Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Q-2318/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 459/473, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 443/451.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Q-2318/19-TSJ Actor: QUIPILDOR RAMON FRANCISCO Demandada: CASANOVA JORGE BERNARDO Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 31-07-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 734 FOLIO Nº 4440/4447 PROT. ELECT. TSS1 009 S.231
Río Gallegos, 31 de julio de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “QUIPILDOR RAMON FRANCISCO c/ CASANOVA JORGE BERNARDO s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº Q-17.384/15 (Q-2318/19-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Paulo Luis Schmidt (cfr. fs. 459/473), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 443/451, que modificó parcialmente la sentencia de Primera Instancia sólo en cuanto al tema de intereses. Esta última había admitido parcialmente la demanda interpuesta por Ramón Francisco Quipildor en contra de Jorge Bernardo Casanova, y, en consecuencia, hizo lugar a los rubros indemnizatorios por despido, preaviso y SAC sobre este último, más intereses y costas a cargo del demandado; sin embargo, rechazó la pretensión del pago de diferencias salariales (cfr. fs. 409/413).-
II. Que en su recurso de casación, la parte demandada plantea que el mismo se interpone por violación de la ley conforme el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, y en el canal impugnativo de la doctrina de la arbitrariedad (cfr. foja 459).-
Sostiene que la sentencia emitida por la Cámara incurre en violación de la ley y manifiesta arbitrariedad, al quebrantar los artículos 4º, 21, 22, 25, 62, 63, 84 y 242 de la Ley Nº 20.744 (cfr. foja. 465 vta.). Que ignoró lisa y llanamente los planteos defensivos y argumentos conducentes introducidos y debidamente planteados por el demandado, tanto en el escrito de contestación de demanda de fs. 89/97 como en el memorial de agravios de fs. 419/425 (cfr. foja cit.), omitiendo analizar la prueba colectada en autos (cfr. fs. 465 vta./ 466).-
Afirma que la sentencia dedica dos párrafos para dirimir la cuestión relativa al despido del actor, sin ninguna consideración a la causal invocada por la empleadora al momento de disponer el despido, violentando los artículos 4º, 21, 22, 25 y 84 de la LCT que consagran como condición necesaria el deber de concurrencia y asistencia al trabajo, es decir la prestación personal del trabajador (cfr. foja 466).-
También estima que se ha violentado el artículo 242 de la LCT que estatuye la obligación de los jueces de valorar prudencialmente la injuria, en forma objetiva y conforme las reglas de la sana crítica, resolviendo de manera arbitraria y discrecional, sin ninguna consideración, examen o estudio de las constancias de la causa (cfr. foja 466).-
Entiende que la Cámara, al afirmar que la causal de despido fue genérica e imprecisa (motivo por el cual hace lugar a la demanda), desconoce la plataforma fáctica del caso y la situación del actor, que durante el último año de la relación laboral incurrió en inasistencias laborales injustificadas y sin aviso ni causa alguna (cfr. foja 466 vta.). Siendo ello, continúa con su relato, violatorio de los artículos 4, 21, 22, 25, 62, 63 y 84 de la LCT, intolerable e inadmisible y que de ninguna manera podría sorprender al actor (cfr. foja cit.).-
Aduce que dicha parte calificó como falsa e inexistente la causal de despido invocada, pero nunca planteó que no reuniera los requisitos formales que estatuye el artículo 243 de la LCT (cfr. foja 467).-
Argumenta que la sentencia presenta un manifiesto desinterés por indagar en la verdad real, quedando conculcados el debido proceso y el derecho de defensa contenidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja. 467).-
Expresa que: “Lo segundo que debe precisarse es que la expresión 'Teniendo en cuenta sus antecedentes laborales queda despedido con justa causa por haber inasistido a su trabajo sin aviso ni causa justificada, resultando una conducta reiterada...', constituye una causal autónoma y específica expresamente reconocida en la casuística de nuestros Tribunales Nacionales, todo lo cual era de pleno dominio y conocimiento del actor Ramón F. Quipildor...” (cfr. foja 467 vta.).-
Dice que: “...la Cámara A quo no se considera con ningún límite, no realizando ningún examen de los escritos constitutivos de las partes y tampoco de la prueba reunida, pues el actor en su demanda de fs. 42/49 vta., no resulta claro en el relato de los hechos, no obstante lo cual negó haber incurrido en faltas, señalando que en el último tiempo trabajó en el depósito, sin precisar en qué período específico y respecto de la carta documento de despido, no cuestionó en ningún momento que no reuniera el recaudo del art. 243 de la LCT, sino que planteó que debió ser intimado conforme las previsiones del art. 244 de la LCT. Es decir que desde esa perspectiva, la sentencia se aparta también de las cuestiones introducidas oportunamente, pudiendo afirmarse que se produce una manifiesta incongruencia, al no expedirse formalmente sobre las cuestiones introducidas por la propia actora, cuya situación se evidencia como elocuente, cuando se examina, los términos de la contestación de demanda de fs. 89/97 vta., en tanto claramente se planteo (sic) que el despido se produjo por inasistencias injustificadas y sin aviso de parte del actor por diecinueve meses y a partir del incumplimiento del deber de asistencia previsto por el art. 84 de la LCT.
Es decir V.E. que la sentencia emitida por la Excma. Cámara de Apelaciones agrede o afecta el principio de congruencia, que impone al juez el deber de atender en su pronunciamiento los argumentos serios expuestos por las partes, y no solamente las pretensiones de ellas (arts. 34 inc. 4° y 163 CPN), axioma por el cual se establece la exigencia de la correcta identidad entre lo resuelto y lo controvertido oportunamente por los litigantes...” (cfr. fs. 468 y vta.).- Hace referencia a la testimonial de Roxana Beatriz Arias, la que habría declarado que el actor no se habría presentado a trabajar durante el último año que estuvo dependiendo de Jorge Casanova (cfr. foja 469). También refiere a la declaración del testigo Osmar Benjamín López Cook quien habría afirmado que: “...se enteró que [el actor] fue despedido y la causa es porque no iba a trabajar porque hace tiempo que no los veíamos ahí (tercera pregunta), que a trabajar no iba y no prestaba servicios...que escuchó que estaba trabajando en un remis...” (cfr. foja. cit.).
Observa que el Sr. Humberto Patricio Cerdas habría declarado que el Sr. Quipildor trabajó para Casanova, que era chofer, que cobraba por el Banco Nación, que el actor nunca lo vio y que estaba trabajando de taxista (cfr. foja 469 vta.).- Señala que el testigo Elías Leonardo Poblete expresó, respecto del actor, que era chofer; que en el año 2013 ya no trabajaba más con Casanova; que un par de veces se lo encontró en el casino porque estaba en la parada de taxis, que eso era más rentable y además Casanova le seguía pagando el sueldo (cfr. foja cit.).-
También hace referencia a que la empresa Coca Cola Andina Argentina informó que, entre los meses de mayo de 2013 y mayo de 2015, el Sr. Francisco Quipildor no retiró mercadería de su planta industrial (cfr. foja cit.). Asimismo explicita que la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Caleta Olivia dio cuenta que el Sr. Ramón Quipildor se encontraba prestando servicio como chofer en el centro de taxi desde el período 2014 hasta el día en que extendió el informe (cfr. fs. 469 vta./470).-
Sostiene que: “Toda la prueba colectada en la causa ha sido completamente borrada por la Excma. Cámara de Apelaciones, a partir de la interpretación desacertada del art. 243 de la LCT, contraria a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, adoptando una solución ritualista que parte de un formulismo excesivo y contrario a la búsqueda de la verdad material, que desemboca en la violación del art. 18 de la Constitución Nacional, al no examinar ni valorar ninguno de los elementos probatorios colectados en autos...” (cfr. foja 470).-
En segundo lugar, plantea que: “...constituye agravio casatorio, la declaración de inconstitucional del tope indemnizatorio del art. 245 de la LCT, por aplicación automática, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos 'Vizzoti, Carlos A. c/ Amsa S.A. s/ Despido', y sin ninguna consideración que tal pronunciamiento y la situación tenida presente en dicha causa sea aplicable al caso particular” (cfr. fs. 470 vta./471). Agrega sobre esta cuestión que: “La Cámara afirma que con solo (sic) examinar los recibos de sueldo del actor, se advertiría que de aplicarse el tope del art. 245 de la LCT, la base salarial se vería recortada en más de un 33%, teniendo en cuenta la escala del CCT Camioneros N° 40/89, pero la verdad es V.E. que no se efectúa ningún cálculo específico que demuestre tal afirmación y conclusión, con lo cual el pronunciamiento es dogmático, careciendo de fundamento y motivación, sin explicitación de su aplicación concreta al caso que nos ocupa.” (cfr. fs. 471 vta./472).- En función de lo antedicho, afirma que la sentencia en crisis no se ajusta a derecho. En consecuencia, solicita se revoque tal declaración por no configurarse en el caso concreto los requisitos de procedencia (cfr. foja 472 vta.).-
Formula reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
En fs. 475 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación y en PE176856-2021 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º - Recurso de Casación - del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de esta facultad (cfr. PE211595-2021).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en razón de brevedad, afirmando que : “…no debe hacerse lugar a los agravios expuestos por la demandada.” (cfr. PE231003-2021).-
En PE168322-2021 se llama a autos para dictar sentencia y en PE247374-2021 pasan los presentes a estudio.-
III. Que realizada la descripción de los agravios expuestos por el recurrente, resulta menester precisar que si bien se hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a los efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se adscriba también en el marco previsto en el artículo 2° de la citada ley. Por lo expuesto y conforme se ha planteado la cuestión extraordinaria articulada por la demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo regulado en los artículos 2° y 3°, inciso a) de la ley citada, recurso de casación por quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad.
Vinculado con lo antedicho, este Alto Tribunal ha sostenido que: “…Cuadra recalcar que en principio éste Excmo. Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas…Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso.
En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación…pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinaria- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el artículo 2° de la Ley 1687 -Recurso de Casación-…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).- Vale recordar también que reiteradamente este Tribunal Superior de Justicia ha tratado la violación del principio de congruencia procesal (lo cual constituye uno de los agravios del casacionista) en el andarivel del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas…precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).-
Por una cuestión de método se tratará en primer término el recurso desde el prisma del artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados.-
Así pues, debe recordarse que el principio de congruencia consiste en la coherencia o correspondencia lógica que debe existir entre lo peticionado por las partes y la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento sobre lo requerido (cfr. Enderle, Guillermo J.: “La Congruencia Procesal”, Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores, 2007, pág. 57).-
Al respecto, este Tribunal lo ha definido diciendo que: “…el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/2327). Y la sentencia recurrida resolvió todo lo peticionado por las partes, entre ello lo vinculado con los alcances de la comunicación extintiva de la relación laboral de conformidad con el artículo 243 de la LCT, cuestión fundamental para resolver la litis y con aplicación del principio iuria novit curia. Por lo tanto la Cámara no ha incurrido en ninguna extralimitación de sus funciones y sólo se ha circunscripto a subsumir el caso en la normativa aplicable, conforme lo manda el artículo 164, inciso 6° del CPCyC, de aplicación a la especie por remisión del artículo 121, Ley Nº 1444. Por lo tanto, el agravio sobre la violación del principio de congruencia resulta carente de sustento, debiendo ser rechazado.-
IV. Que zanjada la cuestión vinculada con el quebrantamiento de forma, se aprecia que los planteos del recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la Alzada, sobre si el demandado expresó de manera lo suficientemente clara los motivos en los que fundó la ruptura del contrato, en atención a la exigencia estatuida en el artículo 243 de la LCT y si nos encontramos ante un supuesto de abandono de trabajo que justifique un despido con causa de parte del empleador. Es decir, que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba; y son, por lo tanto, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, extremos que no se presentan en el sub lite.- En este sentido ha dicho este Alto Cuerpo que: “...'En el proceso laboral los jueces de la instancia de origen son soberanos en la apreciación de las circunstancias en que la injuria legitimante del despido se ha producido, siendo ineficaz para conmoverla, la mera exposición de un criterio discrepante, que no llega a demostrar ausencia de la prudencia jurídica que el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo le impone al juzgado' (confr.
Sum. JUBA, L 92423 S, 18-6-2008, 'Harguinteguy, Daniel Aldo c/ Línea 10 S.A. s/ Despido y cobro de pesos'). También '...tanto la apreciación del material probatorio, como la determinación de la existencia o no de injuria que justifique la extinción del vínculo laboral, es materia reservada a los jueces de mérito. El límite que encuentra tal facultad lo constituye la eficaz alegación y demostración de absurdo al apreciar los hechos y las pruebas de la causa, o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (conf. Causas L. 74.709, 'Marchen', sent. del 18IX2002; L. 79.488, 'Asprela', sent. del 23XII-2003; L. 77897, 'Díaz', sent. del 10VIII2005)...' (confr.
JUBA, L 89393 S, 11-6-2008, 'Zubaray, José Luis y otro c/ Femia, Ricardo s/ Despido').” (cfr. Sentencia, Tomo XV, Reg. 516, Folio 2891/2898).- En cuanto a la arbitrariedad que alega el recurrente, en lo tocante a la valoración de la comunicación del distracto laboral, es pertinente destacar que para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que acreditarlo; exigencia que no ha logrado cumplimentar el impugnante. En concordancia con lo antedicho este Tribunal ha entendido que: “Para descalificar una sentencia por arbitraria no es suficiente alegar tal vicio, sino que hay que demostrarlo. En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha sostenido que: '…'…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…'…' (cfr.
Sentencia, Tomo XVII, Reg. 570, Folio 3242/ 3247).” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 678, Folio 3940/3946).- Tampoco se observa, en el pronunciamiento atacado un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o que adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XIV, Reg. 490, Folio 2671/2677).-
Recuérdese que es tesis de este Tribunal que: “'...La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…' (cfr. T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 446, Folio 2431/2439). Ninguno de estos supuestos se presenta en el sub lite.-
En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 523, Folio 2940/2946); lo que no acontece en autos.-
Es más, de la lectura de la sentencia en crisis se constata que la Excma. Cámara de Apelaciones ha realizado una correcta valoración de la prueba, en atención a como ha quedado trabada la litis. Así pues, la sentencia de Cámara estimó que la comunicación no reunía los requisitos formales para poder considerar al distracto como justificado, por lo que rechazó la defensa del demandado en este aspecto (cfr. arts. 242 y 243 de la LCT).-
Sobre el particular es ilustrativo transcribir parte de la sentencia de la Alzada: “Más allá de todo el Juez [de Primera Instancia] se centra en la comunicación de despido y entiende que esta no reúne los requisitos del art. 243 LCT. Analizado el mismo se observa que efectivamente lo despiden alegando que: 'teniendo en cuenta sus antecedentes laborales por haber inasistido a su trabajo sin causa justificada resultando una conducta reiterada' (fs. 36), ciertamente el contenido es genérico e impreciso, se funda en antecedentes laborales que no se mencionan ni se acreditan en autos y se mencionan inasistencias reiteradas injustificadas, aunque no hay constancias de que se lo haya intimado alguna vez a reintegrarse al trabajo bajo apercibimiento de dar por terminada la relación laboral.
Así las cosas evidentemente la comunicación de despido no se ajusta a lo previsto por la norma legal mencionada.” (cfr. foja 445 vta.).- Efectivamente se constata que la comunicación del despido es bastante escueta y ambigua en cuanto a los motivos en los que se funda, lo que limita al trabajador la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y vulnera la buena fe que debe regir en las relaciones laborales. El distracto laboral textualmente expresa que: “Teniendo en cuenta sus antecedentes laborales queda despedido con justa causa por haber inasistido a su trabajo sin aviso ni causa justificada, resultando una conducta reiterada. Liquidación final, certificado de (sic) y servicios y remuneración a su disposición en plazo de ley.
Queda ud. debidamente notificado” (cfr. foja 36). De la simple lectura de este texto se advierte que el distracto no cumple con el requisito de expresar de forma suficientemente clara el motivo en que se funda la ruptura del contrato, ya que no hace referencia a qué días o durante qué período/s concreto/s se produjeron las inasistencias.- La comunicación de marras no cumple, entonces, con las exigencias del artículo 243 de la LCT, el que dispone que: “Comunicación. Invariabilidad de la causa de despido. El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato.
Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas.”. En consecuencia no se puede tener por configurado el despido por justa causa.-
Sobre esta cuestión se ha entendido que: “Las exigencias en la ley para admitir la eventual existencia de una causal de despido, en realidad son dos: una la de que la transmisión sea escrita y otra la de que sea explicativa, de tal modo que a partir de la comunicación, el despedido puede conocer sin ningún margen razonable de duda, cuales son los hechos que se le imputan como incumplimiento del contrato que justifique la rescisión, entendido esto con el alcance de que deben quedar claros los hechos y sus circunstancias, sobre todo eso de cuanto y cuando ocurrieron esos hechos [...] El fundamento de la carga de comunicarse con claridad la causa de despido, se relaciona en general con el derecho de defensa en juicio, idea que se originó en la jurisprudencia anterior a la LCT que incorporó esta exigencia cuando la ley no la establecía explícitamente.
La relación se hace sobre la base de que una explicación suficiente y oportuna de la causa del despido, permitiera tanto establecer y comunicar oportunamente las razones opuestas, como dejar ubicadas, documentar, y en general planificar, la posición de defensa en juicio y sobre todo los medios de prueba de los que en su momento sea necesario valerse. También se relaciona frecuentemente las cargas en la transmisión de la causa del despido, como la buena fe que impone a las partes el art. 63 LCT incluso al momento de 'extinguir el contrato o la relación de trabajo'...” (cfr. Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini, Jorge -Director- y Barilaro, Ana Alejandra -Coordinadora: “Ley de contrato de trabajo.
Comentada, anotada y concordada”, La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, págs. 365 y 371).- En consonancia con lo anterior, se ha dicho jurisprudencialmente que: “'El art. 243 de la LCT establece como principio general que la comunicación de un despido estará mal redactada cuando quien la emite emplea una fórmula ambigua que le permite con posterioridad referirla a hechos cambiantes y consagra un régimen formal en resguardo de la buena fe y del derecho de defensa de quien recibe la notificación' (CNTrab., sala X, 06/10/2004, 'Agüero c. Maco Transportadora de Caudales', DJ, 26/01/05, 155).” (cfr. autores y ob. cit., pág. 373); y que: “La comunicación de la denuncia con causa no sólo debe ser escrita sino que, también, debe ser pormenorizada explicando 'en forma suficientemente clara' los motivos objetivos de la ruptura contractual.
La comunicación 'debe bastarse a sí misma', evitando con ello que queden dudas sobre el motivo invocado (CNAT, sala III, 26-4-89, 'Adami, María E. c/ Sanatorio Lavalle SRL', D.T. 1989-A-981) y toda discusión ulterior sobre los hechos motivantes del despido (STJ de Entre Ríos, Sala 3a del Trabajo, 9-9-98, 'Farabello Liebana, Carmen c/ Corporación del Desarrollo s/ Despido', Revista de Derecho Laboral, N° 2000-1, sum. 323.'). Por lo tanto, no valen a tal fin comunicaciones ambiguas (CNAT, sala IX, 31-12-97, 'Spector, Luis c/ Loalco SA', D.T. 1998-B-1679; Sala I, 31-5-99, 'Santana, Daniel H. c/ Diámetro SRL', D.T. 1999-B-2281), genéricas (CNAT, sala VII, 8-3-2000, 'Bognanni, Oscar R. c/ Glopa SRL', D.T. 2001-A-452; sala X, 31-12-96, 'Cimadamore, Lady M. c/ Wexler, Rubén L.' D.T. 1997-B-2295) o vagamente formuladas (CNAT, sala X, 29-11-96, 'Romano, Duilio E. c/ Rosel, Sergio D.', D.T. 1997-B-1807), destinadas a que luego las partes puedan referirlas -según su propia conveniencia- a otros hechos (CNAT, sala VII, 12-11-2001, 'Medina, Pascacio c/ Tecotex SA', D.T. 2002-A-516), ya que el denunciado tiene derecho a saber las razones de la ruptura para poder rebatirlas en juicio, encontrándose involucrado su derecho de defensa amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional (CNAT, sala VI, 3-7-98, 'Montes de Oca, Ángel O. c/ Laboratorios Beta SA', D.T. 1998-B-2418, con nota de Carlos Pose; sala I, 31-3-93, 'Rodríguez, Rosario A. c/ Consorcio de Propietarios Carlos Calvo 1305', D.T. 1994-A-37).” (cfr.
Ojeda, Raúl Horario -Coordinador-: “Ley de Contrato de Trabajo. Comentada y concordada”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2011, Tomo III, pág. 385).- Asimismo, es atinada la observación del Tribunal de Grado que destaca que no se intimó al actor a reintegrarse bajo apercibimiento de dar por terminada la relación laboral. Entonces tampoco se podía considerar que existiese abandono de trabajo como acto de incumplimiento del trabajador. Recordemos el texto del artículo 244 de la LCT: “...El abandono del trabajo como acto de incumpli-miento del trabajador sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso.”.-
Sobre este tema se ha dicho que: “Lo que dice el art. 244 es que para que se configure el abandono de trabajo como acto de incumplimiento, debe darse una previa constitución en mora por medio fehaciente, para que el trabajador se reintegre...Lo de que la intimación previa sea necesaria para configurar el abandono como acto de incumplimiento, significa que debe haberlo para que se configure el tipo 'abandono' que se refiere el art. 244 y no, como dice el texto, para que el incumplimiento lo sea, por más que sin intimación previa no sea uno sancionable en los términos del art. 244. Y con respecto a la mora, 'ésta existe por la omisión...sin ninguna necesidad de certificación o intimación' (Justo López) con lo cual en definitiva lo que dice el artículo es que para que las inasistencias del trabajador -su mora- puedan dar lugar a la extinción del contrato en los términos del art. 244, debe existir una previa intimación a cumplir el contrato.” (cfr.
Ramírez Bosco, Luis E., en Rodríguez Mancini, Jorge -Director- y Barilaro, Ana Alejandra -Coordinadora: “Ley de contrato de trabajo. Comentada, anotada y concordada”, La Ley, Buenos Aires, 2007, Tomo IV, pág. 384).- Con el mismo criterio la jurisprudencia ha entendido que: “'De acuerdo al art. 244 de la ley de contrato de trabajo (DT 1976-238), el abandono de trabajo como motivo del despido directo se configura cuando el trabajador ausente, luego de haber sido constituido en mora e intimado por el plazo impuesto por las circunstancias del caso, no se reintegra a trabajar' (CNTrab., sala VI, 22/04/1998, 'Juliano c. Consorcio Senillosa 280', DT, 1998-B, 2076) [...] 'Para que se configure el abandono de trabajo, el art. 244 de la ley de contrato de trabajo, se requiere una intimación a que el trabajador se reintegre por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso' (CNTrab., sala I, 20/11/1987, 'Pereyra c.
Centro Integral de Seguridad Empresaria', DT, 988-A, 597). 'Para que se configure el abandono de trabajo resulta ineludible el cumplimiento de un requisito: la intimación previa' (CNTrab., sala I, 25/08/1988, 'Chávez c. Consorcio de Copropietarios Avda. Córdoba 5215', DT, 1989-A,438).” (cfr. autores y ob. cit. págs. 389 y 392).- En este contexto, es oportuno recordar que determinar la existencia -o no- de la justa causa invocada para decidir la extinción del vínculo laboral constituye una facultad reservada a los jueces de grado, y sus conclusiones no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de arbitrariedad o absurdo en la apreciación de los hechos o de las pruebas de la causa (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 516, Folio 2891/2898). Circunstancias estas últimas que no se presentan en el caso sub examine.-
En síntesis, al no cumplir la comunicación del despido con el requisito de ser una comunicación suficientemente clara de los motivos que funda la ruptura del contrato (cfr. art. 243 de la LTC), ni al haberse constituido en mora al trabajador para tenerlo incurso en la causal de abandono de trabajo (cfr. art. 244 de la LCT) deben rechazarse los agravios relativos a tales cuestiones.-
V. Que también es inatendible la queja relativa a la aplicación al sub lite del precedente, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A.”, Fallo 327:3677, pues el recurrente no efectúa una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada en este aspecto, lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado procedente (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389).-
Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Vizzoti”, decidió sobre la constitucionalidad de los topes indemnizatorios establecidos en la segunda y tercera parte del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, norma que dispone, en lo que aquí interesa, que: “Indemnización por antigüedad o despido. En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor.
Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres (3) veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social le corresponderá fijar y publicar el promedio resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio Colectivo de Trabajo. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno...”.- Ahora bien, la causa “Vizzoti” trató sobre el caso de un trabajador despedido sin causa que promovió acción judicial para que se declarase la inconstitucionalidad del tope previsto en el artículo 245, párrafos 2° y 3° de la Ley Nº 20.744, con relación a la base salarial de cálculo de la indemnización por despido.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, revocó el pronunciamiento de grado, y declaró que: “…no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, 'la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor', pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable.
Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6°, entre muchos otros). Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor.
Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución Nacional.” (Fallo 327:3677). Por tales razones decidió que: “…corresponderá aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable…” (cfr. fallo cit.).- Volviendo al caso que nos ocupa, estimamos que la Excma. Cámara de Apelaciones no efectúa una fundamentación aparente cuando utiliza el criterio propugnado en “Vizzoti”, ya que brinda razones de su aplicación en autos en función de las constancias de la causa. Concretamente se dice, en el voto que lidera la mayoría, que: “Tampoco corresponde admitir el segundo agravio, ya que con sólo examinar los recibos de sueldo del actor, se advierte que de aplicar el tope del art. 245 de la LCT, la base salarial se verá recortada en más de un 33%, teniendo en cuenta la escala del CCT Camioneros N° 40/89, por lo que entiendo que debe confirmarse la decisión del Juez al respecto.” (cfr. fs. 445 vta./ 446).
De la lectura de este párrafo, se constata que la Cámara obró correctamente limitándose a aplicar un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.- También debe recordarse que este Alto Tribunal adhirió al criterio del precedente “Vizzoti”, por lo que mal puede reprocharse en este aspecto la decisión adoptada por la Alzada (cfr. Sentencia, Tomos XV, Reg. 511, Folio 2860/2871 y XVII, Reg. 570, Folio 3242/3247).-
Por lo antedicho, el agravio del recurrente no puede tener favorable acogida.-
A mayor abundamiento, debe observarse que el mismo casacionista reconoce que le es irrelevante la aplicación o no en el sub lite del precedente “Vizzoti”, en otras palabras, la aplicación de este fallo no le causa gravamen. Específicamente plantea que: “...pero además por cuanto viendo el tope vigente en Mayo de 2015, para la zona sur de Río Colorado, según CCT Camioneros 40/89, homologado mediante Resolución 1639 (Expediente 1.624.057/14), fijado en la suma de $27.470,46, y tomando la base salarial, señalada por la propia actora en su demanda de $17.670,58.-, surge como evidente que la base salarial aplicable al actor, no se ve recortada en porcentaje alguno, por aplicación del tope indemnizatorio del art. 245 de la LCT, vigente al tiempo del distracto, por lo que no resulta aplicable al caso particular la doctrina 'Vizzoti', por no producirse la situación contemplada, no configurándose los presupuestos de procedencia de la inconstitucionalidad peticionada por la actora.” (cfr. foja 472).- En atención a lo expuesto, se debe recordar que es condición de admisibilidad de todo recurso, entre ellos, el de la casación, la existencia de interés (o gravamen) en el recurrente.
El interés es, entonces, la medida del recurso. Al respecto, este Alto Tribunal ha expresado que: “La resolución para ser recurrible debe necesariamente haber ocasionado un gravamen para quien la impugna, el cual no se presenta en el sub lite. En esta inteligencia, se ha dicho que un requisito de admisibilidad para cualquier recurso es que exista gravamen (conf. Juan Carlos Hitters, 'Técnica de los recursos ordinarios', Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 2000, pág. 78); y que: '…debe necesariamente haber causado al recurrente un gravamen que dé origen al interés de recurrir, por tanto debe existir una desventaja o perjuicio o lesión concreta, al punto que si ésta no posee ningún sentido desfavorable, carece de derecho impugnaticio, aunque lo afirmase.' (cfr.
CSJ Tucumán, sala Laboral y Contencioso administrativa, 'Herrera, Edmundo F. y otros c. Grafa S.A.', del 2 de marzo de 1998, Cita Online: AR/JUR/18/1998).' (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. Nº 3239, Folio Nº 5365/5368). Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que: '…es doctrina de este Tribunal que el ejercicio de una vía recursiva, como toda acción en justicia, no se brinda sino a aquellos que justifican un interés que legitime el acceso a esta sede extraordinaria, pues a falta de él no hay petición audible en la instancia casatoria (conf. Ac. 64.198, del 15-VII-1997); y que tal acceso a la vía extraordinaria requiere la existencia de un agravio actual y no meramente hipotético o eventual (conf. causas L. 29.830, sent. del 7-VIII-1981, Ac. 31.440, sent. del 19-IV-1983; el destacado me pertenece), requisito que con relación a las referidas sanciones no puede tenerse por cumplido en el caso, pues la recurrente ni siquiera ha alegado que ellas le hayan sido impuestas' (cfr.
SCBA, “Nidera S.A. c/ Municipalidad de Moreno. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, del 24 de mayo de 2016).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3442, Folio 5828/5834).- Entonces, al dejar claro el mismo recurrente que la aplicación del precedente “Vizzoti” no le ocasiona un gravamen personal, concreto y actual que habilite esta instancia de excepción, sella la suerte de su recurso. Pues, como ya se apuntó, el demandado plantea que la utilización de la doctrina “Vizzoti” le resulta indiferente a los fines del monto indemnizatorio que debe afrontar.-
VI. Que tampoco debe prosperar la denuncia de violación del derecho de propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso, defensa en juicio, adecuado servicio de justicia, debida fundabilidad de las sentencias judiciales y principio de igualdad contenidos en los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353).-
VII. Que en razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación articulado por la parte demandada a fs. 459/473 y, en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 443/451, con costas al recurrente vencido (art. 68 del CPCyC); difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada a fs. 459/473, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 443/451.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1009S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 734 Folio N°: 4440/4447 Secretaría: 1
Fin de la sentencia