Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124097
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1.790). Con costas.
C. 124.097 "JOCKEY CLUB MAR DEL PLATA S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE CONCURSO Y QUIEBRA S/ RECURSO DE QUEJA"
I. Conforme surge de las constancias acompañadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de un incidente en la quiebra del Jockey Club Mar del Plata, en lo que aquí interesa destacar, desestimó la forma de liquidación propuesta por los acreedores laborales y dispuso la liquidación del bien mediante subasta pública (v. fallo de fecha 6-XI-2019, en archivo adjunto a la queja).
A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación departamental rechazó la queja por apelación denegada intentada por el mandatario de los ex trabajadores de la quebrada, al considerar que la sentencia impugnada no escapaba a la regla de la inapelabilidad prevista en el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 y tampoco excedía el curso normal y ordinario del proceso, ya que las cuestiones referidas a la conveniencia, modo y oportunidad en que debían realizarse los bienes de la fallida caían en la órbita exclusiva del juez de grado y, por lo tanto, resultaban irrevisables por el Tribunal de Alzada (v. pronunciamiento de fecha 13-II-2020 adjuntada a la queja).
Dicho fallo fue impugnado por el apoderado de los trabajadores mediante los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley, siendo denegadas tales vías con sustento en la falta de definitividad de la decisión impugnada (v. escritos de fecha 4-III-2020 y resol. de 23-VI-2020). Ello motivó la articulación de la presente queja ante esta sede (art. 292, CPCC; v. presentación electrónica de fecha 7-VII-2020).
II. Al respecto -y más allá de otras observaciones que podrían realizarse en relación a la queja presentada-, corresponde señalar que sin perjuicio de la cuestión relacionada con el requisito de la definitividad del pronunciamiento atacado (art. 278, CPCC), lo cierto es que de acuerdo con la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte constituye un presupuesto y, por ende, una exigencia previa -de análisis de admisibilidad- en esta clase de procesos concursales el asunto referido a la recurribilidad de la sentencia puesta en crisis (causas C. 119.630 "Clínica Privada Regional S.A.", resol. de 1-VII-2015; C. 120.850 "Estévez", resol. de 21-IX-2016; C. 121.949, "Moliendas Pergamino S.A.", resol. de 7-III-2018; C. 122.494, "Jockey Club Mar del Plata", resol. de 27-VI-2018).
Dentro de este orden de ideas, tiene dicho esta Corte que la ley 24.522 instaura un régimen propio en materia de medios de impugnación, estableciendo como regla general la inapelabilidad de las resoluciones dictadas en el proceso concursal o en una quiebra. Este principio, sentado en el art. 273 inc. 3 de la ley citada, apunta a impedir que la celeridad y agilidad de los trámites del concurso se vean perturbadas a través de la articulación de recursos que sólo persiguen una impropia demora en el desarrollo normal de los presentes obrados (causa C. 112.930, "La Previsión Cooperativa de Seguros Limitada", resol. de 16-III-2011; C. 117.299, "Carosone", resol. de 21-XI-2012; C. 121.949, C. 122.494, cits. y C. 123.720, "Pavon", resol. de 26-II-2020).
De ahí que sólo en casos muy especiales puede ceder la regla legal de la inapelabilidad de las resoluciones recaídas en los procesos concursales y quiebras contemplado en la referida ley y, consiguientemente, la posibilidad de revisión de las decisiones recaídas en el marco de un concurso o quiebra reviste carácter excepcional (causas C. 96.636, "Pantano", sent. de 12-VIII-2009; C. 101.423 "Martinenghi", sent. de 16-IX-2009; C. 121.663, "Italpapelera S.A.", resol. de 29-VIII-2017; C. 121.949, C. 122.494 y C. 123.720, cits.).
Así, en el sub lite , en que se desestimó la forma de liquidación propuesta por los acreedores laborales, no se exponen circunstancias que habilitarían la configuración de un supuesto de excepción a la regla establecida por el citado art. 273 inc. 3 de la ley 24.522, cuestión que resulta previa y no se advierte que pueda ser soslayada (causas C. 101.872, "Matrax S.R.L.", sent. de 14-IV-2010; C. 116.996, "Vilcom S.R.L.", resol. de 17-X-2012; C. 121.949 y C. 122.494, cits.). En consecuencia, a la luz de la citada normativa específica, la decisión deviene irrecurrible (art. 273 inc. 3, ley 24.522), tal como fuera anticipado por el a quo al desestimar la queja.
Finalmente, y si bien se alega la supuesta vulneración de garantías constitucionales, invocando la afectación de los derechos consagrados en los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, 8.2"h" de la Convención Americana de Derechos Humanos, 5 y 8 del convenio n° 173 de la OIT, ratificado por la ley 24.285 (v. págs. 6, 11, 13/15 de la presentación electrónica del 7-VII-2020), lo cierto es que -en el marco referenciado- no se advierten expuestos argumentos suficientes que permitan avizorar - prima facie - la existencia de una relación directa e inmediata entre las normas federales denunciadas y las cuestiones concretas debatidas y resueltas en el presente caso (art. 15, ley 48; causas C. 120.460, "Thomas", resol. de 22-XII-2015 y C. 120.520, "Usuarios y Consumidores Unidos", resol. de 11-II-2016 y C. 122.494, cit.).
En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de hecho traído (arts. 273, ley 24.522, 292, CPCC y Acordada 1.790).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1.790). Con costas.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y archívese por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2020 17:36:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2020 18:11:17 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 18:22:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 08:37:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2020 09:07:25 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/10/2020 16:49:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/10/2020 14:35:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia