Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio las obligaciones notificadas en las Resoluciones Nros. 85/2009 y 86/2009, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-70296005-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Junio de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 33.451-I caratulado “Quinteros Alberto s/apelación"
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Alberto Quinteros interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones N° 85/2009 y 86/2009 dictadas por la Dirección Regional Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos en las que se determinaron de oficio sus obligaciones en el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 1999, intimándole el pago de $181.650,97 y $6.444,22, respectivamente, más intereses (art. 37, ley). Además, en dichos actos se le aplican sendas multas de omisión de $145.320,78 y $5.155,38, también respectivamente.
En su presentación ante este Tribunal, el Sr. Quinteros opone como de especial y previo pronunciamiento la excepción de prescripción.
Invoca para ello la ley 24.977 y su reglamentación por dto. 806/2004 y alega que para los contribuyentes inscritos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, la baja automática tenía efectos una vez cursada la notificación. En el caso, agrega, la baja se dispuso, por falta de reempadronamiento según lo previsto en la RG N° 1695/04 con efectos desde el mes de junio de 2004, pero dicho acto, según alega, nunca le fue notificado.
Por ello, sostiene que las acciones del período fiscal 1999 vencían el 1° de enero de 2006, pero la resolución de vista recién fue notificada el 1° de junio de 2009.
En cuanto a la pretensión fiscal, sostiene su ilegitimidad porque desconoce la realidad de los hechos. Refiere a los plazos fijos detectados sin declarar y alega que no puede presumirse que puedan ser calificados como incremento patrimonial no justificado ya que corresponden a ahorros que son fruto de su trabajo.
Ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. A fs. 43/52 el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
Explica que la fiscalización se inició por haberse detectado plazos fijos significativos sin declarar. Circularizada que fuera la ANSES, informó los montos de jubilaciones percibidas por el Sr. Quinteros que no justificaban las inversiones financieras, razón por la cual aplicó la presunción del art. 18, inc. f) de la ley 11.683. Se le imputó también omisión de declararlos en el impuesto sobre los bienes personales, además de otros bienes, como rodados y un inmueble en calle Azcuénaga de la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a la excepción de prescripción, alega su improcedencia porque a la fecha en que se declaró la pérdida de la condición de monotributista -2004- aún no había operado el plazo de 5 años. Agrega que la determinación de oficio en el período fiscal 1999 comprende hechos imponibles de ese año y del 1998, es decir que el plazo comenzó a computarse en el año 2000 por lo que a la fecha de la pérdida de condición de monotributista aún no había operado. Dice, además, que a partir del 2004, comenzó a computarse el plazo de 10 años como contribuyente no inscripto.
En cuanto al fondo, sostiene que el Sr. Quinteros no probó sus agravios y que el incremento patrimonio sin justificar se encuentra fundado en las tareas de fiscalización.
III. A fs. 58 obra el auto de apertura a prueba y ante la inactividad del Sr. Quinteros en producirla a fs. 65 se da por decaído su derecho.
A fs. 76 se clausura y a fs. 78 se eleva a Sala, mientras que a fs. 81 quedan en estado de dictarse la sentencia.
III. Corresponde resolver en primer término, respecto de la defensa de prescripción ya que en caso de ser acogida deviene insustancial referirse al resto de los agravios.
No se encuentra en discusión, ya que así surge de las act. adm., que el Sr. Quinteros estuvo inscripto como contribuyente en el impuesto a las ganancias desde el 1° de noviembre de 1991 y que se dio de baja el 10/98 porque en dicha fecha se inscribió en el Régimen Simplificado creado por la ley 24.977 y sus regl., régimen en el que tributó hasta el año 2000.
Como no se reempadronó, la Administración Tributaria decidió darlo de baja en dicho régimen. Para ello aplicó lo dispuesto en la RG N° 1695/04 que establecía que el empadronamiento era necesario para permanecer en el régimen (art. 5) y que quien no cumplía con dicha exigencia quedaba excluido automáticamente por baja desde el 1/7/2004 y obligado a contribuir según el régimen general.
De ello se sigue, contrariamente a lo invocado por la representación fiscal, con fundamento en los dictámenes de las áreas asesoras que intervinieron previamente, que al Sr. Quinteros le resultó aplicable la prescripción quinquenal del art. 56, inc. a) de la ley 11.683 para la determinación de sus obligaciones del período fiscal 1999 en el impuesto a las ganancias. Ello, porque como ya se dijo, era un contribuyente inscripto; de hecho, de las act. adm. surge que la última declaración jurada que presentó en dicho gravamen fue la del año 1998.
La Administración Tributaria conocía su existencia como contribuyente, además, porque el Sr. Quinteros estuvo inscripto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes hasta el año 2004 en que fue dado de baja automáticamente; con ello, como ya se dijo, el plazo aplicable para la prescripción es el de cinco años, no el de diez como sostiene el juez administrativo a partir de la aplicación del art. 53 del decreto reglamentario de la ley. Las act. adm. muestran que la fiscalización recién se inició el 31 de julio de 2007 con motivo que “El actuante visualizó un automóvil marca BMW Modelo 5301-Año de Fabricación 2006 Dominio….” –fs. 3 Act. adm. Cpo. sobre Prescripción Tributaria-.
Sin embargo, las consideraciones ya realizadas sumada a la jurisprudencia de la Cámara que ejerce de alzada de este Tribunal en la sentencia “Chiarandini Fabio David”, del 4 de junio de 2013, entre otras, en cuanto a que “… la implementación de la Clave Única de Identificación Tributaria por parte del Organismo Recaudador implica la desaparición de la obligación de estar inscripto en cada uno de los gravámenes para gozar de la prescripción quinquenal, por cuanto un único número de inscripción resulta válido para todos o algunos de los impuestos que el Ente Fiscal recauda”, llevan a considerar que en el caso particular y concreto, a la fecha del dictado de las Resoluciones las facultades fiscales ya habían prescripto.
Para ello se tiene en particular consideración, como ya se dijo, que el Sr. Quinteros fue contribuyente del impuesto a las ganancias por más de 8 años y luego fue monotributista por otros 5 años, con domicilio fiscal y legal declarado ante la Administración Tributaria, es decir, podía ser fiscalizado por ésta, que es lo que importa a los efectos de considerarlo como contribuyente inscripto en los términos del primer párrafo del inc. a) del art. 56 de la ley 11.683; es decir, no estaba oculto, ni ejerció sus actividades sin haberse previamente empadronado tributariamente.
Agrego aquí, a mayor abundamiento, que cuando el art. 53 del decreto reglamentario de la ley 11.683 define a los contribuyentes no inscriptos dice que son quienes no se hubieran manifestado mediante la presentación de declaración jurada o determinación administrativa del impuesto, o que no figurasen registrados con número de inscripción asignado a los efectos del pago del gravamen, condiciones que, por las razones dadas, no se dan el caso del Sr. Quinteros.
Por esta razón, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 85/2009, con costas.
La misma solución debe adoptarse respecto de la Resolución N° 86/2009 que determinó de oficio el impuesto sobre los bienes personales del Sr. Quinteros. A ello no obsta que se trate de tributos interdependientes, lo que no está en discusión, porque lo relevante, conforme ya se expresara, es que el Sr. Quinteros estuvo inscripto como contribuyente desde el año 1991 y tenía CUIT desde el año 1998, es decir era contribuyente cuando entró en vigencia la ley 23.966 que creó dicho gravamen y en años posteriores también.
Por tales razones, conforme a lo dispuesto en el art. 57 de la ley 11.683, el plazo para ejercer las facultades determinativas del período fiscal 1999 iniciaron el 1° de enero de 2001 y finalizaron el 1° de enero del 2006, por lo que teniendo en cuenta la fecha del dictado de las Resoluciones recurridas -6 de noviembre de 2009-, sin que se haya invocado el acaecimiento de actos que pudieran haber incidido en la suspensión y/o interrupción de dicho plazo, corresponde declarar prescriptas las acciones del Fisco Nacional.
El Dr. Martín dijo:
I. Que en autos se encuentran apeladas las Resoluciones N° 85/2009 y 86/2009 de fecha 6 de noviembre de 2009 por las que se determinaron los Impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales del período fiscal 1999 con más intereses resarcitorios y aplicación de sanciones equivalentes al 80% omitido en ambos tributos en conformidad con el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod. según texto vigente).
II. Que conforme se desprende de las resoluciones recurridas y de los antecedentes administrativos el Sr. Quinteros se encontraba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde el 01/11/1991 con baja en octubre de 1998 como consecuencia del alta en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), en el que se registró en el mes de noviembre de 1998, con posterior baja automática por falta de reempadronamiento ocurrida en el mes de junio de 2004.
Que analizadas ambas posturas expuestas por las partes sobre cuál es el plazo de prescripción que corresponde aplicar al recurrente, se comparte la postura fiscal en el sentido de que con relación al Impuesto a las Ganancias se debe considerar el plazo decenal previsto en el inc. b) del art. 56 de la ley de procedimiento fiscal. Que los actos recurridos, como ya se dijo, fueron dictados el 6 de noviembre de 2009, por lo que es a dicho momento en el que cabe evaluar que condición revestía el contribuyente frente al ente fiscal, ya que es en dicha ocasión cuando el Fisco Nacional procede a hacer pleno uso de sus potestades de verificación y determinación, más allá de cual sea el período fiscal objeto de dichas tareas en razón de prevalecer si las acciones fiscales estaban habilitadas al tiempo de practicar las determinaciones. Por lo tanto, los hechos reseñados acreditan que en el año 2009 el Sr. Quinteros revestía la condición de contribuyente no inscripto, de manera que el plazo de prescripción para el período fiscal 1999 comenzó a correr el 1/01/2001 operando el plazo de prescripción decenal el 1/01/2011, por lo que al dictado de la Resolución N° 85/2009 la acción fiscal estaba operativa, sin perjuicio de las suspensiones que pudieran ser aplicables.
III. Que a similar conclusión corresponde arribar respecto de la Resolución N° 86/2009 dictada en el Impuesto sobre Bienes Personales del período fiscal 1999, agregando además que en este caso el recurrente no estuvo inscripto en dicho tributo, por lo que no se advierte ninguna duda sobre su situación de no inscripto en razón de que art. 53 del decreto reglamentario N° 1397/79 establece que la inscripción lo es “en los impuestos”, para luego añadir la referencia a las “liquidaciones de los “impuestos interdependientes”.
Que el criterio expuesto por el suscripto es convalido por la Alzada mediante sentencia de fecha 10/08/2023 en la causa “Orsilli, María (TF 44079-I Y ACUM) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”.
IV. Por lo que, cabe rechazar la excepción de prescripción articulada por el actor, con costas.
V. Que en lo que hace a la procedencia de las determinaciones de oficio dictadas se advierte que los agravios del recurrente no fueron respaldados con probanzas suficientes que logren refutar el criterio fiscal, ya que más allá de sus declaraciones no arrimó elementos que desestimen los fundamentos desarrollados por el Juez Administrativo, habiéndose dado por decaídas las probanzas informativa y pericial contable ofrecidas, conforme se desprende de fs. 65 de autos.
Que lo expuesto hace aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que ello así resultan procedentes las determinaciones de oficio efectuadas por el Fisco Nacional, por lo que corresponde convalidar el ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.
VI. Que con relación a los intereses resarcitorios reclamados, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. C.S.J.N., Citibank NA el DGI, 01/06/2000), los que además fueron calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998), sin que se presenten como confiscatorios, por lo que cabe disponer la confirmación de los mismos.
VII. Que respecto de las multas aplicadas con sustento en el art. 45 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) las constancias de autos dan cuenta de la configuración de los elementos que permiten encuadrar la conducta del Sr. Quinteros en dicha figura infraccional en razón de la omisiva incurrida respecto de los gravamenes, en atención a que omitió su ingreso en su justa medida, sin que haya probado la falta del elemento subjetivo en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal, por lo que cabe disponer su confirmación, sin que corresponda hacer merito sobre un posible error excusable.
VIII. Por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas, en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado e la votación que antecede, por mayoría,
Declarar la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar de oficio las obligaciones notificadas en las Resoluciones Nros. 85/2009 y 86/2009, con costas.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.06.30 12:55:33 -03:00 Date: 2025.06.30 12:58:56 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.06.30 13:04:37 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.06.30 13:04:38 -03:00
Fin de la sentencia