Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 91963
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la apelada resolución de fs. 398, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la recurrente.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Resulta ajustada a derecho la apelada resolución de fs. 398?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor López Muro dijo:
I. Mediante resolución de fs. 398, el Sr. Juez "a quo" difirió el pedido de conclusión de la quiebra del actor por falta de activo, para la oportunidad en que se encuentre resuelto el incidente de extensión de la quiebra de la fallida a sus socios fundadores, con costas a su cargo. Para así decidirlo consideró que el acreedor verificado Ricardo Raúl Bergamini se opuso a la conclusión y denunció bienes en cabeza de los socios de la fallida.
II. Esa forma de decidir la cuestión convocante motivó el alzamiento del síndico mediante recurso de revocatoria con apelación en subsidio a fs. 399/400. La revocatoria resultó denegada y se concedió la apelación a fs.406 y vta.
Aduce en lo sustancial que el Sr. Bergamini no es parte, la ley sólo ordena traslado al fallido del pedido de conclusión, y que la extensión no es un incidente sino otro proceso que tramita por las normas del ordinario (art 164 LCQ) y por tanto "no tienen nada que ver con la quiebra de la sociedad fallida". Indica que la solución dada por el "a quo" incumple el art. 232 LCQ que exige como únicos requisitos que se hayan verificados los créditos y que no exista activo suficiente para satisfacer los gastos y honorarios del juicio para declarar la clausura del procedimiento por falta de activo.
III. La crítica llega con dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras Departamental a fs. 410 y vta. que estima corresponde confirmar el resolutorio con cita de jurisprudencia en ese sentido (CNAC Sala B "De Negris e hijos SA s/ quiebra", s. 30/12/2002)
IV. En la tarea propuesta comienzo por señalar que la extensión de la quiebra constituye uno de los medios orientados a incrementar el activo liquidable para su reparto entre los acreedores, generalmente insatisfechos a raíz de la insolvencia de su deudor. Su objetivo central define otro de los presupuestos de su procedencia u operatividad: la insuficiencia del activo de la quiebra que a estos efectos denominaremos "principal". La única razón por la cual se permite, paradójicamente, declarar en quiebra a un sujeto que no es insolvente, es la tutela legal extraordinaria que, en ciertos casos, la ley concursal asigna a los acreedores afectados por el déficit del activo en la quiebra principal. De ahí que, ausente esa situación deficitaria, a cuyo remedio se dirige la extensión de quiebra, esta no procede.
Por ende, si el pedido de extensión de la quiebra a los socios fundadores de Herie SA tiene como finalidad incorporar bienes para distribuir entre los acreedores de la quiebra de la sociedad, en caso de prosperar existiría activo suficiente para satisfacer los gastos y honorarios del juicio y por ende no procedería declarar la clausura del procedimiento en los términos del art 166 LCQ.
A mi juicio el recurrente erróneamente, pretende asimilar el trámite otorgado a la extensión de la quiebra -proceso ordinario, para otorgar mayor posibilidad de debate y prueba- con una independencia entre los procesos que no es tal.
En ese sentido, en la extensión de la quiebra, es competente el Tribunal en donde tramite la falencia que "prima facie posea activo más importante" (conf. art. 162 LCQ; SCBA LP Ac 90780 I 27/10/2004, "Dalia de Moro, Nilda A. y ots. s/Quiebra por extensión" ) y es presupuesto de la misma que exista una quiebra "que extender", en el caso la quiebra de Herie se extendería a sus socios fundadores (166 LCQ). Si la quiebra principal concluye, al cesar los efectos patrimoniales ello repercute en los pedidos de extensión de quiebra y acciones de responsabilidad, que requieren de una quiebra como antecedente principal.
En suma, de la interpretación hermenéutica del art. 166 LCQ, coherente con el resto de las normas de la ley (art. 1 y 3 CCC), y en particular con el art. 163 LCQ, se puede determinar que estando en trámite el proceso de extensión de la quiebra a los socios de la misma es prematuro decidir que no existen fondos para atender gastos y honorarios del concurso, y dar por concluida la quiebra del actor.
La critica del apelante al cuestionar la participación de un acreedor pierde de vista que la quiebra es un proceso universal que debe permitir un control multidireccional, que este es un acreedor concursal concurrente que tiene un interés tutelable dado por el cobro de un crédito.
Finalmente es trascendente señalar cual es el rol del síndico en la estructura de nuestro proceso concursal, que posee mayores facultades que en la legislación anterior, en cual desarrollaba tareas de control. "El funcionario pasa a ser de un "controlador" de la administración del concursado, (art. 15 LC) a convertirse virtualmente en un "veedor informante" e, incluso, en un "liquidador" del pronto pago pues la ley le impone no sólo "la detección de la disponibilidad" dineraria, sino también, el correspondiente proyecto de distribución entre los prontopagistas, toda vez que ese es el sentido del plan de pagos que requiere el nuevo estatuto (arts. 14 inc. 11, 16 y 183 L.C.). Desde otro costado, la exigencia de controlar el cumplimiento por parte del concursado de las normas legales y fiscales, se convierte en una nueva alternativa fiscalista en la que el funcionario concursal asume una responsabilidad relevante a tenor de las correspondientes resoluciones de la AFIP (art. 14 inc. 12, L.C.). En esta inteligencia el régimen de vigilancia de los art. 15 y 16 LC resulta claramente profundizado en lo que podemos denominar informe laboral y de evolución de la empresa, aspectos que requerirán realizar investigaciones en los registros contables y la documentación administrativa de la empresa, con el objeto de producir opinión fundada sobre el pasivo laboral, y verter dictamen técnico sobre la situación de los trabajadores en relación de dependencia y emitir certificación mensual acerca de la actividad empresaria y la constatación de fondos líquidos disponibles" (conf. Junyent Bas-Flores- Berardo, "Comentarios a la reforma concursal ley 26086", ed. advocatus, pág. 20/21).
En ese sentido, no alcanza a probar el síndico en su expresión de agravios qué perjuicio le causa esperar a la resolución sobre la extensión de la quiebra de la fallida a los socios para decidir sobre la conclusión de la quiebra.
Consecuentemente, voto POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la AFIRMATIVA. .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. López Muro dijo:
Atendiendo al acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, confirmar la apelada resolución de fs. 398, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por la recurrente dada la suerte adversa del planteo revisor (arts. 68, 69 CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor Sosa Aubone dijo que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor López Muro.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución de fs. 398, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la recurrente. REG. NOT y DEV.
Fin de la sentencia