Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 140431
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la apelada resolución de fecha 14/05/2025, debiendo en la instancia de origen resolverse el pedido de propia quiebra con ajuste al criterio expuesto. Costas de Alzada por su orden.
MCM / ND
CANO HECTOR EZEQUIEL S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)
Causa: 140431
La Plata, 19 de Agosto de 2025
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes.
1.1. Que mediante la resolución del 14/05/2025, el Juez de la anterior instancia rechazó liminarmente la petición de quiebra formulada por H. E. C. y reguló honorarios en favor de su letrado patrocinante Nahuel Mario Castelluccio.
Consideró para ello que al pretenso fallido H. E. C. le feneció el plazo para evacuar temporáneamente lo que se le requiriera el 13/11/2024, concordante con lo dispuesto el 03/12/2024, y 25/02/2025.
Asimismo, señaló que la previsión del art. 86 de la ley 24.522 debía ser matizada con las facultades que asisten a los magistrados en su condición de directores del proceso, basado en razones de buena fe procesal, a fin de evitarse situaciones que configuraran abusos del derecho.
En este sentido, aclaró que dicha norma no podía ser interpretada como un conducto para declarar quiebras cuyas solicitudes se hallaran huérfanas de los recaudos mínimos y elementales exigidos legalmente, lo que en definitiva hacía a la solvencia de la petición.
Calificó como escueta e incompleta la manifestación formulada por el solicitante en el escrito del 03/12/2024 y, en consecuencia, valoró que no revestía la seriedad y la suficiencia necesarias para entender abastecidas las obligaciones impuestas en la providencia del 13/11/2024.
Destacó que el deudor presentó una solicitud de quiebra que contiene irregularidades, no cumple con los requisitos establecidos por la legislacion falencial, y que dichas inconsistencias afectan la integridad del proceso y la igualdad de los acreedores.
Remarcó que la buena fé y la lealtad procesal son principios fundamentales en todos los procesos civiles, que adquieren mayor relevancia en los procesos falenciales,, implicando pues que el presentante actuara con sinceramiento, a la par de aportar datos que no condujeran al engaño o manipulación de los acreedores.
En definitiva, la solicitud de falencia no cumplía con los requisitos establecidos por la legislación falencial; en tanto que las inconsistencias detectadas en el relato inicial y en su posterior aclaración, afectaban la integridad del proceso y la igualdad de los acreedores.
1.2. Que contra esa forma de resolver, se alzó el peticionante del proceso, H. E. C. que funda en la presentación del 26/05/2025.
Refiere que su actual situación financiera le impedía alcanzar las condiciones mínimas para su subsistencia y la de su grupo familiar; que el sentenciante no había valorado la explicación detallada de los motivos que lo habían llevado al estado de cesación de pagos, ni la totalidad de los hechos reveladores que surgían de su propia confesión y de los instrumentos acompañados con el escrito de inicio.
Resaltó que en la demanda había indicado que su activo estaba conformado únicamente por los haberes que percibía mensualmente, habiéndolo cuantificado como así también al pasivo; y que adjuntó toda la documentación que poseía, en tanto que la restante se encontraba en poder de las entidades financieras acreedoras.
Refutó que hubiera usado de manera abusiva y antifuncional su derecho a peticionar su propia quiebra, con el fin de frustrar el derecho de sus acreedores; habiendo recalcado que justamente acudió a esta vía para cumplir con todos ellos, en la medida de sus posibilidades económicas, y sin afectación de su propia supervivencia y de la de su familia.
Advirtió que no existe discrecionalidad en la valoración sobre el cumplimiento de los requisitos sustanciales para hacer lugar al dictado de la sentencia de quiebra, por lo que los magistrados deben respetar las leyes.
Adujo que el juez dictó una resolución arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico vigente, habiéndole negado el acceso al procedimiento de quiebra sin haber verificado las circunstancias específicas planteadas. Cita abundante jurisprudencia a su favor.
1.3. Que el 04/08/2025, el Adjunto del Fiscal de Cámaras Departamental, aconsejó la confirmación del fallo en crisis.
2.1. Liminarmente, se impone recalcar que el rechazo “in limine” de la demanda debe ser ejercido con suma prudencia, en tanto la desestimatoria de oficio puede lesionar sin remedio el derecho de acción, íntimamente vinculado al derecho constitucional de petición; por lo que aquél ha de limitarse sólo a los supuestos en los que la inadmisibilidad de la pretensión sea manifiesta (arts. 18 Const. Nac; 15 Const. Pcia. Bs. As.).
En ese orden de ideas, la posibilidad del rechazo liminar de la demanda que no se ajuste a las reglas establecidas, según lo prevé el art. 336 del Código Procesal, debe correlacionarse con el deber genérico de señalar, antes de dar trámite a la petición, los defectos u omisiones formales de que adolezca, ordenando su subsanación, de acuerdo con lo prescripto por el art. 34 inc. 5 ap. “b” del mismo cuerpo legal (conf. esta Sala, causas 119.771 RSI 11/2016 S 16/02/2016, y 139415 RR 113/2025 S 19/03/2025).
Ahora bien, ejercida dicha facultad, frente a la respuesta del accionante y lo normado por el art. 86 de la ley de concursos y quiebras (LCQ) en orden a que la inobservancia de los requisitos formales del art. 11 no obsta a la declaración de quiebra, la calificación de “extemporánea” -esto es presentado luego del plazo fijado- efectuada, no puede tener el efecto otorgado por el magistrado actuante, quien realiza una interpretación de la norma aludida que no es derivación razonada del régimen vigente, al sacar de quicio la normativa concursal y modificar el régimen legal vigente.
Además, el rechazo de la solicitud de propia quiebra debe ser adoptado con un criterio restrictivo, a fin de no ocasionar perjuicios al peticionante ni a los demás integrantes del sistema, ya que se trata de una acción tendiente a la apertura de un proceso universal cuya finalidad es solucionar la crisis patrimonial del deudor liquidando todo su patrimonio y n dejarlo fuera del sistema instrumentado por el legislador para solucionar la crisis patrimonial del deudor.
Entonces, si la ley falencial determina puntualmente las condiciones que debe abastecer quien pretende su propia quiebra (arts. 1, 2, 3, 4, 77 inc. 3, 78, 79 y 82 ley 24.522), no cabe que el juez modifique el régimen legal vigente anteponiendo su voluntad al texto expreso de la ley.
Y si bien la pretensión encaminada a la declaración de propia quiebra reclama una cuidadosa y severa ponderación de las circunstancias de hecho y de derecho que sustentan la acción, no debe perderse de vista -se reitera- que el art. 86 de la normativa falencial establece expresamente que el incumplimiento de los recaudos indicados en el artículo 11 incisos 2, 3, 4 y 5 y, en su caso, los previstos en los incisos 1, 6 y 7, no obsta a la declaración de quiebra (conf. prec. cit.).
A su vez, cabe subrayar que es taxativa la enumeración de los requisitos formales del art. 11 de la ley 24.522; por lo que por más amplio que pueda ser el criterio de apreciación por parte del Juez, éste no puede introducir por vía interpretativa otros extremos no exigidos por la norma.
Debe repararse en que los recaudos que debe contener la demanda de propia quiebra son únicamente informativos, es decir que las alegaciones realizadas por el peticionante no necesitan ser debidamente acreditadas en la instancia prefalencial (conf. prec. cit.).
En todo caso, la veracidad de los dichos del deudor o de la realidad de alguno de los instrumentos documentales anejos, recién se conocerá eventualmente luego de la verificación de créditos o de la presentación del informe general por parte del síndico, o al fijarse la fecha de inicio de la cesación de pagos (arts. 36, 37, 38, 39, 40, 115, 116, 117, 125, 200, 274 y 275 ley 24.522; Conf. prec. ref.).
2.2. Por otra parte, es dable puntualizar que además de los extremos formales exigidos para el andamiento de la petición de propis quiebra (art. 86 ley 24.522), se encuentran aquéllos que la doctrina denomina sustanciales, los cuales consisten en que el deudor sea un sujeto susceptible de ser declarado en quiebra (art. 2, LCQ), y que concurra el denominado presupuesto objetivo, es decir, la cesación de pagos (art. 1, LCQ) (conf. juris. indicada; HEREDIA, Pablo, “Tratado Exegético de Derecho Concursal”, Abaco, Buenos Aires, 2001, Tomo 3, p. 449), los cuales están presentes en este caso.
2.3. No es ocioso destacar que, al no existir un juicio de antequiebra, esto es un proceso de conocimiento previo a la declaración para probar el estado de cesación de pagos, no es en principio posible en este estadio previo, investigar la multiplicidad de hechos que conforman aquél, ni indagar con profundidad si es veraz la propia confesión del deudor de encontrarse en cesación de pagos, por lo que es improcedente exigirle la acreditación de dicho estado (arts. 84 y 86 ley 24.522; conf. prec. cit.).
De tal modo, la averiguación previa queda acotada a la competencia del órgano judicial, la personería del solicitante, la calidad de sujeto pasible de quebrar y el estado de cesación de pagos (conf. ROUILLON, Adolfo, “Procedimientos para la declaración de quiebra”, Zeus, Rosario, 1982, p. 149/150).
En síntesis, tratándose en la especie de un supuesto de quiebra voluntaria, la ley 24.522 exige la confluencia de los presupuestos sustanciales previstos en los arts. 1 y 2 (el estado de cesación de pagos y la calidad de sujeto concursable), y de los formales contemplados en el art. 86 (entre los que se encuentra la individualización de los bienes que conforman el patrimonio afectado); sin que la omisión de estos últimos pueda impedir la declaración de falencia, conforme lo prescripto en el precepto antes citado.
2.4. Que desde otroángulo, se advierte que la asunción voluntaria de un pasivo desproporcionado con relación a los ingresos -único activo denunciado-, no obsta a la petición de la propia quiebra, ni puede llevar por sí misma a la presunción de que el deudor hace o está haciendo un uso irregular o disfuncional de su derecho a solicitar la falencia (conf. esta Sala, causa 114.077 RSI 137/2011 S 27/09/2011), ya que de seguirse esa línea de pensamiento el juez se podría negar a abrir las quiebras de aquellos deudores donde el activo sea notoriamente insuficiente para atender el pasivo corriente, lo cual sería un absurdo.
2.5. Con tal piso de marcha, observo, en primer término, que en el pronunciamiento apelado del 14/05/2025 no se han individualizado los requisitos establecidos por la legislación falencial que se hallan incumplidos y en segundo lugar, que se aparta del régimen legal vigente que en modo alguno veda el acceso al procedimiento falencial a quien omite los extremos enunciados en el art. 86 LCQ.
Al mismo tiempo, se valora que tampoco puede fundarse el rechazo liminar del pedido de propia quiebra en el incumplimiento de los deberes impuestos al solicitante en la providencia del 13/11/2024 junto a las posteriores del 03/12/2024 y 25/03/2025, consistentes en denunciar los datos completos del locador, y acompañar un informe de dominio del inmueble arrendado y los recibos de pago de los cánones locativos desde el inicio del contrato; toda vez que exorbitan los recaudos sustanciales o formales legalmente previstos (arts. 1, 2, 11 incs. 2, 3, 4 y 5 y 86 ley 24.522).
A ese respecto, cuadra señalar que en el proceso de quiebra normado por la ley 24.522, la determinación de la existencia bienes realizables constituye una valoración que se consuma en una etapa posterior a la declaración de falencia, y no previa o preliminarmente, de acuerdo con lo que afirme el propio peticionante; puesto que eventuales activos realizables no mencionados en la demanda pueden surgir de: a) la investigación que lleve a cabo el síndico (arts. 32, 33, 39, 200 y 275); b) la detección de actos susceptibles de ser revocados (arts. 118 y 119); y c) los que pueda adquirir el fallido hasta su rehabilitación (art. 107), entre otros (conf. prec. cit.).
Por lo demás, la propia denuncia de la cesación de pagos por el deudor habilita la declaración de quiebra, atento el indudable carácter confesorio que posee la demanda instaurada por el propio interesado respecto de la existencia de tal presupuesto objetivo (arts. 78 y 79 inc. 1 ley 24.522; conf. HEREDIA, Pablo, op. cit, p. 205; esta Sala, causa 139415 RR 113/2025 S 19/03/2025).
De ahí que, si como en este caso, el requirente ha informado la inexistencia de bienes inmuebles de su titularidad (ver “ANEXO I.-ACTIVO - ESTADO PATRIMONIAL” del escrito de inicio del 29/10/2024), no es procedente exigir su demostración en esta etapa previa, a los efectos de analizar el estado de cesación de pagos (vgr. mediante la adjunción de un informe acerca del índice de titulares del Registro de la Propiedad Inmueble, o de dominio respecto de un bien en particular); sobremanera en función del reconocimiento de éste por parte del propio interesado (arts. 78 y 79 inc. 1 ley 24.522).
Por último, en cuanto a las irregularidades o inconsistencias mencionadas por el magistrado, es dable aclarar que la eventual transgresión a los deberes de lealtad, probidad y buena fe por parte del deudor y/o su letrado no pueden resultar óbice para el dictado de la sentencia de quiebra, sin perjuicio de la facultad del Juzgador de sancionar tales inconductas, y/o de formular las denuncias correspondientes ante el Colegio de la Abogacía Departamental por infracción a las normas de ética profesional (arts. 34 inc. 5 ap. “d” CPCC; 24, 25 incs. 6, 7 y 10, 28, 31 y cctes. ley 5.177; 1, 6, 14 inc. 3, 32 y cctes. Normas de Ética Profesional del Colegio de Abogados de la Pcia de Bs. As.).
2.6. Que consecuentemente, corresponde revocar la apelada resolución de fecha 14/05/2025, en lo que ha sido materia de recurso y agravios, debiendo en la instancia de origen resolverse la suerte de la pretensión actora con ajuste al criterio que se deja expuesto (arts. 18 Const. Nac; 15 Const. Pcia. Bs. As; 1, 2, 3, 11, 77 inc. 3, 78, 79, 82, 86, 88, 273, 274 y 278 ley 24.522; 34 incs. 4 y 5, 163, 164, 260, 266, 270 y 384 CPCC; esta Sala, causa 140401, del 14/08/2025, RR-422-2025).
2.7. Que en cuanto a las costas de Alzada, deben imponerse en el orden causado, atento el modo en que se resuelve y tratarse de un agravio generado de oficio (arts. 68 y 69 CPCC).
POR ELLO, fundamentos expuestos y oído el Adjunto del Fiscal de Cámaras Departamental el 04/08/2025, se revoca la apelada resolución de fecha 14/05/2025, debiendo en la instancia de origen resolverse el pedido de propia quiebra con ajuste al criterio expuesto. Costas de Alzada por su orden. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Comuníquese al Fiscal y DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia