Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124962
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, desestimar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
C. 124.962 "CIFUENTES MARCELO SAUL S/ QUIEBRA (PEQUEÑA)"
I. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la solución de origen que, a su turno, decretara la quiebra de Marcelo Saúl Cifuentes al encontrar acreditados los extremos legales para su declaración (v. sentencias de fecha 6-VIII-2020 y 8-IV-2021).
II. Frente a ello, el letrado apoderado del fallido vencido interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 27-IV-2021).
III. El intento anulativo, mediante el cual se denuncia omisión de cuestión esencial e infracción al art. 171 de la Constitución provincial, no puede prosperar, en atención a lo resuelto por este Superior Tribunal en casos sustancialmente análogos (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC).
III.1. Ha manifestado esta Corte -en reiteradas oportunidades- que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que provoca la nulidad de la sentencia no es aquélla en la que la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente, pues lo que sanciona con nulidad el art. 168 de la Constitución provincial es la falta de respuesta a una cuestión esencial por descuido o inadvertencia del juzgador y no la forma en que ésta fue resuelta (conf. doctr. causas C. 119.798, "Rodríguez", resol. de 10-VI-2015; C. 120.588, "Faienza", resol. de 30-III-2016; C. 121.486, "Poy", resol. de 23-V-2017; entre muchas).
Además, se ha dicho que temáticas esenciales son aquéllas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que el fallo debe atender para la solución del litigio y no las que las partes consideren como tales. En virtud de ello, los argumentos de derecho o de hecho en los que los contendientes sustentan su pretensión, no revisten aquel carácter, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todos los temas esenciales no conlleva la de seguir a los litigantes en todas sus argumentaciones (conf. doctr. causas C. 120.221, "Parisi", resol. de 2-XII-2015; C. 120.744, "Del Vasto", resol. de 15-VI-2016; C. 121.440, "Agroservicios El Sauce S.R.L.", resol. de 23-V-2017; entre tantas).
Sentado ello, cabe destacar que una atenta lectura del fallo en crisis deja advertir que la temática esencial, vinculada con violación de la cosa juzgada, ha sido abordada expresamente sólo que en sentido desfavorable para el interesado (v. pág. 14 de la solución atacada). En consecuencia, las manifestaciones relacionadas con dicho tópico, se erigen en un cuestionamiento al acierto jurídico de la sentencia, los que resultan extraños a la vía intentada, pues reposan sobre el mérito de la decisión (v. págs. 22 del escrito recursivo; conf. doctr. causas C. 119.851, "Fernández", resol. de 17-VI-2015; C. 119.932, "Varela", resol. de 1-VII-2015 y C. 120.728, "Macovoz", resol. de 29-VI-2016; e. o.).
III.2. Finalmente, la misma suerte debe correr la mera denuncia de violación a la garantía consagrada por el art. 171 de la Constitución provincial (v. págs. 21 del recurso) toda vez que ella sólo se produce cuando la sentencia carece de fundamentación jurídica, faltando la referencia de los preceptos legales pertinentes, circunstancia que no se configura en el caso, ya que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (v. págs. 11/29 de la sentencia cuestionada; conf. doctr. causas C. 119.237, "Giorgini", resol. de 3-VI-2015; C. 120.618, "Wichser", resol. de 29-VI-2016; C. 121.304, "L. M., R. C.", resol. de 8-III-2017; e. v.).
Lo expuesto, basta para desestimar este canal extraordinario (arts. 31 bis y 298, cits.).
IV. Abordando el restante remedio intentado, a través del cual se denuncia el vicio de absurdo, infracción a los arts. 273 inc. 4 y 278 de la ley 24.522; 238, 239, 240, 241, 242 incs. 2 y 3, 243, 244, 248, 249, 251, 253 sigs. y concs. del Código Procesal Civil y Comercial; 32 inc. 6 de la ley 9.020; 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 8 apdos. 1 y 2, 11, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 apdos. 1, 2 y 3, 17, 19 apdo. 3 inc. "a" y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 6 incs. 1 y 2, 11 inc. 1 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales; se anticipa que éste tampoco puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
IV.1. Ha sostenido este Tribunal -reiteradamente- que quien afirma que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo, anticipa una aserción cuya demostración debe luego llevar a cabo. El incumplimiento de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. causas C. 119.531, "Chirichimo", resol. de 4-III-2015; C. 120.072, "Rivara", resol. de 9-III-2016; C. 120.223, "Equity Trust Compañy (Argentina) SA", resol. de 23-V-2017; entre otras), tal como se verifica en el caso (art. 279, cit.).
En efecto, los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en su sentencia de fecha 8 de abril de 2021 que -a la luz de las constancias obrantes en la causa- le permitieran confirmar el pronunciamiento de primer grado y, en consecuencia, mantener la declaración de quiebra, en tanto se halla acreditado en la especie el estado de cesación de pagos del deudor (v. págs. 11/28), no logran ser conmovidos por los escuetos reproches expuestos en las págs. 22/26 del embate. Pues bien, su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la ponderación del material fáctico, la carga de la prueba, el estado patrimonial y la exigibilidad de los créditos insinuados), se desentienden de aquél dado por el a quo , limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el iter lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializándose el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para desestimar esta parcela impugnativa y permite, además, descartar las infracciones normativas indicadas en la pág. 1 de la articulación bajo estudio (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.2. Por último, tampoco puede atenderse la aducida transgresión a las garantías constitucionales y a los Tratados internacionales que se expresan en la referida pág. 1 del escrito electrónico, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo del interesado -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Habiéndose planteado agravios desestimados por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazar el recurso extraordinario de nulidad (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812 y 298, CPCC) y 2) ante la insuficiente fundamentación, desestimar su par de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:11:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 16:53:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 09:49:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/02/2022 12:30:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 14:49:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/02/2022 14:05:28 hs. bajo el número RR-24-2022 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia