 2002, pág. 358, punto 131, 3er. párrafo)..
La justificación de tal posibilidad encuentra correlato en el antecedente normativo de nuestro estatuto falimentario actual, ya que justamente la ley 19.551 contenía topes máximos muy onerosos que, con la modificación legislativa, fueron sensiblemente reducidos (ver. art. 290 de la ley citada). Escuti (h) y Junyent Bas señalan que “el legislador ha exagerado notablemente la reducción de la escala de los honorarios de los profesionales que tradicionalmente intervenían en el procedimiento, que se merman a la mitad los porcentajes y parámetros de la ley 19.551 (autores citados, “Concursos y Quiebras, Reforma del régimen concursal 24.522”, Ed. Advocatus, Córdoba 1995, pág. 229).
Por todo lo expuesto, es que considero que nociones de proporcionalidad y equidad entre los valores en juego y las regulaciones de honorarios, ameritan sostener el tope del 12% a la hora de su cuantificación.
3. Quantum:
Por mayoría se resolvió que las regulaciones no pueden exceder el techo insorteable previsto por el art. 267 LCyQ, esto es $ 54.117,14 (12%). De esta manera, se fijan los honorarios de los profesionales: Síndico Isabel Elena Suárez DNI 6.707.252 en la suma de pesos TREINTA Y SIETE MIL ($ 37.000), Dra. Evangelina Paual Alberca DNI 18.162.486, en la suma de pesos CATORCE MIL ($ 14.000) y Dr. Alberto Marcelo Carasi, en la suma de pesos TRES MIL ($ 3.000), confirmándose de esta manera los honorarios establecidos en primera instancia (arts. 265, 267 y 272 ccdtes de la Ley 24.522).
Las regulaciones, con más aportes previsionales e impuesto valor agregado (IVA) para el supuesto de haberse denunciado la condición de responsable inscripto (art. 3 inc. e, 10, 11, 37 y 38 de la ley 23.349 modif. por la ley 23.871; arts. 12 y 14 ley 6716).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Aceptar las excusaciones formuladas por los Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau en virtud de las causales invocadas a fs. 611 y 612, respectivamente.
II. Reanudar los plazos que fueran suspendidos a fs. 615. Notifíquese personalmente o por cedula (art. 135 y ccdantes del CPCC)
III. Rechazar -por mayoría- el recurso articulado a fs . 552/553 en función de los alcances dados (arts,. 242, 245 y cctes. del C.P.C.)
IV. Imponer las costas en el orden causado en atención a no mediar controversia (arts. 68 y 69 del C.P.C.).
V. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
ALFREDO E. MÉNDEZ RUBÉN D. GÉREZ
RODRIGO H. CATALDO
LUCAS M. TROBO
AUXILIAR LETRADO
Fin de la sentencia