Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa P-17664-MP1E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación articulado por el señor Rainone con fecha 28-6-2026, declarar la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en los arts. 21, 24 y 64 del Código Fiscal (t.o. 2011). Consecuentemente, revocar el segmento del pronunciamiento en crisis que rechazó la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva opuesta al progreso de la acción, que se declara procedente. Costas de segunda instancia a la parte actora, atento su condición de vencida (cfr. arts. 68 y 274 del C.P.C.C, art. 25 de la ley 13.406).
2Rechazar el recurso de apelación articulado por el Fisco el 30-6-2026 y, por los fundamentos expuestos, confirmar la parcela de la decisión que declaró prescriptas las multas en concepto de omisión e infracción a los deberes formales reclamadas por el Fisco en los títulos ejecutivos n° 1.254.824 y n° 1.254.826 objeto de autos. Costas de segunda instancia a la parte actora, atento su condición de vencida (cfr. arts. 68 y 274 del C.P.C.C, art. 25 de la ley 13.406).
3Diferir la regulación de honorarios por trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 51 Ley 14.967).
L a Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa P-17664-MP1E "A.R.B.A. C/ MAYORAL S/ APREMIO PROVINCIAL" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora .
I. Con fecha 19-6-2026, el magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata dictó sentencia, por intermedio de la cual: (i) hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada respecto de los períodos 01 a 06 de 2024, con costas a la parte actora en su condición de vencida; (ii) mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Mayoral S.A. y el señor Luis Alberto Rainone, paguen a la ARBA la suma de cinco millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos ochenta y nueve con 50/100 ($5.472.289,50) con más los intereses previstos en el art. 104 del Código Fiscal, con imposición de costas a la parte demandada. Asimismo, difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Recibidas las actuaciones en este Tribunal con fecha 21-8-2026, declarada la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos por la parte ejecutada el 26-6-2026 y por el Fisco con fecha 30-6-2026, y puestos los autos al Acuerdo para sentencia (cfr. res. del 4-9-2026), corresponde plantear la siguiente
¿Son fundados los recursos?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Ucín dijo:
I.1. El Juez de grado dictó sentencia con el alcance indicado en los Antecedentes de este pronunciamiento.
1.1. Inicialmente, rechazó la excepción de inhabilidad de título que plantearon los demandados sobre la base de la falta de requisitos extrínsecos del título ejecutivo, y la inexistencia de causa.
1.1.1. En cuanto al primer planteo, recordó que la procedencia de la defensa requería acreditar que los cartulares no se encontraban dentro de los enunciados en el art. 9 inc. c) de la ley 13.406, o que carecían de los requisitos externos exigidos por la ley.
Con ello en consideración, desestimó el planteo de los accionados, según el cual la agente que suscribió el título de deuda, Lorena Andrea Seoane, no sería una agente del Organismo de recaudación con facultades suficientes.
Para decidir de ese modo, puntualizó que los títulos ejecutivos electrónicos objeto de estas actuaciones eran una liquidación de deuda expedida de conformidad con los parámetros establecidos en la Resolución SCBA n° 662/09, suscripta digitalmente por la señora Seoane en calidad de funcionario autorizado (cfr. ar. 2° ley 13.406 y art. 104 del C.F., t.o. 2011). En sustento de su postura, citó lo resuelto por esta Cámara en la causa P-2350-MP1 "Fava" , sent. del 18-3-2011). Con todo, concluyó que los cartulares se confeccionaron en cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 2 inc. 1° de la ley 13.406, y rechazó el planteo.
1.1.2. Resuelto lo anterior, desestimó los restantes planteos formulados por la parte demandada respecto a la ilegitimidad de la atribución de responsabilidad solidaria al señor Luis Alberto Rainone, la determinación de la deuda sobre base presunta, y la violación de su derecho de defensa.
En esa labor, precisó que, del expediente administrativo n° 2360-0380634/2016 agregado a las actuaciones, surgía el inicio de las actuaciones sumariales, el dictado de la resolución determinativa n° 7612 del 24-7-2019 que estableció las obligaciones fiscales a cargo de la firma Mayoral S.A. y la responsabilidad solidaria del señor Rainone, la interposición y rechazo del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal provincial que articularon los accionados, y, finalmente, la emisión de los títulos ejecutivos objeto de estas actuaciones.
Sobre tales bases, concluyó que el procedimiento se desarrolló de conformidad con lo previsto en los arts. 68. 69, 113 y sgtes. del C.F. (t.o. 2011). Destacó que las notificaciones se practicaron en los domicilios electrónicos constituidos por los demandados, quienes pudieron presentarse a hacer valer sus derechos y ejercer su derecho de defensa.
A continuación, sostuvo que la resolución n° 7612 que determinó la responsabilidad solidaria del señor Rainone e impuso las sanciones de multa se encontraba firme. Precisó que la impugnación sobre el contenido y alcance de aquel acto administrativo debió ser realizada en sede administrativa o judicial, y no correspondía su introducción extemporánea a través de la excepción de inhabilidad de título. En sustento de esa postura, precisó que la Suprema Corte provincial declaró la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el Código Fiscal provincial de la Suprema Corte provincial el marco de un proceso de conocimiento (cfr. causa A. 72.776 "Casón", sent. del 31-8-2021). Agregó que tampoco correspondía la aplicación de lo resuelto por la Suprema Corte en el precedente "Toledo", toda vez que el ámbito cognoscitivo del incidente de revisión concursal en el cual se adoptó la decisión no se presentaba en el proceso de apremio. Finalmente, citó lo resuelto por esta Cámara en la causa P-6161-MP1 "Mar Yi S.A." (sent. del 13-11-2015).
1.1.4. Luego, examinó la excepción de prescripción articulada por la parte demandada respecto de los períodos 1 a 12 de 2014, recargos y las dos multas, así como el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 159 y 161 del C.F. (t.o. 2011).
Recordó que la descalificación constitucional de un precepto legal debe considerarse la ultima ratio del orden jurídico y solo procede cuando su repugnancia con la cláusula constitucional invocada era clara, manifiesta e indudable. Se refirió a lo resuelto por la Suprema Corte provincial en la causa A.73.474 "Necotrans" (sent. del 8-3-2021).
A los efectos de discernir la normativa llamada a regir en el caso, destacó que ambas partes coincidieron en la aplicación de la normativa del Código Fiscal. En ese orden, destacó que tanto el Código Civil velezano como el ordenamiento provincial fijaron idéntico plazo quinquenal de prescripción. Respecto de los restantes aspectos relativos al cómputo prescriptivo, advirtió que la diferente naturaleza de las obligaciones tributarias y aquellas reguladas por el Código Civil tornaba insuficientes las previsiones de la legislación privada para dar solución a conflictos de derecho público. En ese contexto, brindó argumentos a favor de la prevalencia de las potestades regulatorias locales en materia tributaria, incluso en lo concerniente a la prescripción, por sobre las disposiciones del Código Civil y Comercial, concluyendo que en el caso regían las normas del Código Fiscal (t.o. 2011).
Siguiendo ese razonamiento, indicó que la deuda reclamada en el caso sub examine se generó como consecuencia de la falta de percepción y pago de sumas que correspondía abonar a quienes efectuaban compras, y estableció que el cómputo de la prescripción debería realizarse a partir del vencimiento de cada período, individualizado como "fecha de saldo" en los títulos ejecutivos n° 1254824 y 1254826.
Seguidamente, evaluó si existieron actos susceptibles de suspender el curso de la prescripción y si, a la fecha de interposición de la demanda, el plazo quinquenal previsto en el art. 157 del C.F. había vencido. Expuso que el 24-7-2019 se dictó la resolución determinativa n° 7612/2019, notificada con fecha 26-7-2019, por intermedio de la cual se intimó a los demandados al pago de la deuda en los términos del art. 161 inc. "a" y "b" del C.F. Con base en ello, señaló que la notificación del acto administrativo produjo la suspensión de la prescripción por el término de un año (cfr. art. 161 inc. "a", primer párrafo, C.F.).
Con ello en consideración, declaró que los períodos 1 a 6 del año 2014, cuyo vencimiento operó entre el 12-2-2014 y el 14-7-2014 inclusive, prescribieron antes de la interposición de la demanda el 25-4-2022, pues no fueron alcanzados por la referida causal de suspensión.
Respecto de los restantes períodos, tomó en consideración el período 7/2014, cuyo plazo se inició el 12-8-2014, operando la prescripción, prima facie, el 12-8-2019. Destacó que la notificación del acto administrativo produjo la suspensión del término de la prescripción por el plazo de un año, hasta el 12-8-2020. No obstante lo anterior, hizo notar que el 10-12-2019 los ejecutados interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, circunstancia que generó un nuevo prolongamiento de la suspensión conforme lo dispuesto por el artículo 161 segundo párrafo del inciso "a" del C.F., por lo que el curso de la prescripción -que acaeció durante el trámite administrativo- estuvo suspendido por el referenciado recurso administrativo.
Estableció que, de acuerdo al citado art. 161, la prolongación de la suspensión operó hasta los noventa días hábiles administrativos posteriores a que la Agencia de Recaudación reciba las actuaciones administrativas del Tribunal Fiscal de Apelación.
Siendo así, tomando en cuenta que la autoridad de aplicación se veía impedida de promover la ejecución a raíz del efecto suspensivo del recurso de apelación (en relación al acto determinativo), se produjo un alongamiento del plazo a computar desde que el expediente retornó al ente recaudador.
Esta circunstancia -apuntó- generó que se difiriera el plazo de prescripción hasta los 90 días posteriores a que la autoridad de aplicación recibiera las actuaciones administrativas, afirmando que el plazo de 90 días hábiles administrativos debía computarse desde el día 18-3-2022, fecha en que el expediente administrativo retornó al ente recaudador, por lo que el demandante contaba con plazo hasta el día 2-8-2022 para iniciar la acción tendiente a reclamar la deuda. Consecuentemente, sostuvo que cuando se inició el presente proceso en forma electrónica el 24-4-2022, la acción respecto de los periodos 7 a 12 de 2014 no se encontraba prescripta.
Agregó que la solución propuesta no se apartaba de aquella que hubiera correspondido de aplicarse los preceptos del Código Civil, cuya regulación sobre la dispensa no difería de la regulada en el ordenamiento local.
En cuanto a las multas y recargos aplicados como consecuencia de la omisión del pago del tributo, sostuvo que se trataba de obligaciones diversas a la principal, que requerían un análisis diferenciado respecto del cómputo del plazo de prescripción.
De un lado, descartó la aplicación del precedente "Alpha Shipping" de la Corte Suprema de Justicia nacional, con sustento en lo resuelto por esta Cámara en la causa P-15078-MP1E "Agropecuaria El Candil" (sent. del 14-4-2026).
Y, por otro, destacó que las multas y recargos se aplicaron por omisión en el pago del tributo. En ese orden, indicó que en el título ejecutivo esa suma se consignó globalizada, práctica que, si bien era usual en la Agencia de Recaudación, impedía la correcta individualización de sus componentes. Por tal motivo, tuvo en consideración el período más beneficioso para el ejecutado (1/2014) y declaró prescriptas la multa y el recargo, por aplicación de la solución que se aplicó para la obligación fiscal determinada en el acto administrativo respecto de ese período.
2. Disconformes, los demandados articularon recurso de apelación mediante presentación del 26-6-2026.
2.1. A modo de primer agravio, objetaron la parcela de la decisión que rechazó la aplicación al caso de la doctrina de la Suprema Corte provincial dimanada de las causas "Casón" y "Toledo" (cit.).
En ese orden, afirmaron que los precedentes del Superior Tribunal constituyen doctrina constitucional en torno a los presupuestos materiales que condicionan la extensión de responsabilidad fiscal a los administradores societarios y, por lo tanto, resultaba aplicable en la especie, con independencia del tipo de proceso. Postularon que la sentencia vulneró la tutela judicial efectiva de rango constitucional, al vedar que se revise la legitimidad constitucional de la responsabilidad fijada en el código fiscal antes que se consume la agresión patrimonial. Por otro lado, adujeron que el perjuicio irrogado no podría subsanarse por intermedio del proceso ordinario posterior previsto en el art. 13 de la ley de apremio provincial, toda vez que esa vía carece de efectos suspensivos respecto de la ejecución. Con todo, solicitaron la aplicación de la doctrina legal obligatoria de la Suprema Corte, y se revoque el pronunciamiento.
2.2. Acto seguido, objetaron que el magistrado de grado convalidó la ejecución, por cuanto consideró que la resolución determinativa que estableció la solidaridad y las multas se encontraba firme.
Argumentaron que la firmeza de lo decidido en la instancia administrativa, sobre la base de una presunción de solidaridad que reputaron ilegítima, no eximía al juez del deber de ejercer el control difuso de constitucionalidad, ni de verificar la aptitud ejecutiva y la exigibilidad jurídica del título en relación con el sujeto ejecutado, con ajusta al principio de supremacía previsto en el art. 31 de la Constitución nacional. En ese orden, puntualizaron que la defensa de inhabilidad de título no tuvo por objeto discutir la deuda determinada respecto de la firma Mayoral S.A., sino cuestionar la aptitud ejecutiva del título respecto del señor Rainone. Insistieron en que la firmeza del acto administrativo mal podría obstar el cumplimiento del deber de los jueces de ejercer el control difuso de constitucionalidad.
2.3. En tercer lugar, cuestionaron la remisión a la causa P-6161-MP1 "Mar Yi" (cit.). Sostuvieron que el magistrado aplicó el precedente en forma dogmática, sin considerar los argumentos válidos que formularon en su escrito defensivo. Indicaron que existían divergencias entre la causa que invocó el a quo y el presente caso. Destacaron que, a diferencia de lo acontecido en la causa "Mar Yi", en el presente proceso se opuso la excepción de inhabilidad de título en la primera oportunidad otorgada, contestando la demanda y sin aceptar voluntariamente la atribución de responsabilidad.
Por otro lado, advirtieron que la sentencia de este Tribunal data del año 2015, antes del dictado del pronunciamiento del Máximo Tribunal provincial en la causa C. 121.754 "Toledo" (sent. del 11-5-2022), por lo que mal pudo el juez de grado ignorar la aplicación de la doctrina vigente, posterior y vinculante.
Asimismo, indicaron que en las causas "Mar Yi" y "Frigorífico Sur S.C.", a la cual remitió esta Cámara, los miembros de los órganos de dirección consintieron, en sede administrativa, el acto administrativo que les atribuyó responsabilidad solidaria, lo cual, en su parecer, no ocurrió en la especie.
3. A su turno, el Fisco provincial replicó el memorial de agravios, y solicitó su rechazo (cfr. presentación del 11-8-2026).
4. Por su parte, el Fisco provincial recurrió la sentencia mediante presentación del 30-6-2026, y objetó la declaración de prescripción de las multas y recargos.
Sostuvo que no existía obligación legal que impusiera a la Administración el deber de discriminar en el título ejecutivo las multas y recargos. En esa dirección, explicó que la multa exigida representaba un porcentaje de la deuda total, comprensiva de todos los períodos reclamados. De otro lado, expuso que el magistrado omitió aplicar el art. 160 segunda parte inciso "a" del C.F., según el cual la comisión de nuevas infracciones provocaba la interrupción del plazo de prescripción. Agregó que esta Cámara aplicó esa normativa en la causa P-15198-MP1E "Agropecuaria El Candil S.A." (cit.). Siguiendo ese razonamiento, sostuvo que el último período adeudado fue el 12/2024, por lo que el plazo de prescripción de la multa debió computarse a partir del 1°-1-2015, respecto de todos los períodos comprendidos. Destacó que la notificación, con fecha 26-7-2019, de la resolución determinativa que impuso las multas, suspendió por un año el curso de la prescripción, cuando aún restaban 5 meses y 5 días para su consumo. Empero, señaló que ese plazo tampoco se cumplió por motivo del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación que articularon los contribuyentes el 10-12-2019, que impidió al Fisco iniciar la demanda [cfr. arts. 3980 del CC y 161 inc. a) del C.F.]. Siguiendo esa línea argumental, recordó que el expediente regresó a ARBA el 18-3-2022, y la demanda se promovió dentro del plazo de dispensa previsto en la citada normativa, con fecha 25-4-2022.
Finalmente, adujo que no resultaban aplicables en la especie la doctrina dimanada del precedente "Filcrosa", pues la deuda quedó determinada luego de la sanción del Código Civil y Comercial, y solicitó se apliquen las disposiciones locales.
5. La parte demandada replicó el memorial de agravios mediante presentación electrónica del 7-8-2026, por intermedio de la cual solicitó su rechazo.
II. Los recursos prosperan.
1. La única crítica ensayada por la parte demandada se dirigió a la parcela de la sentencia de grado que rechazó la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva que articuló el señor Rainone,
1.1. La cuestión suscitada en la especie reviste , mutatis mutandi , substancial semejanza con la analizada por esta Cámara en la causa P-12925-BB1 "Fernández" (sent. del 31-10-2023). Allí, la mayoría de este Tribunal, de la cual no participé, confirmó la sentencia de primera instancia que, previa declaración de inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2011), hizo lugar a la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada, sin perjuicio de que el acto administrativo que determinó la deuda atribuida a los accionados devino firme.
De ese modo, siendo que existe opinión mayoritaria reciente de esta Cámara sobre el punto, a lo que se añade la situación de transitoria desintegración del Cuerpo -con la dificultad que ello conlleva para concitar mayorías decisorias- y la necesidad garantizar la seguridad jurídica y coherencia del Tribunal -la cual podría mellarse si, ante la integración aleatoria de Órgano, de modo eventual se adoptaran sentencias contrapuestas en casos medularmente similares- resulta prudente, dejando a salvo mi criterio, que acompañe, en esta ocasión, el temperamento adoptado por mis colegas en el precedente referido en el párrafo anterior (conf. arg. voto Dr. Genoud causa B. 75.663, "Morera", res. del 23-11-202; voto de la Dra. Kogan, a la segunda y tercera cuestión, en causa B. 58.959, "Parodi", sent. del 20-11-2024; voto del Dr. Soria en causa C. 119.799, "Staudt", sent. del 20-12-2024 y mi voto en causa P-14739-BB1E "Bracco", sent. del 6-02-2025; entre otras).
Lo cual, consecuentemente, conducirá a hacer lugar a la defensa planteada por la parte demandada.
1.2. Surge del expediente administrativo n° 2360-0380634-2016 adjunto a la presentación del Fisco de fecha 12-6-2024, que la obligación atribuida al señor Luis Alberto Rainone en relación al pago de la gabela aquí ejecutada, se sustentó en la responsabilidad solidaria que prevé el art. 21, incisos 2° y 4°, 24 y 63 del Código Fiscal bonaerense -t.o. 2011-, a cargo de los integrantes de los órganos de administración de la firma Mayoral S.A., frente a las obligaciones fiscales de esta última (cfr. Disposición Delegada SEATYS n° 7612/2019, art. 5°, v. fs. 180/188vta.).
1.3. Al oponer la defensa de falta de legitimación pasiva, el señor Rainone sostuvo la inconstitucionalidad de los preceptos del Código Fiscal en materia de responsabilidad solidaria de los miembros de los órganos de dirección, con sustento en la doctrina de la Suprema Corte provincial que dimana de la causa C.121.754 "Toledo" (sent. del 30-8-2021).
Por su parte, al replicar ese planteo, el Fisco consideró que la decisión administrativa que consagró la responsabilidad solidaria del señor Rainone, con ajuste a lo previsto en el régimen del Código Fiscal, adquirió firmeza y, por ende, mal podría ser revisada en el marco del proceso de apremio. En sustento de su postura, citó lo resuelto por esta Cámara en la causa P-6161-MP1 "Mar Yi" (cit.). Asimismo, defendió la validez del régimen de responsabilidad solidario previsto del Código Fiscal.
En ese sentido, esta Cámara se expidió respecto de planteos de características similares, al indicar que la interpretación propuesta por la opinión mayoritaria en el precedente C.121.754 "Toledo" (cit.), de la Suprema Corte provincial, descartaba por completo que la invalidación constitucional de las normas tributarias de responsabilidad solidaria aquí en juego pudiera ser una cuestión a ser ventilada y decidida en sede administrativa. Solo si el debate se hubiera mantenido en los contornos del propio texto normativo involucrado (esto es, si los responsables solidarios hubieran tratado de demostrar aquellas condiciones fácticas previstas por la norma del Código Fiscal para liberarse de afrontar una deuda ajena), en tal caso bien podría haberse seguido dicha tesitura, desde que circunscripta la posición del responsable solidario a la acreditación del acaecimiento de circunstancias de hecho que apuntalarían su eximición de responsabilidad fiscal dentro de las fronteras regladas por la norma, el haber contado con un espacio de descargo en el procedimiento determinativo y no haber hecho allí uso de la posibilidad de defenderse, le cerraría luego cualquier intento que -con apoyatura en iguales argumentos- quisiera traer al proceso del apremio (cfr. causas P-12925-BB1 "Fernández", cit, y sus citas; P-12527-MP1E "Servicios Narelco S.A.", sent. del 27-2-2024).
Supuesto que no se verifica en la especie, en tanto, de un lado, ni el señor Rainone ni la firma Mayoral S.A. presentaron descargo alguno contra la Disposición Delegada SEATYS n° 4163/2010 que determinó el inicio del procedimiento determinativo y sumarial. Luego, si bien es cierto que el señor Rainone presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación con fecha 10-12-2019, no surge de dicha presentación un concreto planteo en los términos del art. 24 segundo párrafo del Código Fiscal (t.o. 2011, anterior a la reforma introducida por ley 15.558), según el cual debió alegar y acreditar ".haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva." (v. pto. IX "Responsabilidad solidaria").
Dicho lo anterior, resulta relevante destacar que el Máximo Tribunal provincial abordó y brindó respuesta a un cuestionamiento sustancialmente análogo al aquí debatido, en las causas C. 121.754 "Toledo", cit. y A. 71.078 "Insaurralde", sent. del sent. del 31-8-2021.
Y siendo ello así, en la especie no solo no se encuentra motivo alguno para apartarse de la doctrina sentada por el Máximo Tribunal local, sino que -además- ello se impone como acatamiento del deber de conformar la decisión a la doctrina legal emanada del Superior Tribunal provincial (v. argto. doct. S.C.B.A. causas Ac. 89.762 "Clemente", sent. del 23-2-2005; Ac. 89.834 "Konig", sent. del 3-5-2006 -del voto del Dr. Petiggiani-; Ac. 69.277 "Gómez", sent. del 18-3-2009 -del voto del Dr. Genoud-), cuya obligatoriedad se colige de lo normado por los arts. 278 y 279 del CPCC (v. argto. esta Alzada causas G-244-BB1 "Dagorret", sent. del 22-9-2009; A-1097-MP0 "Flores Batista", sent. del 11-3-2010).
1.4. Por otra parte, corresponde tener presente que en la referida causa C.121.754 "Toledo", la Suprema Corte provincial, por mayoría de fundamentos concordantes, declaró la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal (t.o. 2011), vigente al momento de dictarse la Disposición Delegada n° 7162/2019 que determinó la responsabilidad solidaria del señor Rainone. Criterio que fue seguido por este Tribunal en diversos pronunciamientos (conf. doc. esta Cámara causas D-1813-MP2 "Sierra Martínez", sent. del 21-04-2022; P-11723-DO1 "Austral S.A.", sent. del 28-6-2022 -por mayoría-; P-12674-AZ1E "Lama Logística y Distribución S.R.L." , sent. de 13-04-2023, P-16670-MP2E "Frigorífico de la Costa S.A.", sent. del 14-4-2026 entre otros).
Cabe puntualizar que el referido pronunciamiento consideró, en punto a la caracterización del factor de atribución de responsabilidad previsto en la precitada normativa provincial, como uno de tipo objetivo. Y ello, en tanto la sola condición de integrante del órgano de administración de una persona jurídica (por caso, una sociedad anónima) constituye el factor determinante para la imputación de responsabilidad por la deuda del contribuyente principal en forma solidaria e ilimitada, prescindiendo de toda vinculación con hechos u omisiones probados que le resulten imputables
Así, y más allá de los diversos argumentos formulados en los distintos votos, puede apreciarse que la mayoría del Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 24 y 63 del Código Fiscal por considerar, de un lado, que ese régimen no otorga posibilidades razonables a los representantes legales o administradores de sociedades de eximirse por las deudas de estas últimas; y, por el otro, habilita en ese caso a la Agencia de recaudación a proceder en forma simultánea contra los directivos de las sociedades, sin requerir previamente el cumplimiento de la obligación tributaria al deudor principal.
En tal sentido, y en lo que concierne al primer aspecto reseñado, en la sección pertinente del voto del doctor Soria (el cual en las parcelas que concitó la adhesión de los otros miembros del Tribunal conformó la mayoría decisoria) destacó que una "... interpretación discreta del texto de los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011) impide afirmar que el sistema de responsabilidad solidaria local se sustente en la culpa o el dolo del representante legal o del administrador de la sociedad. Esas normas no vinculan la responsabilidad con hechos u omisiones probados que les sean imputables. El mínimo contenido subjetivo del que da cuenta el art. 24 tiene que ver con la causal eximente centrada en la imposibilidad de cumplimiento de los deberes fiscales que recaen en cabeza de los representantes legales y administradores, como responsables por deuda ajena". Y lo cierto "... en la práctica, el sistema diseñado opera sustancialmente en clave objetiva" .
Seguidamente, puntualizó que descartada "... la incidencia de la culpa o dolo en la imputación de responsabilidad -por el contenido del texto legal y la interpretación que se le otorga- y determinada la presunción de responsabilidad, que fija el onus probandi en cabeza del responsable por deuda ajena, cabe evaluar cómo opera la dispensa legal, referida a la oportuna exigencia de los fondos al sujeto pasivo del gravamen y a que este lo haya colocado en imposibilidad de cumplimiento..." . Y, con cita de diversos pronunciamientos del Tribunal Fiscal de Apelación provincial, añadió que, en ese ámbito, por regla, las causales exculpatorias no se tienen por configuradas, salvo supuestos muy específicos.
De allí que la "... eximición, por el modo en que se encuentra diseñada, opera con una rigidez tal que queda neutralizada. Aprehende un único supuesto (aquel que se configura cuando los responsables solidarios acreditan que en forma oportuna exigieron a la sociedad los fondos necesarios para el pago debido y que fue esta la que los colocó en imposibilidad de cumplimiento correcto y tempestivo), para cuya demostración debería dejarse constancia del pedido formal o de la oposición a la decisión societaria, por un medio con valor probatorio..." (apartado II.3 del voto del Dr. Soria).
En síntesis, las normas puestas en entredicho, vigentes al momento del dictado del acto determinativo, establecen que la responsabilidad solidaria en ellas reglada opera objetivamente en la misma forma y oportunidad que rige para el contribuyente, sin admitir posibilidades razonables para su eximición o dispensa, lo que entraña su irrazonabilidad (art. 28, Constitución Nacional, 57 Const. prov). Ello, por cierto, sin perjuicio de lo que eventualmente corresponda resolver respecto de aquellos casos que resulten alcanzados por la redacción actual del segundo párrafo del art. 24 del Código Fiscal (cfr. ley 15.558).
Por otra parte, y en lo que atañe al segundo aspecto que resultó dirimente para la opinión mayoritaria de la Suprema Corte, se puso de resalto la diferencia existente entre en el Código Fiscal de la Provincia (cfr. arts. 18 y 21 del CF, t.o. 2004, arts. 21 y 24 del CF, t.o. 2011), y el régimen que dimana la ley 11.683, cuyo artículo 8 prevé que organismo recaudador debe, en primer lugar, intimar a la firma que verifica el hecho imponible para, recién después, proceder contra sus representantes y administradores.
A diferencia de ello, el Código local "...no solo no exige que previamente se intime el pago a la firma contribuyente sino que impone a la agencia de recaudación tributaria proceder en simultáneo contra ella y sus representantes o administradores, dándoles intervención en el mismo procedimiento determinativo y sumarial (conf. art. 113, seg. párr.)".
Y, según se apuntó, el "...sistema así delineado no constituye una respuesta que satisfaga los parámetros de razonabilidad y debido proceso que se deben respetar en las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes, o como en la especie, los responsables por deuda ajena, situación que debe examinarse incluso con mayor estrictez...". Pues la "... disposición del Código coloca a los responsables por deuda ajena de cara a un sistema que no respeta el debido proceso (conf. arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.), desde que -como se dijo- no responde adecuadamente al modo en que se hallan estructuradas las obligaciones y los deberes de los sujetos involucrados y, además, porque dificulta notablemente el ejercicio del derecho de defensa de representantes y administradores, que se ven requeridos frente a la autoridad tributaria de modo concomitante con la sociedad contribuyente que integran, sujeto respecto del que deben acreditar acciones que le sean imputables a los efectos de eximirse de su propia responsabilidad..." (conf. apartado II.5. del voto del Dr. Soria).
Tales las pautas hermenéuticas resultan aplicables en la especie, en tanto derivan de la más reciente doctrina de nuestro Máximo Tribunal en la materia. Y ello, atento elementales razones de igualdad -en función de las cuales han de adoptarse soluciones igualitarias frente a conflictos similares-; seguridad jurídica -que postulan la uniformidad de criterios jurisdiccionales ante presupuestos fácticos y jurídicos equivalentes, a fin de posibilitar la prudente previsión de la solución que se adoptará en conflictos futuros o en ciernes-; y de celeridad y economía procesal -que han de guiar el accionar de los jueces a tenor de lo establecido del art. 34 inc. 5 del C.P.C.C. (aplicable por vía del art. 77 del C.C.A.) y de la manda más amplia y genérica del art. 15 de la Constitución provincial-; justifican, en el particular contexto de autos, la adopción de aquel criterio. Sin que ello implique, por cierto, propiciar un mecánico o ciego seguimiento a criterios anteriores.
A ello se añade que, lo contrario, es decir, el dictado de un fallo con una solución que excluya las pautas brindadas por la Corte provincial en un contexto similar al de autos, podría exponer a tal pronunciamiento a su revocación por parte del citado Tribunal en el marco de su actividad casatoria (cfr. esta Cámara, causa D-1813-MP2 "Sierra Martinez", cit).
1.5. En ese contexto, corresponde destacar que, en oportunidad de oponer excepciones al progreso de la acción (cfr. presentación del 17-4-2024), el señor Raioni planteó la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, con sustento en lo resuelto por la Suprema Corte provincial en las causas C.121.754 "Toledo" (cit.), que transcribió en su parte pertinente. Así, solicitó se declare su falta de legitimación pasiva, toda vez que ".no existe constancia de que haya encuadrado su conducta en hechos punibles que merezcan su designación como responsable solidario de la firma Mayoral S.A. atento no haberse imputado y mucho menos demostrado (en sede administrativa, ni judicial) mal desempeño del cargo, considerando que no existen actos por los cuales pueda atribuírsele algún incumplimiento (sea de origen contractual o por la comisión de algún ilícito) imputable por su dolo o culpa. ".
Luego, al replicar la defensa articulada por los accionados (cfr. presentación del 3-6-2024), y en cuanto aquí interesa destacar, el Fisco Provincial adujo que: (i) el planteo de inconstitucionalidad formulado resultaba improcedente, habida cuenta la firmeza del acto administrativo que determinó la responsabilidad solidaria, y las limitaciones defensivas del proceso de apremio; (ii) la responsabilidad de los integrantes de los órganos societarios emerge de lo dispuesto en los arts. 21, 24 y 64 del Código Fiscal, en tanto el tributo reclamado se devengó durante la vigencia de su mandato; y (iii) la validez constitucional del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el Código Fiscal, con sustento en el carácter subjetivo de la atribución de responsabilidad respecto de los miembros de los órganos de dirección, la violación de la ley como fuente de la responsabilidad solidaria y las causales de eximición previstas en el ordenamiento.
1.6. A tenor de los extremos relevados, corresponde hacer lugar al recurso en tratamiento y, previa declaración de la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en los arts. 21, 24 y 64 del Código Fiscal, receptar la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva que opuso al progreso de la acción.
Y ello, en tanto de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas surge que el Fisco actuó el factor de atribución de responsabilidad en clave objetiva, con prescindencia de probar la incidencia de culpa o dolo en la imputación de responsabilidad a los ejecutados y al colocar a cargo de los nombrados la carga de acreditar las circunstancias exculpatorias de la responsabilidad atribuida. Así lo reconoció el Fisco, al indicar que "...se invierte la carga de la prueba, y se pone en cabeza del responsable solidario la demostración de que de su parte arbitró los medios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en término. Habida cuenta de ello, la presunción de responsabilidad que la ley fija en cabeza de los directores solamente podrá ser desvirtuada por prueba que éstos aporten que demuestre positivamente que de su parte se realizaron las diligencias y/o acciones pertinentes al posible cumplimiento..." (v. presentación del 3-6-2024).
De ese modo, se ubicó al responsable por deuda ajena en un sistema que no respetó el debido proceso, desde que no respondió adecuadamente al modo en que se hallaban estructuradas las obligaciones y los deberes de los sujetos involucrados y, además, en tanto dificultaba notablemente el ejercicio de su derecho de defensa.
2. Resuelto lo anterior, resta evaluar el agravio planteado por el Fisco provincial, por intermedio del cual cuestionó la declaración de prescripción de las multas y recargos reclamados en los títulos ejecutivos objeto de estas actuaciones.
2.1. Arribó incontrovertido a esta instancia de apelación que los títulos ejecutivos n° 1.254.824 y 1.254.826 objeto de autos incluyeron la liquidación de una multa en concepto de omisión por la suma de $1.010.328,30 y por defraudación, por la suma de $20.088,36, respectivamente. Asimismo, tampoco mereció critica alguna la decisión del a quo de resolver los planteos de prescripción a tenor de las disposiciones del Código Fiscal (t.o. 2011).
Cabe recordar que el magistrado consideró que "...por su propia naturaleza -omisión de pago- cabe presumir que se refiere a diversas infracciones vinculadas a los distintos períodos a los que se refiere la resolución 3086/21 y -por ende- contemporáneas a los mismos. De tal modo y teniendo en cuenta que en el título bajo análisis la suma que se incluye está globalizada, el examen del cómputo de los plazos de prescripción se presenta complejo...". Consecuentemente, señaló que "... ante la imposibilidad de individualizar la suma que corresponde a la multa por cada uno de los períodos infraccionados (lo cual implica que existen diversas infracciones), tomaré el más beneficioso para el ejecutado. Es decir, tendré en cuenta la infracción vinculada con el período 1 del año 2014..." . Así, concluyó que "...teniendo en cuenta que la multa y el recargo fueron fijados en el mismo acto que se determinó la obligación, la solución debe ser la misma..." .
Por su parte, el Fisco cuestionó la modalidad de cómputo que aplicó el juez de grado, y propició que se compute el plazo de prescripción con ajuste a las disposiciones locales.
2.2. Sentado ello, se advierte que el segundo párrafo del art. 159 del C.F. establece como día primero para el cálculo del plazo quinquenal de prescripción de las acciones de la Autoridad encaminadas a "...aplicar y hacer efectivas las multas... ", el 1° de enero siguiente al año en que tuvo lugar la infracción sancionada. De allí que, en ese aspecto, acertó la recurrente cuando sostuvo que el a quo incurrió en un error al computar el plazo de prescripción de la multa por omisión ejecutada a partir de la fecha de vencimiento del período fiscal 1 del año 2014.
En efecto, conforme el criterio expuesto por esta Alzada en la causa P-4891-BB1 "Alsur Bahía S.A." (sent. del 20-05-2014 y sus citas), cabe señalar que el sistema instituido por el legislador provincial al fijar en los referidos términos un plazo prescriptivo único y común para -por un lado- ejercer la potestad sancionatoria con que cuenta el Fisco para reprimir los ilícitos fiscales y -por otro- reclamar judicialmente el importe de las multas impuestas en virtud de tal prerrogativa, no se contrapone -sin perjuicio de que el segundo de dichos aspectos constituiría una cuestión de fondo regida, como tal, por el Código Civil- con los límites jurisprudenciales trazados por la Corte Nacional en el citado precedente "Filcrosa", pues precisamente el legislador bonaerense contaba con plena libertad para establecer -si bien dentro de los límites de lo razonable (art. 28 de la Const. Nac.)- un término de prescripción autónomo para el ejercicio de la potestad sancionatoria y, no obstante ello, decidió autolimitarse haciéndolo de manera común con el contemplado para reclamar la acreencia, acotando así la brecha temporal para ejecutar sendos actos, necesarios para la percepción legítima de lo reclamado.
En ese orden, se observa que en el esquema así delineado por el Código Fiscal el curso de la prescripción liberatoria comienza a correr (para ejercer tanto una como otra acción) incluso antes de que las multas se tornen judicialmente exigibles: repárese en que, de acuerdo con lo normado por el art. 3956 del Código Civil (t.a), el contribuyente recién se encontraría en mora para el cumplimiento de la sanción económica una vez transcurridos quince (15) días desde que adquirió firmeza la resolución administrativa que la impuso (cfr. art. 67 Cód. Fiscal, t.o. 2011).
Cabe concluir, entonces, que -tal como se expuso en el citado precedente- el régimen en cuestión no restringe -al menos en cuanto a este primer aspecto- los derechos acordados por el Código Civil, dado que en principio no provoca un indebido alongamiento del término para reclamar judicialmente el pago de las sanciones pecuniarias.
Y si bien el art. 160 del Código Fiscal (t.o. 2011) dispone que la prescripción de la acción para aplicar multas o hacerlas efectivas se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones -en cuyo caso el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1° enero siguiente al año en que tuvo lugar el último hecho u omisión punible- tal norma tampoco traería aparejada, en la especie, una ilegítima ampliación del plazo de prescripción en estudio, puesto que si bien reconoce efectos interruptivos a una circunstancia distinta del reclamo judicial del crédito -acto al cual el art. 3986 del Código Civil [t.a.] y el art. 2541 del C.C.C. asignan dicha virtualidad-, los incumplimientos que llevaron al Fisco a imponer a los codemandados la multa ejecutada tuvieron lugar con anterioridad al dictado de la Disposición Delegada N° 7612/2019, esto fue cuando dicha penalidad -y el crédito en dinero que ella significaba- aún no resultaba judicialmente exigible (cfr. esta Cámara causa P-2146-MP2 "Tío Juan S.R.L.", sent. del 07-12-2010).
Por otro lado, también es pertinente tener presente que esta Cámara consideró que el art. 161 inc. "b" primera parte de la citada normativa, en cuanto prevé que la prescripción de las multas se suspenderá por un (1) año "...desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se [las] aplique..." , no implica restricción alguna a los derechos acordados por el ordenamiento de fondo al demandado que imponga su invalidación (cfr. doct. esta Cámara causa P-4818-MP1 "Centro de Ortopedia e Instrumental San Juan S.R.L. ", sent. de 18-09-2014; P-11145-MP1 "Frigorífico de la Costa S.A." , sent. del 4-11-2021; P-12300-DO1E "Beyvin Sociedad Anónima", sent. del 5-11-2024).
Tras analizar el contenido de los títulos ejecutados se advierte que las multas por omisión y defraudación allí consignadas, corresponden a las sanciones fijadas en los arts. 6° y 7°, respectivamente, de la Disposición Delegada n° 7612/2019. En ese orden: (i) la multa por omisión equivalente al 65% del impuesto omitido (correspondiente a los períodos enero/2014 a diciembre/2014 inclusive), por haberse constatado la infracción prevista y penada por el art. 61 segundo párrafo del Código Fiscal -t.o. 2011-; y (ii) la multa por defraudación, equivalente al 300% del monto del gravamen defraudado al Fisco (percepciones recaudadas y no depositadas por un importe de $6281,54), de conformidad con lo previsto en el art. 62 inc. b) del C.F.
A los efectos del cómputo del plazo de prescripción de las multas por omisión y defraudación, corresponde tener presente que la obligación de abonar el más reciente de los anticipos ejecutados declarados prescriptos, esto es el período 12/2024, cuya omisión interrumpió la prescripción de la sanción asociada al incumplimiento de los períodos anteriores (cfr. art. 160 del C.F., t.o. 2011), debía cumplirse el 12-1-2015 (cfr. T.E. 1.254.824), se concluye que el dies a quo comenzó a correr el 01°-01-2016 (cfr. art. 159 del C.F, t.o. 2011). Por otro lado, la resolución que impuso dicha penalidad data del 24-7-2019 y fue notificada a la parte demandada el día 26-7-2019 (cfr. fs. 193/194 del expediente administrativo incorporado digitalmente a estas actuaciones). Finalmente, el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación que articularon los aquí demandados con fecha 10-12-2019, fue rechazado mediante Resolución n° 3074 de fecha 23-9-2021 (v. fs. 212/213vta.).
En esa dirección, considerando que la quejosa pretendió que, a los efectos del cómputo de la prescripción de la multa reclamada, se aplique idéntico criterio al propuesto respecto de los períodos fiscales cuyo cobro pretendió el Fisco, corresponde destacar que:
(i) El art. 161 apartado a) del Código Fiscal (t.o. 2011) prevé, en cuanto aquí interesa, que "...Se suspenderá por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes de la Autoridad de Aplicación en los supuestos que siguen: a) desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a la acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado (...) Cuando se hubiere interpuesto recurso de reconsideración ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a la notificación de la resolución respectiva..." .
Desde la hermenéutica que propone el Fisco, la referida norma justificaría la vigencia de la multa cuyo cobro persigue en el presente apremio, toda vez que el plazo de cinco años fijado para exigir su pago, quedaría extendido a aproximadamente un total de siete años por motivo del dictado de la Disposición n° 7612/2019 y la Resolución n° 3074/2021, conforme fuera señalado en el punto anterior.
Así es que, de acuerdo con la actora, el plazo para exigir el pago de las multas por omisión del período 12/2014 e incumplimiento de los deberes formales comenzaría 1°-1-2016, y se suspendería, por un año, a partir del 26-7-2019, cuando se notificó la Disp. Delegada n° 7612/2019. Hasta ese momento, restaban 1 año, 5 meses y seis días para el vencimiento del plazo. Agregó que, durante la vigencia de aquella suspensión, los accionados interpusieron un recurso de apelación contra el citado acto determinativo, mediante presentación del 10-12-2019, que impidió al Fisco articular la demanda (cfr. art. 161 inc. "a" in fine del C.F., t.o. 2011 y art. 3980 del CC). Sostuvo que el cómputo de la prescripción se reanudó cuando el expediente reingresó en el Órgano de Recaudación con fecha 18-3-2022, por lo cual la acción no se encontraba prescripta al 25-4-2022.
(ii) Expuesta en tales términos la postura actoral e iniciando ya el análisis propuesto, no luciría palmariamente irrazonable el plazo de suspensión de un (1) año a partir de la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a la acciones y poderes fiscales para exigir el pago del tributo intimado (v. art. 161 inc. "a" -primera parte- y párrafo penúltimo). Es que, el tiempo allí fijado -de un lado- se compadece no solo con el estipulado en varias otras de las jurisdicciones provinciales (v.gr. Código Fiscal de la Provincia de Mendoza, Código Fiscal de la Provincia de Córdoba; todos según la redacción vigente al año 2022), sino también con el empleado en la órbita federal -Ley 11.683-. Además, tampoco la extensión de la suspensión luciría irremediablemente irrazonable si se la compara con el plazo de prescripción legalmente estipulado para perseguir el cobro de las acreencias (v. art. 157 del Código Fiscal local -t.o. 2011-) (cfr. esta Cámara, causa P-12238-MP2 "Prokensa", sent. del 13-4-2023).
(iii) Ahora bien, lo previsto en el art. 161 ap. "a" segundo párrafo in fine del Código Fiscal (t.o.) no detenta igual atributo de razonabilidad, si se practica una lectura lineal del precepto como lo postula el apoderado fiscal.
El citado precepto establece que ". cuando se hubiere interpuesto recurso de reconsideración ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, la suspensión se prolongará hasta los noventa (90) días posteriores a la notificación de la resolución respectiva. ".
En primer lugar, cabe señalar que el Fisco -luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial- estaría habilitado a regular una prolongación de la suspensión de prescripción como la prevista en el precepto examinado, pues la interposición de un recurso de reconsideración impide al ente recaudador iniciar la ejecución de sus acreencias (cfr. art. 117 del Código Fiscal). Empero, esa prerrogativa está sujeta a los límites que impone la razonabilidad del medio elegido para preservar la acreencia fiscal y, desde tal atalaya, con el objetivo de esclarecer el argumento, juzgo de interés recordar cuál es la regulación que prevé el Código Fiscal del trámite administrativo a realizar para brindar respuesta al recurso de reconsideración, toda vez que lo allí reglado resulta esencial para acordar un justo alcance a lo estipulado en el art. 161 ap. "a" segundo párrafo in fine .
El Código Fiscal (t.o. 2011), en su art. 115, establece que "...contra las resoluciones de la Autoridad de Aplicación, que determinen gravámenes, impongan multas, liquiden intereses, rechacen repeticiones de impuestos o denieguen exenciones, el contribuyente o responsable podrá interponer dentro de los quince (15) días de notificado, en forma excluyente, uno de los siguientes recursos: a) Reconsideración ante la Autoridad de Aplicación...". Por su parte, el art. 118 estipula que "interpuesto el recurso de reconsideración, las actuaciones deberán remitirse, en el término de cinco (5) días contados desde su presentación, al superior jerárquico facultado para su sustanciación. El recurso de reconsideración deberá ser resuelto en el término de sesenta (60) días de recibido, si no se ofreciese una ampliación de la prueba producida en la etapa previa de determinación de oficio y eventual instrucción de sumario y requerirá informe previo emanado de las áreas con competencia técnica legal de la Autoridad de Aplicación... ". Por último, se deja establecido que "... podrá ofrecerse la ampliación de prueba que, de resultar pertinente, deberá producirse en el término de veinte (20) días de notificada su admisión por el funcionario a cargo de la tramitación del recurso...".
Es la propia norma comentada la que estipula que el trámite fijado para sustanciar el recurso de reconsideración debería insumir un total de 85 días -en caso de haberse admitido ampliación de prueba- y de 65 días de no resultar necesaria tal ampliación. Entonces lo anterior conduce a interpretar que: a) la norma analizada contiene un supuesto de suspensión de prescripción cuyo plazo no puede ser superior a 85 o 65 días -según sea el caso-; b) que la suspensión perdurará por noventa días más a partir de la fecha de la notificación de la resolución que rechazó el recurso (v. art. 161 ap. a, segundo párrafo in fine ), siempre que se hayan cumplido con aquellos plazos máximos, período adicional que luce razonable para ejecutar las tareas previas al inicio de juicio de apremio.
De no predicarse una lectura como la precedentemente expuesta, se podría llegar a convalidar una extensión del plazo de suspensión " sine die ", sujeta exclusivamente a la voluntad del Fisco acreedor en no resolver tempestivamente el recurso de reconsideración impetrado por los contribuyentes, escenario que trasunta no solo irrazonabilidad sino incluso ejercicio abusivo del derecho (art. 10, segundo párrafo del C.C.C.). La postura actoral no pretende más que realizar una aplicación literal y mecánica de lo reglado en el citado art. 161 inc. a) segundo párrafo in fine al caso, desentendiéndose de las otras normas insertas en el mismo ordenamiento tributario que le fijan un marco de actuación acotado a sus reglas a la Autoridad tributaria provincial.
De tal forma, la aplicación lineal al caso del mentado art. 161 inc. a) segundo párrafo in fine debe quedar excluida, por irrazonable y en tan sentido, corresponde declarar la inconstitucionalidad del citado precepto, por cuanto su aplicación al asunto particular -en los términos pregonados por el Fisco al repeler la excepción- es contraria a los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución.
En suma, en el caso analizado, el 10-12-2019 los demandados interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 1/12vta. del Alcance 1 del expediente 2360-380634-46). No habiendo alegado y probado el Fisco -que invoca la causa de suspensión- que el trámite de dicho recurso requiriera de la producción de prueba, corresponde considerar un plazo de suspensión de 65 días hábiles administrativos, empero no corresponderá adicionar los 90 días restantes posteriores a la notificación del acto que resuelve la impugnación administrativa, por cuanto el Fisco sobrepasó en demasía aquel plazo para resolver.
Así, entre el 1°-1-2016 (inicio del cómputo de la prescripción) y el 26-7-2019 (notificación de la Disposición Delegada n° 7612/19), transcurrió un plazo de 3 años, 6 meses y 25 días. El cual se suspendió por un año hasta el 26-7-2020 - art. 161 ap. "a" primer párrafo del Código Fiscal-, prolongado por sesenta y cinco (65) días hábiles administrativos - art. 161 ap. "a" segundo párrafo in fine del Código Fiscal, con los límites impuestos por el principio de razonabilidad, hasta el día 27-10-2020 que, sumados al plazo pendiente de 1 año, 5 meses y 6 días, provocaría la extinción del plazo prescriptivo el 2-4-2022.
De ese modo, cabe concluir que el lapso para demandar útilmente el pago de las multas por omisión e incumplimiento de los deberes formales impuestas en los arts. 4° y 6° de la Disposición Delegada n° 3121/2023 (cfr. arts. 1° y 2° Disposición Delegada SEAJ n° 299/2023) se encontraba prescripto cuando la presente acción ejecutiva fue articulada con fecha 25-4-2022.
Consecuentemente, y por las razones expuestas, corresponde rechazar el agravio planteado por el Fisco respecto de la declaración de prescripción de las multas reclamadas en el título ejecutivo objeto de autos.
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo: (i) hacer lugar al recurso de apelación articulado por el codemandado Luis Alberto Rainone, y declarar la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en los arts. 21, 24 y 64 del Código Fiscal (t.o. 2011). Consecuentemente, revocar el segmento del pronunciamiento en crisis que rechazó la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva opuesta al progreso de la acción, la cual se declara procedente. Las costas de ambas instancias deberían imponerse a la parte actora, en su condición de vencida (cfr. art. 68 y 274 del CPCC, art. 25 ley 13.406); y (ii) rechazar el recurso articulado por el Fisco contra la sentencia de fecha 19-6-2026. Las costas de segunda instancia deberían imponerse a la recurrente en su condición de vencida (art. 68 CPCC, art. 25 ley 13.406).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega preopinante aclarando, no obstante, que, en relación a lo explicitado en el punto "II.2.2.(iii)" , habré de seguir el criterio mayoritario de esta Cámara sobre el tópico allí abordado -sin perjuicio de la opinión por mí sostenida en el marco de la causa P-13127-MP2E "Frigorífico de la Costa S.A.", sent. del 24-10-2024, la que dejo a salvo en este acto- en atención a la situación de transitoria y prolongada desintegración del Cuerpo que integro -con la dificultad que ello conlleva para concitar mayorías decisorias- y la necesidad garantizar la seguridad jurídica y coherencia del Tribunal en aquellas cuestiones en disputa, la cual podría mellarse si, ante la integración aleatoria del órgano, de modo eventual se adoptaran sentencias contrapuestas en casos medularmente similares. (conf. arg. voto Dr. Genoud causa B. 75.663, "Morera", res. del 23-11-2020).
Voto, en suma, en el mismo sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por el señor Rainone con fecha 28-6-2026, declarar la inconstitucionalidad del régimen de responsabilidad solidaria previsto en los arts. 21, 24 y 64 del Código Fiscal (t.o. 2011). Consecuentemente, revocar el segmento del pronunciamiento en crisis que rechazó la excepción de inhabilidad de título por falta de legitimación pasiva opuesta al progreso de la acción, que se declara procedente. Costas de segunda instancia a la parte actora, atento su condición de vencida (cfr. arts. 68 y 274 del C.P.C.C, art. 25 de la ley 13.406).
2. Rechazar el recurso de apelación articulado por el Fisco el 30-6-2026 y, por los fundamentos expuestos, confirmar la parcela de la decisión que declaró prescriptas las multas en concepto de omisión e infracción a los deberes formales reclamadas por el Fisco en los títulos ejecutivos n° 1.254.824 y n° 1.254.826 objeto de autos. Costas de segunda instancia a la parte actora, atento su condición de vencida (cfr. arts. 68 y 274 del C.P.C.C, art. 25 de la ley 13.406).
3. Diferir la regulación de honorarios por trabajos de segunda instancia para su oportunidad (arts. 51 Ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA n° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21). Cumplido, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1033-2026
Fin de la sentencia