Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9228/2025 Sentencia: Definitiva Actor: Quintero Jara María Lucila y Otras Demandada: Laperchuk Carlos Alberto y Otro Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 09-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los NUEVE del mes de Septiembre de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “QUINTERO JARA MARIA LUCILA Y OTRAS C/LAPERCHUK CARLOS ALBERTO Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº Q – 9561 del año 2.008 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9228/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que a fs. 2/10 se presentan los Dres. Ismael Ramón Machuca y Eugenio Gomez Carrasco como apoderados de la Sra. María Lucila Quintero Jara, la que actúa por su propio derecho y en representación de sus hijas menores Patricia Antonela Navarrete, Rocio Beatriz Navarrete y Mariela Alejandra Navarrete y promueven demanda de daños y perjuicios derivada del accidente de tránsito que causara la muerte de quien en vida fuera Patricio Alejandro Navarrete Figueroa, en contra de Carlos Eduardo Laperchuk, Humberto Borquez Ovando y/o contra quien resulte eventualmente responsable. Invocan la legitimación activa de la Sra. Maria Quintero Jara y de sus hijas y la legitimación pasiva del propietario del rodado embistente como la del conductor. Al relatar las circunstancias fácticas expresan que en fecha 22 de Septiembre de 2.007 en circunstancias que el Sr. Patricio Navarrete Figueroa transitaba con su vehículo Fiat Uno dominio EUM 198 rumbo a la ciudad de Pico Truncado por la ruta provincial nro. 12 fue colisionado por el rodado que conducía el Sr. Carlos Eduardo Laperchuk y a consecuencia de la conducta negligente y desaprensiva de éste último, quien cruzó la línea divisoria de la calzada invadiendo el carril contrario por el que transitaba el Sr. Navarrete Figueroa, lo impacto violentamente y le generó su fallecimiento. Bajo el título responsabilidad civil reclaman lucro cesante, invocan la condición humilde de la familia, le dedican un capítulo a la personalidad de la víctima, reclaman daño moral actual y futuro y daño psíquico. Practican liquidación, fundan en derecho, ofrecen prueba, hacen reserva de citar en garantía y formulan su petición final.
II. Que a fs. 11 se ordena correr traslado de la acción a las partes demandadas, Carlos E. Laperchuk y Humberto Ovando. A fs. 15 los apoderados de la actora amplían demanda en contra del Sr. Carlos Vidal como titular del rodado Fiat Uno dominio EUM 198. A fs. 18 se tiene por ampliada la demanda en contra del nombrado y a fs. 20 se la tiene por ampliada en contra de Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
III. Que a fs. 27/29 se presentan los Dres. Joaquin V Gonzalez, Carlos Toledo Vargas y Silvia Urdin, en carácter de apoderados del Sr. Carlos Laperchuk y contestan demanda. Niegan en general y en particular los hechos y expresan que el único dueño del rodado Renault 9 RL, dominio ALL 453 es el Sr. Laperchuk y que si bien la inscripción no está registrada en el RNPA obra en su poder el formulario 08 del antiguo titular Humberto Ovando el que en fecha 14/01/05 registro en el Registro 20003 de Puerto San Julian la venta del rodado. Al describir la mecánica del hecho indican que su mandante se dirigía desde la localidad de Pico Truncado hacia la estancia Tres Lagunas conduciendo su automotor con su hijo de acompañante a velocidad reglamentaria y próximo a la entrada de la misma advirtió que en sentido contrario y en forma antirreglamentaria el automotor Fiat Uno dominio EUM 198 circulaba invadiendo su carril de circulación y como no respondía al cambio de luces que le efectuaba comienza su acción evasiva hacia la banquina de su mano y viendo por la estrechez de la misma que la colisión era inminente intenta una última evasión cruzándose a la banquina opuesta y en esas circunstancias el conductor del otro rodado intenta retomar su carril y se produce la colisión. Citan las pericias del perito oficial Guillermo Rivarola y la del perito designado en la instrucción policial Jorge Villarroel. Ofrecen prueba y hacen su petición final.
IV. A fs. 33/35 se presenta el Dr. Joaquin V. Gonzalez e invocando el carácter de gestor procesal de la Unión Obrera Metalúrgica contesta demanda y opone excepciones. Formula una negativa particular de hechos, opone la excepción de defecto legal y la defensa de fondo de falta de legitimación causal. En fundamento de la primera de las defensas señala que de la demanda no surge fundamento alguno por medio del cual la acción pueda dirigirse en contra de la UOM y que del escrito de ampliación los apoderados de la actora se han limitado a sostener que al momento del accidente el demandado principal prestaba servicios laborales para su parte no existiendo claridad sobre el fundamento fáctico y menos del jurídico legal. Por consiguiente y en los términos del art. 324 inc. 4 del CPCC interpone la excepción invocada y solicita se resuelva como de previo y especial pronunciamiento. Al contestar demanda reconoce que Carlos Laperchuk es empleado en relación de dependencia de su representada pero que no existe elemento ni en esta causa ni en el Juzgado de Instrucción Nro. 1 con asiento en Pico Truncado que permita a los actores o al Tribunal relacionar a la Unión Obrera Metalúrgica con el accidente ocurrido el 22 de septiembre de 2.007 y por tanto deja interpuesta la excepción de fondo de falta de acción o de legitimación causal en los términos del art. 324 inc. 2 del CPCC. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y formula su petición final.
V. A fs. 41 se presenta el Sr. Pablo Salem como apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica y ratifica lo actuado por el Dr. Joaquin V. Gonzalez.
VI. A fs. 48 se declara al codemandado Carlos Vidal en rebeldía y a fs. 55/58 obran copias de la resolución interlocutoria que admite la excepción de defecto legal deducida por la codemandada e intíma a la actora a que subsane los defectos de que adolece la demanda. A fs. 63 la parte actora desiste de la demanda en contra de la UOM y a fs. 68 se la tiene por desistida. A fs. 72 se tiene también por desistida de la acción en contra de Humberto Ovando.
VII. A fs. 77 se abre la causa a prueba. A PE 898528-2023 la parte actora presenta alegato de prueba.
VIII. A fs. 138 se ordena la reconstrucción de las presentes actuaciones y a fs. 161 se tiene por reconstruido el expediente.
IX. Que por PE 1886527 – 2025 se dicta sentencia definitiva en fecha 17/06/2.025 mediante la cual se hace lugar a la demanda promovida por Maria Lucila Quintero Jara como cónyuge y en representación de Patricia A. Navarrete, Rocio B. Navarrete y Mariela A. Navarrete en contra de Carlos Eduardo Laperchuk condenándolo a abonar a la actora los rubros de Daño Material, Daño Moral y Daño Psíquico por la suma de Pesos Noventa y Tres Millones Setecientos Seis Mil Novecientos Sesenta y Cinco con 18/100 ($ 93.706.965,18). Se imponen las costas a la parte demandada y se difiere la regulación de honorarios de los abogados y perito interviniente hasta que cumplimenten la manda del Acuerdo N° 2628/96 del TSJ.
X. Contra el fallo dictado la demandada interpone recurso de apelación y lo funda por PE 1965444-2.025. Se agravia por entender que no existe responsabilidad de su mandante en el accidente que costara la vida del Sr. Navarrete invocando que el Juez de grado no ha valorado una prueba fundamental en la causa penal como lo es la pericia accidentológica practicada. Describe los hechos tal cual los relata al contestar demanda y señala que la prueba irrefutable es la del mismo Perito Accidentológico que propone la parte actora para esta causa haciendo hincapié en las expresiones del Lic. Guillermo Rivarola en el Capítulo IV de su informe. Cita lo expuesto a fs. 61 vta. de la causa caratulada “Laperchuk, Eduardo y otro s/Lesiones en Accidente de Tránsito” Expte.
N L-25.618/07 y señala que en nada se contradicen estas conclusiones con las que arriba el otro perito designado por la instrucción policial, Jorge Villarroel, en la audiencia de fecha 8/4/08. Destaca que la última maniobra evasiva que efectúa su mandante para evitar la coalisión fue efectivamente intentar evitarla cruzándose a la banquina contraria porque la colisión era inminente ya que el Fiat Uno venía por la mano contraria de su circulación y hacia la banquina de la mano del automotor de Laperchuk, concluyendo que el único responsable y culpable del accidente fue el Sr. Navarrete. En subsidio se agravia de la admisión de los rubros y montos reclamados argumentando que la actora no pudo acreditar los ingresos del Sr.
Navarrete y que desistió de la prueba pericial contable destinada a establecer la cuantía de la indemnización y que por ello no existe posibilidad de determinarla. Agrega que el juez fija el importe de los rubros valor de la vida humana y daño material sin especificar como arriba a ese monto ni tampoco analiza su procedencia. Razona luego que tampoco se tuvo en cuenta la edad de las hijas del causante remarcando que Rocío cumplió 21 años en el año 2.017, Patricia los cumplió en el 2.015 y Mariela en el 2.013 y que incluso ésta última es empleada policial, por lo que entiende que la obligación alimentaria cesó en esas oportunidades siendo el aporte obligatorio solo en esos periodos y posteriormente solo para la esposa, lo que interpreta importante para determinar la cuantía indemnizatoria por lucro cesante.
También se agravia en subsidio por la condena al rubro daño moral, indicando que la actora reclama por dicho resarcimiento el 35 % del daño material estimándolo en la suma de $ 226.800, por lo que no advierte el motivo por el cual el juez se aparta del monto reclamado más cuando luego determina la aplicación de los intereses pertinentes. Considera por ello que la decisión adoptada no se ajusta a las pretensiones esgrimidas por la actora. Por último y en subsidio se queja del monto determinado en la sentencia por el rubro daño psíquico ya que entiende que el juez igualmente se ha apartado del monto reclamado de $ 26.800 sin justificativo de ninguna naturaleza.
XI. Los agravios formulados por la demandada reciben réplica de la contraparte mediante PE 2068973-2025. Señala la parte actora que la recurrente realiza una interpretación tergiversada de la prueba para concluir que el hecho ocurrió por la culpa de la víctima. Expresa que sin mayor esfuerzo se advierte de los autos caratulados “Laperchuk, Carlos Eduardo S/Lesiones en Accidente de Tránsito” Expte. Nro. L – 25.618/07 que tramitó ante el Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° Uno de Pico Truncado por el delito de Homicidio Culposo, que la Excma. Cámara en lo Criminal condeno al demandado por dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, por lo que su correcta valoración por el Juez Civil, a la luz del material probatorio colectado, es una obligación ineludible. Invoca el dictamen del Perito Criminalístico Lic. Guillermo Rivarola, y precisa que el accidente se produce a partir de que el accionado invade el carril contrario del asfalto por donde transitaba la víctima impactando violentamente al rodado menor en la parte frontal media izquierda quien trata de esquivarlo de manera infructuosa. Concluye que cualquier otra interpretación está divorciada de la realidad. En cuanto a los agravios propuestos en subsidio señala que no solo debe ponderarse el daño material irrogado sino el daño moral y psicológico y que al respecto obra incorporada la correspondiente pericia que da cuenta de la gravedad del daño moral y psicológico padecido por las víctimas en su condición de cónyuge e hijos. Formula consideraciones doctrinarias sobre el valor de la perdida de la vida humana y concluye en que es procedente un resarcimiento económico integro por un interés jurídico individual vulnerado en perjuicio del cónyuge supérstite y de los hijos del matrimonio.
XII. Que expuestos los agravios formulados y la réplica que recibieron, destaco que la crítica troncal que propone el recurrente se centraliza en la responsabilidad que se le atribuyo en la ocurrencia del hecho que ocasiono el fallecimiento del Sr. Patricio Navarrete, pues, controvirtió su mecánica poniendo en cabeza de la víctima la culpa del luctuoso suceso. Sustentó su postura básicamente en las conclusiones de la pericia accidentológica que ofreció como prueba la parte actora.
Dicho ello, debo poner de relieve una cuestión insoslayable que tiene que ver con la sentencia recaída en los autos caratulados “Laperchuk, Carlos Eduardo s/Lesiones en Accidente de Tránsito” Expte. L – 25.618/07 que fueron remitidos en copia por la Excma. Cámara Criminal de ésta Segunda Circunscripción Judicial. En dichos autos, en los que se investigó la responsabilidad penal en el accidente de tránsito que origino el presente, se condenó al demandado Carlos Laperchuk a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y cinco años de inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos automotores.
Para así decidir, la Excma. Cámara valoro entre otros elementos probatorios incorporados, la pericia accidentológica confeccionada por el perito oficial Guillermo Rivarola. Debo en éste punto reparar, teniendo presente que el quejoso hace hincapié en las conclusiones del perito expuestas en un informe obrante en la causa penal, que éste elaboró sendas pericias con conclusiones marcadamente diferentes, lo que fue advertido en la sentencia emitida en esa sede. En efecto, la primera, que es a la que refiere el apelante, está agregada a fs. 58/62 y la segunda, obra a fs. 132/136, ambas de las actuaciones penales. Tal como se señaló en agravios, el perito oficial efectivamente concluyo en el primer informe que la causa del hecho fue la presencia del rodado Fiat Uno sobre la mano contraria de circulación. Pero esa conclusión, fue luego rectificada por el segundo informe que elaboró en el que después de aclarar el porqué de su anterior interpretación, determino que la causa del hecho que se investigó fue la presencia del rodado Renault 9 sobre la mano contraria de circulación, siendo éste según su opinión el elemento decisivo del hecho. Afirmo así que el Fiat Uno advirtió la presencia del otro rodado sobre su mano o con intención de cruzar hacia su mano, unos 51,45 metros antes del impacto, atinando a mantener la línea recta pero saliendo lentamente de la cinta asfáltica hacia su banquina derecha disminuyendo la velocidad, pero esto no logra ser una maniobra suficiente para evitar el impacto.
Estas conclusiones, son coincidentes con la pericia accidentológica producida en éste proceso e incorporada a fs. 243/246 confeccionada también por el perito oficial Lic. Guillermo Rivarola, en la que, al igual que en el informe referido, concluyó que la causa del hecho es la invasión del carril contrario de la Ruta Provincial N° 12 por parte del Renault 9. Bajo el título “Modo en el que se produjo” reproduce idéntica conclusión a la expuesta en el informe agregado a la causa penal a fs. 132/136.
Pero más allá de ser categóricas las pericias destacadas, ha mediado aquí conforme lo expuesto, condena expresa en sede penal en contra del demandado Carlos Laperchuk por haberse acreditado su conducción negligente, lo que ha tornado operativa la regla contenida en el art. 1.102 del antiguo CC y contenida ahora en el art. 1776 del vigente CCYC, según la cual la condena del acusado en esa sede produce los efectos de cosa juzgada respecto de la existencia del hecho principal y de la culpa del condenado. De allí que la pretensión de la quejosa de colocar como único culpable del accidente a la víctima Patricio Navarrete deviene improponible, pues, no es jurídicamente posible volver a discutir en ésta sede civil la mecánica del hecho ni introducir como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima.
Que por ende, no habiendo la demandada planteado la culpa concurrente siendo su única postura la de sostener la existencia de culpa de la víctima en la producción del evento dañoso, la que obviamente no pudo acreditar, opino que éste agravio debe ser sin más desestimado. Así lo propongo al acuerdo.
Que corresponde ahora ingresar a tratar los agravios propuestos en subsidio dirigidos en contra de los rubros indemnizatorios reconocidos en grado. Argumenta el recurrente que los rubros no resultan ajustados a derecho y que en su caso deben ser reducidos a sus justos límites. Invoca que no existen elementos probatorios que los puedan sustentar porque la actora no acreditó los ingresos que tuvo el Sr. Navarrete y que desistió de la prueba pericial contable, por lo que el magistrado determinó montos por el rubro daño material sin especificar como arribó al mismo ni analizar la procedencia de su cuantía. Hace hincapié en que no se pudo acreditar que aquel era sostén de familia y en la edad que tienen a la actualidad las hijas de la víctima.
En primer lugar, debo aquí recordar la inveterada doctrina sentada por nuestro cimero Tribunal sobre el concepto jurídico y resarcitorio del “valor de la vida humana” que determina que la vida no tiene un valor económico intrínseco o en si misma sino en consideración a lo que produce o puede producir. El actual CCYC en su art. 1745 fija el principio de la reparación plena e integral del daño derivado del fallecimiento de una persona determinando los rubros mínimos que componen la indemnización para resarcir las consecuencias patrimoniales que sufre el entorno familiar de la víctima. No obstante, la presente causa debe resolverse sobre la base del Código derogado el que dejaba a discrecionalidad judicial la fijación de las pautas indemnizatorias a diferencia del vigente que establece nuevos parámetros para el cálculo.
Dicho lo cual, tenemos que la accionante reclamó por el rubro en tratamiento la suma de Pesos Setecientos Cincuenta y Seis Mil ($ 756.000) y para arribar a ese importe invoco como base de cálculo el criterio de nuestro Superior Tribunal de Justicia. Tuvo en cuenta entonces la edad de la víctima (38 años), el promedio de vida útil (65 años) y la mejor remuneración percibida de acuerdo a la escala salarial del sector petrolero, el que, según invoca, tenia un mínimo que ascendía en esa época a la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000). A ello sumó los SAC que debió percibir durante el periodo restante.
Es decir, la actora invocó una fórmula de renta capitalizada y la parte demandada al momento de contestar la acción no se opuso a las pautas de esa propuesta.
Así las cosas, vemos que la sentencia en crisis, al argumentar la procedencia del rubro cita tanto el informe socio ambiental elaborado como la edad de la víctima como pauta para el cálculo indemnizatorio. Invoca el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de su dictado y concluye que la suma peticionada en la demanda es ajustada a derecho.
De las pruebas producidas en autos, observo que del citado informe social surge que el fallecido se desempeñaba como transportista de personal y que era el único sostén de familia en el momento del accidente, lo que provoco que su viuda María Quintero Jara tuviera que asumir la responsabilidad del grupo familiar constituyéndose ella en sostén de familia. De las tres hijas que tuvieron, a la fecha del informe, solo una se había independizado económicamente y las otras dos se encontraban desocupadas.
En cuanto a sus ingresos, se ha probado que trabajaba en una empresa de transportes ya que ello no solo surge del informe social aludido sino de la respuesta dada a la prueba informativa requerida a la empresa Mansilla e hijos S.A., la que a fs. 183 informa que el Sr. Navarrete Figueroa no pertenece al personal de la empresa desde el 22/9/2.007 por su fallecimiento. Al momento de la muerte efectivamente la víctima tenía 38 años de edad conforme surge del certificado de defunción que observo agregado en las copias de la causa penal acompañadas, dado que si bien fue incorporado con el escrito de demanda no se encuentra entre las copias que fueron utilizadas para la reconstrucción del expediente.
Conforme con lo expuesto y contrariamente a lo sostenido en agravios, considero entonces probados los elementos que integran las pautas de cuantificación del daño material de la viuda y de las hijas de la víctima, sin perder de vista que el ordenamiento jurídico ampara la situación de éste sector familiar con presunciones legales y por el principio de la equidad. En la actualidad de manera expresa el art. 1745 inc. b) del CCYC contempla toda la ayuda que el fallecido habría prestado a sus legitimados en vida de no haberse producido el hecho ilícito y ésta presunción alcanza a su cónyuge o conviviente y a los hijos menores extendiéndolo hasta los 21 años si se encuentran estudiando. Que por tanto, el reclamo por el perjuicio ocasionado por el fallecimiento del Sr. Patricio Navarrete en los términos en los que fue planteado, es procedente, pues, con todas las pautas antes mencionadas y teniendo presente que el rubro en cuestión ha sido cuantificado en la demanda en la época en la que sus hijas mantenían la minoría de edad, considero que el monto por el daño material pretendido por la accionante y reconocido íntegramente en la sentencia de grado resulta justo y debe ser en ésta instancia mantenido. Que fijado a valor actual la suma peticionada en la demanda ($ 756.000) conforme a la tasa de actualización dispuesta en la sentencia de grado (tasa pasiva promedio del BCRA), la misma asciende a Pesos Cincuenta Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Ciento Treinta y Cinco ($ 50.537.135).
Por lo desarrollado opino que el agravio debe ser rechazado y asi lo propongo al acuerdo.
Que en cuanto a las quejas direccionadas en contra de los rubros daño moral y daño psíquico advierto que el cuestionamiento formulado no recae sobre la procedencia de los rubros en sí, sino respecto del importe que se ha fijado. Concretamente critica que el magistrado se haya apartado de la demanda en la cual se peticiono determinar en concepto de daño moral el 35 % del daño material y en concepto de daño psíquico el 35 % del daño moral.
Vemos así que efectivamente en la sentencia de grado se fijó la suma de $ 1.000.000 por el primero y de $ 350.000 por el segundo apartándose de lo peticionadO por el actor. Argumentó el magistrado para ello la pertinencia de adecuar las sumas reclamadas en virtud del tiempo transcurrido.
Debo en éste punto darle la razón a la quejosa puesto que observo que al haberse ordenado en la instancia de grado aplicar a estos importes intereses desde la fecha del hecho y hasta su efectivo pago, se está incurriendo en una evidente doble actualización que es jurídicamente improcedente. En efecto, dichos montos no están fijados a valoras históricos sino que fueron estimados a valores actuales a la fecha del dictado de la sentencia y por ende, ordenar un nuevo reajuste sobre ellos implicaría un doble cálculo incurriendo en un enriquecimiento indebido. De allí que no sea válida la postura del juez de grado al apartarse de los montos reclamados en la demanda.
Por las razones expuestas entiendo que debe admitirse el agravio en tratamiento y ajustarse el monto de los rubros daño moral y daño psíquico a los determinados en la demanda promovida. Que fijados a valores actuales las sumas peticionadas en la demanda ($ 226.800 y $ 79.380) conforme a la tasa de actualización dispuesta en la sentencia de grado (tasa pasiva promedio del BCRA), las mismas ascienden al día de hoy a los importes de Pesos Quince Millones Ciento Sesenta y Un Mil Ciento Cuarenta ($ 15.161.140) y Pesos Cinco Millones Trescientos Seis Mil Trescientos Noventa y Nueve ($ 5.306.399) respectivamente.
XIII. Que en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedente y siendo que los rubros indemnizatorios reconocidos se han fijado a valores actuales, a los fines de compensar el tiempo que los familiares directos del fallecido estuvieron privados de ellos, entiendo justo aplicar sobre el capital actualizado un interés puro del 6 % anual desde la fecha del hecho hasta la actualidad. Que en consecuencia y sumados los importes de los daños material, moral y psíquico, lo cual arroja la suma de Pesos Setenta y Un Millones Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Cuatro ($71.004.674), aplicado el interés puro del 6 % anual desde la fecha del fallecimiento hasta la actualidad, totaliza el importe de Pesos Ciento Cincuenta y Un Millones Novecientos Cincuenta Mil Tres($ 151.950.003).
De aquí en adelante y hasta la fecha del efectivo pago, ese importe debe actualizarse conforme a la tasa pasiva promedio del BCRA.
XIV. Por último y a los fines de distribuir el monto reconocido, el mismo se dividirá por partes iguales entre la cónyuge supérstite y las tres hijas del fallecido, dado que en la demanda no se ha solicitado que proporción le corresponde a cada uno.
XV. Por todo lo expuesto y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es parcialmente justa, y en virtud al resultado del presente las costas en ésta instancia deben aplicarse en el orden causado. Así lo propongo al acuerdo.
XVI. Sin perjuicio de lo resuelto, advierto que la sentencia de grado omitió resolver sobre la situación procesal del codemandado Carlos Vidal. Por ende y siendo que tal contingencia no fue materia de agravios de ninguna de las partes litigantes corresponde dar por consentida la sentencia de grado en este aspecto debiendo desestimarse en ésta instancia el reclamo promovido en contra del nombrado. En consecuencia se deberá imponer en éste punto las costas a la parte actora (art. 276 CPCC).
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XVII. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XVIII. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los dos primeros agravios de la parte demandada confirmando la atribución de responsabilidad y el daño material reconocido en la sentencia de grado y Admitir los agravios propuestos en contra de los importes fijados por los rubros daño moral y daño psíquico cuya cuantía deberá ajustarse a los montos establecidos en la demanda. 2°) Condenar a la parte demandada a abonar la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Un Millones Novecientos Cincuenta Mil Tres($ 151.950.003) en concepto de Daño Material, Daño Moral y Daño Psíquico, actualizadas de acuerdo a las pautas expuestas en el considerando XIII) de la presente. Dicho importe deberá actualizarse desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago conforme a la tasa pasiva promedio del BCRA. 3°) Desestimar la demanda promovida en contra del Sr. Carlos Vidal por las razones dadas en el considerando respectivo, imponiéndole las costas en éste punto a la parte actora. 4°) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado. 5°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 09 de Septiembre de dos mil veintiseis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los dos primeros agravios de la parte demandada confirmando la atribución de responsabilidad y el daño material reconocido en la sentencia de grado y Admitir los agravios propuestos en contra de los importes fijados por los rubros daño moral y daño psíquico cuya cuantía deberá ajustarse a los montos establecidos en la demanda.2°) Condenar a la parte demandada a abonar la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Un Millones Novecientos Cincuenta Mil Tres($ 151.950.003) en concepto de Daño Material, Daño Moral y Daño Psíquico, actualizadas de acuerdo a las pautas expuestas en el considerando XIII) de la presente. Dicho importe deberá actualizarse desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago conforme a la tasa pasiva promedio del BCRA. 3°) Desestimar la demanda promovida en contra del Sr. Carlos Vidal por las razones dadas en el considerando respectivo, imponiéndole las costas en éste punto a la parte actora. 4°) Imponer las costas en ésta instancia en el orden causado. 5°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 6°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Humberto Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 061 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3232 Folio Nº: 055/062 Secretaria: 1
Fin de la sentencia