Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.197 FOLIO Nº 031/034 PROT. ELECT. JR101 344I.261
Río Gallegos, 19 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada: “R.B.E. S/ DAÑO, ROBO Y PRESUNTA DESOBEDIENCIA”, Expte. Nº R-84065/26 Apelación/Causa JR Nº 10296/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 81/86 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, Dr. F.Z., quien en el punto I) decretó el procesamiento sin prisión preventiva de B.E.R., en orden a los delitos de “HURTO SIMPLE -HECHO I- y ROBO EN GRADO DE TENTATIVA -HECHO 2- TODO EN CONCURSO REAL”, (arts. 162, 55, 164 y 42 del Código Penal) y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes o dinero de B.E.R. como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP, hasta cubrir la suma de pesos un millón ($ 1.000.000).-
Que a fs. 97/99 y vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 110 sostuvo el recurso (cód. validación 6cae617e) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. PRINCIPIO DE INSIGNIFICANCIA: hizo alusión que el presente caso debe ser analizado a la luz de la teoría de la Insignificancia.-
Citó doctrina avalando su postura.-
Sostuvo que cuando la afectación a un bien jurídico es ínfima, ninguna reacción de carácter penal puede presentarse como razonable y proporcional; por ello, un juego armónico de los presupuestos que se desprenden de los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y lesividad, impiden que aquellas lesiones de carácter mínimo a los bienes jurídicos puedan considerarse como lesiones jurídicamente relevantes a los fines del derecho penal.-
Solicitó que se revoque la resolución y se sobresea al imputado, pues existe una mínima afectación al bien jurídico protegido por la ley penal, siendo éste insignificante e inidóneo para llenar llegado el caso, la tipicidad objetiva del art. 183 del CP.-
En primer término, cabe advertir que, conforme los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta Alzada ha sostenido reiteradamente que la doctrina de la insignificancia no resulta aplicable a hechos como el que nos ocupa.-
La pretensión defensista en este sentido constituye una apreciación meramente subjetiva de la parte recurrente que carece de asidero legal frente a la acreditación de la materialidad típica.-
En efecto, si de las constancias de la causa surge verificado, en grado de probabilidad, el desapoderamiento de una cosa mueble total o parcialmente ajena contra la voluntad de su dueño, la conducta encuadra prima facie en las previsiones del artículo 162 del Código Penal, configurándose de este modo el tipo penal o su comienzo de ejecución (tentativa).-
En segundo lugar, resulta imperioso precisar que el bien jurídico tutelado en la especie; como lo ha señalado la doctrina y jurisprudencia especializada en la materia, por el delito de hurto no es el patrimonio en un sentido puramente contable, sino el derecho de propiedad en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional.-
Por consiguiente, el mayor o menor valor económico de la cosa sustraída no tiene la entidad de excluir la tipicidad de la acción, sino que únicamente puede poseer efectos para la graduación de la pena dentro de los límites mínimos y máximos fijados por las escalas penales correspondientes en la etapa procesal de la sentencia definitiva. Así lo tiene dicho la jurisprudencia nacional al establecer que "...el principio de insignificancia... atiende al escaso valor de la cosa sustraída... el mayor o menor valor de la cosa puede tener efecto únicamente para la graduación de la pena dentro de los límites fijados en las escalas penales correspondientes al hurto y al robo..." (CNCCorr, Sala 1, 05/04/2000, "C., N.G.").-
A mayor abundamiento, debe recordarse que para evaluar la relevancia de la afectación " ...no es el valor del bien lo que debe ponderarse, sino su naturaleza..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VI, 05/11/2004, "B., M.E."). Bajo este contexto, y con el grado de probabilidad que caracteriza a esta instancia preliminar, los elementos colectados permiten tener por acreditado -prima facieun designio inequívoco orientado al apoderamiento ilegítimo de un bien ajeno -siendo el acta de entrega de elementos a la víctima conforme surge de fs. 74-, lo que convalida el procesamiento dictado por el Sr. Juez de grado subrogante.-
Finalmente, este Juez de Recursos destaca que este criterio se ha mantenido pacífico, constante e invariable en esta jurisdicción habiendo sido aplicado rigurosamente en numerosos precedentes de este tribunal, tales como las Apelaciones Nros. 4236/13, 4197/12 y 4049/12, y ratificado recientemente en las causas sustanciadas bajo las Apelaciones Nros. 6724/20, 9606/25, 9524/25, 9803/25 y 9978/25, entre muchas otras.-
Por lo tanto, corresponde rechazar de plano el agravio analizado.-
II. FALTA DE CONDUCTA TIPICA: señaló que ha existido una evidente falta de motivación al momento de adjudicar a su defendido el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA, toda vez que no se ha realizado un análisis imparcial, integral y armónico de los elementos de prueba obrantes en la causa, con su consecuente correlato en el accionar que habría incurrido el Sr. R. por el cual ha sido procesado como autor penalmente responsable del delito de mención.-
Referenció que motivar es consignar por escrito las razones que justifiquen el juicio lógico que la resolución debe contener, con la consiguiente valoración y confrontación de todas las pruebas reunidas. La motivación es una garantía fundamental del proceso pero también es una obligación impuesta al/la Magistrado/a.-
Indicó que no se encuentra acreditada y menos aún acreditada la conducta típica atribuida, habiéndose generado una construcción del hecho que ni siquiera se toma la declaración de la persona presuntamente perjudicada.-
Peticionó nuevamente que se dicte el sobreseimiento del Sr. R., o en su defecto, la falta de mérito respecto del nombrado.-
Continuando con el análisis de los planteos formulados, debemos decir que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que la motivación de las decisiones judiciales constituye una obligación constitucional y legal expresa, tal como lo prescribe el artículo 116 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz bajo pena de nulidad.
En efecto, motivar e instrumentalizar por escrito los juicios lógicos no es un mero formalismo; como lo enseña la doctrina clásica, la motivación configura una "garantía de garantías", que documenta que el fallo es una derivación razonada del derecho vigente y de las constancias de la causa, y no el producto de la voluntad individual del juez (CSJN, Fallos: 236:27).- Se ha dicho que: "...Motivar o fundamentar las decisiones judiciales implica asentar por escrito las razones que justifican el juicio lógico que ellas contienen. En otras palabras, importa la obligación de consignar las causas que determinan el decisorio o exponer los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan la resolución, esto es las razones que poseen aptitud para legitimar el dispositivo..." (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IIIC., TR LALEY 1/4606).-
En dicho contexto, la doctrina sostuvo que: “ Una sentencia se considera debidamente fundada si explicita los razonamientos que conducen de las evidencias a la verdad de las premisas fácticas que emplea en su justificación” (Maier, J. B. J., Derecho Procesal Penal Argentino, t. I, "Fundamentos", Hammurabi, Buenos Aires, 1989, pág. 243/244) (Criterio plasmado en Apelación N° 10168/26).-
Sin embargo, yerra la defensa al exigir en esta instancia un estándar de certeza absoluta o apodíctica para descartar la atipicidad o revocar el procesamiento.-
Esta Alzada sostiene de manera pacífica e invariable que el auto de procesamiento no es una resolución definitiva ni causa estado, para su dictado, de conformidad con el artículo 289 del CPP, no se requiere certeza plena respecto de la culpabilidad, sino únicamente la concurrencia de un juicio de probabilidad positiva sobre la existencia del hecho y la participación criminal del imputado, suficiente para habilitar el avance de la causa hacia la etapa de juicio oral y público.- En esta etapa preliminar, basta con la confirmación inicial del estado de sospecha y la prevalencia de los elementos de cargo por sobre los de descargo para orientar el proceso a la base del juicio (Postura asentada en Apelación N° 10090/26).-
Por lo que debemos concluir, esta instancia revisora coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.-
FIJAR LA CAUTELAR: la defensa se agravió expresando que de las constancias del auto de procesamiento recurrido, no surge que el Juez A Quo haya explicado los fundamentos de la medida cautelar ordenada, requiriendo la nulidad de la misma.-
Que, en relación al agravio esgrimido por la defensa técnica en el cual se postula la nulidad del auto de procesamiento por la supuesta falta de fundamentación de la medida cautelar dispuesta por el a quo subrogante, adelantamos que el planteo no tendrá favorable acogida.-
En primer término, es criterio constante e invariable de esta Alzada que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva, debiendo declararse la sanción de nulidad únicamente cuando el vicio afecte de manera real un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable (Postura plasmada en Apelación N° 10233/26).-
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que las nulidades por vicios formales exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia efectiva sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho de raigambre constitucional.-
De lo contrario, se caería en un ritualismo inaceptable en desmedro de la pronta solución de las causas y del servicio de justicia, respondiendo a un "formalismo vacío".- Bajo esta línea, se tiene dicho que: “Las nulidades no deben ser declaradas si el vicio no ha impedido lograr la finalidad del acto y si no media interés jurídico de reparar, de acuerdo a los principios de conservación y de trascendencia, ante los cuales aquéllas siempre ceden” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala IV; L. A., S.; 18/04/2002; Cita: TR LALEY 20030016) (Criterio seguido en Apelaciones Nos. 10022/26; 10142/26; entre otras).-
En segundo término, con relación a la alegada falta de motivación de la medida, cabe recordar que: "La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…" (Ferrajoli, Luigi; "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal"; Ed. Trotta; pág. 378).-
Sin embargo, el auto de procesamiento es un pronunciamiento de carácter eminentemente provisional y mutable que no causa estado, limitándose por ley a exigir un juicio de probabilidad sobre la existencia del hecho y la participación del imputado.-
En tal dirección, la doctrina de la arbitrariedad de las resoluciones judiciales no tiene por objeto corregir decisiones que la parte estime equivocadas según su discrepancia subjetiva, sino que atiende de manera exclusiva a aquellos supuestos donde se verifique una absoluta carencia de fundamentación o un apartamiento palmario de la ley (Fallos: 293:344, 274:462, entre otros) (Criterio adoptado en Apelaciones Nos. 10015/26; 10087/26).-
La cuantificación del embargo en esta etapa preliminar reviste un carácter meramente estimativo y provisional debido a la propia provisoriedad de la instancia penal que se transita; su objeto primordial es preventivo y tiene por fin garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil de los daños causados y las costas del proceso (tasas de justicia, honorarios de abogados, peritos, etc.).-
La fijación definitiva de la responsabilidad patrimonial solo podrá concretarse, llegado el caso, en la sentencia final del proceso (conforme los arts. 29 y 30 del Código Penal) (Criterio adoptado en Apelación N° 10056/26).-
En tal sentido, en concordancia con lo sostenido por otros tribunales en relación al monto de la medida, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).- En consecuencia, al advertirse que la resolución cuestionada cuenta con fundamentos jurídicos mínimos y suficientes que exteriorizan de manera adecuada el iter lógico del juzgador, la presentación defensiva se reduce a una mera disconformidad con el criterio adoptado por la instrucción, lo que obliga a desestimar el planteo de nulidad articulado y confirmar la resolución de origen en todos sus términos (Mismo criterio seguido en la Apelación N° 10008/26).-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 81/86 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia