Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Mar del Plata · Causa A-36381
1. Por acompañadas las boletas y la documentación.
2. En atención al estado de autos y lo expuesto en la presentación en proveimiento, se pone de manifiesto que la actora celebró un acuerdo de pago con la demandada por los conceptos reclamados en autos -título ejecutivo n° 1538082 -.
Con lo manifestado tengo acreditada la modalidad utilizada para la regularización de la deuda demandada -acogimiento a una moratoria- (conf. doct. CCAMDP en los autos caratulados "A.R.B.A. c/ La Serranita SRL s/ Apremio Provincial" expte. P-8080-MP1E, sent. del 29-V-2018) .
El hecho de haberse producido el acogimiento a una moratoria implica el otorgamiento, por parte de la entidad recaudatoria, de una espera al contribuyente a los fines de integrar la obligación tributaria adeudada, es decir la concesión de un nuevo plazo.
Teniendo en cuenta que el apremio es un proceso judicial cuyo único objeto consiste en el cobro de una deuda, el hecho que ésta se torne inexigible (al menos temporalmente) como consecuencia de la moratoria, hace que el proceso no pueda avanzar.
Tan es así que el propio legislador ha previsto que ante dicha circunstancia corresponde la clausura del proceso judicial (así cabe inferirlo de la consagración de la excepción perentoria prevista en el art. 9 inc. "f" de la ley 13.406).
Asimismo, el eventual incumplimiento del plan de pagos impactará en la deuda fiscal e, inclusive, hará necesario el dictado de un acto que decrete la caducidad de aquel (conf. CNCAF, sala IV, causa 49875/2015 "Molino Harinero Carhue", res. del 22-10-2015), lo cual hace inviable la continuación de esta ejecución.
Los efectos perentorios que sobre el proceso produce la moratoria son los mismos y la solución -extintiva- debe ser similar.
En palabras de Daniel Fernando Soria "esta conducta, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, resulta incompatible con la pretensión concomitante de ejecutar la totalidad de la deuda por la vía de apremio" (su voto en SCBA, causa C 99.800 "Fisco c. Servicios y Calidad S.A. s. Apremio", sent. del 8-VIII-2012).
Es que no puede pretender el Estado mantener en vilo un proceso destinado al cobro cuando ha aceptado reprogramar la deuda, que por ello se torna inexigible.
Lo expuesto no obsta a que, ante la eventual caducidad del plan de pagos, pueda iniciarse otro proceso de apremio con el mismo objeto.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el contribuyente que se ha acogido a un plan de pagos llenando los requisitos que fijan las normas cuya solicitud no hubiere sido rechazada por la autoridad recaudatoria por razones valederas, goza de los derechos acordados hasta tanto no incurra en incumplimiento, supuesto en que el organismo fiscal podrá declarar la caducidad del plan de pagos e iniciar las acciones administrativas y judiciales a los efectos del cobro de la deuda (en autos "Fisco Nacional (D.G.I.) c/ Torres, Ivo O", 1977-III,29, LL Impuestos 1977-792).
A esto cabe agregar que el propio letrado ha percibido sus honorarios por la labor desplegada en autos (conf. la presentación de fecha 03/09/2026 ), situación que innegablemente se asocia a la finalización de un proceso como el que me ocupa (argto. art. 15 de la ley 13.406).
Por último, como corolario de todo ello destaco que en el acuerdo de pago adjuntado las partes llegaron a un convenio "con el objeto de poner fin al apremio" (sic).
En virtud de lo expuesto, se evidencia que el presente proceso debe considerarse concluido, lo que así decido. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE
3. Como consecuencia de lo expuesto, corresponde determinar lo concerniente a los honorarios de los letrados intervinientes.
Respecto DE LA DRA. LAMOGLIA FERNANDEZ, ANTONELA ISABEL , siendo ajustados a derecho los que dice haber percibido en la presentación de fecha 03/11/2026 , regúlanse los mismos en la suma de PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 82/100 ($912.599,82) (art. 22 de la ley 13.406) con más los aportes previsionales de ley (arts. 12 inc. "a" y 16 de la ley 6716. t.o. dec. 4771/95). NOTIFÍQUESE. REGÍSTRESE .
4. Asimismo y en atención a lo solicitado en el escrito en proveimiento, corresponde dejar sin efecto las medidas cautelares dispuestas en autos.
Como consecuencia de ello, procédase a levantar la medida cautelar trabada en autos y que fuera inscripta ante el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires bajo el N° 98-1442147/4 de fecha 04-09-2026.
5. Atento el estado de autos y encontrándose la causa concluída, informe por secretaria sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21 de la ley 6716, arts. 337 y sgtes. del Código Fiscal -t.o. Res. M.E. 39/2011-.
Firmas
Funcionario firmante: ISACCH Simon Francisco - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1168-2026
Fin de la sentencia