Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 127850
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO : Se revoca la resolución apelada y se ordena el levantamiento del embargo de los haberes del quebrado lo cual tendrá efecto retroactivo a partir de la décimo tercera retención ya que dicho levantamiento debe efectivizarse luego de haberse realizado retenciones sobre el salario por el período de 12 meses (arts. 106, 107, 234, 236, 238, ley 24.522). Se imponen las costas de Alzada por su orden en atención a cómo se resuelve (arts. 68, CPCC; 278, ley 24522).
127.850 FITTIPALDI CARLA ROMINA S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)
La Plata, 20septiembre de 2022.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1.Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente el 16/5/2022 contra la resolución de fecha 11/5/2022, en cuanto rechaza la solicitud de levantamiento de embargo postergándola hasta tanto se encuentre desinteresado el único acreedor verificado y cumplido con los aportes respecto del letrado patrocinante de la fallida. La fundamentación recibió contestación del síndico el día 11/6/20220. El Fiscal de Cámaras presentó su dictamen el 26/8/2022.
2. En ajustada síntesis refiere el apelante que el desapoderamiento tiene su fin con la sentencia que dispone la rehabilitación, por lo que habiendo sido dictada la misma en fecha 27/05/2020, debe automáticamente procederse al levantamiento del embargo y que lo expuesto no tiene relación alguna con la suficiencia o no del activo falencial para hacer frente al pasivo verificado y a los gastos del concurso.
3. A fin de resolver la cuestión planteada hemos de recordar que, en materia concursal, la inhabilitación constituye un efecto personal de la quiebra.
En líneas generales, alude a la idea de una imposibilidad para ejercer ciertos derechos o acciones o para desarrollar cierta actividad o ejercer ciertos cargos, que se hallan explicitados en el artículo 238 de la ley 24.522. No tiene un fin represivo sino que tiende a tutelar el crédito y la seguridad del tráfico mercantil (Junyent Bas-Molina Sandoval, “Ley de Concursos y Quiebras”, T. II, Segunda Edición, Abeledo Perrot, 2009, pag. 482).
Tal efecto personal –inhabilitación- tiene relación directa con el efecto patrimonial más importante que ocasiona la declaración de la quiebra: el desapoderamiento. Ello así, pues el artículo 107 de la ley 24.522 prescribe que el fallido queda desapoderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha de la sentencia de quiebra y de los que adquiera hasta su rehabilitación.
Por tal motivo, el cese de la inhabilitación, además de las consecuencias personales sobre el quebrado, produce un importante efecto patrimonial ya que implica la liberación del deudor respecto de los saldos insolutos, puesto que si todos los bienes que ingresan al patrimonio del fallido mientras no está rehabilitado son aplicados al pago de las deudas concursales (arts. 106, 107 y sigtes., ley 24.522), los bienes adquiridos con posterioridad a la rehabilitación no quedan sometidos a la liquidación falencial.
Asimismo, cabe señalar que, como principio general, la inhabilitación del deudor quebrado persona humana tiene el plazo de duración de un año computado a partir de la sentencia de quiebra (arts. 234, 236, ley 24.522).
Dable es señalar además que si bien el artículo 236 de la ley 24.522 establece que la inhabilitación del deudor fallido persona humana cesa de pleno derecho al año de la sentencia de quiebra es lo cierto que en la práctica se requiere de una resolución judicial que decrete el cese al solo efecto de certificar el plazo y, eventualmente, determinar si el mismo debe prorrogarse por haber sido sometido el quebrado a proceso penal. Dicha resolución –que es meramente declarativa- se dicta previa vista al síndico y libramiento de oficio al Registro Nacional de Reincidencia para que informe la existencia de procesos penales en curso contra el fallido (doct. y art. 236, 3 párr., LCQ; esta Sala, causa 124.511, RR 149/21, sent. int. del 30-12-2021).
En el caso el cese de la inhabilitación del fallido operó el 4/2/2020, es decir al año de la sentencia de quiebra, pues si bien la resolución respectiva se dictó el 27/5/2020 la misma tiene efecto declarativo como se puntualizara.
Por lo expuesto podría válidamente colegirse que habiéndose decretado el cese de la inhabilitación correspondería que se ordene el levantamiento del embargo a partir de allí, ya que ello implica el cese del desapoderamiento respecto de los bienes adquiridos con posterioridad.
Sin embargo, cabe tener presente en el análisis que sobre la temática en cuestión esta Sala ha tenido oportunidad de establecer en casos análogos al presente, en relación concreta con la duración del embargo decretado en la quiebra sobre los haberes del deudor, que como tal medida comenzó a hacerse efectiva meses después de la sentencia de quiebra y no en forma inmediata a su declaración, disponer su levantamiento con efecto retroactivo a la fecha de aquélla contraría lo normado en la ley concursal, pues del juego armónico de los artículos 106, 107, 234 y 236 de la ley 24.522, el desapoderamiento del quebrado persona humana –como principio y como se dijo en esta resolución- tiene el plazo de duración de un año desde la declaración de la quiebra. Es por ello que se dispuso que dicho levantamiento debía hacerse efectivo a partir del depósito décimo tercero efectuado en la quiebra por el empleador del fallido, pues resolver de otra manera implicaría afectar los derechos de los acreedores concursales quienes sólo pueden percibir sus créditos de los bienes sujetos a desapoderamiento, activo que en dichos casos –como en el presente- se encontraba exclusivamente conformado por los haberes del deudor, los que corresponden sean incautados por el plazo de duración de la inhabilitación que en este caso es de 1 año (arts. 106, 107, 234, 236, 238, ley 24.522; esta Sala causa 121.079, RSD 13/19, sent. int. del 14/2/2019; 124.511, RR 149/21, sent. int. del 30/12/2021).
Ahora bien, se aprecia en la hipotesis que a pesar de haberse dispuesto el cese de la inhabilitación, el juez ordenó en el decisorio atacado que el embargo sobre los haberes del quebrado debía mantenerse. Dicho tópico constituye el motivo del recurso en tratamiento.
Precisamente, el embargo sobre el 20% de los haberes del recurrente implica la incautación de dicho activo el cual se haya sujeto a desapoderamiento hasta la rehabilitación, pues aquí dicha medida no reviste carácter cautelar –como sí lo es la inhibición, la cual debe mantenerse hasta la conclusión de la quiebra- (arts. 106, 107, 177, 236, 238, ley 24.522).
Por lo expuesto siendo que el cese de la inhabilitación del deudor implica el cese del desapoderamiento respecto de los bienes adquiridos con posterioridad, cabe levantar el embargo decretado sobre su salario luego de haberse efectivizado retenciones sobre el mismo por el período de 12 meses (arts. 106, 107, 234, 236, 238, ley 24.522).
Es que resulta improcedente posponer el levantamiento solicitado, pues ello implica la incautación de un dicho activo que no se halla sujeto a desapoderamiento y por lo tanto no compone la masa activa de la presente quiebra (arts. 242 CCNN; 106, 107, ley 24.522).
POR ELLO : Se revoca la resolución apelada y se ordena el levantamiento del embargo de los haberes del quebrado lo cual tendrá efecto retroactivo a partir de la décimo tercera retención ya que dicho levantamiento debe efectivizarse luego de haberse realizado retenciones sobre el salario por el período de 12 meses (arts. 106, 107, 234, 236, 238, ley 24.522). Se imponen las costas de Alzada por su orden en atención a cómo se resuelve (arts. 68, CPCC; 278, ley 24522). REG NOT DEV
Fin de la sentencia