Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 117939
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe desestima la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1790).
El depósito efectuado según copia de fs. 14 queda perdido para el recurrente, debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002, modificada por Resolución 870/2002.
C. 117.939 "Podestá, Carlos Alberto. Quiebra".
//Plata, 23 de diciembre de 2013.
AUTOS Y VISTO:
1. Conforme surge de las constancias acompañadas, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea confirmó el pronunciamiento del Juez de grado quien, a su turno, removió al martillero y corredor público Luis Ángel Mascaró como enajenador en los presentes autos (fs. 9/13 vta. y 4 respectivamente).
Frente a lo así resuelto, el citado profesional interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, planteando la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 14.141, modificatoria del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, aduciendo que la actualización allí dispuesta resulta violatoria de la ley 23.928. Asimismo, invocó que la mentada ley provincial restringía ilegítimamente el acceso a la justicia, desconociendo los arts. 3, 15 y 161 de la Constitución Provincial, 16 y 18 de la Constitución Nacional (fs. 15/22). De conformidad con dicho argumento, adjuntó boleta de depósito por la suma de $2.500, correspondiente al importe a depositar según la redacción anterior del mencionado artículo 280 (fs. 14).
La alzada concedió el recurso, rechazó la inconstitucionalidad introducida e intimó al impugnante a acreditar, en el término de cinco días, el depósito de la suma de $ 16.300 -en concepto de integración-, bajo apercibimiento de declarar desierta la vía extraordinaria incoada (fs. 23/24). Contra dicha resolución el martillero interpuso revocatoria –a la que denominó in extremis - (fs. 25/28), que resultó desestimada por la Cámara (fs. 29/31). Finalmente, no habiendo el interesado efectuado la integración del depósito requerida, el a quo hizo efectivo el apercibimiento fijado y declaró la deserción del recurso extraordinario deducido (fs. 32), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, C.P.C.C.; fs. 34/37).
2. Cabe señalar, respecto a la tacha de inconstitucionalidad de la ley 14.141 por contemplar un mecanismo de actualización prohibido por la ley 23.928 que, conforme surge de los fundamentos de la normativa impugnada, el principal objetivo que persiguió la reforma a los arts. 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial es restablecer el rol que le compete a esta Corte manteniendo el carácter extraordinario de su intervención. En tal sentido, allí se expresó que tal modificación pretendía no sólo actualizar el monto, sino también incorporar un instrumento que permita su fijación automática en términos de valor, a fin de evitar que la ley deba ser modificada en cada oportunidad en que el mismo resulte desvirtuado por vicisitudes económicas. A esos efectos se fijó el valor del litigio y el depósito previstos en los artículos citados, en relación al valor del Jus arancelario. Así, el valor de un Jus, conforme la pauta prevista en el art. 9 del decreto-ley 8.904/1977, representa el uno por ciento (1%) de la remuneración total asignada al cargo de Juez letrado de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires.
Ello no implica la actualización, reajuste o indexación que prohíbe la ley 23.928 citada -texto según ley 25.561-, toda vez que tanto la summa gravaminis como el depósito previo, en cuanto presupuestos de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley, no pueden considerarse comprendidos en la previsión de su artículo 10, aplicable a las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios (conf. doct. A. 71.957, resol. del 18-IX-2013).
3. Además, en cuanto a las restantes transgresiones constitucionales denunciadas, cabe recordar que tiene dicho reiteradamente este Tribunal, que el cumplimiento de la cuestionada carga no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce del recurso de inaplicabilidad de ley con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (conf. doct. Ac. 98.938, resol. del 8-VII-2008; Ac. 98.851, resol. del 16-IX-2009), ni tampoco la exigencia vulnera las garantías de defensa en juicio ni de la igualdad ante la ley (conf. doct. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 88.197, resol. del 29-XII-2004; Ac. 91.363, resol. del 2-III-2005; Ac. 98.851, cit.; C. 108.800, resol del 28-V-2010).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doct. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, resol. del 20-IV-2005; Ac. 98.851, cit.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doct. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 88.682, resol. del 29-XII-2003; Ac. 98.851, cit.).
A lo expuesto cabe adunar, en cuanto a los argumentos expuestos referidos a que el aumento del importe a depositar constituye un obstáculo insalvable para acceder a la instancia revisora (v. fs. 16 vta.), que las disposiciones procesales permiten al impugnante, en el supuesto de verdadera falta de recursos, demostrar judicialmente su situación y litigar sin carga pecuniaria en materia de gastos causídicos (conf. doct. Ac. 94.854, resol. del 7-III-2007; Ac. 100.443, resol. del 19-III-2008) y así poder acudir a la instancia extraordinaria obviando el recaudo procesal mencionado (conf. doct. Ac. 105.470, resol. del 10-XII-2008; Ac. 98.851, cit.), opción que no se manifiesta haber utilizado en el caso.
En tales circunstancias, la deserción decretada por la alzada por no haberse satisfecho íntegramente el depósito del art. 280 referido, resulta ajustada a derecho.
4. Finalmente, debe agregarse que no se aprecia en el caso la existencia - prima facie - de un agravio federal que suscite la apertura de la instancia extraordinaria, toda vez que del embate subyacen denuncias referidas a la interpretación y aplicación de derecho procesal que denotan que no se encuentra involucrada de manera directa e inmediata, una cuestión federal (Fallos: 310:1542; 325:2192, 1145; Ac. 94.512, resol. del 18-IV-2007; Ac. 102.965, resol. del 27-II-2008).
POR ELLO, se desestima la queja traída (art. 292 cit. y Acordada 1790).
El depósito efectuado según copia de fs. 14 queda perdido para el recurrente, debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la Resolución 425/2002, modificada por Resolución 870/2002.
Regístrese, notifíquese, ofíciese y archívese.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA JUAN CARLOS HITTERS
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Fin de la sentencia