Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 176165
Lo que resolvió el tribunal
I. Tener por cumplida la medida de mejor proveer y reanudar los plazos que fueron suspendidos (art. 34 inc. 5to del CPCBA).
II. Admitir el recurso de apelación subsidiario y dejar sin efecto la decisión del 13/08/2021.
II. Imponer las costas a los vencidos (arts. 68 y 69 del CPCBA).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 176165. JUZGADO N ° 10.
"PESQUERA COSTA BRAVA SA S/QUIEBRA -CUADERNILLO ART.250 CPC (CONSEJO FEDERAL PESQUERO APELA MEDIDA-PERMISO DE PESCA- BUQUE BONFIGLIO)".
Mar del Plata
AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones caratuladas: " PESQUERA COSTA BRAVA SA S/QUIEBRA -CUADERNILLO ART.250 CPC (CONSEJO FEDERAL PESQUERO APELA MEDIDA-PERMISO DE PESCA- BUQUE BONFIGLIO) " traídas a despacho a fin de resolver el recurso de apelación subsidiario deducido el 22/12/2021, contra la resolución del 13/08/2021.
I. En el auto cuestionado la Sra. Jueza decretó la prohibición de innovar sobre el estado material y jurídico de los permisos de pesca pertenecientes al Buque Pesquero Bonfiglio (matrícula 01234). Asimismo, dispuso que para el supuesto que haya sido dado de baja el permiso éste debía ser reintegrado. Además señaló que los organismos estatales competentes debían abstenerse de tomar cualquier decisión que pudiera afectar el pleno uso de la explotación pesquera del buque.
II. El Consejo Federal Pesquero (en adelante CFP) interpuso recurso subsidiario el 22/12/2021.
Se agravió por el dictado de la medida cautelar.
Señaló que la restricción y la revisión de una actividad administrativa del CFP es competencia de un juez contencioso administrativo de la jurisdicción federal (art. 116 CN; arts. 41y 65 de la Ley 24.922).
Sostuvo que el acto administrativo que dictó el CFP (Acta n° 14/2019), sobre la justificación de la inactividad comercial del buque BONFIGLIO (M.N. 01234), es un procedimiento expresamente previsto por el legislador Nacional, que está firme y pasado en autoridad de cosa juzgada.
Refirió que es un acto impugnable judicialmente, luego de que se agote la instancia administrativa (art. 7 del decreto 748/99). Manifestó que el fuero local no tiene competencia para la revisión, tal como se desprende de la leyes 18.502 y 24.922.
Dijo que la medida cautelar adoptada resultó una invasión de la zona de reserva de la administración, ya que la ley federal citada (art. 28), establece que una vez decretada la falencia, los permisos de pesca se extinguen y la fallida deja de ser la titular de ese permiso. La ley federal determina extinguido el permiso de pesca con el decreto de quiebra. Argumentó que Pesquera Costa Brava S.A. debió considerar la cuestión que se suscitó respecto a los permiso de pesca mucho antes de solicitar su propia quiebra. Señaló que la sindicatura actuante debió haber aconsejado sobre los efectos de extinción que produciría la falencia sobre el permiso de pesca.
Memoró que la Resolución CFP Nº 4/2010, vigente al momento de dictarse la decisión contenida en el Acta CFP N° 14/2019, dispone que los titulares de permisos de pesca de buques comercialmente inactivos, en los términos del Artículo 28 de la Ley Nº 24.922, deberán presentar sus solicitudes de justificación de inactividad comercial dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos a partir de la fecha de la última jornada cumplida con actividad comercial, debiendo elevarlas de acuerdo a las modalidades del artículo 4º de la presente, bajo apercibimiento de considerarse injustificada dicha inactividad (art. 1º) y suspenderse el despacho a la pesca de la embarcación (art. 2).
A su vez, recordó el mecanismo que se debe seguir una vez presentada la solicitud de justificación de inactividad comercial: la Dirección Nacional De Coordinación Pesquera debe elaborar un informe circunstanciado, se lo eleva la autoridad de aplicación al CFP (art. 6º) y éste es quien evalúa y resuelve si es justificada o no la falta de operación comercial (art. 7º).
Afirmó que la concursada debió pedir la justificación de la inactividad comercial antes del vencimiento del plazo de 180 días sin operar y que la entonces locataria Walior S.A. tampoco cumplió con este requisito en tiempo y forma, ya que su presentación fue extemporánea, según surge del informe previo elaborado por la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922, y del Acta CFP N° 14/2019.
Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de cualquier norma del procedimiento concursal que sea interpretada como un obstáculo para la procedencia de cualquiera de los recursos interpuestos, por resultar violatoria del derecho que le asiste para obtener una resolución de las cuestiones federales planteadas, derecho de defensa en juicio y debido proceso.
Los agravios fueron contestados: el 31/01/2022 por el Dr. Esparza (en representación de la fallida), el 02/02/2022 por el Dr. Gallego (en representación de Wailor SA) y el 03/02/2022 por la sindicatura.
III. El recurso merece prosperar.
El permiso de pesca es una figura o institución del derecho administrativo en cuya virtud se puede adquirir el "uso" de bienes integrantes del dominio público (Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, Tomo V, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, ps. 397 y sstes). Se trata de "...habilitaciones otorgadas a los buques para acceder al caladero" (art. 28 de la ley 24.922), que conllevan la asignación de una cuota de captura a cada permiso (art. 27 ley 24.922).
La Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca de la Nación (hoy Ministerio de Agricultura y Pesca) es la autoridad de aplicación (art. 6 de la ley 24.922) y es la encargada de autorizar los permisos de pesca que previamente apruebe Consejo Federal Pesquero (inc. d del art. 7 de la ley 24.922)
El Consejo Federal Pesquero, además de tener a cargo la aprobación de los permisos de pesca comercial y experimental (inc. d art. 9 ley 24.922), tiene como función la evaluación de las posibles causales de caducidad de los permisos y está obligada a declararlos caducos cuando se presenten las distintas situaciones previstas por la ley (art. 28 de la ley 24.922).
Ambas autoridades administrativas tienen el poder de policía sobre la administración y control de los recursos vivos del mar. Son atribuciones dadas por la Ley Federal Pesquera la n° 24.922.
En el caso, el Consejo Federal Pesquero a través del Acta n° 14/2019 decidió por unanimidad declarar injustificada la inactividad comercial del buque Bonfiglio (matrícula 01234). La justificación había sido peticionada el 03/08/2018 por la locataria y armadora del buque, la sociedad Wailor SA. Se declaró caduco el permiso de pesca el 06/06/2019, en función de lo normado por el art. 4 ap. c de la Resolución 4/2010.
El 13/08/2021 la magistrada de la instancia de origen avanzó sobre prerrogativas que eran competencia exclusiva del Consejo Federal Pesquero y decretó la prohibición de innovar sobre el estado material y jurídico del permiso de pesca perteneciente al buque Bonfiglio. Señaló que para el supuesto de que el permiso haya sido dado de baja, debía ser reintegrado. Además indicó que no se podía afectar el pleno uso de la explotación pesquera del buque Bonfiglio.
Nuestro Máximo Tribunal Nacional en la causa "Recurso de hecho en Fernández de Balbiano, Esther c/Costa Brava SRL", sentencia del 27/05/2004 (F. 142. XXXVIII) tuvo oportunidad de resolver una situación que guarda analogía con la que aquí se contempla. El caso involucró al mismo buque Bonfiglio y se refirió a la intromisión de los jueces en las atribuciones que la ley 24.922 le ha asignado a la Secretaría, Ganadería y Pesca.
En líneas generales allí se explicó que un juez no tiene facultades para decretar medidas cautelares con virtualidad para suspender, evitar o anular el ejercicio de potestades atinentes a la Secretaría, Ganadería y Pesca, que detenta el poder de policía.
Como corolario de lo anterior, el planteo de inconstitucionalidad y los demás agravios que cuestionan el recurso intentado quedan desplazados, por haber perdido virtualidad y por caer bajo la órbita de lo abstracto.
Por ello, corresponde hacer lugar al recurso subsidiario en tratamiento y dejar sin efecto la medida precautoria dispuesta el 13/08/2021.
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 34, 36, 161, 243, 246 y cctes. del C.P.C., RESOLVEMOS:
I. Tener por cumplida la medida de mejor proveer y reanudar los plazos que fueron suspendidos (art. 34 inc. 5to del CPCBA).
II. Admitir el recurso de apelación subsidiario y dejar sin efecto la decisión del 13/08/2021.
II. Imponer las costas a los vencidos (arts. 68 y 69 del CPCBA).
IV. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967)
V. Registrar el presente y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2023 09:17:39 - CATALDO Rodrigo Hernán - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 10:10:52 - GEREZ Ruben Daniel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 12:54:39 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 11/05/2023 13:37:22 hs. bajo el número RR-250-2023 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia