Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 116841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO: de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámaras y demás fundamentos expuestos 1) se rechaza la pretensión de que el “a quo “en esta instancia se declare competente para entender en el proceso sucesorio del fallido Cuyller 2) se rechaza el pedido de certificación Actuarial, con los alcances del considerando VII y 3) se confirma la apelada resolución de fecha 12/07/2023, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la recurrente.
AL-YAN
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Resulta ajustada a derecho la apelada resolución de fecha: 12/07/2023?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez doctor SOSA AUBONE dijo:
I. Que en la especie el Sr. Juez de la instancia previa desestimó el planteo formulado por la Sra. Norma Amanda Taconi con fecha 04/05/2023, tendiente a que se ordene la devolución del 50% del valor correspondiente a su parte ganancial de los bienes realizados en autos - con más sus intereses y accesorios- como asimismo el planteo efectuado en subsidio respecto a requerir se reserven dichos valores para permitirle a la nombrada percibir su porción y , ejercer su derecho de recompensa contra quienes resulten responsables del perjuicio denunciado.
Asimismo, dejó establecido la perdida de virtualidad respecto del tratamiento de las demás cuestiones planteadas.
II. Ese modo de decidir motivó el alzamiento de la incidentista mediante recurso de apelación que funda con la pieza expositora de agravios presentada con fecha 26/09/2023.
Aduce la recurrente - en apretada síntesis- que el sentenciante de grado omite resolver que no se encuentra precluído ni prescripto su derecho a concurrir a estos obrados requiriendo el pago del valor correspondiente a su porción ganancial del producido de la realización de los bienes gananciales subastados en autos, con más sus intereses y accesorios.
Agrega que se ha omitido disponer que se efectúen las certificaciones Actuariales por ella pedidas y que tampoco el “a quo “se ha pronunciado sobre el pedido de que declare competente para conocer el juicio sucesorio de su cónyuge, el fallido Alan Douglas Cuyller Miller.
Dice que con una errónea interpretación de las normas aplicables al caso, se ha rechazado su pedido de que le sea abonado el 50% del producido de la realización de los bienes inmuebles ejecutados hasta el momento.
Afirma que se busca sustentar la falta de tratamiento de las cuestiones anteriormente planteadas alegando que ??el Juzgador no está obligado a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas cuando la solución dada a una de ellas hace innecesario el examen de las demás lo que califica de injustificado.
La critica llega con la réplica de la Sindicatura de fecha 27/10/2023.
Con fecha 27/12/2023 dictaminó el Sr. Fiscal de Cámaras Departamental aconsejando la confirmación del auto apelado.
III. Que ocupándome liminarmente del cuestionamiento que la sindicatura trae con relación a la fundamentación traída por el quejoso, sus alcances y requisitos, cabe señalar que de la lectura del memorial traído en sufragio de la pretensión revisora, se percibe claramente en qué consiste la protesta frente a lo decidido en la instancia de origen y más allá de los consabidos criterios amplios y flexibles que se imponen en la materia, no puede válidamente sostenerse que los agravios no satisfacen el mínimo de técnica exigido por las normas procesales.
Siendo ello así corresponde desestimar el pedido de deserción recursiva por insuficiencia técnica que propone la sindicatura ello sin perjuicio de la suerte que en definitiva pueda merecer el alzamiento (art. 260 del C.P.C.C. y su doctrina).
IV. Ahora bien, no obstante el esfuerzo que evidencia la pieza expositora de agravios, adelanto mi opinión contraria al intento revisor ensayado por la recurrente y en tal sentido comienzo por señalar que arriban indiscutidos a esta Alzada dos aspectos centrales de la resolución en crisis : 1) que resulta de aplicación a la cuestión convocante las normas Código Civil, aprobado por Ley 340 y no las del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nacional 26.994) (arts. 3, Código Civil; 7, C.C.C.N.); y 2) que la titularidad dominial de los bienes registrables afectados al proceso de liquidación individualizados oportunamente en el incidente de realización de bienes se encuentran únicamente registrada a nombre del fallido.
Sobre ese piso de marcha habrá de partirse del principio según el cual, conforme al régimen de gestión separada de los bienes matrimoniales (art. 1276 del Código Civil), cada cónyuge administra y, en principio, dispone de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos (SCBA, Ac. 42.296, sent. del 28-XI-89, "Acuerdos y Sentencias", 1989-IV-305).
Los bienes gananciales resultan entonces de propiedad exclusiva del cónyuge que los ha adquirido ya que, mientras dura la sociedad conyugal, el otro cónyuge no tiene sobre ellos ninguno de los derechos de propiedad (Belluscio, A.C., "Manual de Derecho de Familia", 5ª edición actualizada, t. II, pág. 49, nº 324; Cód. Civil y leyes complem., com., anot. y conc. ed. Astrea, t. 6, nº 21 a), p. 26, Bs. As. 1986; SCBA, Ac. 44.814, sent. del 27-XII-91, D.J.B.A., 143-65).
El carácter propio o ganancial de un bien no afecta la propiedad exclusiva de su dueño salvo en cuanto hace a la limitación establecida por el art. 1277 del Código Civil, mientras la sociedad conyugal subsista (art. 1276 cit.), sin que esto convierta al cónyuge del propietario en parte en el acto de disposición, quien no deja de ser un tercero por más que se exija su asentimiento (Cód. Civil cit., nº 16, p. 173; SCBA Ac. 64.403, sent. del 10-11-98).
Dicho de otra manera, "la ganancialidad es simplemente una calidad de cada bien, que define su destino en caso de permanecer en el patrimonio de su titular al tiempo de disolver el régimen; y ocasiona en ciertas hipótesis una limitación en el poder dispositivo del cónyuge propietario del bien" (Guaglianone, Aquiles Horacio, Régimen Patrimonial del Matrimonio II, nº 220, p. 144/145, Ediar, Bs. As., 1975).
Cierto es que el fallecimiento de uno de los cónyuges, disuelve el vínculo matrimonial, operando así la disolución de la sociedad conyugal de pleno derecho la cual se genera “ipso jure”, ya que no requiere ningún trámite adicional para que se produzcan sus efectos jurídicos (art. 1291 del entonces vigente Cód. Civil, BORDA, Guillermo, en "Tratado de Derecho Civil Argentino. Familia", tomo I, pág. 460, año 1962; íd. BOSSERT-ZANNONI, "Manual de Derecho de Familia", pág. 328, año 1993; entre otros).
Sin embargo producida la disolución de la sociedad conyugal por cualquiera de las causales establecidas por la ley –aun por causa de muerte de uno de los consortes- sin que se haya procedido a la liquidación y partición de los bienes que forman la masa ganancial- como aquí sucede– debe reputarse subsistente el régimen de los artículos 5º y 6º de la ley 11.357, basado ello en que por el estado de indivisión , sigue manteniéndose la pluralidad de masas existentes durante la vigencia de la sociedad y por lo tanto los acreedores no verían alterada su garantía, que sigue formada por los bienes de los cuales era titular el deudor al momento de la disolución (ver Fassi Santiago y Bossert Gustavo : “ Las masas indivisas en la liquidación postcomunitaria ”, L.L. 1977-B-901).
Precisamente el señalado régimen general previsto por la citada la ley 11.357 (arts. 5º y 6 º) establece un sistema de separación de deudas y responsabilidades, en función del cual cada cónyuge responde con sus bienes por las deudas que contrae. Y con ello, queda delimitada la responsabilidad ante terceros de cada integrante del matrimonio por las deudas del otro, tomando en cuenta que dentro de la sociedad conyugal cada bien pertenece a su titular y responde por las deudas de éste, entendiéndose por titular de dominio a quien figura como tal en el Registro de la Propiedad (CC0100 SN doct. Causa 3675 RSI-343-7 Int. del 3-7-2007).
V. En el caso de autos, con la declaración de la quiebra indirecta del fallido (ver actuación de fecha 01/07/1999) se produjo el desapoderamiento de los bienes, sean propios o gananciales existentes a la fecha de su declaración (art. 107 LCQ) – con exclusión de los administrados por su cónyuge -.
Luego el posterior fallecimiento del quebrado ninguna alteración produce en la masa así constituida sujeta a liquidación, cuya conservación obedece a razones de interés general ya que la eventual posibilidad de dividir y adjudicar bienes de la sociedad conyugal al cónyuge supérstite es concretable sólo después de su liquidación en el ámbito de este proceso universal, con ajuste a la normativa propia de la concursalidad y de conformidad con el régimen patrimonial del matrimonio "ut supra" descripto, y sólo de mediar remanente se repartirá el mismo con la ex cónyuge.
De consiguiente, ante la declaración de la quiebra del marido, la esposa no puede alegar preferencia alguna al pago de los acreedores concursales ni recompensas en su favor o división anticipada y sólo le queda el derecho de coparticipar en el remanente si lo hubiese, previa atención de los acreedores del concursado (Belluscio Augusto C. en "Derecho de Familia" T° 2, pág. 115; Fassi-Bossert "Sociedad Conyugal" T° 2, pág. 143).
Por tales razones deviene inviable en esta etapa cualquier pretensión de la accionante de actualizar o acrecentar, en lo inmediato, su parte en los gananciales de su cónyuge quebrado y luego fallecido si, como aquí sucede, está referida a bienes afectados al proceso de quiebra, por formar parte del activo falencial, debiendo ratificarse la solución dada en la instancia de origen en lo principal que decide (arts. 5º y 6º ley 11357; 1276 1277 y 1291 Código Civil; 88, 105, 106, 107, 108, 109, 125, 132, 133 y 278, LCQ; 34 inc. 4º, 160, 163 inc. 5º y 6º , 242 , 246 , 260 del CPCC )
VI. En cuanto al agravio fundado en haberse omitido resolver las demás cuestiones –que individualiza- cabe señalar que –mas allá de formula genérica empleada en la sentencia en revisión para abarcarlas a todas- el Sr. Juez de la anterior instancia se pronunció expresamente dejando aclarado que en función de la solución dada aquellas perdieron virtualidad jurídica deviniendo en abstractas y sea que se comparta o no la decisión, el discurso impugnativo se ha mostrado más atento a denunciar omisión de cuestión –que en rigor no es lo que aconteció al menos con relación a la cuestión de su derecho a peticionar- que a demostrar a través de una crítica concreta y razonada que aquella premisa no se cumple, esto es que el sentido de la decisión no tiene como consecuencia la señalada perdida de virtualidad jurídica actual de aquellas cuestiones, o en su caso que estas son necesarias para la correcta solución de la contienda, integradas por los puntos o capítulos de cuya decisión depende directamente el sentido y alcance del pronunciamiento.
De todos modos, para satisfacción de la recurrente habré de señalar que la pretensión de que se declare no precluído ni prescripto el derecho de la recurrente a concurrir a estos obrados y requerir el pago del valor correspondiente a su porción ganancial del producido de la realización de los bienes subastados en autos, con más sus intereses y accesorios fue planteada, sustanciada y decidida, resultando improcedente pronunciarse acerca de la vitalidad de esa acción en abstracto; máxime cuando importa una pretensión que debió ser canalizada ante el juez de la quiebra (arts. 88, 105, 106, 107, 108, 109, 125, 132 y 133, LCQ).
Tampoco se trata de una acción declarativa de prescripción por vía de acción, que precisamente persigue el efecto contrario, es decir la extinción de la obligación de que se trate ( artrs. 322 y 2551 del CCC; ver . Márquez, José Fernando y Calderón, Maximiliano Rafael, “Prescripción y caducidad en el Código Civil y Comercial”, Publicado en: LA LEY 13/05/2015, pág. 1; PIZARRO, Daniel Ramón, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, Tomo 3, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, pag. 655).
Desde el punto de mira expuesto comparto lo decidido por el sentenciante de grado al calificar de abstracta esta cuestión con fundamento en que los jueces se hallan habilitados para examinar de oficio la subsistencia o la desaparición de la finalidad del litigio, pues ello constituye un requisito jurisdiccional (Fallos 262:226; 281:401, 293:518 entre otros)
En efecto los decisorios de la judicatura deben ajustarse a las condiciones existentes al momento en que se dictan, aunque sean sobrevinientes y producidos durante la sustanciación del proceso (Fallos 259:76; 267:499; 311:787; 329-4717, entre otros), de tal forma que no corresponde emitir pronunciamiento cuando a la luz de esas circunstancias se ha tornado inoficioso decidir la cuestión materia de agravios.
VII. Si en cambio pueden considerarse omitidas las cuestiones referidas a la competencia del “a quo “para entender el proceso sucesorio del fallido y al pedido de certificación actuarial solicitado no advirtiéndose impedimento para que el Tribunal las aborde directamente dese que han sido oportunamente sometidas a consideración del Juez e incluidas en el catálogo de los agravios traídos ( art. 242 , 246 , 260 y 273 del CPCC)
Sobre el particular diré que resulta totalmente infundado el pedido de que el “a quo “ –dentro del ámbito de este proceso- se tenga que declarar competente para conocer en el denunciado juicio sucesorio del cónyuge de la recurrente - el fallido Alan Douglas Cuyller Miller – toda vez que, en el caso de que le fuere atribuido para su conocimiento , habrá de ser en ese proceso universal donde deberá pronunciarse sobre el punto, sin perjuicio de cualquier cuestión de competencia que por vía de inhibitoria o declinatoria haya podido o pueda eventualmente plantear la interesada en función de la denunciada causa sucesoria predecesora tramitada en extraña jurisdicción (arts. 7 y 8 del CPCC, SCBA AC, 2972).
Finalmente, con relación al pedido de certificación actuarial de las actuaciones cumplidas - requerida en la presentación de fecha 02/06/2023 – para el supuesto de ejercer el derecho subsidiario de requerir el pago del porcentual del valor de realización de los inmuebles involucrados en el marco de este proceso contra quienes puedan resultar responsables del perjuicio denunciado y con más los accesorios que se puedan indicar al formalizar tal reclamo, diré que el mismo no resulta de recibo desde que en principio excede la mera acreditación de las constancias de la causa, sin perjuicio de que la interesada, en el supuesto de resultar efectivamente promovidas las acciones que anuncia pueda ofrecer estas actuaciones como prueba o en su caso requerir fundadamente las constancias necesarias con indicación del proceso en el cual las mismas han de presentarse (arg. arts. 116, 273 y 374 del CPCC).
VIII. Encontrando suficientes y conducentes las razones expuestas para dirimir el planteo revisor, se torna innecesario extenderse en otras consideraciones sin real gravitación en la materia decisoria desde que la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65).
Consecuentemente, con el alcance indicado voto por la AFIRMATIVA
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor LOPEZ MURO dijo: Adhiero al voto del Dr. Sosa Aubone y consecuentemente doy mi voto por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez dr. SOSA AUBONE dijo: Atendiendo al acuerdo logrado corresponde y así lo propongo: 1) rechazar la pretensión de que el “a quo “ en esta instancia se declare competente para entender en el proceso sucesorio del fallido Cuyller el agravio referido 2) rechazar el pedido de certificación Actuarial, con los alcances del considerando VII y 3) confirmar apelada resolución de fecha 12/07/2023, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas por la recurrente que reviste objetiva condición de vencida en el procedimiento de segunda instancia (arts. 68 y 69 del CPCC)
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor LOPEZ MURO dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO: de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámaras y demás fundamentos expuestos 1) se rechaza la pretensión de que el “a quo “en esta instancia se declare competente para entender en el proceso sucesorio del fallido Cuyller 2) se rechaza el pedido de certificación Actuarial, con los alcances del considerando VII y 3) se confirma la apelada resolución de fecha 12/07/2023, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la recurrente. REG. NOT. DEV.
Fin de la sentencia