Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Nicolás · Causa SN-10936-2014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada contra la sentencia del 2/06/2026 y hacer lugar en forma parcial al del actor, elevándose el importe correspondiente al daño moral a la suma de trescientos mil pesos ($300.000) y estableciendo el daño punitivo en la suma equivalente a la pauta del 0,5 de la canasta básica total para un hogar tipo 3, conforme el índice que arroja el I.N.D.E.C. a la fecha de este pronunciamiento.
2Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida en lo principal de ambos remedios (art. 68 del CPCC).
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en fecha y hora de referencia de la firma digital, reunidos los señores Jueces de la Excma. Cámara Primera de Apelación para dictar sentencia en los autos caratulados: "R.B.C.N C/ T.A. SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" , del Juzgado en lo Civil y Comercial n°3 del Departamento Judicial San Nicolás, habiendo resultado del sorteo correspondiente que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Dres. Amalia Fernández Balbis, José Javier Tivano y Fernando Gabriel Kozicki, estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª- ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 2/6/2026?
2ª- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN , la Jueza, Dra. Fernández Balbis dijo:
1. En el aspecto sujeto a revisión, la sentencia dictada hizo lugar a la demanda promovida y condenó a T. A. S.A. a pagar al actor C. N. R. B., la suma de trescientos mil pesos, integrada por los rubros de daño moral ($100.000) y punitivo ($200.000), más sus intereses y costas. Para resolver así, el Juez consideró que la empresa había brindado una prestación deficiente del servicio de internet y que no existía ningún aporte probatorio por parte de ella, tendiente a demostrar la pronta y definitiva solución de los inconvenientes sufridos por el usuario (art. 375, Cód. Proc., art. 53, ley 24.240).
2. Disconforme con el alcance de lo decidido, se alzaron ambas partes a través de sus recursos de apelación del 5/06/2026 y 8/06/2026, los cuales fueron concedidos en relación (ver resolución del 25/08/2026).
La actora expresó sus agravios mediante el memorial presentado el 28/8/2026, en donde criticó la insuficiencia de los montos fijados para reparar íntegramente los perjuicios sufridos. Respecto del daño moral, argumentó sobre la prolongación del mal funcionamiento del servicio, los numerosos reclamos telefónicos realizados, el envío de la carta documento del 30/01/2014 y la tardía respuesta de la proveedora. En cuanto al daño punitivo, se quejó de que la condena hubiera sido fijada en valores históricos, sin contemplar el proceso inflacionario transitado, ni lo previsto por el art. 52 de la ley 24.240 (modificado por el art. 119 de la Ley 27.701), en cuanto a que la multa civil debía establecerse en una escala entre 0,5 y 2.100 canastas básicas totales para el hogar tipo 3 publicadas por el I.N.D.E.C.
La demandada hizo lo propio en su memorial de fecha 1/09/2026. Se agravió de la errónea valoración de la prueba producida al considerar que no se había acreditado la deficiente prestación del servicio, ni la falta de respuesta de la empresa, desconoció el envío de la carta documento acompañada por la actora, alegó sobre los reintegros efectuados con motivo de las interrupciones o intermitencias denunciadas y criticó que se aplicara erróneamente el estándar de un servicio público telefónico ajeno a este caso. Para finalizar, cuestionó la falta de acreditación del daño moral y la aplicación del daño punitivo previsto por el art. 52 bis de la ley 24.240, por entender que no había mediado un incumplimiento doloso o de particular gravedad.
3. Ordenada la sustanciación de los memoriales entre las partes, fueron respondidos mediante las respectivas presentaciones efectuadas el 8/09/2026 (actor) y el 10/09/2026 (demandado). A ello le siguió el dictamen de la Agente Fiscal General Departamental del 18/9/2026, quien se pronunció por la confirmación del fallo en su parte medular, con la salvedad de que pudiera resultar procedente la revisión de la cuantía fijada para la condena por daños moral y punitivo que agravió a la actora.
1. Previo al abordaje de los recursos deducidos, cabe aclarar que no ha habido cuestionamiento en cuanto concierne a la aplicación al caso de la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor, plexo normativo diseñado con el objeto de proteger derechos de rango constitucional (art. 65 de la ley 24.240, art. 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación).
2. Fundado en razones de orden metodológico, cabe abordar en primer lugar el remedio deducido por la demandada, en virtud del cual invocó la inexistencia de una conducta antijurídica de su parte, con lo cual se direccionó a excluir su responsabilidad.
2.1. Su estrategia recursiva se basó principalmente en el informe por ella ofrecido el 19/05/2025, del cual surgían los reclamos realizados por el actor a causa de desperfectos técnicos o intermitencias en la prestación del servicio, junto con la solución de aquellos (por lo general, en el término de 72 horas). De tal modo, no se advierte una discrepancia en cuanto a la plataforma fáctica que tuvo en mira el Juzgador, sino en cuanto a la valoración efectuada por este.
En ese aspecto, considero que el recurso resulta insuficiente, en tanto la accionada omitió brindar una explicación clara o razonable sobre esas interrupciones en el servicio, sino que pretendió justificar su conducta al alegar un obrar diligente ante los reclamos y haber reintegrado los montos percibidos en los períodos en que la prestación se había visto interrumpida. Sin embargo, tales argumentos no constituyen una crítica sólida y suficientemente fundada contra el razonamiento del Magistrado que consideró la prestación del servicio como "deficiente", base medular del incumplimiento contractual endilgado (art. 260 del CPCC).
En consecuencia, la crítica formulada trasunta un reconocimiento del incumplimiento obligacional de su parte -ya probado en virtud de su escrito de responde y la prueba informativa adjunta (arts. 384 y 476 del CPCC)-, que no hace más que aportar la certeza necesaria para confirmar su atribución de responsabilidad contractual. A ello debe sumarse -tal como lo destacó el Juez- que no ofreció, ni produjo prueba alguna para acreditar la alegada inexistencia de la conducta antijurídica de su parte, pese a la carga procesal que pesaba sobre ella (art. 375 del C.P.C.C.).
2.2. En lo que atañe al agravio referido a la errónea calificación -como público- del servicio de internet prestado, encuentro que el planteo se muestra abstracto y carente de sentido, frente al incumplimiento señalado, en tanto tal circunstancia no le quita su calidad de proveedor en los términos del art. 2 de la ley 24.240, ni su responsabilidad por los daños y perjuicios que se ocasionen (arts. 3, 10 bis, 19, 22, 40 bis, 53 y concordantes de la ley 24.240 y art. 42 de la Const. Nacional).
Arribo a la misma conclusión, en cuanto al agravio direccionado al desconocimiento de la intimación formulada por el actor mediante el envío de la carta documento del 30/1/2014 (con constancia de recibo del 31/1/2014, ver fs. 12). Si bien la recurrente argumentó que no pudo tenerse por acreditada en virtud de lo informado por el Correo Andreani S.A., dado a excederse el período de su guarda obligatoria (oficio agregado el 5/9/2024), por el contrario, no negó el domicilio de su mandante indicado en esa pieza (Paraguay ... de la ciudad de Rosario) y nada dijo en relación a la verosimilitud del formato del documento utilizado en esa época, tal como informó la nombrada empresa. Por ello, el mero desconocimiento de la carta documento que fue confeccionada en los formularios correspondientes a la empresa de correos e intervenida por el personal de la firma, con los sellos pertinentes y estampilla vinculante-, así como de su envío y recepción, resulta ineficaz para enervar los efectos probatorios de la misma, aún ante la ausencia de prueba supletoria acreditante de su autenticidad (JUBA B5060033, CC0102 MP 166913 76-S S 04/04/2019).
3. Los restantes agravios de la demandada, sobre la procedencia y el alcance de los montos otorgados en concepto de daño moral y punitivo, corresponde que sean abordados juntamente con los articulados por la actora en el sentido contrario.
3.1. El actor se agravió en su memorial de la insuficiencia del monto reconocido en concepto de daño moral y, en el sentido contrario, la parte accionada consideró que resultaba improcedente, en la medida en que no se había producido prueba alguna al respecto.
El acogimiento en esta alzada del daño extrapatrimonial en los casos que involucran la defensa de los consumidores ha merecido respuestas tanto favorables (Expte. N° 11228 RSD-114-14, f°223; Expte. N° 11411 RSD-34-15, f° 152; Expte. N° 10869 RSD-135-16, f° 553 solo por referir algunos) como refractarias a él (Expte. N° 10607 RSD-73-13, f° 284; Expte. N° 12161 RSD-170-15, f° 738; Expte. N° 1449 RSD-161-17, f° 652; Expte. N° 12977 RSD-167-17, f° 672 y Expte. N° 10736 RSD-169-19, f° 467 entre otros), conforme lo actuado y probado en cada uno de los casos, por lo que del todo lejana se halla una única solución que sea de alcance y aplicación general.
Una interpretación armónica del art. 552 del Código Civil, arts. 1738 y 1740 del C.C.C.N. en diálogo de fuentes con la LDC, habilita a morigerar y flexibilizar la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual, cuando se trata de relaciones de consumo, sin perjuicio de excluir las pretensiones insustanciales, basadas en las simples molestias que pudiera ocasionar el incumplimiento de un contrato (conf. Pizarro, Ramón Daniel, El Daño moral en el incumplimiento contractual , en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, N° 17, pág.141).
3.2. Para la procedencia del daño extrapatrimonial debe mediar una minoración en la subjetividad del consumidor de cierta relevancia y debe valorarse si esa carencia imputable a la empresa prestataria del servicio, pudo derivar en una alteración en la vida de la actora que amerite su reparación.
En el caso, ha quedado fuera de toda controversia la deficiente prestación a cargo de la demandada con motivo de las interrupciones en la prestación del servicio de internet, y si bien es cierto que no se produjo una prueba específica que permita la apreciación exacta de la cuantía del daño moral sufrido, considero igualmente innegable que la reiteración de reclamos que surgen del informe del 19/5/2025 y el envío de la intimación del 30/1/2014, frente a la persistencia del problema que encontró su solución definitiva luego de presentada la solicitud de mediación prejudicial, tuvo una entidad suficiente para configurar en el actor una afección espiritual y angustia que amerita su debida reparación.
3.3. Ahora bien, en lo que hace al monto establecido ($ 100.000) y que fuera apelado por razones opuestas por ambas partes, en función de la base de antecedentes en los que se ha acogido este rubro (Exptes. N° 9951, sent. del 27/10/2026, N° 440, sent. 11/11/2025, N° 3419, sent. del 12/12/2024, N° 12835, sent. del 14/3/2024) y las particularidades del caso, considero que la mensuración efectuada en la primera instancia resultó mezquina, atendiendo a los padecimientos y a la zozobra padecida por el actor durante todo el tiempo que demandó la definitiva reparación y correcto funcionamiento del servicio.
En consecuencia, propongo que rechacemos el recurso apelatorio de la accionada en relación a la procedencia del daño moral y hagamos lugar al del actor referido a la reparación de este rubro, el que se eleva a la suma de pesos trescientos mil ($300.000).
4. En lo que atañe al daño punitivo, el Magistrado lo consideró procedente en virtud de las particularidades del caso, el obrar negligente de la accionada, además de la finalidad disuasoria y sancionatoria del instituto, por lo que lo estableció en la suma de pesos doscientos mil ($200.000), en base al art. 52 bis de la L.D.C. Ambos partes cuestionaron la decisión.
4.1. En el abordaje de la impugnación formulada por la accionada sobre la improcedencia del rubro, esta argumentó que atendió a los reclamos dentro de las setenta y dos horas, otorgó los reintegros correspondientes por la interrupción del servicio de internet y que no existió un obrar o incumplimiento doloso de su parte.
Hemos dicho que los daños punitivos deben ser de aplicación excepcional, de interpretación restrictiva y debe considerarse la gravedad de la conducta del sancionado, repercusión social, beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos disuasivos de la medida y la posible existencia de otras sanciones penales y administrativas (esta Cámara, RSD 17/18, del 20/2/18 y RSD 161/17, 28/11/17; Lorenzetti, Ricardo L. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado , Rubinzal-Culzoni, tomo VIII, pág. 338).
En el caso bajo análisis, considero que mediaron circunstancias que habilitan a la procedencia del rubro. Nótese, que pese a las reparaciones que la accionada dijo haber realizado, no justificó las razones técnicas que provocaron la reiteración de las interrupciones o las intermitencias del servicio, ni que fueran imputables a razones de fuerza mayor o caso fortuito, ni tampoco aclaró las circunstancias que le habrían impedido dar una respuesta más pronta y oportuna, que evite los numerosos reclamos del actor (informe del 19/05/2025), los que recibieron una solución final, luego del inicio de la etapa de mediación prejudicial. A ello cabe agregar, la falta de respuesta a la carta documento enviada por el actor el 30/1/2014 (recibida el 31/01/2014) y los numerosos antecedentes registrados en esta Jurisdicción, sobre similares reclamos al aquí planteado.
En efecto, la multa civil tratada, procura una conducta disuasiva, en orden a corregir ciertas prácticas del mercado en las que los usuarios resultan víctimas de la falta de respuesta en el contexto de una evidente situación de desigualdad negocial. La accionada, como en decenas en otros casos fallados por este Tribunal (ver exptes. 440/2014, 4100, 14.202, 3501, 14.052, 13.990, 13.853, 13.783, 13.748, 6114, 12.400, 7873, 10.736, 13.561, 5408, 13.411, 39.300, 13.326, 4822, 9014, 13.277, 13.292, 13.211, 13.163, 12.977, 1449, 12.945, 12.629,10.869, 12.110, 12.161, 11.228,10.607), no adecuó todavía su obrar al estándar de profesionalidad que le era requerido, quebrantando así las legítimas expectativas de un contratante de sus servicios.
4.2. En lo que atañe a su determinación, al momento del dictado de la sentencia impugnada (2/6/2026), regía la modificación del art. 47, inc. b) de la ley 24.240 (conf. art. 119 de la Ley 27.701, publicada en el B.O. el 1/12/22), que fijó la multa civil de 0,5 a 2.100 canastas básicas totales para el hogar tipo 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), circunstancia que no podía ser obviada al tiempo de cuantificar el rubro reclamado.
En consecuencia, el agravio indicado por el accionante relativo a que no correspondía fijar la condena en moneda de curso legal o a valores históricos, debe tener favorable acogida, lo que, dadas las características del caso, considero debe ajustarse al umbral mínimo del 0,5 de la canasta básica tipo 3, conforme surge del índice que arroja el INDEC a la fecha del presente fallo (cfr. expte. 3419, sent. del 12/12/2024), debiendo modificarse en tal sentido su cuantificación.
5. En lo que atañe a las costas de alzada, considero que deberán ser soportadas por la demandada, que resultó vencida en lo principal de ambos recursos (art. 68 del CPCC).
Así lo voto.
Por iguales fundamentos, los Jueces Dres. Tivano y Kozicki votaron en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Jueza, Dra. Fernández Balbis dijo:
Atento a lo votado al tratar la cuestión procedente, propongo que rechacemos el recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia dictada el 2/06/2026 y hagamos lugar en forma parcial al del actor, elevándose el importe correspondiente al daño moral a la suma de pesos trescientos mil ($300.000) y dejando establecido el daño punitivo en la suma equivalente a la pauta del 0,5 de la canasta básica total para un hogar tipo 3, conforme el índice que arroja el I.N.D.E.C. a la fecha de este pronunciamiento. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada, por resultar perdedora en lo principal de ambos recursos (cfr. art. 68 del CPCC).
Así lo voto.
Por iguales fundamentos, los Jueces Dres. Tivano y Kozicki votaron en el mismo sentido.
Con lo que finalizó el presente Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, se resuelve:
1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la demandada contra la sentencia del 2/06/2026 y hacer lugar en forma parcial al del actor, elevándose el importe correspondiente al daño moral a la suma de trescientos mil pesos ($300.000) y estableciendo el daño punitivo en la suma equivalente a la pauta del 0,5 de la canasta básica total para un hogar tipo 3, conforme el índice que arroja el I.N.D.E.C. a la fecha de este pronunciamiento.
2. Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida en lo principal de ambos remedios (art. 68 del CPCC).
Notifíquese y devuélvase.
Firmas
Funcionario firmante: FERNANDEZ BALBIS Amalia - JUEZ
Funcionario firmante: KOZICKI Fernando Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: TIVANO Jose Javier - JUEZ
Funcionario firmante: MAGGI Maria Raquel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 295-2026
Fin de la sentencia