Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 124984
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.984, "Schenck, Norberto Cayetano. Quiebra contra Schenck, Norberto Cayetano y otra. Nulidad de acto jurídico por simulación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
La Sala II de la Cámara de Apelación del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó las resoluciones de los días 1 y 22 de julio de 2020 dictadas en primera instancia mediante las cuales se regularon los honorarios por las actuaciones profesionales de los letrados y de los peritos intervinientes en este proceso ordinario. Al dejarlos sin efecto y actualizar la base regulatoria procedió a fijar los nuevos honorarios (v. sentencia electrónica de fecha 9-XI-2020).
Se interpuso, por los demandados -Norberto Cayetano Schenck y Lucrecia Schenck-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1-XII-2020).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. En el marco de la quiebra de Norberto Cayetano Schenck, el síndico (contador Castiñeiras) promovió el presente juicio de nulidad de acto jurídico por simulación contra el señor Norberto Cayetano Schenck y contra la señora Lucrecia Schenck, obteniendo sentencia favorable para el proceso falencial.
El magistrado, en su resolución del día 1 de julio de 2020, estando firme la base arancelaria propuesta por la parte actora el día 10 de marzo de 2020, la aprobó en la suma de $199.013.630,96.
Luego fijó los honorarios por la acción de nulidad de acto jurídico por simulación a los abogados Echeverría y Balbuena y a los peritos Alemani, Marino y Odasso; por la excepción de defecto legal resuelta a fs. 300/303, revisada por la Cámara a fs. 322/324, a los abogados Echeverría y Balbuena; por la acción de responsabilidad, a los abogados Echeverría y Balbuena y a los peritos Chuburu y Juárez.
Basó su decisión en las disposiciones de los arts. 9, 16, 21, 27, 28, 41, 47 y concordantes de la ley 8.904; 1.251, 1.255 y concordantes del Código Civil y Comercial; 54, 55, 57 y concordantes de la ley 14.085 y 168, 175, 183, 193, 207 y concordantes de la ley 10.620, reformada por la ley 13.750 (v. resol. de 1-VII-2020).
Este pronunciamiento fue apelado por el letrado Echeverría (patrocinante de la sindicatura) en razón de haberse omitido la regulación de su actuación por el trámite de ciertas excepciones, así como por la falta de actualización de la base regulatoria (v. escritos electrónicos de 8 y 14-VII-2020). También fue apelado por el síndico contador Castiñeiras, por no haber sido regulados sus honorarios en este proceso ordinario (v. escrito electrónico de fecha 8-VII-2020).
Concedida las apelaciones de fecha 22 de julio de 2020 el magistrado desestimó la petición del síndico contador Castiñeiras, estipulando que "…no corresponde la fijación de estipendios del Cdor. Castiñeira, conforme lo indicado en el proveído en crisis, debiendo ser valorada su labor una vez determinados los mismos en el proceso falencial en el cual fue designado".
En el mismo proveído, resolvió la petición del letrado Echeverría de que se regularan los honorarios por la ejecución de sentencia, estableciendo que: "…corresponde hacer saber que la fijación de estipendios en relación a la ejecución de sentencia para los letrados será en la etapa procesal oportuna, es decir una vez vueltos los autos de la Alzada".
Este pronunciamiento fue apelado por el letrado de la sindicatura y por el síndico (v. sendos escritos electrónicos de fecha 29-VII-2020). El letrado Balbuena (de los demandados) apeló todos los honorarios por altos y por violación del art. 1.250 [debe entenderse 1.255] y concordantes del Código Civil y Comercial (v. escritos electrónicos de fechas 31-VII-2020 y 25-VIII-2020). Todas las apelaciones fueron concedidas y se ordenó el traslado de los memoriales.
I.2. Elevadas las actuaciones a la Cámara, esta se abocó al estudio de los agravios planteados por las partes respecto de las resoluciones en las que se habían regulado honorarios, de fechas 1 de julio de 2020 y 22 de julio de 2020, revocándolas para realizar una nueva determinación arancelaria.
I.2.a. Para así decidir y en la medida del recurso interpuesto, fijó en principio que las regulaciones estaban alcanzadas por el decreto ley 8.904 y procedió a modificar la base regulatoria, determinándola al valor actual de la divisa extranjera en la cual se la había calculado en primera instancia, señalando que los porcentajes aplicables incrementarían, por esa circunstancia, los montos a fijarse. Agregó que, por haber apelado los demandados todos los honorarios por altos, cabía analizar el planteo efectuado subsidiariamente por aquellos en torno a la aplicación del art. 1.255 del Código Civil y Comercial.
Así, recordó que esta Corte había establecido en la causa Q. 75.064, "Pallasa" (resol. de 6-XI-2019), con relación al art. 1.255 del Código fondal, que si la aplicación estricta de los aranceles locales conducía a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida el juez podía fijar equitativamente la retribución adecuando los honorarios a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprendían del art. 28 de la Constitución nacional.
Sobre tal plataforma ponderó la labor realizada por los profesionales intervinientes y el valor de los bienes puestos en juego, así como el resultado de sus actuaciones, y concluyó que no se advertía que fuera necesaria la aplicación del precepto en análisis, pues si bien los montos de los honorarios a determinar y la base a tener en cuenta eran de una importante cuantía, no debía perderse de vista que se trataba de un proceso de recomposición del activo falencial que tramitó todas las etapas de un juicio ordinario, incluyendo incidentes e intervenciones de esa Cámara, proceso que -además- se había iniciado en el año 2008.
Señaló también que la sindicatura había obtenido una sentencia favorable a los acreedores, logrando de esa manera que se reintegraran esos altos valores económicos al activo falencial que de manera fraudulenta se habían intentado sustraer del patrimonio del fallido, lo que posteriormente derivó en la conclusión de la quiebra por pago total.
A ello agregó que la actividad profesional desplegada durante más de doce años desde que se había iniciado el proceso, con la cual se habían logrado incorporar a la quiebra bienes de un alto valor económico y se consiguió que los acreedores cobraran sin necesidad de que estos se liquidaran, ameritaba una justa retribución.
I.2.b. Seguidamente admitió el recurso del síndico (v. escrito electrónico de fecha 29-VII-2020) contra la desestimación del señor juez de primera instancia de cuantificar sus estipendios en este proceso ordinario.
El sentenciante destacó que ese magistrado, en las resoluciones de fechas 1 y 22 de julio de 2020, se había limitado a citar el criterio sostenido en una causa de esa Cámara sin explicarle al peticionante el motivo por el cual no justipreciara sus tareas ni tratara sus planteos, lo que rozaba la nulidad.
Añadió a lo expuesto que ese memorado precedente no resultaba aplicable al caso, pues se trataba de un supuesto fáctico distinto, tal como lo argumentó el síndico.
Determinó que el criterio correcto era el que había sostenido esa misma Cámara en el caso "Bories, Bella Azucena s/ Quiebra c/ Bories, Bella Azucena y Ramos Arboleya, Roberto Hugo s/ Revocatoria Concursal" (sent. de 8-V-2018).
Concluyó que de la compulsa de la causa surgía que el síndico -en beneficio de los acreedores- había resultado vencedor en este juicio de recomposición patrimonial conforme la sentencia dictada el día 25 de agosto de 2017 (v. fs. 683/712), en la que se había impuesto la totalidad de las costas a los accionados perdidosos, lo que fue confirmado por ese mismo Tribunal de Alzada que, a su vez, les impuso las costas de la segunda instancia.
II. Se agravian los demandados Norberto Cayetano Schenck y Lucrecia Schenck denunciando la violación del art. 1.255 del Código Civil y Comercial; del decreto ley 8.904; del art. 265 y siguientes de la ley 24.522 y de doctrina legal que citan. Alegan, asimismo, absurdo.
Señalan que se han violado en forma grosera las normas individualizadas al dejar de lado las disposiciones relativas a los mínimos sobre los que se regulan los emolumentos profesionales y las morigeraciones legales, emitiendo una regulación a todas luces exorbitante, confiscatoria y violatoria del derecho de propiedad, entre otros derechos constitucionales.
También se agravian de que la sentencia de Cámara haya fijado una regulación de honorarios para el síndico independiente de la de su letrado patrocinante, lo que produce que al sumar las de ambos profesionales resulte un monto total, a cargo de los demandados, desproporcionado y lesivo de los más elementales derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio.
Ponen de relieve que el Tribunal de Alzada incurre en un error grosero, grave y manifiesto, que contradice expresas e indubitables constancias de la causa que objetivamente llevan a una conclusión opuesta. Agregan que además viola la totalidad de la ley arancelaria vigente al no guardar el honorario relación con una justa retribución. Citan las causas Ac. 35.165 (sent. de 13-X-87) y Ac. 27.358 (DJBA, v. 117, p. 179) en apoyo de su postura.
II.1. Ingresan luego a desplegar cada uno de sus argumentos, mencionando que al expresar agravios habían solicitado la aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 1.255 del Código Civil y Comercial, donde se dispone la morigeración de los honorarios resultantes de la estricta aplicación del decreto ley 8.904.
Se desconforman de que la Cámara haya decidido no actuar la referida norma. Destacan que, si bien numéricamente puede ser cierto que llevan más de doce años de proceso, esa circunstancia no puede ser cargada a los demandados para no aplicar una morigeración necesaria, ya que de las constancias de autos se puede claramente observar que la larga duración del proceso no se les puede endilgar, sino que ha sido de la exclusiva responsabilidad de la parte actora -quien tuvo la tarea de impulsar el procedimiento- pues se observan prolongados períodos de inactividad procesal que sumaron meses enteros. Entienden que esa circunstancia no puede ser utilizada para rechazar el planteo de morigeración, expresamente previsto en las disposiciones del Código Civil y Comercial.
Remarcan que el vicio en el pronunciamiento se produce porque la Cámara sujetó la regulación a los parámetros normales de una regulación cualquiera y que, al aplicarlos sin análisis en conjunto con el resto de la normativa vigente, generó una regulación monstruosa, confiscatoria e ilegal, violatoria del derecho de propiedad, del principio de legalidad y de razonabilidad.
Ponen de manifiesto que el art. 1.255 del Código Civil y Comercial faculta al juez, en los supuestos en que la aplicación estricta de las leyes arancelarias genere una evidente e injustificada desproporción entre los honorarios a regularse y las labores cumplidas, a proceder a establecer los emolumentos profesionales con un parámetro diferente como es el de equidad.
Recuerdan que la totalidad de las regulaciones ascienden a la suma de ochenta y siete millones trescientos mil pesos ($87.300.000) y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un antiguo fallo, destacó que las confiscaciones prohibidas por la Constitución son medidas de carácter personal y de fines personales por las que se desapodera a un ciudadano de sus bienes; y que, en el sentido amplio del art. 17, el apoderamiento de los bienes de otro no puede admitirse sin sentencia fundada en ley. Citan la causa "Manuel Faramiñan c/ Municipalidad de La Plata" (CSJN Fallos: 105:70) en apoyo de su postura.
A ello, agregan que en esa formulación del principio existe una fuerte asociación entre el derecho de propiedad y la prohibición de producir efectos confiscatorios, siendo esta la posición que asume mayoritariamente la doctrina argentina.
Detallan la regulación realizada por el Tribunal de Alzada, la que fue fijada en dieciséis millones quinientos mil pesos ($16.500.000) a favor del síndico por ser el actor en los presentes autos; treinta y dos millones seiscientos mil pesos ($32.600.000) a su letrado patrocinante; igual monto de treinta y dos millones seiscientos mil pesos ($32.600.000) al abogado de los demandados; dos millones doscientos mil pesos ($2.200.000) a la contadora Marino; dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000,) al martillero Alemani; y setecientos mil pesos ($700.000) al martillero Odasso, ante la jubilación del anterior.
Efectúan la suma de esos honorarios para indicar que, de quedar firme la decisión de la Cámara, deberán desembolsar la cantidad de ochenta y siete millones trescientos mil pesos ($87.300.000), a la que debe adicionarse una mayor de dieciocho millones de pesos ($18.000.000) por el Impuesto al Valor Agregado y ocho millones setecientos mil pesos ($8.700.000) por aportes previsionales, todo lo que arroja un importe de $114.333.000, con lo que queda patentizado que lo decidido es violatorio del art. 1.255 del Código Civil y Comercial.
Hacen referencia a las causas Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007); Ac. 116.935, "Comité de Administración" (sent. de 15-VII-2015) y Q. 75.064, "Pallasa" (resol. de 6-XI-2019), para seguidamente señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del precedente "Cantos" en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos aconsejó al Estado argentino "suprimir las normas que impongan cálculos de honorarios desmedidos", generó una profusa jurisprudencia, entre cuyos casos se encuentran los señeros pronunciamientos "Astra" (CSJN Fallos: 331:2550) y "Autolatina" (CSJN Fallos: 331:2550).
Concluyen que la regulación realizada por la Cámara es ilegal, infundada, confiscatoria, atenta con el constitucional derecho de propiedad y con la garantía de legalidad y razonabilidad, por lo que -entienden-, debe ser casada y procederse a regular los honorarios profesionales conforme las pautas correspondientes previstas en el art. 1.255 y concordantes del Código Civil y Comercial.
II.2. Además, se agravian de la regulación de honorarios que el Tribunal de Alzada practicó al síndico en su carácter de actor (por la quiebra) del presente proceso de nulidad de acto jurídico por simulación.
Señalan que en primera instancia el magistrado resolvió, frente al pedido de regulación por el funcionario, que los honorarios le serían regulados en el proceso principal de quiebra en trámite.
Aclaran que este proceso de recomposición del activo falencial fue iniciado por el síndico de la quiebra con el patrocinio letrado del doctor Pablo Francisco Echeverría y que el funcionario judicial como representante de ese juicio universal resultaba ser, necesariamente, quien encabezara las presentes actuaciones, ya que dirige o relaciona el proceso falencial y debe contar con el patrocinio letrado de un profesional del derecho, a quien le corresponde que le sean regulados sus honorarios profesionales por las tareas realizadas.
Indican que el art. 265 de la Ley de Concursos y Quiebras establece que los honorarios de los funcionarios, en este caso el síndico, deben ser regulados en las oportunidades que allí se mencionan, pero la quiebra aún se encuentra en proceso de conclusión por pago total, motivo por el cual los honorarios profesionales del síndico Castiñeira deben necesariamente ser regulados en el momento procesal oportuno y no en este proceso ordinario.
Subsidiariamente, peticionan que, de considerarse la alta estima de las labores realizadas por el funcionario y que por ello deberían ser retribuidas en este proceso, su monto debe ser ajustado a las previsiones del agravio anterior y se las amerite en conjunto con los emolumentos regulados a su letrado patrocinante, de modo que la suma de los dos no alcance niveles inequitativos de arancel.
III. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inician los impugnantes su embate contra la sentencia de la Cámara porque desestimó el planteo de morigeración de los honorarios profesionales regulados al haber sido condenados en costas en la sentencia dictada el día 25 de agosto de 2017, facultad que el art. 1.255 del Código Civil y Comercial otorga a los jueces.
III.1.a. Sostienen que la regulación efectuada es confiscatoria y, por ende, inconstitucional porque se arriba a un monto exorbitante y porque no se ha tenido en cuenta que a la suma de honorarios deben adicionárseles los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y a los aportes previsionales. Por ello entienden que se conculcan sus derechos de propiedad y de defensa en juicio, garantizados constitucionalmente, al no haberse actuado la facultad que contiene el art. 1.255 del Código fondal y morigerado los honorarios.
La Cámara para rechazar ese agravio sostuvo "...si bien los montos de los honorarios a determinar y la base a tener en cuenta son de una importante cuantía, no cabe perder de vista que se trata de un proceso de recomposición del activo falencial, que tramitó todas las etapas de un juicio ordinario, incluyendo incidentes e intervenciones de la alzada y que fue iniciado en el año 2008 (ver cargo puesto en la demanda). Asimismo, la sindicatura obtuvo una sentencia favorable a los acreedores, logrando que se reintegren estos altos valores económicos al activo falencial, que de manera fraudulenta se intentó sustraer del patrimonio del fallido y que, posteriormente, derivó en la conclusión de la quiebra por pago total (ver expte. 26.061)" (el destacado me pertenece).
Para reafirmar su criterio, añadió: "Entonces, la actividad profesional desplegada durante más de 12 años desde que se inició el proceso, que logró incorporar a la quiebra bienes de un alto valor económico y consiguió que los acreedores cobraran sin necesidad de que los mismos se liquidaran amerita una justa retribución".
Frente a ello los recurrentes solo presentan su disconformidad con el fallo adverso sin demostrar a esta Corte la existencia de un vicio lógico en la decisión (conf. doctr. art. 279, CPCC).
Cabe destacar que no ha sido el tiempo que insumió el trámite del proceso el único fundamento de la decisión de la Cámara, pues han sido valoradas otras circunstancias relevantes de las que se desentienden los recurrentes a la hora de demostrar el vicio lógico del absurdo.
Al respecto esta Corte tiene dicho que es insuficiente la crítica del impugnante que, denunciando absurdo, no expone argumentos que persuadan de la falta de lógica en los razonamientos del juzgador, aportando solo su personal interpretación de las constancias de la causa, pero sin refutar -tal era su carga- los fundamentos allí consignados ni demostrar el yerro valorativo denunciado (conf. doctr. causa C. 119.319, "Busso", sent. de 11-II-2016), lo que acontece en la especie.
Agrego que tampoco han logrado demostrar la violación del art. 1.255 del Código Civil y Comercial que denuncian con los argumentos que han esgrimido, lo que provoca la ineficacia del embate (conf. doctr. art. 278, CPCC).
III.1.b. Encuentro que, además, no ha sido demostrada la infracción a la doctrina legal en la que apoyan su postura, ya que esta Corte tiene dicho que, para demostrar la existencia de violación o errónea aplicación de la doctrina legal, no basta con identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctri
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