Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 77970
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el decisorio recurrido en cuanto fuera materia de agravios, debiendo continuar la causa según su estado, y
2No imponer costas en este estadio, habida cuenta de la forma en que se resuelve y la etapa liminar en que tramita el proceso.
En General San Martín, a los días del mes de agosto del año dos mil veintiuno, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el señor juez Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. 848 del Tribunal), con la presencia del señor Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 77.970-1, caratulada “AMADOR HECTOR DANIEL S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)”, habiéndose asignado el siguiente orden de votación: Lami, Valdi.
De conformidad con lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
I. La resolución del 9/2/2021 decide rechazar “in limine” el pedido de quiebra formulado por el propio deudor, sin costas.
El peticionante interpuso recurso de apelación el 18/2/2021, el que fue concedido por este Tribunal en la resolución del 20/4/2021.
II. El agraviado cuestiona el rechazo de su pedido de propia quiebra.
En lo sustancial, alega que: 1º) no es cierto que ha omitido acompañar un legajo por cada uno de los acreedores denunciados, pues ellos, alega, encuentran agregados; 2º) la inexistencia de bienes a nombre del fallido no es causal suficiente para rechazar su pedido; 3º) la cesación de pagos es el requisito esencial para la declaración de quiebra y él se encuentra configurado; 4º) el instituto de la clausura de la quiebra por falta de activo demuestra la posibilidad de que existan procesos falenciales de sujetos carentes de bienes; 5º) la solución cuestionada atenta contra la regla de trato igualitario de los acreedores; 6º) el proceso cuya apertura se solicita ofrece la posibilidad de recuperar activos del deudor mediante los mecanismos de recomposición patrimonial; 7º) su parte percibe un sueldo en relación de dependencia, el que, en la medida de lo desapoderable, podrá ser afectado al cumplimiento de las obligaciones concursales; 8º) existe la posibilidad también de que se incorporen a la masa desapoderable bienes futuros, y 9º) el rechazo cuestionado le cercena la posibilidad de rehabilitarse.
III. El recurso debe prosperar.
a) En ninguna de sus partes, el ordenamiento concursal incorpora la situación en la que repara el juez como presupuesto de admisibilidad de la declaración de quiebra. En este aspecto, según ha sostenido esta Sala en las causas N° 59.104, “Romero, Lidia Isabel S/ Quiebra (pequeña)" y N° 69.601, “Vecchiarelli, Rubén Darío s/Quiebra (pequeña)”, es suficiente tanto la cesación pagos del potencial sujeto pasivo del proceso, como su aptitud para ser declarado en quiebra, conformando ellos exclusivamente los recaudos sustanciales habilitantes de la apertura en ese proceso universal (artículos 1° primer párrafo, 2°, 83 primer párrafo, 95 primer párrafo y concordantes, ley 24.522).
La normativa concursal, se señaló en sendos antecedentes, no condiciona la posibilidad de declarar la quiebra a la previa denuncia de bienes. Es más, desde la perspectiva de la quiebra directa pedida por acreedor, éste sólo debe acreditar sumariamente su crédito y hacer mérito de algún hecho revelador del estado de cesación de pagos (art. 79, ley 24.522). Sería absurdo requerirle la denuncia de bienes del deudor, dado que es muy posible que el peticionante los desconozca. No habría razón alguna para distinguir ese caso del de la quiebra pedida por un deudor, dada la identidad de presupuestos sustanciales que caracterizan a ambos.
b) Por otra parte, según se añadió en esos pronunciamientos, bien puede ocurrir que el informe del artículo 39 de la ley llegue a evidenciar la existencia de bienes cuya denuncia pudo haber sido soslayada en la presentación introductoria. Por tanto, es durante el proceso de quiebra donde debe verificarse la eventual orfandad patrimonial computable, la que, de existir, se añadió, daría lugar a la clausura del proceso por falta de activo, contemplada en los artículos 232 y 233 del ordenamiento concursal.
c) Tampoco puede desconocerse, se dijo, que la masa de bienes desapoderables no se limita a los existentes al momento de la declaración de quiebra, sino que tienen aptitud para incorporarse a ella y ser sometidos a la ejecución colectiva los acrecimientos patrimoniales que operen hasta el momento de la rehabilitación de fallido (art. 107, ley cit.).
Tratándose de personas humanas, como ocurre en la especie, el cese de la inhabilitación opera de pleno derecho al año del dictado de la sentencia de quiebra (art. 236, ley cit.), de modo que los bienes susceptibles de desapoderamiento que se incorporen hasta entonces aumentarán la garantía común sobre la que deben encauzarse los actos de ejecución forzada.
Desde esta óptica, se señaló, cabe concluir que la eventual ausencia actual de bienes no predica la inexistencia de masa patrimonial incorporable sobrevinientemente. El bloqueo decidido por el juez se basa en un juicio que, en esos antecedentes, fue ponderado como prematuro, pues, para determinar eficazmente la eventual ausencia de bienes, es menester abrir y encauzar el proceso y dejar que transcurra el plazo hasta el cual los incrementos patrimoniales puedan ser afectados a desapoderamiento en beneficio de los acreedores.
d) En otro orden, según también se destacó, no puede desconocerse que la quiebra comporta un mecanismo normativo de ordenamiento y saneamiento patrimonial al cual puede accederse en singulares situaciones de crisis, tipificadas como estados de cesación de pagos.
Son variados los intereses que convergen en la necesidad de encauzar, a través de ese proceso de la insolvencia, la situación de los deudores afectados por esa escasez patrimonial, evidenciada por la imposibilidad de atender regularmente al pago de sus obligaciones (arg. art. 78, ley 24.522).
Ellos, se señaló, trascienden al inmanente en aquél que peticiona la declaración de quiebra (ora el deudor, como en el caso, ora el acreedor). Su iridiscencia, agregó este Tribunal, se vuelca sobre la comunidad toda, dada la necesidad de dar a difusión situaciones de esta índole, con el fin de evitar un anunciado sacrificio de las relaciones creditorias que pueda entablar el deudor, habida cuenta de que su situación predica por sí un impedimento fáctico para poder cumplirlas.
El resguardo del interés colectivo, según también se dijo, es el que impone un pronto encauzamiento procesal de la situación de insolvencia, dado que ella contiene un germen con aptitud para inocularse en las futuras relaciones patrimoniales del deudor y producir perjuicios a terceros que, en razón de ellas, adquieran derechos creditorios. El régimen de efectos personales y sobre relaciones jurídicas está orientado al resguardo del interés general, entre otros institutos contemplados en el ordenamiento concursal.
e) Esta Sala también ponderó que no puede menospreciarse la importancia para el deudor que adquiere la quiebra como mecanismo de saneamiento patrimonial.
En efecto, se dijo, con su sujeción a ese proceso queda acotada la composición de la prenda común que ha de servir, liquidación de ella mediante, para responder por los créditos de causa o título anterior a su declaración, sin perjuicio de la incorporación de los acreedores ulteriores a los que la ley reconozca la preferencia del artículo 240 de la ley 24.522 (artículos 125 primer párrafo, 104 segundo párrafo y concordantes de su texto).
De este modo, sólo la materia desapoderable ha de quedar sujeta a la ejecución colectiva a encauzarse en el proceso, la que ha de comprender los bienes existentes al momento de la declaración de falencia y los incorporados hasta la rehabilitación. Sólo con el producto de su realización el fallido deberá atender el pago de las obligaciones computables en la quiebra, por lo que la eventual existencia de saldos que resulten impagos de los créditos carecerán de aptitud para articular medidas de agresión patrimonial que puedan comprender bienes incorporados con posterioridad a esa data. En buen romance, esos saldos impagos que resulten de la insuficiencia de los dividendos concursales para cubrir los créditos pasarán a ser, lisa y llanamente, obligaciones naturales o, en la terminología actual, deberes morales según lo dispuesto en el artículo 728 del Código Civil y Comercial.
Se entiende, entonces, el interés lícito del deudor de sanear así su situación patrimonial. La quiebra le permite acceder a un sistema limitativo de su responsabilidad a través de la definición de la prenda que ha de quedar afectada a la cancelación del pasivo que, en principio, preexiste a su declaración, procurando así evitar la permanencia indefinida de su insolvencia y su imposibilidad de redimirla en el futuro.
Finalizado el período de inhabilitación, el patrimonio que incorpore desde entonces, al quedar desafectado de la quiebra, permite poner un corte a su anterior situación y abrir una nueva etapa liberada del yugo de los pasivos falenciales.
f) Para los acreedores, la quiebra implica, además de un sinceramiento de la situación patrimonial de su deudor, la posibilidad de que se adopten en ella las medidas de conservación patrimonial colectiva de mayor eficacia, cuyo eje axil es precisamente el desapoderamiento al que conlleva su declaración.
Conjuntamente a ese cardinal interés jurídico, habita otro, de singular significación, que se caracteriza por la aptitud para concurrir al proceso sobre la base del principio de igualdad de trato, que precisamente difuminaría la anárquica articulación de acciones individuales y la observancia en ellas del principio de la prioridad del primer embargante (artículos 745 del Código Civil y Comercial y 228 del CPCC), que pierde totalmente su vigor en el plano concursal.
En síntesis, dos conclusiones se yerguen del desarrollo anterior, según se remató en los citados antecedentes, a saber: a) la falta de denuncia de bienes por parte del deudor, solicitante de su propia quiebra, no es factor suficiente que predique la orfandad de patrimonio desapoderable susceptible de afectación a su enajenación colectiva, y b) sin perjuicio de lo dicho en el punto anterior, la eventual inexistencia de bien desapoderable alguno no sería óbice para declarar la quiebra del deudor en cesación de pagos.
III. En cuanto a la supuesta omisión de acompañar “un legajo por cada uno de los acreedores denunciados” (considerando II segundo párrafo del fallo recurrido), no se advierte que se afinque en esa puntual causal el rechazo del pedido de quiebra, sino en la circunstancia que ha sido objeto de consideración en el punto II precedente.
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86 primer párrafo de la ley 24.522, que descarta la posibilidad de rechazar el pedido de quiebra, cuando proviene del propio deudor, frente al incumplimiento de los requisitos formales pertinentes previstos en el artículo 11 de su texto.
Voto por la NEGATIVA.
La señora juez Dra. Valdi, por las mismas razones, adhiere.
A la segunda cuestión propuesta, el señor juez Dr. Lami dijo:
Visto el resultado que arroja la votación a la cuestión anterior, corresponde: 1º) revocar el decisorio recurrido en cuanto fuera materia de agravios, debiendo continuar la causa según su estado, y 2°) no imponer costas en este estadio, habida cuenta de la forma en que se resuelve y la etapa liminar en que tramita el proceso (art. 68, segundo párrafo, CPCC).
Así lo voto.
La señora juez Dra. Valdi, votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo, SE RESUELVE: 1º) REVOCAR el decisorio recurrido en cuanto fuera materia de agravios, debiendo continuar la causa según su estado, y 2°) NO IMPONER costas en este estadio, habida cuenta de la forma en que se resuelve y la etapa liminar en que tramita el proceso. REGISTRESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia