Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"CTS CIA.TRASPORTADORA SUPER S.A S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE PAGO DE CREDITOS SUBROGADOS SOLICITADO POR AGUAS DANONE DE ARGENTINA S.A"
La Plata, 26 de Junio de 2019.
I. El letrado apoderado de la incidentista "Aguas Danone de Argentina S.A." interpone recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó el de inaplicabilidad de ley articulado, en razón de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC; v. fs. 465/476 y 459/461, respectivamente).
En el caso, la Cámara interviniente -haciendo lugar al recurso de la sindicatura-, admitió su cuestionamiento en contra de la pretensión de cobro de dividendos concursales por cesión de créditos laborales y subrogación en los derechos de los trabajadores, peticionada en su momento por la citada incidentista en la quiebra C.T.S. Cía. Transportadora Super S.A. (386/390 vta. y 426/429 vta.).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos de propiedad y debido proceso (arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; v. fs. 466 vta./467 vta., 468/469 vta., 472 vta./473 vta. y 474 vta.).
II.1. Sostiene que -contrariamente a lo decidido por esta Corte- su parte ha cumplido con la correcta fundamentación de la vía extraordinaria local, atacando punto por punto los errores que cometió la Cámara en su pronunciamiento. Y asegura que allí transcribió los párrafos y los comentó en detalle, señalando las incongruencias y contradicciones cometidas, por lo que cuestiona que este Tribunal haya considerado que se desentendía de las razones expuestas por el a quo (v. 473 y vta.).
II.2. Aduce que este Tribunal, reproduciendo textualmente lo expuesto por el Tribunal de Alzada, reconoce que en el caso de los créditos cedidos bastaría verificar la legalidad de los instrumentos. Ello implica -a su entender- que se debería haber dispuesto el pago de dichos créditos con la sola verificación del recaudo aludido (v. fs. 473 vta.).
II.3. Alega que, el pronunciamiento objetado es arbitrario desde que -según su opinión- prioriza los meros formalismos y la voluntad del juez por sobre los derechos de propiedad y debido proceso, garantizados por la Constitución nacional (v. fs. 474 vta.).
II.4. Asevera, por fin, que esta Suprema Corte no atendió siquiera mínimamente los argumentos de su representada que explican que decidió no verificar los créditos eventuales, perdiendo la posibilidad de reclamar la solidaridad con la fallida, optando por tomar -cesión o subrogación mediante- los créditos de los trabajadores, sin reclamar en esta quiebra la posición de acreedor.
Así, concluye que una cosa es ser acreedor de la fallida y otra distinta es ser cesionario o subrogante en los derechos de los acreedores de esa fallida (v. fs. 475).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 477), el mismo fue contestado por la sindicatura (v. fs. 478/484 vta.).
IV.1. Liminarmente, cabe recordar que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación del derecho común y procesal local (en el sub lite , el análisis efectuado por la Cámara respecto a la necesidad de verificación concursal de los créditos reclamados por la incidentista y la suficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad ley para desestimar esa decisión, art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal.
En estos caso, deviene particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el presente, toda vez que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la presente vía (doctr. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59 y 310:405; entre otros; arts. 14 y 15, ley 48).
IV.2. En lo relativo a la arbitrariedad denunciada con base en las causales de falta de fundamentación suficiente, rigorismo formal, omisión de cuestiones y apartamiento de las constancias de la normativa aplicable, tampoco se observa que se formulen razones bastantes que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15, cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (CSJN Fallos: 313:493; 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentren satisfechos en la especie.
IV.3. En lo que atañe a la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; v. fs. 466 vta./467 vta., 468/469 vta., 472 vta./473 vta. y 474 vta.), no abastece el medio de impugnación formulado, puesto que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 118.431, "Perlberger", resol. de 6-VIII-2014; C. 116.629, "Olhaberry de Agrazar", resol. de 11-XI-2015, C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia