Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa Q-2304/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 591/599.-
2Declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 474/478 vta.; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la Primera Instancia a efectos de continuar con la tramitación de las presentes actuaciones, debiendo tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
3Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: Q-2304/18-TSJ Interlocutorio N°: 688 Actor: QUIROZ NELSON ARTIDORO Demandada: SUCESORES DE JOSE ABRAHAM AGUILAR Y/O CARMEN ROSA AGUILAR Objeto: ORDINARIO Fecha: 13/07/2021 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 688 FOLIO Nº 4024/4027 PROT. ELECT. TSS1 016 S.211
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 13 días del mes de julio de dos mil veintiuno, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y Dra. Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, para dictar sentencia en los autos: “QUIROZ NELSON ARTIDORO c/ SUCESORES DE JOSE ABRAHAM AGUILAR Y/O CARMEN ROSA AGUILAR s/ ORDINARIO”, Expte. Nº Q-9673/02 (Q-2304/18-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por la parte actora, a fs. 611/634?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora (cfr. fs. 611/634), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 591/599, que confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia. Este último hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Carmen Rosa Aguilar y rechazó la demanda interpuesta contra los sucesores de José Abraham Aguilar (cfr. fs. 474/478 vta.).-
II. En la especie, el actor promovió demanda ordinaria reclamando el pago de pesos ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos veinticinco ($165.425) o lo que en más o menos resulte de la prueba, por la construcción y terminación de una vivienda familiar propiedad de los demandados y por el cuidado y mantenimiento de la misma (cfr. fs. 106/108). Esta pretensión fue repelida por el Consejo Provincial de Educación, que comparece en los presentes autos en su calidad de curador designado en el juicio sucesorio “Aguilar José Abraham s/ Sucesión Ab Intestato” (Expte. Nº A-8608/00), al haberse reputado vacante su herencia (cfr. fs. 152/157 vta.). Por su parte, la titular de la Defensoría Oficial Nº Tres asumió la representación de Carmen Rosa Aguilar, quien fue declarada ausente en los presentes autos. Opuso excepción de falta de legitimación pasiva y subsidiariamente contestó demanda (cfr. fs. 246/248).- El magistrado de origen hizo lugar a la falta de legitimación pasiva opuesta. Ello, en virtud de que no fue admitida como heredera en el juicio sucesorio del causante José Abraham Aguilar y, además, en el sub lite el accionante no acreditó la intervención o participación de la misma en la relación jurídica sustancial que lo vinculaba con Aguilar. En lo relativo al fondo de la cuestión, entendió que el demandante no acreditó la existencia del contrato ni tampoco aportó documentación alguna (v.gr. facturas) que hubiera resultado eficaz como medio para acreditar un principio de prueba por escrito del contrato de locación de obra invocado, por lo que consideró que no se encontraba probado el sistema de contratación de obra y su vinculación con el precio. Igualmente desestimó el reclamo incoado en concepto de gastos de mantenimiento y cuidado de la vivienda, en función del ejercicio irregular del derecho de retención esgrimido (cfr. fs. 477 vta./478 vta.).- Apelada esta decisión por la parte actora, la Excma. Cámara de Apelaciones la confirmó (cfr. fs. 591/599).-
Para así decidir, sostuvo que por aplicación de las normas que regulan los contratos en general, en atención al precio que el recurrente atribuye como pactado por la obra, se trataba de un negocio jurídico que requería la forma escrita ad probationem, siendo la regla la ineptitud de otros medios probatorios (cfr. foja 596). En este contexto, indicó que no obran documentos de ninguna índole ni oferta o aceptación, lo que lleva a concluir que no se ha acreditado la voluntad coincidente de las partes, ni su exteriorización, ni menos aún el contenido de una presunta voluntad para considerar mediante la valoración de prueba no instrumental la existencia de un acto bilateral (cfr. fs. 596 vta./597).- Contra este pronunciamiento, la actora interpuso recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento y violación de la ley en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Asimismo arbitrariedad (cfr. fs. 611 y vta., 612 vta. y 613 vta.).- En su agravio inaugural, sostiene que la Excma. Cámara de Apelaciones no realizó una revisión integral de la sentencia de Primera Instancia, tal como lo había peticionado en su recurso de apelación (cfr. foja 624). Califica de erróneo el hecho de que el tribunal de alzada entendiera que su expresión de agravios carecía de una crítica concreta y razonada (cfr. foja 624 vta.). Afirma igualmente que el tribunal a quo efectuó una apreciación subjetiva inadecuada incompatible con el tratamiento procesal de sus agravios (cfr. foja cit.).- Postula que la sentencia en crisis infringió el principio de congruencia (cfr. foja 625 vta.). En tal sentido, argumenta que se omitió el tratamiento de un punto de impugnación planteado en su recurso de apelación, por medio del cual se afirmaba la errónea aplicación de la ley y la valoración de las pruebas concretadas por el juez de origen (cfr. foja cit.).-
Por otra parte, asevera que el pronunciamiento carece de una motivación adecuada y, por ende, es arbitrario (cfr. foja 626 vta.). Argumenta que el mismo exhibe una fundamentación aparente y cuestiona que el razonamiento adoptado por la Excma. Cámara de Apelaciones se haya apoyado en citas doctrinarias al rechazar su agravio relativo a la desnaturalización del monto contenido en el artículo 1193 del Código Civil (ley 340 y modif.) (cfr. foja cit.).- En otro orden de ideas, refiere que el órgano jurisdiccional de alzada incurrió en violación de la ley, al no aplicar al presente caso lo dispuesto en el artículo 1019 del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. foja 627 vta.).-
Por último, señala que el tribunal de alzada optó por favorecer un enriquecimiento ilícito del locador, lo que se materializó en una aplicación formal y rígida del derecho, con menoscabo de los principios de equidad y buena fe (cfr. fs. 630 vta./631).-
Hace reserva del caso federal (cfr. foja 634).-
A fs. 640/641 la Excma. Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y este Tribunal Superior de Justicia lo declaró bien concedido poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. fs. 657 y vta.), sin que ninguna haya hecho uso de esta facultad (cfr. certificación que luce a foja 664).- A fs. 665/668 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien concluye que el recurso de casación incoado debe desestimarse (cfr. foja 668).-
A foja 669 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 670 pasan los presentes a estudio.-
III. Si bien los pronunciamientos de este Tribunal Superior de Justicia deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario provincial, constituye un requisito previo emanado de la función jurisdiccional, el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, ya que la existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecte una garantía constitucional no podría ser confirmada (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 476, Folio 2583/2586).- En este marco, resulta imperioso advertir que -más allá de los planteos propuestos por la recurrente- del examen de las actuaciones se desprende que el procedimiento por el cual se llegó a la resolución atacada adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional.-
A foja 442 el letrado apoderado del actor comunica el fallecimiento de este último; consecuentemente a foja 449 y vta. se acompaña copia certificada del certificado de defunción.-
A foja 455 y vta. se adjunta copia de la declaratoria de herederos, por medio de la cual se declara que le suceden como herederos sus hijas Nancy Aldana Quiroz, Karen Gisel Quiroz, Natalia Janet Quiroz Christensen, Sofía Belén Quiroz e hijo Nelson Damián Quiroz; y su cónyuge supérstite María Cristina Christensen.-
A foja 457 el Magistrado de origen ordenó citar a los herederos a estar a derecho, debiéndose denunciar su domicilio. Esta providencia, conforme lo pone de relieve el propio juzgador, debía notificarse personalmente o por cédula.-
Si bien durante el devenir del proceso se presentaron las herederas, otorgando poder al Dr. Carlos V. Muriete, lo cierto es que el Sr. Nelson Damián Quiroz no fue notificado de la providencia señalada precedentemente, por lo que nunca compareció en el proceso ni tampoco otorgó poder a letrado alguno.-
A fs. 474/478 vta. el juez de Primera Instancia falló en forma adversa al interés de los actores, rechazando la demanda. A su turno, la Cámara confirmó dicho pronunciamiento (cfr. fs. 591/599). Ninguna de las instancias de grado advirtió que el proceso se desarrolló sin haber sido integrado con el Sr. Nelson Damián Quiroz. De este modo, se ha visto privado de ejercer su derecho de defensa (v.gr. no ha podido producir alegatos o recurrir los fallos).- Ante este panorama, conviene rememorar que este Alto Cuerpo tiene dicho que: “La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio […] Los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398. Énfasis añadido).- La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio (cfr. Highton, Elena y Areán, Beatriz: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo 3, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, págs. 471/472).-
Una de las facetas esenciales de esta garantía radica, justamente, en el respeto al principio de congruencia, que ha sido conceptualizado como “…la conformidad de la sentencia con la demanda ha de ser refiriéndose exactamente á (sic) las personas que litigaron, al objeto sobre (sic) que se litigó, al motivo que se expuso y á (sic) la razón que se dedujo…” (cfr. Enderle, Guillermo J.: “La Congruencia Procesal”, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 57). Por su parte el artículo 34 inciso 4° del CPC y C dispone que es deber del juez “Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.”.- En suma, los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.-
Bajo este orden de ideas, cabe concluir que la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones presenta un agente nulificador que la descalifica como acto jurisdiccional válido.-
En la presente causa, se ha producido entonces una flagrante violación del debido proceso, pues más allá de la procedencia o no de los agravios que oportunamente desplegaron las herederas anteriormente individualizadas en contra de las sentencias emitidas en sede de grado, lo cierto es que la falta de integración de la litis con el heredero Nelson Damián Quiroz importa un grave menoscabo del derecho de defensa de este último, por lo que la nulidad generada reviste carácter absoluto, susceptible de ser declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- En suma, la situación descripta trae aparejada indefensión, lo que acarrea una nulidad esencial y absoluta que no puede ser pasada por alto pues afecta la defensa en juicio y el debido proceso y resulta un vicio insusceptible de convalidación en cuanto, como derechos protegidos, se encuentran íntimamente ligadas y se refieren a defectos que afectan el Orden Público, lo que importa un quebrantamiento de las formas sustanciales prescriptas para las sentencias.- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesario advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la afirmativa.-
A la primera cuestión el Dr. Mariani, Dr. Peretti, Dra. Mercau y Dra. Ludueña Campos dicen:
I. Que, compartimos el relato efectuado de los antecedentes de la causa así como también los fundamentos en virtud de los cuales se decreta la nulidad del fallo recurrido, sin embargo disentimos parcialmente con la resolución dada, porque, consideramos que la nulidad decretada debe alcanzar, también a la sentencia de Primera Instancia. Todo ello por los motivos que “infra” expondremos:
El actor promovió demanda reclamando el pago de una suma de dinero que, dice, se le adeuda por la construcción y terminación de una vivienda familiar, propiedad de los demandados, y por el cuidado y mantenimiento de la misma (cfr. fs. 106/108).-
La Excma. Cámara de Apelaciones confirmó íntegramente la sentencia de Primera Instancia que, en su oportunidad, había rechazado la demanda. Contra esa decisión, la actora interpuso recurso de casación (cfr. fs. 611/634).-
Ahora bien, ante el fallecimiento del actor, se cita a tomar intervención en autos a sus herederos. Estos últimos se presentaron, con excepción del coheredero Nelson Damián Quiroz quien no fue notificado de la citación. No obstante y tal como indica mi distinguida colega preopinante, tanto en Primera como en Segunda Instancia se dictó sentencia sin haber integrado la litis con el nombrado, privándolo así de ejercer su derecho de defensa. La falta es de una gravedad tal que acarrea la nulidad de los pronunciamientos que se hubieran dictado mediando tal déficit.- Se observa, en el sub lite, que el vicio nulificante se produjo antes del dictado de la sentencia de grado, y no fue advertido por el Juez de la causa, tampoco la Cámara, a su turno, se percató de la mentada falencia y confirmó la primera.
Es por ello que debe aplicarse al sub judice el criterio de este Tribunal Superior de Justicia expuesto en el antecedente: “Federici, Juan c/ Sucesores de Alberto Gómez y Otro s/ Laboral”, Expte. N° F-370/04 (F-2094/16-TSJ), del 26/2/2020, registrada al Tomo XX, Sentencia, Reg. 659, Folio 3805/3812 y declarar nulas las sentencias dictadas en las anteriores instancias.- Es oportuno reiterar aquí lo expresado en el antecedente de referencia: “No debemos olvidar -en punto a la actuación de la Cámara- que si en la sentencia de grado median vicios procesales que hacen que el procedimiento no se encuentre ajustado a derecho, de modo que la Cámara no pueda expedirse válidamente sobre el fondo de la cuestión debatida, deberá ésta proceder al reenvío de la causa a otro juez de primera instancia, ante quien deberán sustanciarse los recaudos procesales incumplidos que dieron sustento a la nulidad, debiendo, una vez satisfechos, proceder al dictado de una nueva sentencia […] En conclusión, la ausencia de tratamiento y resolución por parte de los jueces de las anteriores instancias sobre la excepción de falta de legitimación pasiva, provoca el incumplimiento con un cometido que la ley les manda, tornando nulas las sentencias dictadas en las anteriores instancias (cfr. art. 2°, del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Dichas nulidades son absolutas -por ende no susceptibles de ser convalidadas- y deben ser declaradas aún de oficio; debiendo reenviarse las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de Primera Instancia a efectos de continuar con la tramitación de las presentes actuaciones, debiendo tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo (cfr. art. 14, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). En cuanto a las costas, corresponde que las mismas sean impuestas por su orden, ello en atención a la forma en que se resuelve.
Finalmente es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio…”.- A esta Primera Cuestión votamos conforme lo expuesto en los considerandos.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dice:
Que en razón de las consideraciones de la Primera Cuestión, propongo al Tribunal Superior de Justicia, declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 591/599; debiendo reenviarse las presentes actuaciones a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, adopte las medidas pertinentes para garantizar el derecho de defensa del Sr. Nelson Damián Quiroz y se continúe el procedimiento conforme a derecho e imponiendo las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.- A la segunda cuestión el Dr. Mariani, Dr. Peretti, Dra. Mercau y Dra. Ludueña Campos dicen:
Que en atención a lo expresado en la Primera Cuestión, proponemos al Tribunal Superior de Justicia, declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 591/599 y de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 328/331; debiendo reenviar las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la Primera Instancia a efectos de continuar con la tramitación de las presentes actuaciones, debiendo tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo, imponiendo las costas por su orden atento la forma en que se resuelve.- En virtud de todo lo expuesto se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 13 de julio de 2021.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto minoritario de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández y el voto en disidencia mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidente, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 591/599.-
2. Declarar de oficio la nulidad de la sentencia de Primera Instancia obrante a fs. 474/478 vta.; reenviando las presentes actuaciones al Sr. Juez hábil de la Primera Instancia a efectos de continuar con la tramitación de las presentes actuaciones, debiendo tener presente las consideraciones ut supra desarrolladas por este Alto Cuerpo.-
3. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1016S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 688 Folio N°: 4024/4027 Secretaría: 1
Fin de la sentencia