Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 122432
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener por no presentados los escritos de fs. 140/149 y 152/160 vta. y 2) denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
La Plata, 11 de Septiembre de 2019.
I. La sindicatura -con patrocinio letrado- deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que desestimó la queja por denegatoria de los de nulidad e inaplicabilidad de ley, por no reunir las citadas vías deducidas los requisitos esenciales -falta de legitimación- (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812; v. fs. 78/98 y 73/75, respectivamente).
En el caso, en el marco de la quiebra del Banco Platense S.A., la Cámara interviniente hizo lugar a la impugnación articulada por el Comité de Acreedores y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada en la instancia anterior -que había resuelto aplicar lo dispuesto en el art. 224 de la ley 24.522 y destinar los fondos caducos correspondientes a los Proyectos de Distribución Complementarios n° 1 y 2 al fomento de la educación común-, por considerar que el pronunciamiento apelado importaba, en síntesis, un quebrantamiento de la cosa juzgada (v. fs. 1/4 y 16/19).
II. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, igualdad, debido proceso y propiedad (arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 31; Const. Nac.; 8.1, CADH; v. fs. 85 vta./86, 87/90 vta., 93, 94 vta./95).
II.1. Sostiene que en el caso de marras se plantea una cuestión federal suficiente. Ello por cuanto, la sentencia en crisis apartándose de la solución normativa aplicable, resolvió en contra de lo peticionado al ponderar -erróneamente, según su modo de ver- que la Sindicatura carecía de legitimación para recurrir y, en consecuencia, confirmó el fallo del a quo -que también tachó de arbitrario- vulnerando, así, los derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y propiedad (v. fs. 85 vta., 90 vta./91, 93 y vta. y 95/96).
En tal sentido, expone que su parte ostenta un legítimo interés ello en razón de que fue su propio actuar ante la instancia de origen al solicitar la caducidad de los fondos no percibidos y que los mismos sean afectados al destino previsto por el art. 224 de la Ley de Concursos y Quiebras, lo que motivó la comparecencia ante esta Corte (v. fs. 85 vta./86 vta.).
Asimismo, asevera, que la resolución atacada le ocasiona un perjuicio concreto, actual y personal, en tanto a partir del hecho se ve obligada por el órgano jurisdiccional a realizar indefinidas distribuciones de fondos caducos reingresados a la quiebra por la sola voluntad del juzgador para su distribución entre aquellos acreedores que hubieran percibido sus acreencias. Y denuncia, que dichas tareas engloban una labor no prevista por el régimen concursal e importan un esfuerzo y dedicación personal sin derecho a retribución alguna por haber sido ello así decidido en los autos de la quiebra (v. fs. 89 vta./90 vta. y 91 vta./94 vta.).
II.2. Cuestiona, además, que esta Corte haya considerado que el Estado Nacional se había desinteresado de los fondos caducos de los cuales era beneficiaria. Afirma que dicha presunción es inválida dado que es necesario un acto de voluntad expreso al respecto mediante un acto administrativo, el cual no existe en autos (v. fs. 92 vta.).
II.3. Denuncia, finalmente, que la decisión en crisis es arbitraria en tanto, por un lado, al amparo de una declaración de inconstitucionalidad que -entiende- deviene inaplicable a los proyectos de distribución en cuestión, soslayó aplicar la normativa prevista para el caso y, por el otro, omitió -dogmáticamente, según su modo de ver- dar respuesta a las argumentaciones y cuestiones tratadas y expuestas en el escrito de impugnación (96 vta./97 vta.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 106), el mismo fue contestado por el veedor doctor Busetto (v. fs. 140/149 -soporte digital impreso- y 152/160) y por los representantes del Comité de Acreedores (v. fs. 162/170 y escrito electrónico de fecha 25-VI-2019).
En relación a las piezas de fs. 140/149 y 152/160 vta., cabe destacar que es doctrina legal reiterada de este Tribunal que carecen de eficacia las presentaciones de escritos fuera del órgano que correspondiere (conf. doctr. causas C. 120.323, "Perera", resol. de 30-III-2016; C. 121.279, "Aita", resol. de 8-III-2017; C. 121.663, "Italpapelera S.A", resol. de 6-VI-2018 y C. 122.022, "Szabady", resol. de 13-III-2019; e.o.). En razón de ello y lo que surge de los cargos de fs. 149 y 160 vta., se las tiene por no presentadas, reputándoselas inoficiosas a los fines regulatorios (arts. 1 y 11, segundo párrafo, Arg. arts. 11 Ac. 4/07, CSJN; 124 y 257, CPCCN).
IV.1. Respecto de la vía federal intentada, corresponde señalar que las cuestiones de hecho y prueba y las referidas a la interpretación del derecho común y procesal local (en el presente, la legitimación de la Sindicatura para deducir las vías recursivas locales intentadas y la aplicación de la figura prevista en el art. 31 bis de la ley 5.827) no justifican -por regla y naturaleza- la habilitación de la instancia federal, por lo que en estos casos resulta particularmente exigible que la apelación cuente, respecto de los agravios que la originan, con fundamentos suficientes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial; situación que no se advierte en el caso en el que los argumentos del recurrente no constituyen más que una diferencia de opinión, insuficiente como tal para habilitar la vía federal (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 249:530; 250:373; 267:59; 310:405; entre otros).
IV.2. En lo que hace a la denuncia de arbitrariedad, con base en las causales de dogmatismo, omisión de cuestiones, apartamiento de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, tampoco se observan motivos que - prima facie valorados- sean suficientes para abrir la competencia invocada.
En efecto, el propio Superior Tribunal de la Nación tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad posee carácter excepcional y no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia, se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (doctr. CSJN, Fallos: 323:4028; 329:2206 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (CSJN Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493; entre otros).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes fundamentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, extremos que -como se anticipara- no se encuentran satisfechos en la especie, toda vez que las razones del impugnante no constituyen más que una discrepancia con el criterio sustentado por este Tribunal para desestimar la vía de hecho intentada, insuficiente -como tal- para acceder a la instancia federal (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
IV.3. Asimismo, cabe apuntar que la simple denuncia de la pretendida vulneración de garantías constitucionales y convencionales (derechos de defensa en juicio, igualdad, debido proceso y propiedad; arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 31; Const. Nac.; 8.1, CADH; v. fs. 85 vta./86, 90 y vta., 93, 94 vta./95), no abastecen el medio de impugnación formulado, dado que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 120.647, "Automotores Colcam", resol. de 28-XII-2016; C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 121.760, "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 122.575, "Álvarez", resol. de 19-XII-2018; C. 121.352, "Erramouspe", resol. de 10-IV-2019; entre otros).
IV.4. Resta agregar, que tampoco se advierte la exposición de motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida con base en la doctrina de la gravedad institucional, por cuanto la misma constituye un supuesto excepcional, que no se repara configurado en el caso (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. fs. 86, 87/89 vta., 90 vta.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Tener por no presentados los escritos de fs. 140/149 y 152/160 vta. y 2) denegar el recurso federal deducido, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese, notifíquese y archívese.
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
CARLOS ENRIQUE CAMPS
Secretario
Registrada bajo el n°
Fin de la sentencia