Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2026-48184269-APN-SGAI#TFN
I. Que la recurrente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2026-313-E dictada por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas ARCA - DGI, notificada el día 01/04/2026, mediante la cual se impone una multa de $22.364.367,20 en los términos del art. 45 de la Ley 11.683 (t.v). Explica que procedió a la rectificación de las declaraciones juradas de IVA de los períodos 01/025 a 03/2025, que si bien esa rectificación fue posterior al inicio del sumario, se procedió de manera inmediata a la regularización total del saldo técnico e intereses mediante la suscripción del Plan de Facilidades de Pago General RG N° 5321 (Plan N° U650490 fecha de presentación 02/06/2025 Tipo de Plan 1295).
Detalla que el plan se encuentra vigente y con las cuotas al día, lo que demuestra una conducta de pleno reconocimiento de la deuda y voluntad de pago.
Se agravia que la resolución impugnada le causa un agravio irreparable, y que en definitiva no existió un perjuicio fiscal real ya que el impuesto omitido con sus intereses resarcitorios respectivos ya ha sido exteriorizado y financiado bajo un régimen legal de la propia ARCA, por lo tanto, no existe un perjuicio fiscal actual. Por otro lado, señala que la aplicación de una multa del 200% resulta confiscatoria y desproporcionada ante una conducta que se encamina a la regularización total.
Invoca el error excusable de derecho en atención a la complejidad normativa y la situación de crisis económica que indujeron a esa parte a una interpretación errónea de los plazos de cumplimiento, la cual fue subsanada voluntariamente antes de cualquier determinación de oficio.
Por otro lado, solicita subsidiariamente que se reduzca la misma al mínimo legal previsto en el art. 49 de la Ley 11.683, considerando la inexistencia de antecedentes y el acogimiento al plan de pagos.
Invoca una difícil situación económica debido a la situación del país, y explica que la competencia de precios en la zona de la frontera de Misiones es crítica, debido a la asimetría cambiaria con Brasil y Paraguay, lo que impulsa a los consumidores a comprar en el extranjero. Factores como altos impuestos provinciales y costos de servicios generan una "aduana interna" que hace inviable la competencia y todo ello le genera la imposibilidad de enfrentar esta sanción.
Ofrece prueba documental, reserva el caso federal, y solicita se revoque el acto apelado, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido, solicitando el rechazo del recurso de apelación incoado y la consiguiente confirmación, con costas de la Resolución N.º 2026-313-E-ARCADVJPS# SDGOPII. Detalla que el responsable presentó las declaraciones juradas originales del Impuesto al valor agregado, períodos fiscales 2025/01 al 2025/03, conteniendo datos inexactos que procedió a rectificar posteriormente a instancias de la fiscalización -O.I. 2334035-, ocasionando un perjuicio al Fisco Nacional de pesos once millones ciento ochenta y dos mil ciento ochenta y tres con 60/100 centavos ($ 11.182.183,60), por el impuesto dejado de pagar oportunamente y en los términos de Ley. Señala que las circunstancias descriptas constituyen "prima facie" la conducta típica prevista por el artículo 45 inciso a) de la Ley N° 11.683 (t.o. En 1.998 y sus modificaciones).
Cita la normativa pertinente, para concluir que en el caso se configuran los elementos objetivo y subjetivo que configuran la sanción aplicada, la cual dice se ajusta a derecho.
Con respecto a lo manifestado por el actor en cuanto a la regularización total del saldo técnico e intereses, mediante la suscripción del Plan de Facilidades de Pago General R.G. 5321 (Plan N° U650490 fecha de presentación 02/06/2025 - Tipo de Plan 1295), cabe aclarar que dicha regularización no contempla la condonación de sanciones, es decir que dicho Plan fue consolidado fuera del Régimen establecido por la ley 27.743.
Destaca que el contribuyente no actuó diligentemente en el ejercicio de su autodeclaración impositiva, cuando debió hacerlo. Ello es lo que ha originado un consecuente perjuicio al Fisco, lo que trae aparejado la comprobación del elemento subjetivo, en el rango de culpa.
Asimismo, con respecto a la existencia de error excusable, esgrime que a los efectos de que sea viable, éste debe ser probado, como lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal, cita jurisprudencia.
Por otro lado, con respecto a la graduación de la sanción, no existen dudas en cuanto a que el Juez administrativo ha aplicado el porcentaje, en un todo de acuerdo con lo estipulado por la norma aplicable, dado que al momento de graduar la sanción consideró que no procedía la reducción de sanciones, ya que el contribuyente es reincidente en infracciones materiales del artículo 45 (Sumario N° 947/2021-M y 948/2021-M-).
Adjunta los antecedentes normativos, hace reserva del caso federal, solicita se confirme el acto sancionatorio, con costas.
III. Que, mediante PV-2023-63092161-APN-VOCV#TFN se hace saber a las partes que la presente causa se resolverá con las constancias de autos, en atención a no haber medios de prueba a producir. Ello así, a través de la PV-2026-76156719-APN-VOCV#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y seguidamente se pasan los autos para sentencia.
Que, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales 01 a 03/2025 con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) graduada en 200% el impuesto dejado de ingresar.
El origen de la sanción radicó en la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos 01/2025 a 03/2025 sin movimiento, habiendo indicios de desarrollo de actividad comercial (Acreditaciones bancarias y facturas electrónicas emitidas).
En primer lugar, cabe recordar que el art. 45 de la ley de rito, luego de la reforma introducida por la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017) dispone “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren:
a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas- (…)”.
Luego dispone, “cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará al doscientos por ciento (200%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir (…)”.
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia del procedimiento de fiscalización, presentó sus declaraciones juradas sin movimiento y rectificó sus declaraciones juradas relativas a los períodos en crisis del Impuesto al Valor Agregado.
En efecto, en el caso de autos se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, en atención a que fue, como consecuencia de la fiscalización efectuada, que la recurrente presentó las declaraciones juradas rectificando conforme los ajustes de la fiscalización, admitiéndose de esta forma la materialidad de la infracción.
Vale decir, previo a la fiscalización de referencia, la recurrente presentó en defecto las declaraciones juradas correspondientes y por tanto, no ingresó el gravamen en su justa medida, en efecto tampoco cuestiona o argumenta en contrario. Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los fines de su configuración, en cada caso en particular.
Como ya se señaló, en relación con el aspecto subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.” (TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017). En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para exculpar su culpa, mucho menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. Por el contrario, arguye sobre una complejidad normativa y situación económica que no explica ni acredita por lo que no resulta atendible como causal exculpatoria.
En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos permiten advertir la presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a la apelante.
V. Que, ahora bien, corresponde evaluar si la graduación al 200% impuesta por la ARCA es ajustada a derecho. Para ello resulta necesario determinar si en el caso particular hubo “reincidencia” en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 45 de la Ley de rito.
Ello así, cabe señalar que la ley 11.683 desde la modificación introducida por la Ley 27.430 contiene una definición de “reincidencia”. En efecto, el artículo agregado a continuación del artículo 50 de la ley de procedimiento dispone “Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso”. Conforme surge de los antecedentes administrativos la parte actora tiene dos antecedentes sumariales (vide fs. 47 del IF-2026-69045346-APN-DTD_JGM Sumarios N° 948/2021 y Sumario N° 947/2021 30/08/2021) en los términos del artículo 45 los que según informa el Fisco, y la parte no niega, estarían firmes.
Ello, así teniendo en cuenta los términos expuestos en la normativa y los antecedentes sumariales destacados por el Fisco Nacional corresponde confirmar la graduación de la pena en el 200%.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la sanción, con costas.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.08.21 12:37:28 ART Date: 2026.08.21 13:54:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.21 13:55:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.21 13:56:27 -03:00
Fin de la sentencia