Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 28283-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar la decisión del T.F.N. en cuanto fue materia de agravio por su parte;
2Remitir los autos a la instancia de origen, a fin de que se pronuncie expresamente sobre las restantes cuestiones planteadas, y
3Distribuir las costas de esta instancia en el orden en que fueron causadas, con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II particular atención en la forma en que se resuelve (cfr. arts. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N. y 197 de la L.P.T.).
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Expte. Nº 06647/2021.-
///nos Aires, 26 de abril de 2022.- JMVC Y VISTOS: para resolver estos autos caratulados: “Quilsa Com Ar S.H. (T.F. 28283-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, y
I. Que en fecha 6 de agosto de 2019, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por mayoría integrada con el voto de los Dres. O’ Donnell y Martín- dejar sin efecto las resoluciones N°s: 180/2006 y 2/2009, dictadas por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Impositiva Mercedes de la A.F.I.P. -D.G.I. N°s: 180/2006 y 2/2009.
Las costas fueron distribuidas en el orden causado.
II. Que, para decidir de ese modo, en el voto de los Dres. O’ Donnell y Martín, se señaló -tras reseñar los antecedentes de la causa y las prueba rendidas- que de la sentencia penal que obra agregada en copia a fs. 165/168, surge que en la sustanciación de la causa en dicho fuero (Justicia Federal de San Nicolás, Provincia de Bs. As.) se produjeron una serie de medidas de prueba que no pueden ser soslayadas en estas actuaciones.
En tal sentido, se hizo referencia a un informe de la Dirección Regional Mercedes (la misma dependencia de la que emanaron los actos administrativos cuestionados), en la que se dejó constancia que la firma Distribuidora Mary S.H. no computó el crédito fiscal ni las percepciones de las operaciones con Cervecería y Maltería Quilmes S.A., lo que implica que no existió un doble cómputo de dichos conceptos. De igual modo surge que Distribuidora Mary S.H. fue dada de baja en el I.V.A. el 18/06/2004, oportunidad hasta la cual presentó las DD.JJ. sin movimientos y, asimismo, fue dada de baja del Registro Público de Comercio el 17/07/2000, de lo cual se infirió que en el lapso de tiempo que aquí importa no tuvo actividad comercial.
Al respecto, consideró que corresponde darles el valor de declaraciones de hecho probadas -tal la previsión del art. 20 de la ley 24.769- de las que no cabe apartarse en tanto no se aleguen vicios de nulidad de la sentencia dictada en sede penal.
A lo expuesto agregó que: 1) se trata en ambos casos de sociedades de hecho, es decir, sociedades de personas en las que dos o mas de sus integrantes (Sres. Pozzi y Gordillo) son los mismos, lo que no está en discusión;
2. al contestar la prueba informativa, Cervecería y Maltería Quilmes S.A. reconoce que hasta el mes de febrero de 2005 la relación comercial fue con Distribuidora Mary S.H. y que luego comenzó a facturar a la aquí actora, esto es -según la interpretación de la resolución mayoritaria del Tribunal a quo-, que reconoce que la operatoria comercial en el período que aquí interesa (3/2001 a 2/2005) fue efectivamente concretada con dicha firma que era, además, su principal proveedor; y, 3) que por haber sido dada de baja como contribuyente, lo que así surge reconocido en el informe de inspección del 2/03/2002, que obra en copia a fs. 47/48, Distribuidora Mary S.H. no tuvo posibilidad de computar los créditos fiscales y percepciones en sus propias declaraciones juradas lo que derivó, en el criterio de los sentenciantes, en que se encuentra admitido por el propio Fisco Nacional que no media un doble cómputo del crédito fiscal.
Luego, indicó que si bien la actora ha incumplido con los recaudos que impone el art. 12 de la ley del gravamen, incurriendo efectivamente en las deficiencias documentales (destacado original) a las que se refiere la representación fiscal, las pruebas por ella rendidas -tanto en sede administrativa como ante esa instancia- demuestran que la titular de las compras, la que las pagó desde sus cuentas bancarias y recibió la mercadería en su planta habilitada fue la firma actora, “por lo que cabe excepcionalmente reconocer a ésta los créditos fiscales y las percepciones derivadas de dicha operatoria, máxime cuando a la misma vez no surge invocado ni probado, ni por la fiscalización, ni por el “juez administrativo”, que por las mismas operaciones se haya impugnado a la sociedad de hecho el gasto en el impuesto a las ganancias” (cfr. considerando V, anteúltimo párrafo del pronunciamiento recurrido).
Por ello, se resolvió dejar sin efecto las resoluciones recurridas en todas sus partes y distribuir las costas por su orden dada la complejidad, novedad y excepcionalidad de la materia en discusión.
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Por último, la Dra. Gómez votó por confirmar las resoluciones bajo examen e imponer las costas a la recurrente, por no advertir motivos para apartarse del principio de la derrota.
III. Que contra lo así decidido, el Fisco Nacional interpuso apelación en fecha 25/09/2019 y presentó su memorial de agravios en fecha 8/10/2019.
La representación letrada de la actora contestó el traslado oportunamente conferido en fecha 8/11/2019.
IV. Que el Fisco Nacional en su apelación manifestó, en primer lugar, que el sentenciante a quo incurrió en arbitrariedad manifiesta pues, pese a que reconoció que la actora incumplió con los recaudos que impone el art. 12 de la Ley del I.V.A. para el cómputo del crédito fiscal, estableció una “excepción” a la previsión normativa al reconocer su procedencia.
Al respecto, recordó que el dispositivo citado establece -en cuanto aquí importa- que: “…del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables restarán: a) el gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado…”.
Por otra parte, indicó -con cita de doctrina- que los responsables inscriptos que efectúen operaciones con otros responsables inscriptos, deberán discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación.
Agregó que, es una verdad de perogrullo que el responsable en este caso es Quilsa Com Ar S.H. y que precisamente no se le ha facturado a la misma, sino a Distribuidora Mary S.H. es una entidad distinta.
En tal sentido, señaló que si bien el voto de la mayoría recurrió a probanzas rendidas tanto en sede administrativa, como en sede penal, lo cierto es que lejos de avalar la postura de la contribuyente, éstas confirman la tesitura fiscal. Esto es, que la actora no ha dado cumplimiento con los requisitos legales exigidos para la procedencia del crédito fiscal.
En tal sentido, indicó que las probanzas citadas por el voto mayoritario acreditan claramente que se trataba de dos entes distintos, por lo que el “reconocimiento excepcional” que otorgó el T.F.N. a la actora, incurrió en una clara violación del conjunto normativo que armónicamente rige la materia. Ello por cuanto, no se encuentra en discusión que la operatoria que generó el crédito fiscal que la actora pretende descontar del I.V.A. no le fue a ella facturado, tal como lo exige el art. 12 de la ley del tributo.
De allí que, según su criterio, el fallo recurrido violenta tanto la ley sustantiva tributaria (Ley del I.V.A.), como así también el principio de generalidad del tributo (derivado implícitamente de lo previsto en el art. 16 de la Constitución Nacional). De igual modo, consideró que se encuentra vulnerado el principio de legalidad en materia tributaria contenido en los arts. 19, 75, inc. 22 y 99, inc. 3° de la Constitución Nacional, en atención a que el Tribunal a quo admite una “odiosa excepción” (sic.) al permitir computar crédito fiscal a un sujeto al que no le corresponde.
Agregó que, con claridad meridiana y en conformidad con la normativa, la jurisprudencia exige desde antaño tanto la concurrencia del elemento material (existencia de la operación que da origen al crédito fiscal) como del formal (discriminación del impuesto, facturación del mismo al sujeto obligado, imputación al período fiscal que se liquida, etc.).
Indicó que, si bien los accesorios como la sanción fueron dejados sin efecto atento la revocación del aspecto medular de la cuestión de fondo, los intereses deben ser confirmados atento a la falta de cuestionamiento expreso y, en cuanto a las sanciones de multa, también deben ser confirmadas en atención a que ha quedado acreditado en autos la declaración engañosa y la ocultación maliciosa requerida por el tipo penal, sin que la actora haya desactivado las presunciones iuris tantum contenidas en el art. 47 de la L.P.T. Ello así, pues la maniobra de la actora consistió en apropiarse de créditos fiscales que no le correspondían por haber sido emitidos a nombre de otra firma.
En razón de lo expuesto, solicitó que se revoque el decisorio apelado con costas a la actora.
V. Que con carácter previo al tratamiento de las cuestiones planteadas, corresponde señalar que en el estudio y análisis de las posiciones de las partes, los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II con sustento en un pronunciamiento válido (cfr. C.S.J.N., Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros y, en sentido concordante, esta Sala, in re, “Massuh S.A. c/D.G.I.”, expte. Nº 38.066/2011, del 17/11/2021, entre muchos otros).
VI. Que sentado lo anterior, corresponde señalar que: a) mediante la resolución Nº 180/2006, se determinó de oficio la obligación impositiva de la contribuyente actora con relación al I.V.A., en los períodos fiscales abril de 2001 a enero de 2005, en la suma de pesos un millón trescientos ochenta y dos mil setecientos treinta y nueve con once centavos ($ 1.382.739,11), se liquidaron intereses resarcitorios y se impuso una multa en los términos de los arts. 46 y 47, inc. b) de la L.P.T., de pesos quinientos cincuenta y nueve mil noventa y seis con ochenta centavos ($ 559.096,80) respecto a los períodos abril 2001 a diciembre 2001 y enero 2005; y, b) por resolución N° 2/2009, se aplicó una multa a la contribuyente actora, en los términos del art. 45 de la L.P.T., equivalente a la suma de pesos quinientos noventa y ocho mil ciento ochenta y seis con setenta y cinco centavos ($ 598.186,75) relacionada con el mismo impuesto y por los períodos enero de 2002 a diciembre de 2004.
En síntesis, se puede observar que los ajustes son consecuencia de la impugnación del cómputo de los créditos fiscales y las percepciones efectuadas por las compras a un único proveedor: Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., en razón de que los comprobantes extendidos por ésta, se encontraban emitidos a nombre de otra firma: Distribuidora Mary S.H., la cual se estaba integrada por tres socios, dos de los cuales son, asimismo, socios de la firma aquí actora.
VII. Que, en orden a la consideración de la apelación de la demandada, y en atención al modo en que fue resuelta la cuestión en la instancia anterior, es preciso comenzar por recordar que los actos administrativos gozan de la denominada presunción de legitimidad (cfr. art. 12 de la ley 19.549 y esta Sala, in re, “LDC Argentina S.A. c/D.G.I.”, Expte. Nº 91.325/2017, del 3/05/2018, entre otros).
En tal sentido, se ha indicado que la presunción implica la suposición de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las normas jurídicas que debieron condicionar su emisión. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la presunción permite inferir que toda la actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, lo cual subsiste en tanto no se declare lo contrario por el órgano competente (cfr. Fallos: 319:1476, in re, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro”, del 20/08/1997, entre otros).
En palabras de Bartolomé Fiorini, el fundamento de este carácter deriva de la presunción general de validez que acompaña a los actos estatales: a toda ley se la presume constitucional, a toda sentencia se la considera válida, y a todo acto de la Administración se lo presume legítimo (cfr. autor citado, Derecho Administrativo, Bs.As., Abeledo - Perrot, 1976, 2da. edición, t. I, p. 348). A lo que cabe agregar que la revisión judicial de los actos concurre para enervar la presunción y, en todo caso, ello significa que la presunción puede ser desvirtuada ante un tribunal (cfr. Comadira, Julio R. - Monti, Laura M., colaboradora, Procedimientos Administrativos, Bs. As., La Ley, t. I, pp. 231/232 y sus citas).
Es, en razón de la vigencia de la citada norma, que le corresponde a la parte actora en ejercicio de su derecho de contradicción, ofrecer y producir prueba conducente a fin de derribar la presunción de legitimidad y evidenciar los pretendidos errores que afectarían a los actos administrativos impugnados (cfr. art. 377 del C.P.C.C.N., de aplicación supletoria por el art. 197 de la L.P.T.).
VIII. Que, asimismo, cabe señalar que el caso encuadra en la previsión contenida en el art. 86, inc. b), aps. 1º) y 2º) de la L.P.T. La norma exige a quien pretende la revisión en esta instancia de la plataforma fáctica y de la prueba que gira en torno a ella, acreditar la arbitrariedad en el pronunciamiento del Tribunal a quo, lo que habilitaría tal análisis por parte de esta Cámara.
Al respecto, cabe recordar que constituye doctrina jurisprudencial pacífica, sólida y consolidada aquélla que caracteriza qué debe entenderse por arbitrariedad: “[s]ólo cuando se resuelve contra, o con prescindencia, de lo expresamente dispuesto por la ley respecto al caso, se prescinde de pruebas fehacientes regularmente traídas al juicio o se hace remisión a las que no constan en el” (cfr. Fallos: 207:72 y doctrina concordante posterior; esta Sala, in re, “Sbasseiro, Oscar R. c/D.G.I.”, Expte. Nº 74.716/2018, del 3/04/2019, entre otros).
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El criterio imperante en este Tribunal interpreta que de conformidad con lo establecido por el art. 86 de la ley 11.683, respecto al análisis de las cuestiones de hecho y prueba relacionadas con la causa, se prevé una limitación en razón de la cual corresponde estar a lo decidido por el T.F.N., salvo que se demuestre que se ha incurrido en arbitrariedad manifiesta en la valoración de dichos aspectos (cfr. Sala I, en la causa: “Establecimientos Don Esteban S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; esta Sala, in re, “Xenobióticos S.R.L. c/D.G.I.”, Expte. Nº 23.132/2016, del 7/06/2016 y sus citas; Sala III, en autos: “Standard Motors Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 12/05/2015; Sala IV, causa: “Valle Escondido c/D.G.I.”, del 17/05/2016 y Sala V, in re, “Sullair Argentina S.A. c/D.G.I.”, del 21/03/2011, entre otros).
IX. Que, sentado lo anterior -lo que importa la pauta interpretativa básica para este tipo de cuestiones- cabe recordar que en autos, corresponde dilucidar si de conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley del I.V.A. a la contribuyente actora le resulta jurídicamente posible computar créditos fiscales y percepciones en el citado impuesto, de otro contribuyente quien posee otro número de C.U.I.T.
Al respecto, se observa que Quilsa Com Ar S.H. invocó ser la “continuadora natural” (ver escrito de apelación ante el T.F.N.) de Distribuidora Mary S.H., empleando como argumento para sostener tal afirmación, que se encuentra conformada por dos de sus socios que son sus únicos integrantes, y que si bien las facturas de compra se emitían a nombre de ésta, los pagos los hacía la actora desde sus cuentas bancarias.
En razón de ello, y pretendiendo la aplicación del principio de la realidad económica, la actora solicitó que se considere que las compras las hizo ella, aunque hayan sido facturadas a nombre de otra sociedad (de la que afirma ser la continuadora), razón por la cual solicitó que se dejen sin efecto tanto la determinación de oficio, como las multas.
X. Que, ingresando al conocimiento del fondo de la cuestión, cabe señalar que tal como lo puso de manifiesto la Sra. Vocal del T.F.N. -Dra. Gómez- en su voto en minoría, respecto a la sentencia del Juzgado Federal de San Nicolás (cfr. fs. 166/168 del expte. en soporte papel), no se desconoce que el art. 20 de la ley 24.769, dispone –en cuanto aquí importa– que una vez firme la sentencia penal, la autoridad administrativa aplicará las sanciones que correspondan sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia judicial.
Sin embargo, la competencia de ambos tribunales (Penal y Jurisdiccional Administrativo) se encuentra delimitada recíprocamente por el ámbito de sus respectivas incumbencias. De tal suerte, el juez penal se limita a la elucidación de la posible ocurrencia de una conducta disvaliosa reprimida por la Ley Penal Tributaria, mientras que el T.F.N. actúa conforme a la competencia atribuida en la L.P.T.
Sentado lo anterior, cabe señalar que de las constancias de autos surge que la actora inició su actividad en el año 2001 (cfr. fs. 47 del expte. en soporte papel), coexistiendo con Distribuidora Mary S.H., que fue dada de baja en el I.V.A. el 18/06/2004 (cfr. fs. 167 del expte. en soporte papel).
De allí que, como bien se señaló en el voto en minoría del Tribunal a quo, en el caso se trata de dos sujetos tributarios distintos, con número de C.U.I.T. individual para cada uno de ellos; de allí que no puede concluirse que la firma actora es continuadora de Distribuidora Mary S.H. Robustece la afirmación antes efectuada, lo expresado por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. a fs. 146 del expte. en soporte papel, oportunidad en la que señaló que efectuó operaciones de venta con la firma Distribuidora Mary S.H. hasta fines de enero, o principios de febrero del año 2005, momento a partir del cual fue notificada del cambio de razón social, por lo cual comenzó a facturar a la firma aquí actora, todo lo cual se contrapone con lo expresado por la contribuyente en su recurso ante el Tribunal a quo, en cuanto afirmó que: “…el 1/02/2002 Quilmes S.A.I.C.A. y G. aceptó las garantías presentadas y se efectuó el correspondiente cambio de razón social” (cfr. fs. 64 vta. del expte. en soporte papel).
De allí que, en los períodos involucrados en el ajuste practicado, la proveedora reconoce como cliente a Distribuidora Mary S.H., lo cual resulta relevante ante la existencia de eventuales reclamos de índole comercial. Por otra parte, como fue señalado por el voto minoritario, Distribuidora Mary S.H. fue señalada como “inactiva” en el recurso incoado ante el T.F.N., por lo cual resulta inconsistente lo sostenido por la actora en cuanto a que al dejar de tener actividad ésta firma, la proveedora exigía para la apertura de una nueva cuenta corriente, los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II avales de los socios actuales de Quilsa, los cuales no poseían patrimonio suficiente y por ello se siguió facturando a nombre de Distribuidora Mary S.H.
Al respecto, cabe destacar que el art. 12 de la ley del I.V.A. es prístino al establecer que los responsables (en el caso: la contribuyente actora) restarán: a) el gravamen que se les hubiera facturado, encontrándose fuera de discusión que la operatoria que generó el crédito fiscal que la actora pretende descontar en el I.V.A., no le fue a ella facturado, sino a un tercero (en el caso: Distribuidora Mary S.H.), y que intenta ampararse en justificativos que obedecen a las particularidades de su vínculo comercial con Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G., los que además de no encontrarse debidamente acreditados por la prueba informativa producida en la causa, no resultan relevantes para tener por cumplidos los recaudos formales aplicables en materia tributaria, que en el caso, habiliten a un sujeto, a computar en su favor crédito fiscal correspondiente a un sujeto distinto (situación de suyo excepcional y sujeta a estrictas exigencias de orden normativo, que por cierto no se verifican en la especie aquí analizada).
Sobre el punto, y en sentido concordante, se ha pronunciado la Sala III de esta Cámara, en autos: “Solhar S.R.L. c/D.G.I. s/recurso directo de organismo externo”, en fecha 9/10/2018, pronunciamiento que se encuentra firme toda vez que el 26/12/2019 la C.S.J.N. dictó sentencia aplicando la previsión contenida en el art. 280 del C.P.C.C.N. En dicha oportunidad, el Tribunal citado señaló que: “A dicha conclusión -esto es, que ampararse en justificativos que obedecen a las particularidades del vínculo comercial, no resultan relevantes para revisar el cumplimiento de los requisitos formales aplicables- es posible arribar por estricta aplicación de lo que la doctrina ha dado en llamar la “concurrencia de los elementos materiales y formales del crédito fiscal”, según la cual: “para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia de los aspectos materiales (existencia de la operación que da origen al crédito) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiera por expresa disposición legal).
En tal sentido, la Ley del I.V.A. condiciona la procedencia del cómputo del crédito fiscal a la discriminación formal del tributo –salvo excepciones no aplicables al caso– es decir, si no existe facturación del impuesto, no hay derecho a dicho cómputo.
Con relación al aspecto formal aludido, el texto de la ley es claro en cuanto a que el crédito fiscal le sea facturado ‘al responsable’, correspondiendo la imputación del mismo al sujeto pasivo a quien éste le hubiese sido facturado” (cfr. Tribunal citado y sus citas).
De allí que, cabe concluir -de igual modo que lo hizo tanto el Tribunal citado, como la Sra. Vocal que se pronunció en minoría en la sentencia recurrida- que la apropiación de créditos fiscales de la actora por operaciones facturadas por otra firma (en el caso, Distribuidora Mary S.H.), no se ajusta a derecho (cfr. art. 12 de la Ley del I.V.A. y arts. 16, 19, 75, inc. 2° y 99, inc. 3° de la Constitución Nacional).
Lo expuesto permite afirmar que, a la luz de la pruebas rendidas en la causa y de conformidad con el razonamiento efectuado precedentemente, el Tribunal a quo incurrió en el supuesto previsto en el art. 86, inc. b) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) y, por lo tanto, corresponde su revisión del modo en que ha sido efectuada.
XI. Que por lo expuesto, corresponde revocar la decisión del T.F.N. y ratificar el acto administrativo recurrido, en relación a la determinación y cuantificación del tributo (cfr. art. 1° de la resolución N° 180/2006); y en atención al modo en que se decide, corresponde remitir los autos al T.F.N. a fin de que se pronuncie expresamente sobre los cuestionamientos formulados respecto de las restantes cuestiones objeto de las resoluciones administrativas recurridas por Quilsa SH -intereses y régimen sancionatorio (cfr. en lo pertinente, resoluciones N°: 180/2006 y N° 2/2009- (cfr. esta Sala, in re, “Lorenzo Annecchini S.A. c/D.G.I.”, Expte. N° 67.818/2015, sentencia del 3/03/2016, considerando IX., in fine). Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden en que fueron causadas, con particular atención en la forma en que se resuelve (cfr. arts. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N. y 197 de la L.P.T.). Por las razones expuestas, se RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso interpuesto por la demandada y, en consecuencia, revocar la decisión del T.F.N. en cuanto fue materia de agravio por su parte; 2°) remitir los autos a la instancia de origen, a fin de que se pronuncie expresamente sobre las restantes cuestiones planteadas, y 3º) distribuir las costas de esta instancia en el orden en que fueron causadas, con CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II particular atención en la forma en que se resuelve (cfr. arts. 68, 2da. parte del C.P.C.C.N. y 197 de la L.P.T.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia