Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 121813
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 121.813, "Ripoll. José María s/ Quiebra", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, Genoud.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata modificó parcialmente la resolución de la magistrada de origen, ordenando que en la primera instancia se estableciera el valor de mercado del bien inmueble objeto de la obligación de hacer a favor de la acreedora Guillermina Rosa Salgado por la división de condominio. A su vez, fijó el interés aplicable al crédito por honorarios de los letrados Villarreal y Venditto a la tasa activa de descuentos que percibiera el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Se interpuso, por el fallido, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En el marco de la quiebra del señor José María Ripoll, habiendo intentado el fallido obtener la conclusión por avenimiento y pago total, la jueza de primera instancia resolvió las impugnaciones planteadas por aquel al informe del Síndico de fs. 793/795. En esa decisión se admitió solamente la referida a la tasa de interés respecto del crédito por honorarios de los letrados en un juicio incidental de familia que se estableció en la tasa pasiva que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, siguiendo la doctrina de esta Corte en la causa "Ginossi", y ordenó al fallido que en el plazo de quince días depositara una determinada suma de dinero -de acuerdo con el informe del Síndico con la modificación establecida en ese pronunciamiento- para hacer frente al pago total de los créditos con más intereses y así concluir la quiebra.
Este pronunciamiento fue apelado, por un lado, por la acreedora Guillermina Rosa Salgado; y, por el otro, por los abogados Villarreal y Venditto (v. fs. 829 y vta.). En su memorial, la primera cuestionó la suma de dinero que se determinó para el pago de la obligación de hacer (división del condominio de un inmueble). En el mismo escrito los segundos -letrados- se agraviaron impugnando los intereses fijados respecto de sus créditos (v. fs. 884/889). Las expresiones de agravios de los tres acreedores fueron repelidas por el fallido (v. fs. 891/896 vta.).
I.2.a. La Cámara modificó la decisión de primera instancia respecto de la acreedora Guillermina Rosa Salgado, cuyo crédito constituye una obligación de hacer ordenada en la sentencia dictada en autos "Salgado, Guillermina Rosa c/ Ripoll, José María s/ División del condominio" respecto del inmueble objeto de ese litigio. El crédito derivado de tal juicio fue verificado y motivo del incidente de revisión en el concurso del ahora fallido. La acreedora se agravió ante la Cámara (v. fs. 829 y vta.) por haberse dispuesto en primera instancia la conversión de esa obligación de hacer en una suma de dinero que no consideró representativa de su porcentaje en el condominio inmobiliario. El Tribunal de Alzada admitió la impugnación y ordenó que en la instancia de origen se efectuara una tasación del inmueble, objeto del juicio de división de condominio, para establecer el valor de mercado y poder concluir la quiebra con el depósito del 50% del valor que esa tasación arrojara, para así poder tener por saldada esa obligación, si bien dejó a salvo la posibilidad de que las partes involucradas pudieran arribar a otra solución.
El sentenciante fundó su decisión en que de mantenerse el monto incorporado en la tasación obrante a fs. 553/556 vta. en los autos "Salgado, Guillermina Rosa c/ Ripoll, José María s/ División de condominio" que tenía a la vista, producida por el Martillero y Corredor Público Germán Maranta, este resultaba a todas luces insuficiente para ser considerado un pago total que diera lugar a la conclusión por avenimiento y que se produciría el enriquecimiento sin causa del señor Ripoll en perjuicio de la acreedora, por el solo hecho de su condición de fallido, sin ninguna apoyatura legal.
I.2.b. También la Cámara se pronunció sobre los agravios de los abogados Osvaldo Luján Villareal y Patricia Alicia Venditto (desplegados en el mismo escrito de expresión de agravios presentado por la señora Salgado), quienes verificaron sus créditos por honorarios adeudados por el fallido solicitando la aplicación de intereses a tasa activa.
En la resolución de fs. 812/817, apelada por los profesionales, se había dispuesto acatar la doctrina establecida en la causa "Ginossi" y, por lo tanto, liquidar los accesorios a la tasa que pagara el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, la que se había ratificado en la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015) y, con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, en la causa B. 62.488, "Ubertalli" (sent. de 18-V-2016).
Para revocar esa decisión y ordenar la aplicación de la tasa activa para operaciones de descuento del Banco de la Provincia de Buenos Aires, describió el contenido de los incisos "a" y "b" del art. 54 de la ley 8.904. Concluyó que el primero de ellos -que contemplaba la revaluación por depreciación monetaria- no era de aplicación pues estaba en pugna con los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Respecto del segundo de los incisos, que disponía como alternativa al primero la tasa activa para operaciones de descuentos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, recordó que en esta Corte provincial -a través de las épocas y sucesivos pronunciamientos- se había determinado, por mayoría, no aplicar la tasa activa porque esta contenía un componente destinado a compensar la depreciación monetaria, por lo que era más adecuada la tasa pasiva, criterio que se había reafirmado, también por mayoría, en la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015).
Sin embargo, el sentenciante se apartó de esa doctrina por entender que carecía de calidad y eficacia para ser aplicada al caso desde la vigencia del Código Civil y Comercial, pues los arts. 552 (sobre deuda de alimentos), 1.381 (sobre las condiciones de los contratos bancarios) y 771 (sobre las facultades judiciales para recudir intereses o el resultado que provoque su capitalización), demostraban que se había consagrado la aplicación de la tasa activa de interés, la que en modo alguno equivalía a actualizar, reajustar, indexar o repotenciar el débito y que no podía entenderse lo dispuesto en esos artículos como una infracción a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928.
II. Se agravia el recurrente denunciando la violación de los arts. 163 inc. 6, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 19, 36, 37 y 127 de la ley 24.522 y de doctrina legal.
II.1. Se desconforma de que la Cámara haya determinado una nueva tasación del inmueble que fue el objeto del juicio de división de condominio. En su argumentación hace referencia al art. 19 de la ley 24.522 que dispone la conversión de las deudas no dinerarias en moneda de curso legal, haciendo mención de que el art. 127 de ese mismo ordenamiento legal -que transcribe- adopta idéntica solución: la conversión en dinero, pero a la fecha de la declaración de quiebra o a la del vencimiento si fuera anterior. Agrega que el importe del crédito fue verificado adquiriendo el efecto de cosa juzgada de conformidad con el art. 37 y que, al decretarse la quiebra, el Síndico había procedido a la reexpresión del pasivo con sus intereses a la fecha del auto de quiebra de conformidad con el art. 202, decisión que -señala- fue consentida por la acreedora. Citan doctrina de autor en apoyo de su postura y fallos de la Corte federal sobre interpretación de la ley.
Afirma que la decisión de la Cámara que dispone una nueva determinación del capital del crédito de la acreedora Salgado importa una violación de la preclusión procesal y de la cosa juzgada, afectando el principio de congruencia, la garantía de la propiedad y la defensa en juicio.
Sostiene que la solución negociadora -que también dispuso la Cámara- pone en evidencia lo tardío de la decisión, que había sido propuesta por el propio recurrente y rechazada, lo que derivó en años de trámite, ya que ese crédito fue el que impidió levantar la quiebra mucho tiempo antes.
Destaca que es absurda la decisión del Tribunal de Alzada que consideró que el crédito resultaba inferior al supuesto valor de mercado, al tomar en cuenta una tasación inmobiliaria para arribar a una solución que no se obtuvo por la anterior negativa de la acreedora y de la Cámara. Agrega que surge de las constancias de autos que el inmueble está intrusado y en estado de abandono.
II.2. Continúa su impugnación sosteniendo que el reconocimiento de la tasa de interés para las operaciones de descuento, que fija el art. 54 inc. "b" de la ley 8.904, es violatoria del art. 10 de la ley 23.928 y del art. 4 de la ley 25.561.
Señala que las tasas activas tienen como componentes el costo del dinero en el sistema bancario, los impuestos, cargas, el gasto bancario y la ganancia financiera, los que las hacen totalmente desproporcionadas en relación a los que el litigante civil accede y que generan, por el mero transcurso del tiempo, un perjuicio adicional al patrimonio, violatorio de derechos constitucionales.
Pone de relieve que la decisión adoptada por la Cámara transgrede doctrina legal de esta Corte sentada a partir de la causa A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015) y reafirmada en la causa C. 120.660, "Diez" (resol. de 21-XII-2016).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Se desconforma el recurrente de que el sentenciante haya ordenado que, en la instancia de origen, se efectuara una nueva valuación del inmueble (Matr. 146.671, La Plata, Circ. IX, Secc. N, Manz. 14, Parc. 14-n) a precio de mercado, con el objeto de que el fallido deposite el 50% del monto que determine la tasación para poder así disolver el condominio que tiene con la acreedora Salgado y lograr el avenimiento.
A los efectos de resolver este planteo es necesario recordar que la acreedora Guillermina Rosa Salgado es condómina del fallido en el inmueble que componía el condominio resuelto; que aquella inició el juicio de división de condominio obteniendo sentencia firme para que finiquite la comunidad y que el fallido intentó sin éxito, en ambas instancias durante el trámite de la quiebra, la realización del bien en forma privada evitando el público remate.
El agraviado denuncia la violación de la preclusión y de la cosa juzgada, pues entiende que por el art. 127 de la ley 24.522 el crédito de la señora Salgado se convirtió en una suma de dinero al decretarse la quiebra y que esa decisión ha quedado firme para ella y para el recurrente. También se duele de que se fijara la tasa de interés activa para el crédito de los letrados Villarreal y Venditto.
III.2. Pues bien, conforme emerge de la reseña efectuada, en forma previa a la solicitud del fallido de que se disponga el avenimiento -persiguiendo de ese modo que se concluya el proceso por el método mixto de avenimiento y pago total- en el decisorio de fs. 812/817 vta. se hizo lugar parcialmente a las impugnaciones efectuadas por el fallido. Tal resolución que fue apelada a fs. 829 y vta. por la señora Guillermina Rosa Salgado y los doctores Osvaldo Luján Villarreal y Patricia Alicia Venditto.
El art. 225 de la ley 24.522 regula una de las formas de conclusión de la quiebra, el "avenimiento", y dice: "Presupuesto y petición. El deudor puede solicitar la conclusión de su quiebra, cuando consientan en ello todos los acreedores verificados, expresándolo mediante escrito cuyas firmas deben ser autenticadas por notario o ratificadas ante el secretario. La petición puede ser formulada en cualquier momento, después de la verificación, y hasta que se realice la última enajenación de los bienes del activo, exceptuados los créditos" (el destacado me pertenece).
La acreedora Salgado y sus abogados, por sus respectivos créditos, se han quejado de la resolución de fs. 812/817 -como bien surge del memorial de apelación de fs. 855 (quinto párrafo)- lo que implica que no existe la conformidad de todos los acreedores para obtener el avenimiento tal como lo exige la norma.
Este error de trámite llevó a la jueza de primera instancia a que diera curso a la apelación interpuesta por la acreedora, a pesar de advertir la irrecurribilidad de las resoluciones que establece el art. 273 inc. 3, sin pronunciarse sobre un concreto y razonable fundamento de tal decisión (v. fs. 854).
El pronunciamiento ha provocado que se suspenda el trámite de la quiebra y se demore la realización de los bienes desapropiados debido a que no había conformidad de todos los acreedores.
Es necesario recordar que la ley 24.522 (art. 273 inc. 3) instaura un régimen propio en materia de medios de impugnación, estableciendo el principio de inapelabilidad de las resoluciones, salvo las excepciones que la ley prevé expresamente y que no fueron expuestas en el decisorio en el cual se hiciera lugar a la apelación. Este principio tiene por finalidad impedir que la celeridad del trámite se vea perturbada por la articulación de recursos que solo persiguen una impropia demora en el desenvolvimiento normal del proceso (conf. doctr. causas C. 101.423, "Martinengh", sent. de 16-IX-2009 y C. 105.799, "Turri", sent. de 14-IX-2011).
Por otro lado, la Cámara no advirtió que faltaba la conformidad de acreedores y por lo tanto no se había alcanzado el avenimiento. La falta de acuerdo de todos los acreedores expresados en el expediente provoca la reanudación del trámite de la quiebra, de conformidad con el art. 226 de la ley 24.522, en el que se habían presentado las conformidades de alguno de los acreedores, quienes cumplieron el trámite del art. 225 (segundo párrafo).
La falta de conformidad al avenimiento de los acreedores Salgado, Villareal y Venditto -no advertida- permitió resolver la cuestión de fondo.
Ahora bien, aquí se ha desvirtuado el mecanismo del avenimiento, convirtiéndolo en una disputa entre fallido y acreedor que fue sometida a la decisión de la Cámara cuando la resolución de primera instancia fue recurrida y el trámite de apelación fue dispuesto por la sentenciante en la instancia, sin mencionar que se hubiera configurado en el caso alguna de las excepciones a este principio.
Arribados los autos a esta instancia, encuentro que está en juego el patrimonio de los acreedores, a quienes se les permitió defenderse de la solución adoptada por la jueza de primera instancia. Retrotraer el proceso, a esta altura, implicaría agravar su situación.
III.3. Ingresando entonces a poner fin a esta disputa debemos tener presente que el art. 127 de la ley 24.522 dispone: "Prestaciones no dinerarias. Los acreedores de prestaciones no dinerarias, de las contraídas en moneda extranjera o aquellos cuyo crédito en dinero deba calcularse con relación a otros bienes, concurren a la quiebra por el valor de sus créditos en moneda de curso legal en la REPUBLICA ARGENTINA, calculado a la fecha de la declaración o, a opción del acreedor, a la del vencimiento, si este fuere anterior".
Tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo antes transcripto surge que la suma reconocida a la acreedora por la obligación de hacer es de $55.927 que debería abonar el fallido para lograr el avenimiento, a la que deberían adicionársele los intereses correspondientes, como fue establecido en la resolución de fs. 812/817.
Pues bien, en la Sección V titulada "Efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular" no hay regulación acerca de la división de un condominio sobre un inmueble, pero el art. 159 establece lo siguiente "Casos no contemplados: reglas. En las relaciones patrimoniales no contempladas expresamente el juez debe decidir aplicando las normas de las que sean análogas, atendiendo a la debida protección del crédito, la integridad del patrimonio del deudor y de su empresa, el estado de concurso y el interés general" (el destacado me pertenece).
Nos enfrentamos así a la disyuntiva de mantener la suma verificada y firme de conformidad con el art. 127 o efectuar una nueva valuación del inmueble, como lo dispuso la Cámara.
Debe tenerse presente que la acreedora tiene una sentencia a su favor dictada en el expediente "Salgado, Guillermina Rosa c/Ripoll. José María s/ división de condominio", en la cual se declaró la disolución de la comunidad.
Considero, asimismo, que la acreedora debe percibir lo que se ha dispuesto por la resolución de fs. 815/817 y proceder a ejecutar la sentencia que tiene a su favor, para así percibir la diferencia que le corresponda en razón del 50% que posee en el inmueble en condominio, pues es la única forma de que su derecho al inmueble sea reconocido, dado que tiene una deuda de valor.
Encuentro así que la última solución es la más justa a la protección del crédito, pues no quiebra el balance entre los condóminos, ya que esa tasación debe representar lo que en el mercado se obtendría de producirse la venta del inmueble -que seguramente sería una cifra superior a la que se le reconoce a la acreedora de $116.123,21- y que de no producirse permitiría que luego de concluida la quiebra el fallido vendiera el inmueble a precio de mercado, obteniendo una ventaja por aplicación exegética del art. 127 de la ley 24.522 en perjuicio de la acreedora que de no existir la quiebra no hubiera ocurrido.
Es dable recordar que esta Corte ha protegido el derecho de propiedad estableciendo para los inmuebles valores a la fecha más próxima a la sentencia, respetando así el derecho de propiedad y una tutela judicial efectiva que se perdería ante el transcurso del tiempo, al reconocer el alza del precio de aquellos (v. causas C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010; C. 100.908, "Ormaechea", sent. de 28-X-2015; e. o.).
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la parcela del pronunciamiento de Cámara que ha sido atacada.
III.4. En cambio, prospera el agravio respecto de la tasa de interés aplicable al crédito por honorarios.
Surge prístino que el Tribunal de Alzada se ha desentendido de la doctrina legal en la materia.
En efecto, debe receptarse el planteo relacionado con la aplicación de la tasa de interés, por cuanto ha manifestado este Superior Tribunal -por mayoría en las causas A. 71.170, "Isla" (sent. de 10-VI-2015); C. 107.702, "Arriaga" (sent. de 15-VII-2015, en lo que respecta a la decisión de fondo) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016)- que los intereses deben calcularse exclusivamente sobre el capital mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (conf. arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), lo que motiva el progreso del cuestionamiento traído (conf. causas C. 120.159, "Garay", resol. de 21-XII-2016; C. 120.182, "Kociancich", resol. de 5-IV-2017 y C. 122.322, "Wagner", resol. de 3-V-2018; e. o.).
Por lo tanto, ante casos sustancialmente análogos se recepta el agravio planteado por el recurrente (conf. arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General se hace parcialmente lugar al recurso extra
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.