Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes. -2°) Imponer las costas a la actora en atención a como se resuelve la causa (art. 71 CPCC).- 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Griselda I. Bard – Jueza de Cámara- Presidenta; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201041S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3137 Folio Nº: 090/094 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8836/25 Sentencia: Definitiva Actor: Quiroga María Ángela Demandada: Sindicato Petrolero y Gas Privado Santa Cruz Objeto: Ordinario Fecha: 29-08-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los 29 días de agosto de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “QUIROGA, MARÍA ANGELA C/ SINDICATO PETROLEROS Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ S/ ORDINARIO”, Expte.Nº37082/2019, que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia bajo el Nº 8836/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard, Horacio M. Fernandez y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/14 se presenta el Dr. Gustavo O. Granillo en representación de María Ángela Quiroga y promueve demanda por cobro de pesos contra el Sindicato Petroleros y Gas Privado Santa Cruz por el cobro de la suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos Trece Mil Ciento Tres ($4.513.103) con más los intereses desde que las sumas son debidas, con más costas y costos. Refiere que la actora es titular de una empresa unipersonal denominada "Sec" y en tal carácter brindaba servicios de sereno y portería en diferentes sedes del Sindicato demandado. Indica que tenían un contrato firmado que vencía el 4 de diciembre de 2017, y ante el incumplimiento de pagos por parte de la demandada de diferentes facturas remitió intimaciones de pago que no fueron respondidas y por ello inicia la acción judicial.-
II. A fs. 26/174 comparece el Dr. Nicolás Pedro Eduardo Cévalo Boro, como apoderado del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, con el patrocinio letrado de la Dra. Karina P. Saúl, y contestan el traslado de la demanda. Niega los hechos, reconoce la relación contractual con la parte actora y sostiene que no existe deuda alguna con la nombrada. Acompaña la documentación que acreditaría los pagos correspondientes. Funda en derecho, ofrece prueba y solicita se desestime la demanda. Hace reserva del caso federal. A fs. 370/371 obra constancia de la audiencia preliminar, donde se determinó los hechos controvertidos y se ordenó la producción de prueba.-
A partir de fs. 482/520 se ordena agregar los autos caratulados “QUIROGA MARÍA ANGÉLICA c/ SINDICATO PETROLERO Y GAS PRIVADO SANTA CRUZ s/ COBRO DE PESOS” EXPTE Nº 37605/2021. A fs. 561/563 se ordena la acumulación de los procesos y se decreta la ampliación del embargo.
En PE408413-2022 con fecha 15 de marzo de 2022 se celebra audiencia nuevamente entre las partes y se amplía la producción de pruebas.
Finalizada la prueba en PE1695543-2025 se dicta sentencia de primera instancia que desesetima la demanda y su ampliación, impone las costas a la parte actora y difiere la regulación de la misma.-
III. Disconforme con el fallo apela la parte actora. En sus agravios sostiene que la decisión le genera un perjuicio patrimonial a la actora, invoca arbitrariedad y violación de derecho de propiedad.
Sostiene que es arbitraria la decisión por entender que la actora no logró acreditar la falta de pago que solicita, y desconoce los efectos de la factura no impugnada en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el art. 1145 del CCC. Al respecto señala la obligación de cuestionar la factura entregada en el término de diez días, plazo que sería en días corridos. Agrega que esa impugnación no reviste formalidad establecida pero que por la práctica en el comercio, en general se lo hace por escrito y su omisión permite tener por aceptada la factura en su integridad. Continúa diciendo que ello faculta al acreedor a realizar su reclamo judicial. Le agravia además que el juez no tuvo en cuenta ello y tampoco el hecho de que la parte demandada no desconoció la intimación realizada por carta documento. Le agravia que no se tuvo en cuenta las declaraciones testimoniales que serían claras en cuanto a la tarea que realizaba la actora y modalidad, como tampoco el reconocimiento que realiza el demandado de la deuda en la audiencia preliminar. Señala que los recibos de pago adjuntados corresponden a otras facturas y carecen de efectos jurídicos en el caso. Cita doctrina sobre el tema. Reitera que en el caso las facturas fueron reconocidas y nunca fueron impugnadas. Argumenta seguidamente sobre la violación al derecho de propiedad. Afirma que la factura N°0002-00002035 fue recibida por la demandada, y se torna operativa la presunción del art. 1145 del CCC. Refiere a la prueba pericial contable y sostiene que luce evidente que la factura fue presentada, no impugnada y no fue abonada ya que no se asentó pago alguno. Cita jurisprudencia sobre el tema y solicita se revoque lo decidido. Hace reserva del caso federal.- Al contestar los agravios la parte demandada sostiene que la sentencia se encuentra ajustada a derecho y que no se incurre en arbitrariedad.-
Manifiesta que el juez valoró correctamente la prueba rendida en autos, en tanto que las facturas reclamadas (“B” Nº 00000042 y 00000043 del 10/04/2019) hayan sido recibidas por la demandada, aunque fueron emitidas, pero no recepcionadas. Se explaya sobre el punto en cuanto a que no surgiría desde cuando pudo haber impugnado las facturas ya que no se recibieron. Agrega que la contraparte se apoya en la intimación por carta documento cuando éstas son de fecha anterior a la emisión de las facturas. Recuerda que acreditó los pagos por los servicios prestados por la actora por los períodos correspondientes a los años 2016 y 2017. Realiza una valoración de la prueba, entiende que el ofrecimiento realizado en la audiencia no constituye un reconocimiento de deuda. En cuanto a la afectación del derecho de propiedad entiende que constituye una afirmación dogmática sin sustento jurídico.
IV. Tal como han quedado expuestos los agravios básicamente la accionante insiste en una deficiente y arbitraria apreciación de la prueba. Por los propios dichos de las partes quedó acreditada la relación que existía entre las partes. En tanto que la actora realizaba servicios de seguridad a favor del sindicato demandado.-
Por el principio dispositivo que rige en nuestro derecho son las partes las que deben ofrecer y producir la prueba, y deben impulsar los medios de prueba que ofrecen y demostrar sus afirmaciones. Asimismo cabe recordar que los hechos que deben probarse son aquellos que están controvertidos. En este caso, el actor pretende el cobro de las facturas que acompaña en su demanda. La accionada niega haber recibido esas facturas señalando que nunca las recibió, lo que tampoco le permitió impugnarlas.- De una atenta lectura de las pruebas producidas cabe concluir que se comparte la solución brindada por el juez de grado en el punto. Tengo presente que al deducir la demanda se reclama una diferencia de dinero y no se señala claramente que facturas estarían impagas (v. fs. 12/13), sino que se solicita el pago de servicios prestados por los años 2016 y 2017.
Cabe recordar que nuestro ordenamiento es claro al señalar que la demanda debe contener la petición en términos claros y positivos (art. 308 CPCC). Sumado a ello se tiene en cuenta que al remitir las cartas documentos tampoco se identifica a que dinero o facturas se estaría haciendo referencia. Ello importó que al momento de contestar la demanda el sindicato adjuntara un volumen importante de documentación que daría cuenta de los pagos mensuales acordados entre las partes. Ahora bien, se intima al pago de una deuda de los años 2016 y 2017 pero se emiten las facturas en el año 2019. Lo que surge de la propia documentación aportada por la parte actora. Se decidió anteriormente que "...si bien la factura es un instrumento privado emanado unilateralmente de un comerciante -o sociedad comercial- con el cual se describe el objeto de su presentación en un negocio, el precio, el plazo para el pago si lo hubiese y el nombre del cliente, tal documento no determina, por sí solo, la admisión de la pretensión del emisor, ya que su virtualidad probatoria no se encuentra en su confección unilateral sino en la recepción por el deudor y en su aceptación en forma expresa o tácita." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala: A, Cofco Internacional Argentina S.A. c/ Alvarez Mario Alberto s/ ordinario, 20 de mayo de 2021, Colección: Fallos, Cita: MJ-JU-M- 132783 -AR||MJJ1327839.) Dicha postulación es compartida por la suscripta, ya que al momento de emitirse la factura las partes ya no tenían vinculación contractual desde hacía casi dos años, no se correspondía a una emisión normal y habitual de la facturación mensual como venía aconteciendo durante la prestación de los servicios por parte de la actora.
Tampoco se reclama concretamente un pago "mensual" sino que se señala "servicios prestados" por diferentes períodos de tiempo, correspondiente a otras facturas mensuales cuyos pagos se acreditaron en éstos. Siguiendo con el tratamiento de las cuestiones propuestas se ha decidido que “Las facturas no son instrumentos autónomos ni dan génesis al 'contrato' en cuya ejecución se procede, sino simple prueba de ese contrato y de su cumplimiento en los términos que surjan de tales instrumentos, por ello es que, por sí solas, tampoco tienen eficacia probatoria, puesto que, al ser instrumentos unilateralmente emanados del propio interesado en la condena, requieren del procedimiento previsto en la Ley a efectos de lograr la participación del supuesto deudor y adquirir, sólo entonces, la aludida eficacia probatoria en contra de éste.” (Total Especialidades Argentina S.A. c/ Kidman S.A. s/ ordinario, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 7-may-2019, Cita: MJ-JU-M-118907-AR | MJJ118907 | MJJ118907).
En el particular no se pudo probar efectivamente la entrega de las facturas a la demandada, situación que afecta la procedencia de la ejecución. Aún tomando la teoría de la amplia ejecutoriedad de las facturas que sostiene que basta acreditar la prestación del servicio para autorizar su cobro. Se entiende de tal modo ya que el servicio regular por los años reclamados se encuentra pago, es decir si se trataría de servicios extraordinarios requiere una prueba específica al respecto, lo que tampoco se acredita en el presente. Siendo que no logra acreditarse que las facturas emitidas lleguen a conocimiento del deudor ni que se demuestra los servicios por los cuales se reclaman, por lo que el plazo para su impugnación nunca comenzó a correr, y no puede computarse (art. 1145 CCC).
Suma a esta interpretación la prueba pericial contable que da cuenta de la inexistencia de deudas entre las partes. Ello adquiere importancia en el caso habida cuenta que la reglamentación de la Ley Nº 24.760 señala en su art. 9º que "El comprador, locatario o prestatario queda obligado a registrar el recibo de factura de crédito, dentro de los primeros QUINCE (15) días corridos del mes inmediato siguiente al de su recepción." Este requisito no se llevó a cabo, lo que es demostrativo de la falta de recepción de las facturas en cuestión.(conf. ley 24760 y sus modificaciones, Artículos 1º y 2º de la Sección I 'De la Creación y la Forma de la Factura de Crédito'. Decreto Nº 363/02 y sus modificaciones.
Emisión y registración de la factura de crédito y del recibo de factura de crédito. Regímenes de retención y percepción. Resolución General Nº 1255.).- Impugna el quejoso la desestimación correspondiente a los montos por los que se habría realizado la ampliación de la demanda. En este aspecto cabe señalar que las proposiciones que se realizan en la audiencia preliminar inclusive la actuación de la jueza en el caso, se realiza a fin de buscar una conciliación u otra forma de solución del conflicto (art. 338 inc. 1 CPCC). Claro está que ello no sucedió en el caso, ya que las partes no conciliaron ni llegaron a una solución del conflicto, sino que la propia actora optó en su estrategia de seguir adelante con la producción de la prueba para tener el reconocimiento de su derecho en una sentencia definitiva.
El actor pretendió realizar una interpretación parcializada de lo allí acontecido y utilizarla "a su favor", pero ello está vedado por la ley formal. No constituye un reconocimiento de una obligación en los términos del art. 733 del CCC como pretende alegarse. Asiste razón al juez de grado en cuanto a sus argumentos, a los que me remito y hago propio en honor a la brevedad. Por estas razones entiendo que lo valorado por el Juez de grado se encuentra ajustado a derecho y los agravios del actor no alcanzan a conmover la decisión recurrida.-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
V. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos por la Jueza preopinante adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
VI. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes. 2°) Imponer las costas a la actora en atención a como se resuelve la causa (art. 71 CPCC) 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
VII. Coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia,29 de Agosto de dos mil veinticinco.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes. -2°) Imponer las costas a la actora en atención a como se resuelve la causa (art. 71 CPCC).- 3º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren determinados en la instancia de grado. 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Griselda I. Bard – Jueza de Cámara- Presidenta; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201041S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3137 Folio Nº: 090/094 Secretaria: 1
Fin de la sentencia