Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 132373
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución recurrida, se ordena el levantamiento del embargo de haberes del fallido, Y se prohíbe la traba de embargos que tengan causa o título anterior a la fecha de apertura de la quiebra, 18/08/2020, librándose el correspondiente oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Costas por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. art. 68 CPCC).
MP-YAN
GRATTI AIDA ANABEL S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)
Causa: 132373
La Plata, 11 de Octubre de 2022
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
El 10/06/22 la Sra. jueza de grado desestima el levantamiento de la medida cautelar de embargo sobre los haberes de la fallida hasta tanto se cuente con fondos suficientes para atender los gastos de conservación y justicia (art. 240 de la LCQ). Para así decidir consideró que este tipo de procesos promovidos por deudores sobreendeudados -rectius “sujetos sobreendeudados” o “fallidos sobreendeudados”- (que accedieron al crédito a través del ofrecimiento de su propia garantía personal consistente en sus haberes), encuentran en el proceso de quiebra un mecanismo apto para lograr, en primer término, el cese de los descuentos de haberes y/o de las medidas de embargo decretadas en las ejecuciones singulares promovidas ante el incumplimiento de aquellos préstamos, para luego, al considerarse rehabilitados, lograr el cese de los embargos sobre haberes que eran la única garantía ofrecida. En tal sentido, el apego estricto a la letra de la normativa convierte al instituto falencial en una suerte de mecanismo alternativo para la extinción de obligaciones contraídas que tendrían que haber sido canceladas junto a las costas correspondientes y durante la tramitación de cada proceso singular.
Agrega que este "fresh start" -nuevo comienzo- podría contraponerse al fin de la quiebra al desbaratar los derechos de los acreedores en contra del orden público falencial; distorsionando los efectos del art. 107 de la LCQ dado que en definitiva ha sido la propia fallida la que denunció como activo sus haberes y, por otra parte, colocando al deudor en quiebra en una mejor situación jurídica que la que ostenta un deudor común cuyos ingresos se encuentran afectados por medidas cautelares hasta la cancelación de la deuda que se le reclama.
2. El recurso.
La fallida interpuso revocatoria con apelación en subsidio el 16/06/22 concedido el 22/06/22 y contestado el 29/06/22 por el Síndico.
3. Tratamiento de los agravios.
3.1. La sentencia de quiebra produce, desde el mismo día de su dictado, la inhabilitación del fallido, ya sea persona humana o jurídica, y perdura en el caso de las personas humanas hasta su rehabilitación. En el caso de las personas jurídicas la inhabilitación es definitiva, lo cual es lógico ya que una vez concluida la liquidación de bienes, su personalidad se extingue (arts. 106, 234, 235, 236 y 237, ley 24.522 -L.C.-; 94 inc. 6, ley 19.550).
La rehabilitación produce el cese de las inhabilitaciones personales emergentes de la ley de quiebras, sin perjuicio de que sigan siendo aplicables las inhabilitaciones que emergen de leyes especiales en orden al desempeño de ciertas actividades. También impide que los bienes adquiridos por el fallido después de dicho momento puedan ser objeto de desapoderamiento y agredidos como formando el activo de la quiebra, ya que no integran los bienes susceptibles de liquidación en la quiebra.
El principio general de la ley 24.522 es que tanto el inicio de la inhabilitación como su cese son automáticos como consecuencia de la quiebra, de modo que la cesación se fija, en términos generales, en un año, salvo las posibilidades de reducción, cesación y prórroga que la misma ley determina. Así, el final de la inhabilitación es lo que se conoce tradicionalmente como rehabilitación. Y esta produce el cese de las inhabilitaciones personales propias de la quiebra (cfr. GRISPO, Jorge Daniel "Tratado sobre la ley de concursos y quiebras", ed. Ad-Hoc, Tº 6, pág. 54, con cita de Rouillón, Adolfo A. "Régimen de concursos y quiebras", ed. Astrea, 2000, p. 305, Cám. Civ. y Com. 2da., Sala III, La Plata, 102.892, RSI. 214/2004, 21/9/2004, "Guarimo, Norberto s/Quiebra").
El plazo de un año se puede disminuir o dejar sin efecto si, a petición del interesado y previa vista a síndico, el juez considera que existe "verosimilitud" en orden a que "prima facie" el deudor no está incurso en un delito penal (art. 236, segundo párrafo, L.C.).
Asimismo, dicho plazo puede ser mayor en el caso de procesamiento penal de la persona inhabilitada, supuesto en que la inhabilitación se reestablece si hubiera cesado antes, o se prorroga si no hubiera vencido, y se extiende hasta el sobreseimiento o absolución o, de mediar condena penal, hasta que se cumpla la accesoria de inhabilitación impuesta por el juez penal.
La circunstancia de haberse decretado la clausura del procedimiento por falta de activo no es motivo legalmente suficiente para prorrogar la inhabilitación prevista en el art. 236 de la ley 24.522, y el mantenimiento del embargo, pues sólo el sometimiento del fallido a proceso penal es causa de la prórroga de aquélla -o en su caso, de su restablecimiento- (Cám. Civ. y Com. 1ra., Sala II, Mar del Plata, 134.242, RSI. 1380/2006, 29/12/2006, "Sousa, Laura C. s/Quiebra").
Si bien lo que argumenta el juez respecto de la finalidad del presente proceso -limitado al cese de embargos sobre los haberes- no es irrazonable, frente a la claridad del texto legal y la ausencia de infracción a la Constitución, la modificación de estas situaciones no debe obtenerse por vía judicial, sino legislativa
3.2. Cabe aclarar que la resolución de la Sra. Jueza del 13/12/21 aclara que la rehabilitación es respecto de los aspectos personales, pero no patrimoniales de la quiebra, manteniendo la inhibición general de bienes, pero no ha prorrogado la inhabilitación por alguna de las causales que la misma ley determina. Se reitera que, en principio, la rehabilitación de las personas humanas se produce de pleno derecho por el trascurso del plazo previsto en el artículo 236 de la ley falencial. Entonces, la resolución recurrida que mantiene el embargo con posterioridad a la rehabilitación, hasta tanto se cubran los gastos de conservación y justicia, crea jurisprudencialmente un privilegio de los gastos del proceso, con base en un supuesto abuso del proceso del consumidor quebrado, que no tiene base legal. En materia concursal, los privilegios sólo pueden ser establecidos por el legislador nacional, no pudiendo los estados provinciales ni los jueces crear otros al margen de dicha legislación.
Cabe agregar, que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la declaración de quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación (art. 107, L.C.), y que habiendo transcurrido el plazo de inhabilitación que fija la ley y habiéndose producido la consecuente rehabilitación del fallido, no corresponde limitar sus efectos y disponer -en la medida que no se haya afectado algún derecho de tutela preferente con rango constitucional- que se puede perseguir el cobro de los gastos de justicia alterando lo dispuesto por la ley de concursos.
Por ende, corresponde ordenar el levantamiento del embargo ordenado en el presente proceso falencial que recae sobre sobre los haberes del fallido y asimismo se prohíba la traba de nuevos embargos que tengan causa o título anterior a la fecha de apertura de la quiebra, 18/08/2020, librándose el correspondiente oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
POR ELLO, se revoca la resolución recurrida, se ordena el levantamiento del embargo de haberes del fallido, Y se prohíbe la traba de embargos que tengan causa o título anterior a la fecha de apertura de la quiebra, 18/08/2020, librándose el correspondiente oficio al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Costas por su orden por ser causado el agravio de oficio (arg. art. 68 CPCC). REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia