Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122306
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por cumplida en término la intimación dispuesta a fs. 2354.
2Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68; 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
"LA PERELADA S.A. S/QUIEBRA (PEQUEÑA)"
La Plata, 13 de Febrero de 2019.
I. Agréguese la presentación de fs. 2355/2356 vta. y téngase por cumplida en término la intimación de fs. 2354.
II. La apoderada de la concursada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que declaró mal concedido el de inaplicabilidad de ley interpuesto, en virtud de resultar irrecurrible la decisión del a quo a la luz de lo normado por el art. 273 inc. 3 de la ley 24.522 (v. fs. 2340/2352 vta. y 2333/2335, respectivamente).
En el marco del presente proceso falencial, la Cámara interviniente confirmó lo resuelto por el magistrado de origen que, a su turno, había decretado la quiebra indirecta de la concursada, en razón de que había vencido el período de exclusividad sin que aquella hubiera presentado las conformidades que exigía la ley 24.522 (v. fs. 2269/2271 vta. y 2309/2312).
III. En la vía ahora intentada, la recurrente funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de los derechos constitucionales de propiedad, defensa en juicio y debido proceso (arts. 14, 17, 18, 31 y 75 inc.12 de la Const. nac.; v. fs. 2343, 2344 vta., 2345 vta./2346, 2348 y vta. y 2349/2352).
III.1. Denuncia que esta Corte desestimó -contrariando su propia doctrina y apartándose, tanto de la normativa aplicable, como de las constancias de la causa- el recurso deducido, sin valorar que el presente caso, por su manifiesta gravedad, escapa de la regla de la inapelabilidad establecida en el art. 273, inc. 3 de la Ley de Concursos y Quiebras. Ello por cuanto, afirma que la quiebra indirecta decretada por las instancias anteriores en grado, le causa a su mandante un perjuicio de imposible reparación ulterior (v. fs. 2344/2346).
Y alega, que dicha postura implica -a su modo de ver- una infracción a los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y colisiona con el principio de equidad (v. fs. 2345 vta./2346 vta.).
III.2. Sostiene, asimismo, que la decisión de este Tribunal que rechazó -mediante afirmaciones dogmáticas y con exceso ritual manifiesto- el remedio local intentado, vulnera las garantías constitucionales de su representada, así como el precedente de la Corte federal "Colalillo" (CSJN Fallos: 238:550; v. fs. 2348 vta. y 2349/2352).
En tal sentido, expone que la resolución objetada omite tratar los hechos del caso y se aparta de las constancias de la causa, en tanto despreció absurdamente -según su modo de ver- las circunstancias particulares que demostraban que la emergencia y el desastre agropecuario denunciados imposibilitaron y obstaculizaron no sólo el desarrollo productivo, sino también la posibilidad de obtener la totalidad de las conformidades de los acreedores a fin de arribar en tiempo oportuno al acuerdo preventivo (v. fs. 2346/2349).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 2353), el mismo fue contestado por el Síndico (v. fs. 2355/2356 vta.).
V.1. Liminarmente, corresponde señalar que las cuestiones relativas a la interpretación y aplicación del derecho común y procesal (en el sub lite , la apelabilidad de las decisiones dictadas en un proceso de quiebra; art. 273 inc. 3, ley 24.522), son privativas de los tribunales locales y ajenas -como regla y por su naturaleza- a la competencia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48; CSJN, Fallos: 310:405; 325:2192; 328:3878 y 330:4770; e.o.).
En razón de ello, en estos supuestos deviene particularmente exigible que la apelación cuente respecto de los agravios que la originan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de una hipótesis especial, lo que no ocurre en el caso, en tanto los argumentos de la recurrente sólo trasuntan su personal discrepancia con los de la sentencia atacada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo que respecta a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, autocontradicción, apartamiento de la solución normativa y de las constancias de la causa, exceso ritual y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, no se observa la exposición de razones que - prima facie ponderadas- autoricen la concesión del remedio incoado (doctr. art. 15 cit.).
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133, entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493, entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones de la impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para declarar mal concedido el carril local, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, ley 48).
V.3. Tampoco se advierte un apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación invocados por la interesada (v. fs. 2348), toda vez que las circunstancias allí juzgadas no pueden asimilarse a las planteadas en el presente proceso.
V.4. Resta indicar que la mera denuncia de la supuesta vulneración de normas constitucionales (derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso; arts. 14, 17, 18, 31 y 75 inc. 12 de la Const. nac.; v. fs. 2343, 2344 vta., 2345 vta./2346, 2348 y vta. y 2349/2352), así como la simple mención del precedente del Tribunal federal "Colalillo" (v. fs. 2348 vta.), no abastece el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 120.886, "Servicios Integrados Bahía Blanca S.A.", resol. de 25-X-2017; C. 121.556, "Muller", resol. de 12-IX-2018, entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por cumplida en término la intimación dispuesta a fs. 2354.
2. Denegar el recurso federal interpuesto, con costas (arts. 68; 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia