Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala Ii) de Azul · Causa 58.540
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación deducido por la aseguradora citada en garantía y revocar parcialmente la sentencia apelada donde se le asignó a Raúl Alfredo Ferraro un porcentaje del quince por ciento (15%) de responsabilidad; atribuyéndosele la responsabilidad exclusiva por la causación del hecho dañoso a Roberto Garbellini. Confirmar la sentencia apelada en lo que respecta a la determinación y cuantificación de los diferentes conceptos indemnizatorios, con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor reclamado en la causa “Ferraro”, el que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia.
Como consecuencia de ello, las acciones entabladas en cada una de las causas acumuladas se resuelven de la siguiente forma: 1) En la causa n° 58.540, “Quiñones”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Hilda Mónica Quiñones y por los hijos del fallecido Carlos Alberto Rivero, exclusivamente contra el codemandado Roberto Garbellini, condenándose a éste último a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada que han quedado confirmados en esta alzada, con más los intereses fijados en aquél decisorio que no fueron motivo de agravio; y se rechaza la demanda incoada contra los restantes codemandados Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la citada en garantía Coopan Cooperativa de Seguros Ltda. …
Causa nº: 2-58540-2013 "QUIÑONES HILDA MONICA Y OTROS C/ FERRARO RAUL Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS"
Causa n°:2-58975-2014 “FERRARO RAUL ALFREDO Y OTRA C/ GARBELLINI ROBERTO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
Causa n°:2-58976-2014 “GARBELLINI ROBERTO C/ FERRARO RAUL ALFREDO Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICISO”
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°1 DE TANDIL
Sentencia Registro nº: ......77....... Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Junio del año Dos Mil Quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores, Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes (arts. 47 y 48 Ley 5827), encontrándose en uso de licencia la Dra. María Inés Longobardi (n° resolución SS5288), para dictar sentencia en los autos caratulados: “Quiñones Hilda Mónica y otros c/ Ferraro Raúl y otros s/ Daños y Perjuicios” (causa n°58.540), ”Ferraro Raúl Alfredo y otra c/ Garbellini Roberto s/ Daños y Perjuicios” (causa n°58.975) y “Garbellini Roberto c/ Ferraro Raúl Alfredo y otra s/ Daños y Perjuicios” (causa n°58.976), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes, Dra. Longobardi y Dr. Galdós.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ra.- ¿Es justa la sentencia apelada?
2da.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Peralta Reyes dijo:
I. Ha llegado apelada a esta alzada la sentencia única dictada en la instancia de origen en las siguientes causas acumuladas: “Quiñones Hilda Mónica y otros c/Ferraro Raúl y otros s/ daños y perjuicios” (expediente n° 31.248; causa n° 58.540, según la numeración de esta alzada), “Ferraro Raúl Alfredo y otra c/Garbellini Roberto s/ daños y perjuicios” (expediente n° 32.991; causa n° 58.975 en esta sede), y “Garbellini Roberto c/Ferraro Raúl Alfredo y otra s/ daños y perjuicios” (expediente n° 32.992; causa n° 58.976 en esta instancia). Por razones metodológicas hago constar que en este voto las referidas causas se identifican con la numeración que ha sido asignada en este tribunal; aclarando, también, que cuando se alude a las fojas donde constan los diferentes actos procesales, se está haciendo referencia a la causa n° 58.540, “Quiñones”, ya que en la misma se desplegó la mayor actividad procedimental. Sólo por excepción aludiré a las constancias de las otras causas acumuladas.
II. 1. En el pronunciamiento dictado en la anterior instancia (fs.1017/1039 de la causa n° 58.540), que ha sido pasible de los recursos de apelación traídos a esta alzada, se analizaron las constancias de la causa penal n° 698/2004 y, en base a las mismas, se detallaron las circunstancias en que se produjo el siniestro vial que dio origen a dicha causa y a los procesos civiles indicados en el párrafo precedente. Dijo el a quo que en sede penal quedó debidamente acreditado que el día 2 de febrero de 2002, alrededor de las 23 horas, Roberto Garbellini conducía una camioneta marca Toyota Hilux, dominio BVQ 850, por la ruta 30 en dirección hacia la ruta 74, proveniente de la ciudad de Tandil, cuando al llegar a la altura del camino vecinal que accede a la estación Azucena, embistió a un automóvil marca Volkswagen modelo Gol GL, dominio CTI 979, que se encontraba en el camino mencionado y se dirigía en dirección a Tandil, conducido por Raúl Alfredo Ferraro, quien venía acompañado por Carlos Alberto Rivero.
Agregó que como consecuencia de la colisión, Carlos Alberto Rivero, acompañante del automóvil marca Volkswagen, sufrió lesiones que culminaron en su muerte, mientras que el conductor de este mismo vehículo, Raúl Alfredo Ferraro, padeció lesiones graves (ver fs.1022/1022vta. y fs.1026 de la presente causa n° 58.540, así como el relato que se formula en la sentencia penal a fs.390/390vta. de la causa n° 698/2004; y para una mejor ilustración gráfica del accidente, véase la pericia planimétrica obrante a fs.86 de la citada causa penal). En la sentencia apelada se reprodujeron las conclusiones medulares de la sentencia dictada por el Tribunal Criminal de Tandil en la citada causa n° 698/2004, donde se sostuvo que no había certeza para afirmar que el resultado dañoso se debiera a una conducta imprudente, negligente o antirreglamentaria de Garbellini; puesto que los peritos intervinientes, tanto oficiales como de parte, fueron contestes en afirmar que la Ruta 30 a la altura en que ocurrió el accidente (camino de acceso a la Estación Azucena), posee una inapropiada y deficitaria demarcación, y que hay una “inexistente señalización que indique la presencia del camino de tierra que se proyecta en la continuación de la traza de la ruta” (ver fs.391/391vta. de dicha causa penal).
Y luego de una detenida ponderación de los medios probatorios colectados en la causa, sostuvo el tribunal criminal en su sentencia que no existía la indicación de la curva la noche del hecho; que también quedó comprobada la ausencia de toda cartelería que indicara la presencia del camino de tierra; que en el lugar tampoco existían avisos que indicaran la disminución de la velocidad o la presencia de reductores de velocidad advirtiendo la encrucijada de caminos; que inclusive se probó la falta de línea demarcatoria a ambos extremos de la ruta, indicándose como imperceptible la línea amarilla divisoria de los carriles (fs.393/393vta. de la causa penal).
En base al cuadro de situación derivado de estos extremos fácticos que tuvo por suficientemente probados, analizó el tribunal criminal cuál era la conducta exigible a Garbellini, teniendo presente que se trataba de una conducción nocturna y que la velocidad desarrollada por su vehículo estaba dentro de lo permitido (100/110km/h), en una ruta que atraviesa zona rural. Sobre esta temática se arribó a la conclusión de que “no quedó demostrado un obrar imprudente o antirreglamentario, al no advertirse la curva ni la presencia del camino vecinal que continuaba sobre la misma traza del pavimento, en tanto no estaban señalizados ninguno de ellos, ni tampoco había luminarias para advertir la presencia del entorno descripto.
Debe presumirse a partir de los elementos referidos y por no tener la certeza para arribar a una conclusión distinta, que el error de pensar que el vehículo Gol venía transitando por la misma ruta 30 en sentido contrario, fue ocasionado por las circunstancias ya señaladas y no a raíz de una falta de atención” (fs.393vta. de la causa penal; lo destacado me pertenece). También se ocupó el Tribunal Criminal de examinar la conducta del conductor del Volkswagen Gol, excluyendo las referencias realizadas por la defensa de Garbellini que le atribuyó a Ferraro la responsabilidad de lo ocurrido, por cuanto la falta de iluminación y señalización era inexistente también proviniendo desde el camino de tierra (fs.393vta./394 de dicha causa).
Abundó en consideraciones sobre esta temática, y así sostuvo que no puede aseverarse que el vehículo guiado por Ferraro estuviera ubicado en la banquina al momento del hecho. Prosiguió señalando que existe dificultad para precisar la velocidad del Volkswagen Gol, cabiendo la posibilidad de que estuviera detenido, más concluyó en que el desenlace hubiera sido muy similar de haberse encontrado este automóvil unos metros más atrás del lugar donde se produjo el impacto. Precisando el lugar exacto del impacto, consideró el tribunal más apropiado situarlo a los cinco o seis metros contados a partir de la parte delantera del Volkswagen Gol hasta el comienzo del pavimento (ver los desarrollos argumentales de fs.394 de la causa penal; véase también, para una mejor ilustración, la pericia planimétrica confeccionada por la autoridad policial que obra a fs.86 de la misma causa).
Por todas las consideraciones que he reseñado, en la sentencia penal se concluyó en que no existen elementos suficientes de convicción para atribuir al imputado el conocimiento previo de las falencias de señalamiento y trazado, tanto de la curva como del camino, por cuanto la ausencia de éstas y el peligro acarreado no resultaban previsibles. En consecuencia, aplicando el beneficio de la duda, se señaló que si bien hubo un error de Garbellini al continuar el rumbo en línea recta sin copiar la desviación del pavimento, el mismo debe atribuirse a las falencias de señalamiento y trazado existentes en el lugar, y no a una negligente, imprudente o antirreglamentaria conducción de la camioneta Toyota Hilux (fs.394vta./395 de la causa penal).
Como corolario de ello se absolvió libremente y sin costas al encausado Roberto Garbellini (fs.395/395vta. de dicha causa).
2. Retomando las motivaciones de la sentencia única dictada en sede civil, corresponde señalar que en la misma se invocó la norma contenida en el art.1103 del Código Civil, puntualizándose que: “En el caso de autos, claramente la materialidad del hecho quedó demostrada, fundándose la absolución –en sede penal- en el beneficio de la duda respecto del accionar del imputado embistente Garbellini, duda que se sostiene en cuanto las evidentes deficiencias marcatorias de la ruta y el contexto deficiente del trazado del camino vecinal accediendo a una ruta principal en una curva” (fs.1025, segundo párrafo, de la causa n° 58.540). A continuación, analizó el a quo la cuestión litigiosa involucrada en la causa n° 58.540, “Quiñones”, que tuvo su inicio con la demanda entablada por los herederos de Carlos Alberto Rivero, quien era transportado en el automóvil Volkswagen Gol y perdió la vida en el siniestro (fs.1025). Encuadró esta situación en la figura del transporte benévolo y sostuvo que el transportado no tiene la obligación de investigar la mecánica del suceso y dirigir su acción contra aquél que considere responsable del mismo, puesto que el caso queda subsumido en el art.1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil; y en función de ello sólo debe acreditar el daño sufrido, la intervención de la cosa riesgosa y la relación causal entre aquél y la actuación de ésta, pues ello es en principio suficiente para que el juicio de reproche abarque al dueño o guardián de la misma, quien para eximirse total o parcialmente de responsabilidad deberá acreditar un obrar de la víctima o de un tercero por quien no deba responder que interrumpan el nexo causal adecuado (fs.1025/1025vta.).
Refirió luego el juzgador a la sentencia recaída en la causa penal, en la cual, como ya se puntualizó, se eximió de reproche a Garbellini por haber mediado duda respecto a su conducta negligente, más puntualizó que eso no significa que alguno de los protagonistas del accidente se vea liberado del reclamo de los sucesores del transportado benévolamente (fs.1026). De allí que en la causa n° 58.540, “Quiñones”, se condenó a los demandados Roberto Garbellini, Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi (ésta última como titular del vehículo Volkswagen Gol), a resarcir los daños causados a los actores, haciéndose extensiva la condena a la aseguradora Coopan Cooperativa de Seguros Ltda.
(fs.1027). En los desarrollos siguientes se fijaron los daños y perjuicios correspondientes a esta causa n° 58.540, “Quiñones”, en la suma total de $ 950.000, con más intereses en base a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs.1027/1029vta.).
En una cuestión que reviste importancia a los fines de la cuestión traída a esta alzada, se ocupó el juzgador de deslindar la responsabilidad de ambos demandados (fs.1030/1032vta.). Y así comenzó examinando la situación de Roberto Garbellini, señalando que el pronunciamiento absolutorio recaído en sede penal no impide la condena en este proceso civil (fs.1030/1030vta.). Prosiguió señalando que Garbellini es responsable civil de la colisión, debido al error en que incurrió al haber continuado su marcha en línea recta, sin respetar la desviación de la ruta pavimentada por la que transitaba, por lo que violó las normas básicas del tránsito que exigen la prudencia necesaria para mantener el control y dominio del vehículo riesgoso (fs.1030vta./1031). Ya en el tramo final de la sentencia dedicado a la responsabilidad civil, aseveró el a quo que la propia mecánica de los hechos descriptos en sede penal y reiterados en la pericia de ingeniería practicada en autos (fs.961/965 y su ampliación de fs.976/977), demuestran que el choque frontal se produjo en el camino de tierra, donde la camioneta Toyota Hilux guiada por Garbellini embistió al automóvil Volkswagen Gol conducido por Raúl Alfredo Ferraro, que se encontraba en el mencionado camino de tierra y se dirigía en dirección a la ciudad de Tandil (fs.1032). Agregó a continuación el juzgador que por las circunstancias que lo exculparon en sede penal, relativas a lo desfavorable del contexto, Garbellini cometió el error de continuar el rumbo en línea recta sin copiar la desviación del pavimento (fs.1032).
No obstante la conclusión antedicha, en la sentencia también se ponderó el accionar del otro protagonista del siniestro, Raúl Alfredo Ferraro, señalándose que éste ha contribuido –aunque en menor medida- al acaecimiento del hecho dañoso, al encontrarse frenado -sobre el camino vecinal de tierra- al ingreso de la curva que accede a la ruta, con las luces encendidas, generando con su conducta un especial contexto de situación de daño que lo responsabiliza en un porcentual del quince por ciento (15%), respecto de las consecuencias del accidente (fs.1032, anteúltimo párrafo). O sea que en la sentencia se asignó a Garbellini un porcentual del ochenta y cinco por ciento (85%) de responsabilidad, mientras que a Ferraro se le atribuyó el restante quince por ciento (15%) (fs.1082vta., primer párrafo).
3. Luego de sentar esta conclusión medular del pronunciamiento, se ocupó el juzgador de determinar los daños y perjuicios reclamados en la causa n° 58.975, “Ferraro”, en la cual Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi le reclamaron a Roberto Garbellini las indemnizaciones derivadas de los perjuicios que sufrieron como consecuencia del accidente (fs.1032vta./1036vta.). Seguidamente, cuantificó el juzgador las indemnizaciones correspondientes a los daños causados a la persona de Raúl Alfredo Ferraro (tanto en su faz patrimonial como extrapatrimonial), así como los daños materiales provocados al automotor Volkswagen Gol, y considerando el referido porcentaje de responsabilidad atribuido a Garbellini (85%), condenó a éste a pagar la suma total de $ 33.320, con más intereses a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs.1036vta.).
4. En la parte final de la sentencia se adentró el a quo en la fijación de los daños y perjuicios reclamados por Roberto Garbellini a Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi, en la causa n° 58.976, “Garbellini” (fs.1036vta./1037vta.), consistentes en daños materiales causados a la camioneta Toyota Hilux, privación del uso y disminución del valor venal de este rodado, cuantificando el total de los mismos en la suma de $ 2.519, con más intereses a la tasa pasiva, en función del ya referido porcentaje de responsabilidad asignado a Ferraro y Sommi (15%). Éste fue, en definitiva, el monto por el cual se condenó a Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi en la causa n° 58.976, “Garbellini”, haciéndose extensiva la condena a Coopan Cooperativa de Seguros Ltda. (fs.1037vta.).
5. Con relación a las costas del juicio, en la causa n° 58.540, “Quiñones”, se impusieron a los demandados vencidos Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y Roberto Garbellini, condena extensiva a la aseguradora Coopan Cooperativa de Seguros Ltda. (fs.1038). A su vez, en la causa n° 58.975, “Ferraro”, las costas se impusieron en un 15% a la actora y en un 85% a la demandada, por ser ambas parcialmente vencidas (fs.1038vta.). Y, finalmente, en la causa n° 58.976, “Garbellini”, se impusieron las costas en un 85% a la parte actora, y en el restante 15% a la demandada, por ser ambas parcialmente vencidas (fs.1038vta.).
III. La referida sentencia única fue pasible de los recursos de apelación deducidos por la aseguradora citada en garantía (fs.1054) y por Roberto Garbellini (fs.1056/1056vta.), quienes expresaron sus agravios por medio de los escritos presentados en esta sede a fs.1080/1084 y a fs.1085/1093.
1. La citada en garantía se agravia de la sentencia dictada en la anterior instancia, por cuanto en la misma se atribuye la responsabilidad civil a ambos protagonistas del accidente, siendo que, en su parecer, el único responsable del siniestro es Roberto Garbellini, quien, en forma inesperada, desvió su camioneta de la ruta por la que circulaba y, a la misma velocidad que traía, ingresó al camino de tierra donde impactó contra el Volkswagen Gol conducido por Raúl Alfredo Ferraro (fs.1080/1080vta.). Destacó que el accionar de Garbellini se erige en eximente de la responsabilidad de Ferraro, y puntualizó que aquél continuó su marcha por el camino de tierra donde se encontraba detenido el vehículo de su asegurado; aseverando que esta maniobra la realizó a la misma velocidad en que circulaba sobre la ruta (120 km/h aproximadamente). Destacó que el punto de impacto fue en el camino de tierra donde se encontraba detenido o casi detenido el Volkswagen Gol. Y, en función de ello, se interrogó sobre qué otra conducta se le podía exigir a Ferraro, quien conducía por un camino de tierra y, previo a ingresar a la ruta, tomó todos los recaudos necesarios para que Garbellini continuara en la dirección que traía. Así señaló que la conducta de Ferraro fue a todas luces correcta y prudente, por lo que no puede ser sancionada (fs.1081).
Dijo la citada en garantía que Ferraro no puede ser condenado en los términos del art.1113 del Código Civil, porque hay un hecho de un tercero (Garbellini) por el que no debe responder. Así expresó que: “El Sr. Garbellini ha sido el único y exclusivo responsable en la producción del evento dañoso. Conducir a excesiva velocidad por la ruta, ingresar a un camino vecinal de tierra a la misma velocidad en que venía transitando, perder el dominio del vehículo e impactar de frente contra el vehículo del Sr. Ferraro, el cual estaba prácticamente detenido, lo convierten en el único y exclusivo culpable del accidente. De haber circulado a la velocidad reglamentaria y no haber perdido el dominio de su vehículo, el accidente de autos directamente no hubiera ocurrido” (fs.1081vta.). Prosiguió formulando referencias sobre esta temática (fs.1082/1083vta.) y solicitó la revocación de la sentencia apelada, peticionando el rechazo de la demanda instaurada contra Ferraro, Sommi y su compañía aseguradora (fs.1083vta.). Finalmente, se agravió de los montos indemnizatorios fijados en la sentencia, los que consideró elevados (fs.1083vta./1084). Con respecto a las costas solicitó que le sean impuestas en forma exclusiva al codemandado Garbellini (fs.1084).
2. En la expresión de agravios presentada por los apoderados de Roberto Garbellini se planteó, como cuestión previa esencial, el alcance de la absolución de su mandante en sede penal, donde se formularon ponderaciones valorativas acerca de la conducta del imputado, y se concluyó en que no había certeza para afirmar que el resultado producido se debió a una conducta imprudente, negligente o antirreglamentaria del mismo (fs.1085vta.). En función de ello se siguió precisando en el escrito recursivo que la sentencia penal no se limitó a realizar una determinación de los hechos, sino que se formularon valoraciones de índole subjetiva que impidieron el juicio de subsunción en la norma penal, que en el campo culposo es exactamente igual a la del fuero civil (fs.1086). Se continuó señalando que, según la sentencia penal, no hubo culpa alguna de Garbellini en la producción del resultado, por lo que esta falta de reproche subjetivo por parte del juez penal no puede ser omitida en esta sede civil como lo ha hecho el a quo (fs.1086vta.). Aseveró el apelante que no puede dejar de reconocerse que el art.1113 del Código Civil hace abstracción de la culpa, ya que una persona puede ser objetivamente responsabilizada; más señaló que este encuadre legal sólo fue adoptado por el a quo para determinar la responsabilidad frente a los deudos de Rivero, mientras que en el litigio entre Garbellini y Ferraro se atribuyó al primero una responsabilidad subjetiva, lo que es incompatible con el pronunciamiento penal (fs.1086vta./1087). Adujo a continuación que la asignación de los porcentajes de responsabilidad a Garbellini y Ferraro es de índole subjetiva, pues para así decidir se valoró y computó la negligencia en que se habría incurrido (fs.1087). En base a estas consideraciones, puntualizó el recurrente que la conclusión del juzgador resulta directamente contraria a la del pronunciamiento penal y violatoria de principios lógicos (fs.1087/1087vta.).
También consideró el apelante, en cuanto a la responsabilidad por la muerte de Rivero, que aún en aplicación del art.1113 del Código Civil existen en el caso concreto hechos determinantes del resultado atribuibles a terceros, por los que Garbellini no debe responder, siendo aplicable la eximente prevista en la citada norma. Y así sostuvo que ese tercero responsable por el cual no debe responder es el Estado Provincial como titular de las rutas y caminos que, entre otras anomalías, se encontraban deficitariamente diseñados y señalizados; destacando que esta situación ha sido acreditada en el proceso penal cuyas constancias forman parte de este juicio como prueba (fs.1087vta./1088). Seguidamente, se extendió el apelante en consideraciones sobre las gravísimas anomalías que presentaba el lugar del accidente, afirmando que las mismas son de exclusiva responsabilidad del Estado Provincial (fs.1088vta./1089vta.). Solicitó que así se resuelva con prescindencia de que la Provincia de Buenos Aires no forme parte del litigio de marras, ya que a su parte le basta con acreditar la existencia de culpa de un tercero por quien no debe responder (fs.1089vta.). En la parte final del escrito recursivo, el apelante cuestionó los montos indemnizatorios establecidos en el pronunciamiento de la anterior instancia, en base a diferentes argumentos (fs.1090/1092vta.).
Con posterioridad se cumplimentaron los demás pasos procesales de rigor, habiendo contestado la parte actora los respectivos agravios y el Asesor de Incapaces la vista que le fue conferida. Habiéndose llamado autos para sentencia se practicó el sorteo de rigor, por lo que estos actuados han quedado en condiciones de ser examinados a los fines del dictado del presente decisorio.
IV. En el apartado anterior se reseñaron los agravios articulados por las partes contra la sentencia única dictada en primera instancia, debiendo aclararse que dichos planteos recursivos serán objeto de un tratamiento conjunto en el presente voto, por cuanto las argumentaciones esgrimidas por los litigantes se encuentran íntimamente relacionadas. Así se tiene que, por un lado, Roberto Garbellini sostuvo que en la sentencia dictada por el a quo se ha transgredido la cosa juzgada emanada del pronunciamiento recaído en el fuero penal, donde se formularon valoraciones de índole subjetiva y se determinó que en el hecho dañoso no hubo culpa de su parte. Mientras que, desde un ángulo diametralmente opuesto, aseveró Ferraro que el único responsable del accidente fue Garbellini, porque su accionar puso en evidencia que carecía del dominio de su camioneta Toyota Hilux. Por lo demás, también señaló Ferraro que el punto de impacto fue en el camino de tierra donde se encontraba detenido o casi detenido el automóvil Volkswagen Gol por él conducido. Tal como puede apreciarse se trata de planteos absolutamente contrapuestos que merecen un abordaje simultáneo, pues es menester dilucidar cuál de ellos se encuentra más ajustado a las constancias de la causa y a los parámetros jurídicos aplicables en la especie.
1. Conforme ya lo puse de relieve, en la sentencia dictada en la órbita penal se absolvió a Roberto Garbellini porque no había certeza para afirmar que el resultado dañoso se debiera a una conducta imprudente, negligente o antirreglamentaria de su parte; habiendo expresado el Tribunal Criminal interviniente que la Ruta 30 a la altura en que ocurrió el accidente (camino de acceso a la Estación Azucena) posee una inapropiada y deficiente demarcación, agregando que “hay una inexistente señalización que indique la presencia del camino de tierra que se proyecta en la continuación de la traza de la ruta” (fs.391/391vta. de la causa penal). Y luego de una detenida ponderación de los medios probatorios colectados en la causa, sostuvo el tribunal criminal en su sentencia que no existía la indicación de la curva la noche del hecho; que también quedó comprobada la ausencia de toda cartelería que indicara la presencia del camino de tierra; que en el lugar tampoco existían avisos que indicaran la disminución de la velocidad o la presencia de reductores de velocidad advirtiendo la encrucijada de caminos; que inclusive se probó la falta de línea demarcatoria a ambos extremos de la ruta, indicándose como imperceptible la línea amarilla divisoria de los carriles (fs.393/393vta. de la causa penal).
Pues bien, el primer agravio expresado por Roberto Garbellini versa, precisamente, sobre la incidencia que tendría dicho pronunciamiento penal en esta sede civil (véase la reseña efectuada en el apartado III, punto 2). Y así puntualizó que si en la sentencia penal se concluyó en que no hubo culpa alguna de su parte en la producción del resultado, esta falta de reproche subjetivo por parte del juez penal no puede ser omitida en el presente juicio civil; criticando, de este modo, la decisión del a quo que estableció la solución contraria (fs.1086vta.). Más aún, adujo el apelante que la sentencia dictada en el fuero penal no se limitó a realizar una determinación de los hechos, sino que en la misma se formularon valoraciones de índole subjetiva que impidieron el juicio de subsunción en la norma penal, que en el campo culposo es exactamente igual a la del fuero civil (fs.1086).
Dichas aserciones del apelante deben ser desestimadas, ya que no se ajustan a lo normado en el art.1103 del Código Civil, ni tampoco a la doctrina y jurisprudencia elaborada en la materia; debiendo recordarse que dicho artículo dispone lo siguiente: “Después de la absolución del acusado, no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución”. En un artículo que publiqué sobre esta temática, puse de relieve que: “La disposición legal transcripta tiene un menor alcance que el anterior art.1102 –que rige el caso de la sentencia criminal condenatoria-, pues reduce los efectos de la cosa juzgada a un solo contenido del pronunciamiento penal, el que se presentará cuando en la absolución se haya declarado la inexistencia del hecho principal. Y a diferencia del citado art.1102, ninguna influencia le otorga la norma en análisis a la resolución penal, en el supuesto en que el fallo absolutorio se haya basado en la falta de culpa del encausado. De esta manera, en sede civil podrá entrar a considerarse la culpa del imputado (o su responsabilidad objetiva), desde el ángulo del derecho privado” (véase de mi autoría, Efectos de la cosa juzgada penal sobre el juicio civil. El supuesto de sentencia penal absolutoria, LL 2005-B, ejemplar del 29 de marzo de 2005, con cita de doctrina y jurisprudencia; los párrafos destacados no constan en el original). Señalé más adelante en dicho artículo que: “la restricción que experimenta el juez civil (o el laboral, en juicios de esta índole) como consecuencia del fallo penal absolutorio, se reduce a aspectos muy puntuales. Así no podrá tener como existentes hechos que, según la justicia penal, no han ocurrido; ni tampoco podrá decir que el demandado cometió determinados actos, si en el fuero criminal ya se hubo resuelto que no fue autor de los mismos” (ob. cit. LL 2005-B, ejemplar del 29 de marzo de 2005).
Insisto en que la sentencia penal dictada en el caso de autos decidió que no había certeza para afirmar que el resultado dañoso se debiera a un obrar culposo de Garbellini, resaltando el tribunal criminal la deficiente demarcación y señalización del lugar del accidente. O sea que este pronunciamiento penal basado en la falta de certeza sobre la culpa del encausado, no puede tener incidencia alguna sobre la sentencia que debe dictar el juez civil. Así es dable mencionar la evolución que se ha dado en doctrina y jurisprudencia, debiendo recordarse que una corriente de opinión que ha quedado ampliamente superada (sustentada por Aguiar, Orgaz y Vélez Mariconde, y por antiguos pronunciamientos judiciales), postulaba que siendo que la culpa penal y la culpa civil coparticipan de la misma naturaleza o esencia, permitir declarar culpabilidades donde un juez no las encontró es abrir un resquicio al escándalo jurídico de las sentencias contradictorias. De todos modos, la tesis contraria, que propicia la libertad de apreciación del juzgador civil cuando el juez penal ha absuelto por falta de culpabilidad, es doctrina judicial y autoral que podemos considerar mayoritaria y consolidada; sosteniendo esta corriente de opinión que la sentencia criminal hace cosa juzgada en cuanto a la inexistencia del hecho pero no en cuanto a la inexistencia de culpa. Los argumentos que se esgrimen a favor de esta postura radican en la diferente naturaleza y gradación de la culpa penal y la culpa civil, en tanto la primera busca reprender al autor del hecho mientras la segunda propende a lograr una efectiva reparación del daño sufrido por la víctima, con lo cual es más estricta la apreciación en la esfera iusprivatista que en la represiva. Y quizás las razones más sólidas que evidencian tal distinción pasen por dos aspectos relevantes: la inexistencia en el ámbito civil del principio in dubio pro reo, de cuño constitucional; y la existencia, en la esfera civil, de culpas presuntas y de responsabilidades sin culpa (conf. Saux, comentario al citado art.1103, en Código Civil de Bueres dirección, Highton coordinación, tomo 3-A, págs.327, 328 y 329).
Precisamente, si se analiza el sub caso se advierte que la sentencia penal absolutoria estuvo basada en el beneficio de la duda (ver apartado II, punto 1, del presente voto), y debe quedar bien en claro – como lo pondré de resalto infra- que la conducta de los protagonistas del hecho dañoso debe juzgarse a la luz de la responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas contemplada en el art.1113, segundo párrafo in fine del Código Civil. De allí que el agravio de Garbellini no se muestre acorde con los principios que han quedado pacíficamente aceptados en esta materia, resultando inaudible su argumento de que en el campo culposo es exactamente igual lo que sucede en los ámbitos penal y civil (fs.1086). Tampoco es cierto lo planteado por el apelante a fs.1086vta./1087, cuando aduce que el citado art.1113, segundo párrafo, parte segunda, del Código Civil, sería únicamente de aplicación para determinar la responsabilidad frente a los deudos de Rivero (transportado benévolamente en el automóvil guiado por Ferraro), ya que esta norma también rige –sin hesitacionesen lo que respecta a la dilucidación de la responsabilidad civil en las demandas cruzadas que se han promovido Garbellini y Ferraro (se trata de una cuestión definitivamente superada en el derecho argentino, que en materia de accidentes de automotores rige la citada norma legal; ver Pizarro- Vallespinos, Instituciones de derecho privado, obligaciones, tomo 4, págs.617 a 621).
No puedo dejar de mencionar para concluir esta parcela de mi voto, la reiterada doctrina legal de la Suprema Corte Provincial, que sirve para sellar la suerte desfavorable del agravio en análisis. Precisó la Corte que: “La autoridad de cosa juzgada reconocida por el art.1103 del Código Civil a la sentencia penal absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de la culpa, lo que equivale a afirmar que a veces resulta excesivo identificar absolución penal con falta de relación causal, o con imposibilidad de analizar –ya en el ámbito civil- la conducta del imputado, puesto que la certeza que indispensablemente se requiere para la aplicación de toda sanción penal resulta más rigurosa que la que se exige para la atribución de la responsabilidad civil” (S.C.B.A., C 102597 del 8-8-12; C 98107 del 14-9-11, C 87809 del 10-9-08, sumario JUBA B30010; lo destacado me pertenece). En el mismo sentido decidió el Superior Tribunal que: “ El art.1103 del Código Civil define los aspectos en que hace cosa juzgada la sentencia penal absolutoria en el fuero civil –a la que cabe asimilar el sobreseimiento definitivo-, impidiendo que se pueda declarar la responsabilidad patrimonial del demandado. En rigor, consigna una única calificación cuya definición en sede penal hace cosa juzgada en el ámbito del juicio civil: la inexistencia del hecho principal respecto del cual se absolvió o sobreseyó. Ninguna referencia hace sobre la culpa del imputado” (S.C.B.A., C106711 del 28- 9-11, C89067 del 4-8-10, sumario JUBA B33354; lo destacado es del suscripto). Profundizando aún más en esta problemática, ha puntualizado la Suprema Corte que: “La culpa y la responsabilidad civil difieren, en su configuración y en su gradación, a la reprochabilidad penal. De allí que pueda indagarse en ámbito del derecho privado sobre esas cuestiones, sin perjuicio de la absolución en el proceso penal. Pues, si de lo que se trata es de determinar si ha mediado una falta o culpa civil que conlleve una responsabilidad patrimonial, la ausencia del correlativo reproche penal, no lo obsta” (S.C.B.A., C 106711 del 28-9-11; C 92067 del 14-9-11; C 89067 del 4- 8-10; C 94128 del 16-12-09, C 95710 del 18-11-09, sumario JUBA B34288; lo resaltado no obra en el original).
En definitiva, corresponde desestimar el agravio del apelante Roberto Garbellini, que se encuentra referido a la incidencia del pronunciamiento penal sobre el presente proceso civil.
2. Zanjada la cuestión precedente, se impone adentrarse en la dilucidación de la responsabilidad civil de los protagonistas del evento dañoso, para lo cual debo refutar –una vez más- los dichos de Garbellini, quien adujo que en el litigio que se le ha planteado con Ferraro, el juzgador ha efectuado una asignación de los porcentajes de responsabilidad de índole subjetiva, pues para así decidir se valoró y computó la negligencia en que se habría incurrido (fs.1087). Esto en modo alguno es así, ya que si se examinan los dichos del magistrado sobre esta temática, puede observarse que los mismos refieren a la contribución causal de cada uno de los conductores al acaecimiento del hecho dañoso (ver fs.1032), aspecto enteramente compatible con el sistema de responsabilidad civil objetiva derivada del riesgo de las cosas (arts.901, 902, 906, 909, 1113 del Código Civil).
Más aún, no debe perderse de vista en esta materia la doctrina legal del cimero tribunal bonaerense, donde se postula que: “Para liberarse total o parcialmente de responsabilidad no se trata de calificar la conducta de quienes responden por su carácter de dueños o guardianes pues en los casos de riesgo o vicio de la cosa, la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos por la norma para atribuir responsabilidad, sino de indicar que al tiempo de computarse una eventual situación que excluya su responsabilidad no podrá dejar de valorarse el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas desde una perspectiva integral” (S.C.B.A., C 102351 del 25-3-09, Ac.85622 del 24-5-06, Ac.83140 del 3-12-03, Ac.68.819 del 12-7-00, Ac.58349 del 16-6-98, entre muchos otros; lo destacado en negrita ha sido introducido por el suscripto). Aplicando estas directrices dadas por la Suprema Corte Provincial, se impone valorar el cuadro total de la conducta de los protagonistas del evento dañoso, desde una perspectiva integral, tarea que acometeré a continuación.
Sólo me resta dejar debidamente remarcado, en atención al contenido de los agravios, que tanto en la acción entablada por los herederos de Rivero (causa n° 58.540, “Quiñones), como en las demandas cruzadas que se entablaron Ferraro y Garbellini (causa n° 58.975, “Ferraro”, y causa n° 58.976, “Garbellini”), la cuestión de autos habrá de quedar alcanzada por las prescripciones del art.1113, segundo párrafo in fine del Código Civil. En efecto, en la primera de las acciones encuadrable en el transporte benévolo, la responsabilidad del dueño o guardián de la cosa riesgosa es objetiva y queda regulada por el citado artículo 1113, ya que esta norma no contiene distinción alguna para tal supuesto (S.C.B.A., C 94421 del 6-10-10, C 98182 del 10-12-08, Ac.82.765 del 30-3-05, Ac.70.196 del 6-12-00, Ac.56.514 del 5-7-96, entre otros, sumario JUBA B 23760). Ha sostenido este tribunal que el transporte benévolo genera responsabilidad extracontractual del transportista, en base al riesgo creado (art.1113, segundo párrafo in fine del Código Civil) (esta Sala, causas n° 41.835, 41.836 y 41.837 del 15-12-00, voto del Dr. Galdós, sumario JUBA B3100514). Por ende, al regir en toda su plenitud el marco normativo previsto en esta norma para el riesgo o vicio de las cosas, el transportista puede eximirse total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (conf. Pizarro-Vallespinos, ob. cit. tomo 5, págs.488 a 494). Por lo demás, en lo que respecta a las demandas cruzadas promovidas entre Ferraro y Garbellini (causas n° 58.975 y 58.976), no pueden caber dudas de la aplicación del citado art.1113, segundo párrafo in fine del código de fondo, por ser esta la norma que rige en materia de accidentes de automotores (ver Pizarro-Vallespinos, ob. cit. tomo 4, págs.617 a 621).
Formuladas las precisiones anteriores, es menester analizar las diferentes constancias de la causa para esclarecer el cuadro total de la conducta de los protagonistas del evento dañoso, desde una perspectiva integral, ponderando la gravitación causal que han tenido los comportamientos de cada uno de los intervinientes en el siniestro vial (arts.901, 902, 906, 909, 1113 y ccs. del Cód. Civil; arts.163 inciso 5, 374, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.). Y en este orden de cosas, considero que el accionar de Garbellini se ha erigido en la única causa adecuada del desenlace dañoso, por lo que –en mi opinión- deberá responder en forma exclusiva por los daños y perjuicios derivados del lamentable accidente. Me explicaré en los desarrollos siguientes.
Cabe recordar, en primer término, que Garbellini circulaba al comando de su camioneta Marca Toyota Hilux por la ruta 30 en dirección hacia la ruta 74, proveniente de la ciudad de Tandil, cuando al llegar a la altura del camino vecinal de tierra que accede a la estación Azucena, embistió al automóvil Volkswagen Gol (guiado por Ferraro, quien era acompañado por Rivero), que se encontraba en el mencionado camino y se dirigía en dirección a Tandil (véase el ilustrativo croquis confeccionado por el perito ingeniero que luce a fs.958 de la causa n° 58.540). Surge a todas luces evidente que el accionar de Garbellini se erigió en causa adecuada del daño, al haber continuado la marcha que traía su vehículo en línea recta, sin respetar la desviación de la ruta pavimentada por la que transitaba.
O sea que Garbellini no tomó la curva de la ruta por la que venía transitando, tal como lo exigían las normas de manejo de vehículos, sino que ingresó al camino de tierra y embistió al Volkswagen Gol que se encontraba sobre el mismo, evidenciando una clara falta de control y dominio sobre el automotor que conducía (arts.51 inciso 3 y 76 de la ley 11.430). Así lo explica en su pericia el Ingeniero Arrien, quien al aludir al factor humano del accidente, señaló que éste “tiene alta incidencia dado que los conductores conocían el lugar y no tomaron debida cuenta de los riesgos que presenta. En particular la camioneta Toyota por la velocidad con la cual se desplazaba. Observar en la fotografía n° 1 de este informe, que la velocidad máxima permitida a 150 metros del cruce es de tan solo 60 km/h” (fs.962, punto e).
Más adelante había precisado el experto que “la velocidad previa al impacto de la camioneta Toyota era del orden de los 100 km/h. Respecto del Volkswagen Gol, puede haber estado detenido o su velocidad estaba en el orden de los 20 km/h como máximo” (fs.961vta., punto c). Cuando se le preguntó al perito si era posible que, ante la presencia de un vehículo que circula de noche por el camino adyacente de tierra, quien transita por la Ruta 30 continúe su marcha por este camino vecinal en lugar de seguir por la ruta, confundido por las luces del otro vehículo, su respuesta fue la siguiente: “Puede ocurrir este tipo de siniestro, en caso de desatención en el manejo, velocidad excesiva y en caso de aquellos conductores que no conozcan la zona en la cual transitan, también pueden mencionarse otras causas: efecto del sueño, drogas, alcohol, poca pericia en la conducción, etc.” (fs.962vta., respuesta al punto 3.8) (arts.384, 474 y ccs. del Cód.
Proc.).
Las conclusiones periciales antedichas, de las que no encuentro mérito para apartarme, se compadecen con las demás constancias de la causa y, especialmente, con la situación fáctica que quedó fijada en la sentencia penal, donde se estableció que el choque frontal se produjo sobre el camino de tierra en el que se encontraba el automóvil Volkswagen Gol, el cual pudo haber estado detenido sobre el mismo o bien haber circulado a muy baja velocidad. Por lo demás, tal como ya lo señalé, en el pronunciamiento penal se precisó el lugar exacto del impacto, el que se situó a los cinco o seis metros contados a partir de la parte delantera del Volkswagen Gol hasta el comienzo del pavimento (ver fs.394vta. de la causa penal y la pericia planimétrica obrante a fs.86 de la misma causa). Y en el croquis que acompaña a la pericia de ingeniería practicada en el presente juicio, se ubicó la zona probable de impacto sobre el camino de tierra, a unos metros de la ruta (ver en autos fs.958 y 962, respuesta al punto 3.4) (arts.163 inciso 5, 374, 374, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
Las inequívocas constancias que vengo analizando me afirman en la convicción de que el accionar de Garbellini se ha erigido en causa exclusiva del accidente de tránsito, conforme ya lo adelanté, sin que pueda asignarse ningún tipo de contribución causal al accionar de Ferraro. Ya en la sentencia penal se excluyeron las referencias realizadas por la defensa de Garbellini que le atribuyó a Ferraro la responsabilidad por lo ocurrido, por cuanto la falta de señalización e iluminación del lugar también era inexistente proviniendo del camino de tierra; habiéndose sostenido en ese fuero que no es posible aseverar que el vehículo guiado por Ferraro estuviera ubicado en la banquina al momento del hecho (ver fs.393vta./394 de la causa penal) (arts.901, 902, 906, 909 y ccs. del Cód. Proc.).
En virtud de todas las consideraciones hasta aquí expuestas, propongo el acogimiento del recurso deducido por la citada en garantía y la consiguiente revocación parcial de la sentencia apelada donde se le asignó a Ferraro un porcentaje del quince por ciento (15%) de responsabilidad, ya que en mi entender la responsabilidad total del hecho dañoso pesa sobre Garbellini. Aquí debo insistir en que el automóvil guiado por Ferraro se encontraba sobre el camino de tierra al momento del hecho (ya sea detenido o circulando a muy baja velocidad), siendo evidente que su conductor nada pudo hacer ante la imprevista invasión del camino de tierra concretada por Garbellini, quien en lugar de tomar la curva de la ruta por la que transitaba (como hubiera correspondido), ingresó al camino vecinal a la misma velocidad que traía e impactó al Volkswagen Gol, provocando, de esta manera, el siniestro motivo de las presentes actuaciones. No es atendible lo sostenido por el a quo en el sentido de que al encontrarse frenado el automóvil Volkswagen Gol sobre el camino de tierra con las luces encendidas, se generó un especial contexto de situación de daño (fs.1032, anteúltimo párrafo); pues es evidente que Ferraro obró con la prudencia que las circunstancias le imponían y ningún otro comportamiento adicional pudo habérsele exigido. Y debe quedar en claro que estas conclusiones las formulo en el marco de la responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas que rige en la especie y con arreglo a las normas que gobiernan la relación de causalidad, si bien resulta necesario valorar el cuadro total de la conducta de todos los protagonistas desde una perspectiva integral (tal como lo postula la Suprema Corte en la doctrina ya citada); por lo que en ninguna de las acciones acumuladas en autos rigen responsabilidades de tipo subjetivo (arts.901, 902, 906, 909, 1113 y ccs. del Código Civil). Ello hace que la condena resultante de este proceso civil sea plenamente congruente con el pronunciamiento dictado en la órbita penal, ya que si bien en esta sede no se tuvo certeza sobre la culpa penal de Garbellini, ello no resulta óbice para que en sede civil se determine su responsabilidad con arreglo a las normas que regulan los daños derivados del riesgo de las cosas (arts.1103, 1113 y ccs. del Código Civil).
V. Resta por tratar un planteo que recién trae en su expresión de agravios Roberto Garbellini, y que, por su extemporaneidad, corresponde que sea desestimado por inadmisible (arts.163 inciso 6, 266, 272 y ccs. del Cód. Proc.).
En efecto, en forma tardía plantea el nombrado -en esta instancia- un nuevo supuesto de eximición de su responsabilidad civil, al señalar que el tercero responsable por el cual no debe responder es el Estado Provincial como titular de las rutas y caminos que, entre otras anomalías, se encontraban deficitariamente diseñados y señalizados; destacando que esta situación ha sido acreditada en el proceso penal cuyas constancias forman parte de este juicio como prueba (véase la reseña efectuada en el apartado III, punto 2, anteúltimo párrafo). Si se recala en el escrito de contestación de demanda de esta parte puede advertirse, con prontitud, que este planteo no fue introducido –en modo alguno- en la instancia de origen, ya que la oposición de Garbellini estuvo exclusivamente fundada en la supuesta responsabilidad que le atribuyó a Ferraro, no habiendo formulado ninguna mención sobre la eximente que ahora pretende incorporar al proceso (ver contestaciones de fs.336/342vta. de la causa n° 58.540 y de fs.42/52 de la causa n° 58.975, así como el escrito de demanda de fs.20/27 de la causa n° 58.976).
Sabido es que la primera limitación de este tribunal revisor viene dada por la relación procesal (bien definida como el continente por excelencia del ejercicio de la jurisdicción), debiendo abstenerse la alzada de considerar las cuestiones extrañas a la litis, tal como con claridad lo establece el art.272 del código de rito (conf. Quadri, Los recursos ordinarios en el Proceso Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, págs.406 y 407, con cita de nutrida doctrina y jurisprudencia). Así menciona este mismo autor la doctrina de la Suprema Corte Provincial, quien ha puesto de manifiesto que al tribunal de alzada le está vedado resolver sobre cuestiones que no han sido introducidas en los escritos constitutivos del proceso y que los tribunales de apelación no pueden fallar sobre puntos o capítulos no propuestos a decisión del juez de primera instancia; ni aún so pretexto de interpretar las argumentaciones traídas (Quadri, ob. cit. pág.409, con cita de diversos fallos del Superior Tribunal). Y abundando en ejemplos concretos que guardan similitud con el de autos, alude este mismo autor a pronunciamientos de tribunales provinciales según los cuales no puede el demandado invocar la culpa de la víctima recién en oportunidad de expresar agravios, criterio que también se ha aplicado ante la alegación, recién en la Alzada, del caso fortuito o la fuerza mayor (Quadri, ob. cit. pág.411). En base a lo antedicho, cabe desestimar por inadmisible el planteo del apelante Garbellini introducido tardíamente en esta alzada, que versa sobre una supuesta eximente basada en la responsabilidad del Estado Provincial por las deficientes condiciones en que se encontraba la ruta (arts.163 inciso 6, 266, 272 del Cód. Proc.; esta Sala, causa n°57.949, “Fornes…” del 24/9/2013, causa n°58241, “Municipalidad de Tandil…” del 27/2/2014, entre otras).
VI. Sólo han quedado pendientes de abordaje los agravios que la representación letrada de Garbellini ha dirigido contra la parcela de la sentencia donde se determinaron los daños y perjuicios; debiendo recordarse que el a quo trató en forma separada los resarcimientos que corresponden a cada una de las acciones acumuladas en autos. Así se tiene que, primeramente, se abordaron los daños y perjuicios correspondientes a la causa n° 58.540, “Quiñones”, que versa sobre las indemnizaciones reclamadas por los deudos de Carlos Alberto Rivero, quien falleció como consecuencia del accidente cuando era transportado benévolamente en el Volkswagen Gol guiado por Raúl Alfredo Ferraro (fs.1027/1029vta.). Más adelante se ocupó el juzgador de establecer las indemnizaciones correspondientes a la causa n° 58.975, “Ferraro”, donde Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi (conductor y titular registral, respectivamente, del Volkswagen Gol) le reclamaron a Roberto Garbellini el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del evento dañoso (fs.1032vta./1036vta.). Y, por último, se ocupó el sentenciante de las indemnizaciones reclamadas en la causa n° 58.976, “Garbellini”, donde el actor dirigió su acción contra Ferraro, Sommi y la aseguradora Coopan Cooperativa de Seguros Ltda. (fs.1036vta./1037vta.).
En función de ello, en los puntos siguientes examinaré cada uno de los agravios dirigidos contra los diferentes conceptos indemnizatorios determinados en el decisorio de grado.
1. En la sentencia apelada se examinó el daño emergente y el lucro cesante reclamado por los herederos de Carlos Alberto Rivero (causa n° 58.540, “Quiñones”), consistente en todo lo necesario para la subsistencia de la viuda e hijos de muerto (seis menores que se encontraban bajo la responsabilidad y sustento del padre fallecido). Y así puso de relieve el a quo que Rivero contaba con 53 años de edad a la fecha del hecho, que trabajaba como empleado municipal y percibía un sueldo de $ 418 mensuales al momento de la muerte, más la correspondiente cobertura social. Al momento de la cuantificación ponderó el juzgador la edad de la víctima al momento del accidente y la edad presuncional de jubilación (65 años); la edad de los menores y el hecho de que la madre tuviera que salir a trabajar para mantener el hogar; así como también el salario mínimo, vital y móvil en base a un valor promedio de $ 2000, teniendo en cuenta las variaciones experimentadas desde el año 2002. Con arreglo a estos parámetros y realizando el cálculo según la fórmula conocida como “Méndez” (extraída de un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo), consideró acreditado el daño en la suma reclamada por los actores, por lo que hizo lugar a este rubro en su totalidad, fijándolo en la suma de $ 400.000 (fs.1028).
El apelante Garbellini ha criticado esta parcela del decisorio en base a señalamientos que en mi opinión no revisten asidero. Así afirma que para el cálculo del daño y el lucro cesante el juez apeló a la fórmula conocida como “Méndez”, siendo llamativo que el cálculo haya arrojado una cifra redonda y que en la sentencia no se haya expresado la descomposición de dicha fórmula; agregando que este parámetro pretensamente matemático, originado en el fuero laboral, es inaplicable en el ámbito civil donde el actor debe probar en el caso concreto los daños que ha sufrido y su determinación (fs.1090). En función de ello impugna la metodología utilizada por el juzgador para fijar el monto de la indemnización, como así también cuestionó el monto fijado en tanto no se ha sustentado en la prueba producida en la causa, ni en la sentencia se explicitaron las razones para su determinación (fs.1090vta.).
No es exacto que la utilización de este tipo de fórmulas sea extraña al proceso civil de daños y perjuicios, ya que, muy por el contrario, la aplicación de las mismas ha sido detenidamente estudiada y propiciada, desde hace muchos años, en doctrina y jurisprudencia, a punto tal que ha tenido recepción legislativa en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art.1746 ley 26.994; ver sobre esta temática Zavala de González, Tratado de daños a las personas, Disminuciones psicofísicas, tomo 2, págs.232 a 249; Iribarne, De los daños a las personas, págs.659 a 663). Asimismo, el método utilizado por el a quo resulta absolutamente razonable y ajustado a derecho, ya que utilizando los datos fácticos acreditados en la causa ha considerado la edad de la víctima al momento del accidente y la edad presuncional de jubilación, la edad de los menores, el hecho de que la madre tuviera que salir a trabajar para mantener el hogar, y el monto del salario mínimo vital y móvil que justipreció en un valor promedio de $ 2000, a la fecha de la sentencia que data de un año y varios meses, período durante el cual el proceso inflacionario del país se ha mantenido persistente (arts.163 inciso 5, 165, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Por lo demás, el cálculo matemático no ha sido el único parámetro considerado para la cuantificación del daño (SCBA Ac 118085 del 8/4/2015). El apelante no ha dirigido ningún cuestionamiento concreto acerca de este cálculo, ni ha señalado el guarismo que, según su criterio, hubiera sido el correcto; de manera tal que sus afirmaciones se deslizan en el plano dogmático sin apoyatura en los elementos aportados al proceso (art.260 del Cód. Proc.). Finalmente, el monto indemnizatorio fijado en la sentencia no se muestra exagerado ni arbitrario, sino que se ajusta a las diversas constancias de la causa y aparece equitativo en las actuales circunstancias de la realidad económica; por lo que el agravio en examen debe ser desestimado (arts.1068, 1069, 1083, 1084 y ccs. del Cód. Civil; arts.165, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
2. El otro rubro acogido por el sentenciante fue el daño moral peticionado por los herederos de Rivero (causa n° 58.540, “Quiñones”), y para ello valoró las vicisitudes por las que atravesó el grupo familiar luego de la muerte del padre, a cuyo fin ponderó el informe de asistente social de fs.866/888 y las declaraciones testimoniales de fs.871 y 883/884, que dan cuenta de la desintegración sufrida por la familia y los padecimientos morales, espirituales y personales de sus miembros. En función de ello, fijó el daño moral para Hilda Mónica Quiñones de Rivero en la suma de $ 100.000, para los menores Lorena, Mauro y Marcia en la suma de $ 50.000 para cada uno (totalizando $ 150.000), para los menores Carlos y Celina en la suma de $ 75.000 para cada uno (totalizando $ 150.000), para la menor Cintia en la suma de $ 100.000, y para la hija mayor de edad Natalia en la suma de $ 50.000 (fs.1028/1029vta.).
Debe rechazarse el presente agravio referido al daño moral, ya que los valores establecidos en la sentencia son sustancialmente inferiores a los determinados por este tribunal en situaciones semejantes, donde se ponderaron las circunstancias de la realidad económica y las características de los padecimientos sufridos por los familiares de la víctima (esta Sala, causa n° 58.198, “Gómez”, sentencia del 27-11-14, voto de la Dra. Longobardi). Son inconsistentes las afirmaciones de que en la sentencia sólo se ponderaron circunstancias de índole económica, pues es a todas luces evidente la aflicción espiritual que representa la muerte de un padre para sus hijos menores de edad que convivían con él, así como también la pérdida afectiva que significó para su cónyuge, máxime que en autos no se ha demostrado ninguna situación que haga presumir lo contrario (arts.163 inciso 5, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.). Por lo demás, los diferentes montos que el juzgador ha fijado para cada uno de los miembros de la familia, no obedecen sino a un estricto apego a lo peticionado en la demanda (véanse los extensos desarrollos de fs.86vta./88vta. de la demanda correspondiente a la causa “Quiñones”, los que no merecieron una réplica precisa del aquí apelante, como se observa a fs.345/345vta. del mismo expediente). Asimismo, para la cuantificación de este rubro ponderó el juzgador el informe asistencial de fs.866/888 y los dichos de los testigos (fs.1028vta./1029), no habiendo expresado el apelante el error de valoración que se le atribuye al pronunciamiento de grado (art.1078 del Cód. Civil; arts.163 inciso 6, 330, 354, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
3. Ya con relación a los daños correspondientes a la causa n° 58.975, “Ferraro”, corresponde puntualizar que en la sentencia se fijó en la suma de $ 3.000 el daño emergente consistente en los gastos médicos que tuvo que afrontar Raúl Alfredo Ferraro, y para ello ponderó el juzgador las lesiones graves que el nombrado padeció como consecuencia del siniestro vial (fs.1032vta./1033, con cita de la constatación realizada a fs.390vta. de la causa penal n° 698/2004).
Se queja el apelante porque este rubro se determinó en forma arbitraria en la sentencia, sin valorar ninguna circunstancia del caso concreto (fs.1091vta.). Más esta aseveración carece de sustento, puesto que -como lo precisé en el párrafo anterior- tuvo en cuenta el juzgador -como dato decisivo- las lesiones graves padecidas por el actor que resultan de la causa penal. Y acreditadas estas lesiones graves no quedan dudas de que los gastos terapéuticos son una consecuencia lógica de las mismas, no obstando a su acogimiento que no se haya acompañado prueba documental de las erogaciones, porque constituyen un hecho notorio (esta Sala, causa n° 48.804 del 8-11-05, “Miñaur”, voto del Dr. Galdós, causa n° 48.968, “Desch” del 13-12-05). En materia de gastos médicos la jurisprudencia ha adoptado criterios flexibles, al no haber exigido prueba acabada sobre la cuantía de los desembolsos, siempre que los mismos guardaren razonable vinculación con las lesiones producidas (esta Sala, causa n° 47.767, “Iglesias” del 30-12-02, causa n° 50.234, “Molinate” del 20-2-07). En el sub caso se aprecia una razonable relación entre las lesiones graves padecidas por el actor y la cuantía de los gastos terapéuticos establecida por el juzgador, por lo que esta parcela de la sentencia también merece ser confirmada (arets.901, 902, 906, 1068, 1083, 1086 y ccs. del Cód. Civil; arts.163 incisos 5 y 6, 165, 374, 375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
4. Con respecto al daño moral pretendido en la causa “Ferraro”, en la sentencia apelada se cuantificó este rubro en la suma de $ 10.000, teniendo en cuenta los padecimientos del actor en virtud de las lesiones sufridas, las que le han provocado aflicciones, angustias, congojas y penas que han afectado la vida de relación (ver fs.1033/1033vta.). En virtud de ello, el agravio del apelante no contiene una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia (fs.1091vta.), por lo que resulta claramente inadmisible (art.260 del Cód. Proc.; art.1078 del Cód. Civil).
5. Otro de los agravios está orientado a cuestionar lo decidido en torno a los daños materiales del automotor Volkswagen Gol, sosteniendo el apelante que se dio por probada la destrucción total del vehículo por la pericia mecánica de fs.964, pero se dio curso a la totalidad del monto pretendido por el actor que estimó el daño en la suma de $ 22.200, de los cuales $ 20.000 correspondían a daños materiales del rodado y $ 2.200 a pérdida del valor venal. Así expresó el apelante que la destrucción total descarta una pérdida del valor venal, por lo que se está ante una decisión incongruente. Y señaló que la pericia a la que remite el fallo indicó que el valor del vehículo era de aproximadamente $ 18.000 (fs.965), siendo ésta una cifra diferente a la suma de $ 22.200, establecida por el a quo como monto de condena (fs.1091vta./1092).
En la pericia de ingeniería practicada en autos se concluyó en que los daños del Volkswagen Gol son de tal magnitud que debe plantearse un caso de destrucción total del rodado (fs.964/964vta., respuesta al punto 3.13); habiéndose fijado el valor de mercado del vehículo siniestrado en la suma de $ 18.000 (fs.965, respuesta al punto 3.16). Surge también de esta pericia que en el caso de autos no puede determinarse la desvalorización venal del rodado luego de la reparación (fs.964vta., respuesta al punto 3.15).
En base a estas consideraciones, le asiste razón al apelante cuando postula que el monto de condena debe limitarse a la suma de $ 18.000, que corresponde al valor del vehículo que ha quedado afectado por una destrucción total; no siendo posible establecer un monto adicional en concepto de pérdida de valor venal, pues este rubro requiere que haya un automotor reparado, lo que en el caso no sucede (arts.375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.). Por ello, propicio la modificación de este punto de la sentencia apelada, debiendo reducirse el rubro daños materiales del automotor a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera establecida en el pronunciamiento en análisis.
6. Se queja el apelante, finalmente, en lo que respecta al rubro privación de uso del vehículo, afirmando que en la sentencia no se explicó cómo, en el caso concreto, se determinó cuantitativamente la condena (fs.1092). Sin embargo, en la sentencia se hizo referencia a la pericia de ingeniería que dictaminó sobre la inconveniencia de la reparación del rodado (fs.1036, segundo párrafo). Y esto no obsta a la procedencia del rubro, porque aunque medie un supuesto de destrucción total, también el damnificado está sufriendo la privación de su vehículo, ya que hasta que logre adquirir otro en su reemplazo, debe soportar las erogaciones necesarias para su traslado, ya sea por pasajes de colectivos o por uso de vehículos particulares (estos supuestos son mencionados en la sentencia a través de la cita de otros precedentes, como puede observarse a fs.1034vta.). Y en este andarivel, la suma de $ 4.000 que se estableció en la sentencia no aparece exagerada ni apartada de los elementos probatorios de la causa (fs.1036), por lo que propicio la desestimación del agravio en tratamiento (arts.1068, 1069, 1083 y ccs. del Cód. Civil; arts.163 inciso 5, 165, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
7. Sólo resta por señalar que, atento al modo en que se resuelve la cuestión litigiosa, no es menester tratar el agravio articulado por la aseguradora contra las indemnizaciones establecidas en la sentencia, por cuanto el mismo ha devenido abstracto (fs1083vta./1084).
VII. A modo de síntesis conclusiva de todo lo hasta aquí expuesto y tal como ya lo anticipé, propicio dictar la siguiente resolución: Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la aseguradora citada en garantía y revocar parcialmente la sentencia apelada donde se le asignó a Raúl Alfredo Ferraro un porcentaje del quince por ciento (15%) de responsabilidad; atribuyéndosele la responsabilidad exclusiva por la causación del hecho dañoso a Roberto Garbellini. Confirmar la sentencia apelada en lo que respecta a la determinación y cuantificación de los diferentes conceptos indemnizatorios, con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor reclamado en la causa “Ferraro”, el que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia.
Como consecuencia de ello, las acciones entabladas en cada una de las causas acumuladas se resuelven de la siguiente forma: 1) En la causa n° 58.540, “Quiñones”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Hilda Mónica Quiñones y por los hijos del fallecido Carlos Alberto Rivero, exclusivamente contra el codemandado Roberto Garbellini, condenándose a éste último a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada que han quedado confirmados en esta alzada, con más los intereses fijados en aquél decisorio que no fueron motivo de agravio; y se rechaza la demanda incoada contra los restantes codemandados Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la citada en garantía Coopan Cooperativa de Seguros Ltda.
Las costas de esta causa n° 58.540 se imponen en su totalidad al codemandado vencido Roberto Garbellini, al no tener incidencia que la demanda haya sido rechazada contra algunos de los codemandados, ya que la víctima no tiene porqué investigar la mecánica del hecho dañoso a los fines de dirigir su demanda, y, además, porque esta circunstancia no le quita al condenado la calidad de vencido a los efectos de las costas, dado que la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vieron sometidos los accionantes (S.C.B.A., C 89.530 del 25-2-09, C 112.337 del 10-10-12; esta Sala, causa n° 56.720, “Vivacqua”, sentencia del 13-12-12, entre otras; art.68 del Cód.
Proc.). 2) En la causa n° 58.975, “Ferraro”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi, condenándose al demandado Roberto Garbellini a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada (sin la reducción allí realizada en base al porcentaje del 85% que ha quedado revocado en esta alzada), con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia, con más los intereses fijados en el pronunciamiento de grado que no han sido materia de agravio. Las costas de esta causa n° 58.975 se imponen en su totalidad al codemandado vencido Roberto Garbellini, en atención a la forma en que quedó fijada la responsabilidad civil de los protagonistas del accidente de tránsito, y considerando que no puede alterar dicha condena la modificación de uno de los rubros indemnizatorios dispuestos en esta alzada (citada doctrina S.C.B.A., C 89.530 del 25-2-09, C 112.337 del 10-10-12; esta Sala, causa n° 56.720, “Vivacqua”, sentencia del 13-12-12, entre otras; art.68 del Cód.
Proc.). 3) En la causa n° 58.976, “Garbellini”, en atención a la forma en que quedó establecida la responsabilidad civil de los protagonistas del hecho, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda entablada por Roberto Garbellini contra Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la aseguradora Coopan Cooperativa de Seguros Ltda., con imposición de costas al actor que ha resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.). 4) Imponer las costas de alzada a Roberto Garbellini, por haber sido vencido en esta instancia recursiva, sin presentar relevancia la modificación que obtuvo de uno de los rubros indemnizatorios, en base a la doctrina de la Suprema Corte Provincial citada en este apartado VII (art.68 del Cód.
Proc.).
5. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior, se dicta la siguiente resolución: Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la aseguradora citada en garantía y revocar parcialmente la sentencia apelada donde se le asignó a Raúl Alfredo Ferraro un porcentaje del quince por ciento (15%) de responsabilidad; atribuyéndosele la responsabilidad exclusiva por la causación del hecho dañoso a Roberto Garbellini. Confirmar la sentencia apelada en lo que respecta a la determinación y cuantificación de los diferentes conceptos indemnizatorios, con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor reclamado en la causa “Ferraro”, el que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia.
Como consecuencia de ello, las acciones entabladas en cada una de las causas acumuladas se resuelven de la siguiente forma: 1) En la causa n° 58.540, “Quiñones”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Hilda Mónica Quiñones y por los hijos del fallecido Carlos Alberto Rivero, exclusivamente contra el codemandado Roberto Garbellini, condenándose a éste último a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada que han quedado confirmados en esta alzada, con más los intereses fijados en aquél decisorio que no fueron motivo de agravio; y se rechaza la demanda incoada contra los restantes codemandados Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la citada en garantía Coopan Cooperativa de Seguros Ltda.
Las costas de esta causa n° 58.540 se imponen en su totalidad al codemandado vencido Roberto Garbellini, al no tener incidencia que la demanda haya sido rechazada contra algunos de los codemandados, ya que la víctima no tiene porqué investigar la mecánica del hecho dañoso a los fines de dirigir su demanda, y, además, porque esta circunstancia no le quita al condenado la calidad de vencido a los efectos de las costas, dado que la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vieron sometidos los accionantes (S.C.B.A., C 89.530 del 25-2-09, C 112.337 del 10-10-12; esta Sala, causa n° 56.720, “Vivacqua”, sentencia del 13-12-12, entre otras; art.68 del Cód.
Proc.). 2) En la causa n° 58.975, “Ferraro”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi, condenándose al demandado Roberto Garbellini a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada (sin la reducción allí realizada en base al porcentaje del 85% que ha quedado revocado en esta alzada), con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia, con más los intereses fijados en el pronunciamiento de grado que no han sido materia de agravio. Las costas de esta causa n° 58.975 se imponen en su totalidad al codemandado vencido Roberto Garbellini, en atención a la forma en que quedó fijada la responsabilidad civil de los protagonistas del accidente de tránsito, y considerando que no puede alterar dicha condena la modificación de uno de los rubros indemnizatorios dispuestos en esta alzada (citada doctrina S.C.B.A., C 89.530 del 25-2-09, C 112.337 del 10-10-12; esta Sala, causa n° 56.720, “Vivacqua”, sentencia del 13-12-12, entre otras; art.68 del Cód.
Proc.). 3) En la causa n° 58.976, “Garbellini”, en atención a la forma en que quedó establecida la responsabilidad civil de los protagonistas del hecho, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda entablada por Roberto Garbellini contra Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la aseguradora Coopan Cooperativa de Seguros Ltda., con imposición de costas al actor que ha resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.). 4) Imponer las costas de alzada a Roberto Garbellini, por haber sido vencido en esta instancia recursiva, sin presentar relevancia la modificación que obtuvo de uno de los rubros indemnizatorios, en base a la doctrina de la Suprema Corte Provincial citada en este apartado VII (art.68 del Cód.
Proc.).
5. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, el Dr. Galdós adhiere al voto que antecede, votando en igual sentido por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 11 Junio de 2015. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la aseguradora citada en garantía y revocar parcialmente la sentencia apelada donde se le asignó a Raúl Alfredo Ferraro un porcentaje del quince por ciento (15%) de responsabilidad; atribuyéndosele la responsabilidad exclusiva por la causación del hecho dañoso a Roberto Garbellini. Confirmar la sentencia apelada en lo que respecta a la determinación y cuantificación de los diferentes conceptos indemnizatorios, con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor reclamado en la causa “Ferraro”, el que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia.
Como consecuencia de ello, las acciones entabladas en cada una de las causas acumuladas se resuelven de la siguiente forma: 1) En la causa n° 58.540, “Quiñones”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Hilda Mónica Quiñones y por los hijos del fallecido Carlos Alberto Rivero, exclusivamente contra el codemandado Roberto Garbellini, condenándose a éste último a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada que han quedado confirmados en esta alzada, con más los intereses fijados en aquél decisorio que no fueron motivo de agravio; y se rechaza la demanda incoada contra los restantes codemandados Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la citada en garantía Coopan Cooperativa de Seguros Ltda.
Las costas de esta causa n° 58.540 se imponen en su totalidad al codemandado vencido Roberto Garbellini, al no tener incidencia que la demanda haya sido rechazada contra algunos de los codemandados, ya que la víctima no tiene porqué investigar la mecánica del hecho dañoso a los fines de dirigir su demanda, y, además, porque esta circunstancia no le quita al condenado la calidad de vencido a los efectos de las costas, dado que la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vieron sometidos los accionantes (S.C.B.A., C 89.530 del 25-2-09, C 112.337 del 10-10-12; esta Sala, causa n° 56.720, “Vivacqua”, sentencia del 13-12-12, entre otras; art.68 del Cód.
Proc.). 2) En la causa n° 58.975, “Ferraro”, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se hace lugar a la demanda entablada por Raúl Alfredo Ferraro y Alicia Mabel Sommi, condenándose al demandado Roberto Garbellini a pagarle a los actores los montos totales establecidos en la sentencia apelada (sin la reducción allí realizada en base al porcentaje del 85% que ha quedado revocado en esta alzada), con la sola excepción del rubro daños materiales del automotor que se reduce a la suma de $ 18.000, en lugar de la suma de $ 22.200 que fuera fijada en la anterior instancia, con más los intereses fijados en el pronunciamiento de grado que no han sido materia de agravio. Las costas de esta causa n° 58.975 se imponen en su totalidad al codemandado vencido Roberto Garbellini, en atención a la forma en que quedó fijada la responsabilidad civil de los protagonistas del accidente de tránsito, y considerando que no puede alterar dicha condena la modificación de uno de los rubros indemnizatorios dispuestos en esta alzada (citada doctrina S.C.B.A., C 89.530 del 25-2-09, C 112.337 del 10-10-12; esta Sala, causa n° 56.720, “Vivacqua”, sentencia del 13-12-12, entre otras; art.68 del Cód.
Proc.). 3) En la causa n° 58.976, “Garbellini”, en atención a la forma en que quedó establecida la responsabilidad civil de los protagonistas del hecho, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda entablada por Roberto Garbellini contra Raúl Alfredo Ferraro, Alicia Mabel Sommi y la aseguradora Coopan Cooperativa de Seguros Ltda., con imposición de costas al actor que ha resultado vencido (art.68 del Cód. Proc.). 4) Imponer las costas de alzada a Roberto Garbellini, por haber sido vencido en esta instancia recursiva, sin presentar relevancia la modificación que obtuvo de uno de los rubros indemnizatorios, en base a la doctrina de la Suprema Corte Provincial citada en este apartado VII (art.68 del Cód.
Proc.).
5. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (arts.31 y 51 del dec. ley 8.904/77). Regístrese. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. Firmado: Dr. Jorge Mario Galdós – Presidente – Cám. Civ. y Com. Sala II – Dr. Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II –Ante mí: Marcos Federico Garcia Etchegoyen – Auxiliar Letrado – Cám. Civ. y com. Sala II.
JORGE MARIO GALDOS PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia