Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 126544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°4 del Departamento Judicial de Quilmes.
C. 126.544 "B. I. J. L. S/ QUIEBRA(PEQUEÑA)"
I. El señor J. L. B. I. peticionó, el 22 de noviembre de 2022 y ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°4 del Departamento Judicial de Quilmes, su declaración de quiebra. En punto a la competencia, señaló que la misma surge de su domicilio real denunciado -sito en calle … … n°… de la localidad de Bernal, partido de Quilmes- y de lo establecido en el art. 3 inc. 1 de la ley 24.522 (v. Sist. Augusta: trámite: "Demanda se presenta", de fecha 22-XI-2022 y PDF adjs.).
El magistrado interviniente, al advertir que de la documentación adjunta surge que el peticionante registra su domicilio en … … … n°… de la localidad de Gerli, partido de Avellaneda, ordenó vista al señor agente fiscal. El interesado aclaró que allí habita su cónyuge -de la cual se encuentra separado de hecho- y sus tres hijas y que, luego de la separación, él lo hace en el domicilio denunciado de Bernal. A fin de acreditar sus dichos, acompañó la declaración jurada presentada ante su trabajo, de fecha 22-IX-2022, y ofreció prueba testimonial (v. trámites: "Proveído" de fecha 23-XI-2022; "Manifestación formula", de fecha 24-XI-2022 y PDF adj. y "Copia de escrito en papel...", de fecha 25-XI-2022, PDF adj.).
Seguidamente, el juez se declaró incompetente para intervenir. Argumentó para ello que la declaración jurada de domicilio es un instrumento privado, no apto para acreditar dicha circunstancia y que es el Registro Nacional de las Personas -regulado por la ley 17.671- el organismo que cuenta con atribuciones para registrar los cambios de situación. Adicionó que, conforme surge del art. 47 de la citada norma, la edad y el último domicilio anotados en el documento nacional de identidad son -a su modo de ver- los únicos válidos y que todas las personas de existencia visible o sus representantes legales, están obligados a comunicar el cambio de domicilio, dentro de los treinta días de haberse producido la novedad. Asimismo, explicó que no se encuentra previsto por la ley concursal, en los supuestos de presentación de la propia quiebra, ofrecer información sumaria testimonial ya que el cambio de domicilio registrado en el documento nacional de identidad es el que establece la competencia. Fundó su postura en la citada ley 17.671 y en los arts. 3 inc. 1 de la ley 24.522 y 73 del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente agregó que, al ser el ámbito falencial de orden público, no se admite la prórroga de jurisdicción, citó antecedentes de las Cámaras de Apelaciones provinciales del fuero y ordenó la remisión de los presentes a la Receptoría General de Expedientes de Avellaneda-Lanús, a fin del sorteo de rigor (v. trámite: "Interlocutoria registrable", de fecha 1-XII-2022).
Tal decisión fue apelada por el peticionante y confirmada, luego, por el Tribunal de Alzada departamental (v. trámites: "Recurso de apelación se interpone", de fecha 12-XII-2022; "Recurso de apelación se provee", de fecha 15-XII-2022, "Memorial presenta" de 26-XII-2022 e "Interlocutoria registrable", de fecha 7-III-2023).
A continuación, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°3 -con asiento en Avellaneda- del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, que resultó desinsaculado (v. trámite: "Receptoría oficio de respuesta", de fecha 5-IV-2023), no aceptó la atribución endilgada. Ello, al entender que existen elementos serios que respaldan los dichos del compareciente en torno a su domicilio actual. Así, recalcó que la declaración jurada -de fecha anterior al pedido de quiebra- efectuada ante Oficial Público dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires resulta suficiente para que prevalezca ante el domicilio consignado en el Registro Nacional de las Personas. Adicionó que el fallido es un sujeto comprendido en los términos del art. 1 de la ley 24.240, norma que -al igual que su par de concursos y quiebras- posee carácter de orden público. Detalló que el art. 3 de aquella ley dispone que, en caso de duda sobre la interpretación de los principios que allí se establecen, prevalecerá la más favorable al consumidor. En consecuencia, a fin de resolver la contienda negativa de competencia suscitada, elevó los autos a este Tribunal (v. trámite: "Competencia se resuelve", de fecha 3-V-2023).
Tal el conflicto a dirimir (art. 161 inc. 2, Const. prov.).
II. Liminarmente, es pertinente comenzar por recordar que las normas que regulan la competencia en materia de concursos son de orden público y las expresas disposiciones de la ley establecen de modo indubitable, que juez habrá de conocer en el juicio universal (CSJN Fallos: 315:316; 339:1336; 340:1663; entre otros).
Así, conforme con lo preceptuado por el art. 3 de la ley 24.522, corresponde intervenir en el concurso de las personas de existencia visible -hoy persona humana, según el Código Civil y Comercial de la Nación- al juez del lugar de la sede de la administración de sus negocios; a falta de éste, al del lugar del domicilio (conf. art. 3 inc. 1, cit.; causa C. 126.247, "Rivelli", resol. de 31-V-2023).
Asimismo, el art. 73 del Código de fondo establece que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual y que, si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. Luego, el art. 77 del mismo cuerpo legal, estipula que el domicilio puede cambiarse de un lugar a otro y que dicha modificación se verifica instantáneamente, por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a otro con ánimo de permanecer en ella.
En tales condiciones y atento al estado de autos -sin perjuicio de no haberse producido la testimonial ofrecida, tendiente a ratificar tal extremo- corresponde estar a lo expuesto por el peticionario en su escrito inaugural y su presentación aclaratoria, en cuanto a que su domicilio real se encuentra en el partido de Quilmes; dato -este- coincidente con lo declarado ante el Ministerio de Seguridad, destacamento Dock Sud -donde presta servicios- (arts. 11 inc. l, ley 13.982/09 y 36, dec. regl. 10.502/09), con anterioridad al inicio de estos obrados (v. trámites: "Demanda se presenta", de fecha 22-XI-2022 y PDF adjs.; "Manifestación formula", de fecha 24-XI-2022 y PDF adj.; "Recurso de apelación se interpone", de fecha 12-XII-2022 y "Memorial presenta" de 26-XII-2022). Máxime cuando la escasa distancia entre ambos departamentos judiciales intervinientes en la presente contienda y la actitud del presentante no permiten presumir una intención evasiva por parte del presunto fallido de crear un domicilio ficticio, a fin de entorpecer o dificultar la acción de los acreedores (doctr. CSJN, Fallos: 328:1797 y causa 3057/2015 "Monti", sent. de 15-X-2015).
Con apoyo en tales pautas, corresponde declarar que resulta competente el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes (conf. art. 3 ley 24.522; doctr. causas C. 55.637, "Paschero", sent. de 6-IX-1994; Ac. 102.836, "Alba", resol. de 7-V-2018; Ac. 104.608, "Lopez Pereyra", resol. de 22-X-2008 C. 113.449, "Kozakiewicz", resol. de 9-XII-2010; C. 115.138, "Martin", resol. de 19-X-2011; C.116.717, "Lis", resol. de 6-VI-2012 y 125.947, "Capurro", resol. de 19-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para intervenir en estas actuaciones al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n°4 del Departamento Judicial de Quilmes.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/09/2023 09:09:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 14:06:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/09/2023 16:43:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/11/2023 20:44:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/11/2023 14:12:46 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/11/2023 13:58:16 hs. bajo el número RR-680-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia