Abriendo la norma
Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1 de Trenque Lauquen · Causa 350
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar a J. L. C., argentino, con DNI Nº ..., sin apodo particular, nacido el ... en ..., de 17años de edad, soltero, hijo de S. E. C., domiciliado en Barrio ... Casa N° ... de ..., partido del mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires, co-autor penalmente responsable del delito de LESIONES GRAVES (arts.90 y 45, del Código Penal).-
II. Diferir el pronunciamiento respecto de la sanción penal a aplicar, si así fuere el caso, al cumplimiento del requisito de la edad previsto por el inc. 2do. del art. 4to. de la ley Nac. Nro. 22.278 (18 años, a adquirir el día 8 de febrero de 2016); momento etáreo, en principio y salvo mediara otra solicitud de la Defensa durante el período de cesura, a partir del que, -de acuerdo a lo previsto en las consideraciones para eventual instancia de las partes, con el plazo mínimo por éstas propuesto de nueve (9) meses hasta un tope máximo de un año desde su inicio- con valoración del cumplimiento y resultado de las MEDIDAS que se especificarán en el ítem subsiguiente por equiparación, en su caso, al requisito del plazo legal (inc. 3ro. del mismo artículo) y de así corresponder (o su prórroga o sustitución durante su cumplimiento cfr. lo previsto en el art. 71 de la ley pcial.); se resolverá definitivamente su suerte procesal. -
III. Interín y en consecuencia de lo supra expuesto; se instrumenten las siguientes MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS en relación al joven J. L. C. (tal lo previsto normativamente para la etapa intermedia en los arts. 68 y …
Trenque Lauquen, 2 de Setiembre de 2015.-
Presente el veredicto dictado, corresponde tratar las siguientes
PRIMERA CUESTION: Que calificación legal le corresponde al hecho materia de juzgamiento?
Conforme los lineamientos generales trazados en la petición venida a juzgamiento en los términos del art. 395 y ccdtes. del C.P.P. (arts. 1º y 43 Ley 13.634) constitutivo en definitiva tanto de acusación como de defensa respectivamente, y de acuerdo a la ponderación de la prueba descripta y analizada en las cuestiones sometidas a consideración previa que arrima veredicto de responsabilidad penal, tengo acreditado en grado de certeza dentro de mi convicción sincera razonada (arts. 209 y 210 ley 11.922 t.o., art. 1º ley 13.634) que la conducta del joven J. L. C., analizada en relación a la IPP. Nro. 17-00- 000048/15, Expte. Nº 350/15, encuadra en la figura prevista y tipificada por el artículo 90 del C.P., constitutivas del delito de lesiones graves, disintiendo en este punto con lo propuesto y acordado por las partes.-
En clara alusión a esta situación, donde las partes y el encartado han acordado ya una calificación para el hecho de reproche, es clara la redacción del artículo 399 del C.P.P., y en este caso, el comentario efectuado por los doctores Héctor M. Granillo Fernandez y Gustavo A. Herbel, explicando que "...Ciertamente, si el juicio abreviado es una posibilidad legal de proceder motivada por un acuerdo entre las partes actora e imputada, debe respetárselo en su esencia que, precisamente, determina que no debe desarrollarse el debate. En su virtud, el juez no debiera encontrarse obligado a efectuar una motivación en elementos de convicción de la etapa investigativa que no son prueba y cuya recepción no ha respetado las normas constitucionales prealudidas; máxime cuando se ve obligado a respetar la calificación legal, el tipo y monto de pena. Sólo puede proceder a favor del imputado, otorgando una calificación mas beneficiosa (en tanto respete los hechos determinados por el requerimiento fiscal), disminuir la pena y aún absolver al acusado..." (el destacado me pertenece; Aut. ant. cit., Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, Edit. La Ley, pág. 357).-
En esta tesitura, nuestro máximo Tribunal Provincial en materia penal ha dicho en causa N° 57.768, caratulada "O., R. B. s/ recurso de Casación", en pronunciamiento de fecha 15/08/2013, con voto de los Dres. Kohan - Natiello, que: "...Ante todo, debo mencionar que en el marco del presente proceso ha adquirido relevancia el acuerdo de juicio abreviado al que arribaran las partes donde, como es sabido, la conformidad de la imputada supone aceptar como adecuada a una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación- la calificación y la pena solicitada por el Fiscal, y que la sentencia dictada, que no es -ni puede ser- mera homologación, sólo puede fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la I.P.P., a las que las partes elevan al rango de prueba en virtud del acuerdo mencionado, constituyendo un pronunciamiento jurisdiccional fundado en el análisis racional y lógico de esa prueba legalmente incorporada al proceso.De esta manera el segundo párrafo del art. 371 del C.P.P. prevé una motivación exhaustiva de las cuestiones de hecho planteadas y de la valoración de los medios de prueba que funden las afirmaciones fácticas realizadas en la sentencia, exigiendo del mismo modo, que exprese las razones del porqué no se atiende a ciertas pruebas dirimentes presentadas en el juicio, debiendo responder a los planteamientos efectuados por las partes. Es decir, que nuestro procedimiento penal bonaerense exige el dictado de una sentencia que, en lo pertinente, debe observar las disposiciones de los artículos 371 y ssgtes. del Ritual, y resolver sobre los extremos de hecho en la forma establecida en los artículos 106, 210 y 373 del C.P.P..".- (El resaltado me pertenece)
Tengo presente también en este análisis lo normado en el art. 399 in fine como lo expresado jurisprudencialmente en cuanto a que el "...acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes y aceptado por el Tribunal, no obliga a los magistrados a aplicar lo acordado, desde que pueden absolver al inculpado, toda vez que la facultad jurisdiccional que les ha sido otorgada les demanda una interpretación pormenorizada de las investigaciones en las que intervienen, con la exclusiva finalidad de obtener justicia.- ..., los jueces sólo se hallan impedidos de aplicar una consecuencia penal que resulte más severa o más gravosa que la convenida por las partes. En la sentencia recurrida no se advierte una selección arbitraria de la prueba, ni se percibe la ausencia de elementos probatorios que hubiesen impulsado a los magistrados a adoptar un criterio opuesto al resuelto en definitiva..." (Causa Nº 40.624 del Tribunal de Casación Penal de la Pcia. de Buenos Aires, sala II, caratulada "F., I.N.F. s/ recurso de casación", del 14/09/2010).-
Dicho esto, y en consonancia con el hecho que se tuvo por probado en su exteriorización material en el veredicto que antecede, a más de las vastas consideraciones supra efectuadas, correspondería entonces recaratular los presentes actuados conforme la valoración practicada por la Suscripta en el veredicto antecedente, lo cual infra se ordenará para su oportunidad y en su caso.- Por último, se ha pronunciado en búsqueda de esclarecer situaciones como la de autos, y en virtud del sostenimiento incólume del principio de congruencia -no obstante no dejar de advertir que el presente proceso tramita por la vía abreviada-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fallo 179 XXXVII. "Fariña Duarte, Santiago y otros s/ recurso de casación", de fecha 6/07/2004, surgiendo de su 7°) considerando, en el voto efectuado por los Dres. Carlos S. Fayt y Adolfo Roberto Vazquez, "...Que es cierto que el tribunal de juicio no se encuentra vinculado por la calificación jurídica seleccionada por el fiscal y que el enjuiciado ha de defenderse de una imputación consistente en la descripción de un "acontecimiento histórico"..."; la SCBA ha dicho lo suyo recientemente en autos P. 113.053, caratulados “Grassi, Julio Cesar s/ Recurso de casación”, sentencia de fecha 16/04/2014, y también en similar lineamiento se ha expresado nuestro TOC N° 1 Dptal. en veredicto recaído en autos Nº 511/2327 “B., M. A.-E., I.A. S/comercialización de estupefacientes agravado (T.L.)" de fecha 27/03/2014, y especialmente el veredicto pronunciado en fecha 5/05/2009, en autos N° 226/1616, caratulados "F., J. M.-T., M. A. S/ Abuso sexual agravado con acceso carnal por dos personas, con arma y lesiones leves (C.C.)", valorando en lo concerniente al presente caso, y del voto del Dr. Pedro Alejandro Gutierrez, que: "Como claramente se observa de una comparación con el hecho que planteara en sus líneas y acusación final el Señor Agente Fiscal, aquello que se considera certeramente reconstruído resulta ser solo una porción de los episodios que se presentaron al debate..." .-
Concluyo entonces, conforme los lineamientos generales trazados en la petición venida a juzgamiento en los términos del art. 395 y ccdtes. del C.P.P. (arts. 1º y 43 Ley 13.634) constitutivo en definitiva tanto de acusación como de defensa respectivamente, y de acuerdo a la ponderación de la prueba descripta y analizada en las cuestiones sometidas a consideración previa, que arrima veredicto de responsabilidad penal, tengo acreditado en grado de certeza dentro de mi convicción sincera razonada (arts. 209 y 210 ley 11.922 t.o., art. 1º ley 13.634) que la conducta del joven J. L. C., analizada en relación a la IPP Nro. 17- 00-000048-15, Expte. Reg. Int. Nº 350/15, encuadra en la figura prevista y tipificada por el artículo 90 del C.P., constitutiva del delito de LESIONES GRAVES, en carácter CO-AUTORAL (art. 45 C.P.).-
Las expuestas son las razones que sustentan la cuestión planteada por ser ello mi convicción sincera y razonada (arts. 1 y 56 ley 13.634, arts. 209, 210, 373, 375 y 399 CPP ley 11.922 t.o.).-
SEGUNDA CUESTION: ¿Se han cumplido los términos y plazos del art. 4to. de la Ley 22.278 “Régimen Penal de la Minoridad”? De resultar ello negativo, corresponde la cesura del juicio, la determinación de medidas socioeducativas y cuál sería su duración?.-
Para dar respuesta a dicha cuestión, tengo presente lo peticionado por las partes en la audiencia de contacto de visu realizada el día 13 de agosto próx. ppdo. (art. 36 inc. 7 de la ley procesal especial y 395 y sgtes. del CPP) conforme informa el acta glosada a fs. 288/292.-
Es así que, en la oportunidad, oralmente el Sr. Agente Fiscal del fuero solicita se dicte auto de responsabilidad respecto del joven J. L. C. por encontrarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones gravísimas, previsto por el art. 91 del Código Penal, imponiéndose oportunamente la pena dos (2) años y seis (6) meses de prisión a cumplimentarse bajo la modalidad de libertad asistida contemplada en el art. 79 de la ley 13.634, con las siguientes obligaciones del art. 106 inc. 1 2, 3 y 4 de la ley de ejecución pcial. Nº 12.256.-
Asimismo -expuso el Funcionario- que, no encontrándose aún cumplido el periodo de tratamiento tutelar, postuló la aplicación, por el plazo de nueve (9) meses, de las siguientes medidas socioeducativas previstas en el artículo 68 de la Ley 13.634, a saber: inciso 1: orientación y apoyo socio-familiar; inciso 2: obligación de reparar el daño, por la suma de pesos un mil ochocientos ($ 1.800), pagaderos en nueve cuotas de doscientos pesos ($ 200), como ayuda económica por los gastos en que incurriera la familia de M. C. P.; inciso 3: cumplimiento de tareas comunitarias no remuneradas por un tiempo de dos (2) horas semanales durante seis (6) meses; e inciso 8:, por remisión al art. 27 bis de la ley fondal, en sus inc. 1°: Fijar residencia y someterse al control del CRP Dptal., inc. 2°: no relacionarse con el coimputado D. A. B. y víctima en lo atinente a la causa, e inc. 6°: la realización de tratamiento en el CPA local.-
La Dra. Canelo, de su parte, ratificó el acuerdo presentado y lo expuesto en esta oportunidad por el Sr. Agente Fiscal en cuanto al inicio de cumplimiento de las medidas.-
El joven C. a su turno, asistido por la Sra. Defensora del Joven, explicitado que fuera el acuerdo técnicamente expuesto y sus alcances, aceptó la calificación legal y el monto de la pena antes señalados como también los términos y medidas socioeducativas planteadas para la cesura del juicio, no habiendo sido planteadas objeciones de la representante legal integrada la correspondiente notificación y con la conformidad en la audiencia, de la adulto responsable en quien, de hecho, fuera por la madre, en esta sede oportunamente, delegada expresamente su guarda.-
I. El artículo 4 de la Ley Nº 22.278 –modif. por Ley Nº 22.803-, establece los recaudos a los que estará supeditada la aplicación de pena respecto de los jóvenes punibles de conformidad al art. 2 del mismo texto legal.- Así observo que, con asiento en las consideraciones vertidas en el veredicto precedente, corresponde por la presente así se declare la responsabilidad penal del joven (conf. inc. 1º del texto normativo citado) tal el delito que antes se le atribuyera y la calificación legal efectuada supra.- En cuanto al requisito exigido en el inciso 2do. del citado artículo (18 años de edad cumplidos, edad legal establecida para dictar sentencia sobre eventual punición) no se encuentra en autos reunido aún (conforme certificación de edad que obra a fs. 147).-
En relación al año de tratamiento "tutelar" que requiere la norma en su inciso tercero, cabe tener presente que sobre la terminología perviviente en la Ley Nacional -tratamiento "tutelar"- (de correspondencia en el fuero, con la doctrina del niño en situación irregular), luego de la reforma constitucional operada en 1994 -y que diera carácter constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme art. 75 inc. 22 de la Carta Magna- Ley Nacional Nº 26.061, y Leyes Provinciales Nº 13.298 y 13.634 (que recogen la doctrina de la protección integral) y en cuanto a la misma acabadamente, aún no se adecua; me remito a las consideraciones que vienen siendo formuladas por este Juzgado desde el inicio de la reforma legal -ej. autos Nº 05/09, 11/09, en adelante-, conforme lo expuesto también por la CSJN en Fallos: 311:2293, citado en voto del Dr. Fayt en "Maldonado" (remisión autorizada, al igual que otras que se efectuarán por la presente, por Fallos CSJN 278:135; 290:95; 292:87; 302:1675; 304:1343; 311:600; 311:2293; 315;2822; 327:954; en igual sentido, la Excma. Cámara de Apelación y Garantías Dptal. en Expte Nº 9432/09).-
Entonces respecto a dicho requisito, conforme la interpretación normativa supradicha y sopesando las peticiones de las partes introducidas en la audiencia de visu oportunamente celebrada, aquí debo de necesidad, caer en cuenta que el joven no sólo no ha adquirido aún la edad legal para el análisis de la sanción, sino que si bien la sujeción a pautas cautelares en la etapa de garantías pueden haber contribuído -tangencialmente a su naturaleza asegurativa, tomada de un modo amplio- a operar como límite movilizador en su proceso interno, se impone la importancia a partir de la presente decisión, de continuar con el aporte socio educativo a las finalidades últimas del SRPJ, y la búsqueda de elementos de valoración a la hora de realizar el juicio de necesidad de punición.- Asimismo, no puedo dejar de notar que conforme lo dispusiera la Sra. Jueza de Garantías en la etapa previa, y en fecha 5 de febrero de 2015 (fs. 76/77), el joven J. L. C. fue impuesto de una serie de medidas cautelares -en el marco de la normativa de fuero-; por lo que su cumplimiento a instancias de la Defensa podría ser oportunamente computado como parte integrante del año de avocamiento de los operadores del SRPJ al presente caso e incidencia en el proceso de responsabilización personal.-
Así, surge del acta de fs. 76/77 que la Sra. Jueza de Garantías del Joven, impuso como medidas cautelares asegurativas en relación al joven C. las que aparecen especificadas en los puntos a) a e) del resolutorio dictado el día 5 de febrero del cte. año, a saber: a) residir en el domicilio del Barrio A. casa N° ... de esta ciudad, del que no podrá ausentarse por lapso mayor de 24 horas sin autorización judicial; b) disponerse al acompañamiento y control del Centro de Referencia Dptal., lugar donde el joven debía presentarse semanalmente, con cargo de la institución de arbitrar todos los medios para la efectivización, seguimiento, guía y supervisión de las reglas, con remisión mensual de informes; d) someterse a proceso debiendo concurrir a todos los llamados que la autoridad judicial le efectúe; e) prohibición de mantener contacto personal con el coimputado de autos D. B., así como con la víctima y familiares del joven P., o con testigos civiles de la causa.-
Asimismo, en fecha 10 de febrero pasado, a instancia de la defensa, el joven fue autorizado por el JGJ a permanecer por el lapso de quince días, en el establecimiento rural “La Helena” sito en la localidad de 30 de Agosto, bajo responsabilidad de la Sra. E. C. (fs. 82/vta.), con sucesivas prórrogas de dicha autorización por iguales términos (fs. 91/vta., 95, 110/vta).-
Al proponer estrategias de intervención el Centro de Referencia Dptal. en su informe inicial (fs. 85), las operadoras ejecutivas suscribientes expresan que el joven se encontraba cumpliendo con la asistencia semanal dispuesta judicialmente, habiendo mantenido entrevista con Lic. L. H..-
Se desprende de los informes ejecutivos que subsiguen que el joven y su progenitora S. E. C. concurrían semanalmente al Centro de Referencia, los días miércoles, tal lo acordado, informándose que el joven se encontraba trabajando en el campo junto a su tía M. J. R., cumpliendo horarios de 7 a 12 horas y de 19 a 24 horas, contando con un franco cada quince días -no obstante estar autorizado para retirarse los martes a la noche y así poder concurrir al CRP Dptal. el día siguiente-, encontrándose conforme con el trabajo (que venía realizando desde hacía mas de un año), y con la paga (que utilizaba en parte para ayudar a la progenitora, y el resto para sus gastos).
Informa el administrador que durante los francos laborales, el joven permanecía en su domicilio jugando a los jueguitos o con la computadora recibiendo la visita de su novia. Asimismo se consigna que tanto el joven como el adulto responsable se disponen al acompañamiento del CRP Dptal., mostrándose J. L. abierto al diálogo reflexivo sobre lo ocurrido y aceptando la orientación y acompañamiento, y pensando en el campo como el lugar donde más le gustaría vivir (fs. 92, 115, 151/152, ).-
El 30 de abril del corriente año, a las obligaciones establecidas respecto del joven se agrega la de asistir al CPA local a fin de realizar evaluación tendiente a determinar la necesidad de tratamiento en dicha institución, anoticiando al CRP Dptal. al respecto para la gestión de turnos (fs. 124/126).-
Al respecto, hace saber a la Jueza garante el órgano de seguimiento, que se dialogó con una de las coordinadoras del CPA M. M. N. para que reciba al joven los días miércoles, coincidentes con los permisos que el joven cuenta (fs. 151/152).-
Debo necesariamente aquí referir, que no obstante las experticias interdisciplinarias y los informes confeccionados por el organismo ejecutivo, sabido es que la situación sociofamiliar del joven C. mutó considerablemente, habiendo abandonado aquel empleo en el tambo de sus tíos en la zona de Treinta de Agosto, y tambien el domicilio materno sito en Barrio A., para instalarse en la vivienda de la Sra. M. J. R., en Barrio ..., Casa N° ... de este medio, quien, con la conformidad de la Sra. C. recabada expresamente en audiencia en ésta sede, acompaña a J. L. en el tránsito por el presente proceso judicial.-
Situaciones todas que son de conocimiento de la Suscripta, por haberse vertido, como ya dije, en los diversos actos orales celebrados en los presentes autos, interín procesalmente se dirimiera su responsabilidad penal y en su faz cautelar/asegurativa.-
Por todo lo que, si bien igualmente cierto es que este Juzgado está compelido a expresarse en tal sentido, sólo así será de darse las condiciones legales para ello, advirtiéndose la importancia de atender a la solicitud de las partes en cuanto a la imposición de medidas socioeducativas durante esta etapa intermedia que tendrá, entonces y en principio como TOPE MINIMO el plazo de nueve (9) meses propuesto por las partes, en el que el joven adquirirá los 18 años de edad (el día 8 de febrero de 2016) -a partir de lo cual las partes podrán evaluar la conveniencia, de hallar se han reunido en su ámbito de apreciación probatoria con anticipación al año calendario los extremos necesarios para incoar la decisión, peticionando en tal caso, la fijación de la fecha de la audiencia que la citada norma prevé en consonancia con el art. 12 de la CDN y las normas programáticas de la ley especial provincial- y como tope máximo UN AÑO en la cronología de la historia vital del procesado (a fin de generar certidumbre y aventar sospechas de cualquier discrecionalidad en ésta instancia o al derecho a obtener una sentencia definitiva en un plazo razonable y salvo motivos fundados aconsejen su extensión con fecha cierta).-
Este período de intervención del SRPJ, cuyo tope mínimo y máximo estableciera supra- tendrá como punto de inicio para su cómputo desde que se comiencen a hacer efectivas las medidas socioeducativas que sean dispuestas en esta etapa, sin perjuicio de que –reitero-, si la Defensa incoara la audiencia del juicio de punición con anterioridad a la adquisición de los 18 años de edad o del vencimiento del plazo de cesura establecido, pidiendo se compute el lapso de intervención con medidas cautelares o asegurativas por entender ello resulta en beneficio de su asistido para obtener una sentencia más inmediata que arroje certidumbre sobre su situación, se tendrá en consideración para disponer en consecuencia lo que pudiere corresponder de acuerdo al caso en concreto.- Asimismo, del análisis del presente caso traído a juzgamiento, sustancialmente se desprende, además, tanto las características personales de J.
L. C., que lucen en la pericia psicológica glosada a fs. 152/153vta. de la I.P.P. 17- 00-00048/15 y a fs. 284/285vta. de autos, como a las características del grupo familiar del joven que se desprenden del informe confeccionado por la Lic. Trabajo Social S. M., Perito del CTA, agregado a fs. 134/135 de la I.P.P. de mención (fs. 286/287 de los presentes).-
Así, la Lic. A. B. R., perito psicóloga del CTA mantuvo entrevista con el joven C. y su progenitora en fecha 13 de febrero del corriente año. En la oportunidad el joven refirió domiciliarse junto a su progenitora y tres de sus cuatro hermanos, haber cursado sus estudios primarios en las escuelas N° 8 y N° 35, hasta repetir tercer grado, continuando luego sus estudios en a escuela N° 47, hasta octavo año, abandonando por desinterés escolar y necesidad de trabajar.- Al momento de la intervención, el joven se encontraba trabajando en el campo “La Elena” como ayudante de tambo de su tío R. V., desde hacía seis meses, contando con dos días de franco cada quince días, concurriendo a cubrir francos del personal, según la progenitora.-
En cuanto a la estructura y rasgos de personalidad, la perito dictaminó que el joven presenta “una personalidad estructurada dentro de los parámetros de la normalidad (ausencia de alienación). Su conformación yoica presenta una base narcisista, siendo sus rasgos conductuales de carácter estables con elementos psicopáticos”.-
Agregó que “presenta una personalidad con escasos recursos sublimatorios y dificultades en la tramitación de sus impulsos y emociones; por tal motivo pueden aparecer conductas disruptivas y desmedidas frente a estímulos emocionales. Presenta inestabilidad emocional y dificultades en el establecimiento de relaciones interpersonales. Sus posibilidades de postergar la satisfacción de sus deseos e impulsos son escasas, baja tolerancia a la frustración….- Estimó la perito que “es posible considerar que presenta un grado de peligrosidad medio, pudiendo presentarse en su conducta actos disruptivos como modo adaptativo”; ello, en virtud de los rasgos de personalidad dictaminados, las dificultades de manejo de los impulsos y de realizar autocríticas y/o reflexionar sobre las consecuencias de sus actos.-
Por su parte, en fecha 29 de enero 2015, la Sra. S. M., Perito Asistente Social del CTA del FRPJ (ver fs. 286/287 de autos), se hizo presente en el domicilio habitado -en aquel entonces-, por el joven C., emplazado en Barrio A., calle ... N° ..., de esta ciudad de T. L..-
Allí la perito fue recibida por la progenitora de J. L., Sra. S. C., quien refirió que el grupo familiar se completa con sus cuatro hijos, S. M. C. (20 años), J.
L. C. (16 años), P. C. (14 años) y R. H. (12 años), aclarando que el mayor de sus hijos vive actualmente con su abuela M. Z..-
Respecto de la identidad del progenitor de J. L., la entrevistada se niega a brindar información, manifestando que el joven desconoce quien es su padre, y que aquel se desvinculó de la crianza de su hijo.-
En relación a J. L., la Sra. C. le expresa que completó el ciclo primario, más al comenzar 1° año del ciclo secundario, abandonó el mismo, iniciando labores en un tambo ubicado en la zona de Treinta de Agosto, donde reside su tía E. C., concurriendo allí los fines de semana o cuando es requerido.- La entrevistada no reconoce problemas de comportamiento en su hijo ni en la faz educativa ni familiar, manifestando que el joven sale de la casa con autorización, y regresando a la hora pactada, que familiarmente mantiene contacto con su tía E. y con su abuela.- Refiere que J. L. no regresa a la casa alcoholizado, ni ha advertido en el consumo de sustancias tóxicas.-
El jovencito mantiene relación de amistad con D. B., J. R., B., aunque la Sra. C. manifiesta que en el último tiempo ha tomado distancia de ellos, ya que conformaban un grupo que, a su entender, era “molestado” por jóvenes de otro barrio, justificando en cierto modo, el accionar de los integrantes del grupo.- Lo expuesto –como lo que se develara en el marco de las audiencias celebradas en revisión de las medidas cautelares dispuestas por la Magistrada garante, como lo informado ulteriormente por el Centro de Referencia Penal Dptal., permitiría asumir condiciones que al presente, no demostrarían aún la coadyuvancia correlativa favorecedora de su crecimiento personal requiriendo la observación en evolución del afianzamiento de los cambios introducidos en el ámbito familiar y que los mismos ha redundado en su responsabilización personal e inclusión familiar y social, en el marco de aplicación de la prescripción normativa en su faz originaria de intervención respecto de una persona en pleno desarrollo, interpretada a la luz del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y sus objetivos y finalidades específicas, tal impone la manda constitucional con un compromiso del orden público, lo que sustenta la necesidad de imposición y la selección de medidas socioeducativas que tiendan a ello, como subsiguientemente se tratará.-
II. Corresponde tener presente en el análisis del caso en concreto aquí juzgado, entonces, que en el acuerdo arribado las partes proponen, en su momento, se imponga al joven la pena de DOS (2) AÑOS Y SEIS (6) MESES de prisión bajo la modalidad de libertad asistida con todas las condiciones previstas en los cuatro incisos del art. 106 de la ley Nro. 12.256, con lo cual éste se conformara expresamente al igual que su representante legal, aceptando asimismo, la calificación penal antes consignada.-
También y sin perjuicio de lo manifestado precedentemente, entiende el Sr. Fiscal, fundado en las constancias antes detalladas (y acuerdan el joven, la Sra. M. J. R. y su Defensora), que deben imponerse las siguientes medidas de integración social (conf. art. 68 de la Ley 13.634) por el plazo mínimo de NUEVE (9) meses propuesto, interín opere el cumplimiento de los dieciocho años de edad, teniendo por reunidos en el caso todos los incisos del art. 70 de dicha ley para su determinación y aplicación, que antes se especificaran, las que fundan en las constancias que lucen en la IPP Nro. 17-00-000048-15, de conformidad a lo previsto por el art. 70 inc. 8vo. de la Ley 13.634; con lo cual reitero, el imputado se conformara expresamente al igual que su representante legal, aceptando la calificación penal antes consignada, consensuando además, el cumplimiento inmediato dado el carácter de las mismas.-
Guarda en mi opinión, estrecha relación con el plazo mínimo de cesura del juicio propuesto por las partes (no obstante el año de tratamiento tutelar dispuesto en el art. 4 de la ley nacional) lo resuelto recientemente, en 21/04/2015, por la Alzada local en materia de plazos legales establecidos por los cuerpos de fondo (aún cuando en el caso en relación a una suspensión de juicio a prueba) si ellos se prevén a los fines del cumplimiento de objetivos trazados por la especialidad del propio fuero. El Dr. Glitz en su voto expresó que:"...A ello se suma, la favorable impresión que mereciera ante los proveyentes el joven Z., con motivo de realizarse la audiencia "de visu" establecida en el art. 60 de la Ley 13.634. Queda por decir, que también se comparte la interpretación extensiva que para el caso de autos, formulara la "a quo" respecto de lo establecido en el art. 84 de la Ley Nº 13.634, toda vez que si las medidas impuestas a los niños (luego de dictado el auto de responsabilidad penal) cesarán, entre otros supuestos allí previstos, por el cumplimiento de sus objetivos, aparece como razonable que también cesen anticipadamente por igual causa, en el caso de otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba.-..." que en dicha ocasión se había establecido en seis meses, no obstante las directivas emanadas del CP (CAM. PEN. T.L; EXPTE. 11954/14 -Inc. de Apelación Abreviado; Causa: 228/14 CARATULA: Z.J.M s/ Encubrimiento Atenuado; MAG. VOTANTES: Glitz- Gini; JUZG. DE ORIGEN:
JGL T.L).-
Entonces para la determinación de las medidas socio-educativas provisorias de acuerdo a lo peticionado y acordado por las partes en la forma supradicha, tomaré en cuenta los informes psicológico y social producidos respecto del joven de autos en la forma desarrollada en la cuestión que antecede, así como lo manifestado por éste y la Sra. R. en la audiencia de visu celebrada en sede- sobre sus circunstancias personales (art. 70 inc. 8 de la ley Nro. 13.634).- Por lo que entiendo conducentes en el marco del sistema de responsabilidad penal juvenil, imponer las acordadas y propuestas por las partes, previstas por el art. 68 de la ley Nro. 13.634 en sus incisos 1°: Orientación y apoyo sociofamiliar (cfrme. art. 74); 2°: Obligación de reparar el daño, en la suma de novecientos pesos ($ 900), reduciendo de este modo el monto propuesto en un medio, lo que como luego se verá, redundará en un aumento proporcional de la carga horaria de las tareas comunitarias, ello en virtud de lo expuesto por el joven C. en audiencia, en tanto el jovencito no posee trabajo estable, vendiendo en ocasiones pasteles que realiza la hermana de la Sra. M. J. R. y cuidando al pequeño hijo de esta, de un año de edad; 3°: Cumplimiento de tareas comunitarias no remuneradas por un tiempo de, tal lo supra explicitado, cuatro (4) horas semanales durante seis (6) meses (totalizando 96 horas) en una institución o programa a designar por el Centro de Referencia Penal Dptal. (art. 76), duplicando así la carga horaria propuesta por las partes; y 8° Imposición de las siguientes normas de conducta conf. art. 77 de la ley especial y art. 27 bis CP: 1°).- fijar residencia y someterse al control del CRP Dptal.; 2°).- no relacionarse con el coimputado D. A. B., ni con la víctima Carlos P. C., en las cuestiones relacionadas exclusivamente a la causa; y 6°).- Realización de tratamiento en el CPA local, ello conforme la recomendación efectuada por la Lic. R. del CTA del FRPJ, con fundamento en las experticias interdisciplinarias, y lo previsto por el art. 70 inc. 8vo. de la Ley 13.634 y valorando asimismo, lo expuesto por el joven y M. J. R. en audiencia, en ejercicio a su derecho a ser oído y participar de las decisiones que se adopten.-
En cuanto a la extensión de las tareas comunitarias: cuatro (4) horas semanales por el tiempo de seis (6) meses, tengo en cuenta que tanto la norma fondal prevé su realización: "fuera de sus horarios habituales de trabajo" como el artículo 76 de la citada ley pcial. especial, dispone: "...y en horarios que no interfieran con su asistencia a la escuela o su trabajo...".- En consecuencia, entiendo que dicho plazo se deberá prorrogar automáticamente si fuera necesario para atender a las necesidades laborales y/o educativas del joven, pudiendo realizar menos horas semanales o distribuirlas conforme fuere conveniente, siempre que se dé cumplimiento a la totalidad de la carga horaria dispuesta (NOVENTA Y SEIS HORAS) y así prevenir que su consecución, no redunde en afectación de otras actividades que el joven realiza o pudiera llegar a realizar durante el período de cesura, acordes con las finalidades del SRPJ.- Finalmente, y por aplicación analógica, he de mencionar que si bien el art. 399 C.P.P. dispone que no se podrán incluir otras reglas de conducta no convenidas por las partes, ello debe ser entendido en la medida en que se fijen en perjuicio del imputado, por lo que correspondiendo además y sustancialmente en la especie, la aplicación prioritaria de las medidas socioeducativas previstas en la ley procesal provincial y que el art. 68 regula expresamente la disposición oficiosa de aquellas que fundadamente (con asiento en los estudios del caso que prevé el art. 70 inc. 8 de la misma ley) el Juez o Tribunal estime apropiadas al mismo para el logro de los objetivos establecidos en el art. 33; estimo resulta conducente tal lo que se desprende de los dictámenes de las peritos del CTA, aunándose a ello, los antecedentes fácticos de estos obrados, en cuanto la mutación drástica que sufrió la realidad del jovencito C., a través de hechos que acaecieran posteriormente a la realización de las experticias (que datan de los meses de enero y febrero 2015), y que quien Suscribe tuvo oportunidad de conocer por propios dichos del joven y la Sra.
R., en el marco de las audiencias que se concretaran en esta Sede.- Es así, que en el marco de las finalidades específicas del SRPJ, estimo se debe incluír la de asistir a centros educativos, de formación profesional o de trabajo social o bien adoptar/mantener empleo o profesión adecuado a su capacidad, intereses y potencialidades identificadas previamente desde la instancia ejecutiva (art. 77 inc. 1 y 4º ley 13.634 y art. 27 bis incs. 5 y 7 C.P.).- La medida antes indicada, adquiere asimismo, sustento en la normativa internacional de aplicación al Fuero, como plus en función de tratarse de hechos juzgados durante la menor edad al que faculta como ya dije, el primer párrafo del art. 68 antes citado, teniendo presente que el trabajo es una actividad socialmente útil, que fomenta el sentido de la propia dignidad y el valor para el pleno desarrollo de los jóvenes, (arts. 19 CN, 26 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Directriz I1 de Riad, Regla IV E 45 de Riad); como también conforme el derecho a la formación profesional y técnica inicial que les asiste y -como se señaló- es deber del Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar dicha formación, reconociendo su cualificación profesional y técnica para favorecer la incorporación de los jóvenes capacitados al mercado laboral (arts. 29.1, 29.2, 34.2 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes).-, acorde con la elevación de la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años de edad, autorizada por el art. 2 de la ley Nac.
Nro. 26.390/08.-
En tal sentido y como ha sido expuesto supra, surge de las pericias del CTA glosadas en autos básicamente dos cuestiones a ser atendidas: la inclusión en programas sociales que fortalezcan su autovalimiento y sirvan “de acompañamiento, sobre todo en las áreas relativas a estudio y trabajo…” (fs. 285 vta.), a través de su capacitación en algún oficio de su interés o agrado y/o la ubicación en el mercado laboral en lo posible, formal, a fin de desarrollar aptitudes y favorecer su socialización; y a su vez, y tal como ya fuera acordada como regla de conducta por las partes y el propio joven; la atención de su salud psicofísica ambulatoriamente en el CPA, a fin de lograr evaluar y esclarecer el grado de compromiso de J.
L. en relación al consumo de sustancias tóxica y alcohol .- Entiendo correspondería hacer primar la letra y espíritu de la norma de fondo aplicando, en cuanto al piso o umbral mínimo de derechos, lo normado por el art. 27 bis C.P. en cuanto establece que "... el Tribunal deberá disponer... reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos....", teniendo base en el contenido del veredicto que precede como las pericias antes citadas, para dar fundamento a lo resuelto mediante el presente.- Vale citar en este punto, lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca en Expte. M-IPP9461, caratulado "R., J. y otro s/ robo calificado", de fecha 18/08/2011, en cuanto consideró razonables las medidas impuestas por la Juez a-quo, más allá que no hubieran sido pactadas por las partes, teniendo en cuenta las constancias de autos y los fines del beneficio, encontrando apoyo en la previsión del art. 27 bis del Código Penal.- Cabe agregar que, para el cumplimiento de tal premisa resulta ineludible que el Estado Pcial., a través del Centro de Referencia Dptal., en la instrumentación de programas educativos, laborativos o formativos de inclusión, afecte la totalidad de los recursos de que disponga para coadyuvar en el objetivo de ley, identificando asimismo previamente los intereses, capacidades y potencialidades individuales de cada joven, para lo cual también resultaría importante atender a los intereses focalizados por los peritos del CTA en el marco de sus primeras experticias y/o las que subsigan, sin perjuicio de lo que desde ésa instancia ejecutiva se pudiere identificar para su instrumentación, en el marco de la medida de orientación y apoyo socio-familiar y/o las demás propuestas por las partes y seleccionadas judicialmente (art. 4 y cctes.
CDN, 3, 5, 7, 8 acciones Dirección de Centros de Referencia, anexo 2 Decreto Pcial 11/12).-
Entiendo que las medidas especificadas serán, -por su naturaleza socio-pedagógica y la finalidad última del presente proceso (fomentar el sentido de responsabilidad del joven y orientarlo en un proyecto de vida digno, asistiéndolo y fortaleciéndolo) que a través de las mismas se pretende intentar ASEGURAR (lo cual les imprime un doble carácter además, de naturaleza cautelar)-, de INMEDIATO Y EFECTIVO cumplimiento (tal se acordara) y se extenderán por el tiempo que se disponga y/o en su defecto, hasta el dictado de la sentencia que decida sobre la necesidad o no de la pena (arts. 44, sgtes. y cctes. ley Nro. 13.643; arts. 144, sgtes. y cctes. del CPP en función del art. 1 de la ley especial y vía analógica art. 372 del ritual de aplicación).-
En suma de lo sustentado en la cuestión anterior por sus mismos fundamentos, presente la edad actual de J. L. C. -17 años-, así como las consideraciones efectuadas al dictar el veredicto que antecede, y lo decidido por éste en consonancia con lo previsto por el art. 70 de la ley especial, contestemente con las del SRPJ y su interés superior -art. 3 CDN- en cuanto a éste estadio amerita la cesura por no encontrarse reunidos los recaudos de ley para un pronunciamiento sobre la sanción penal; habré de considerar apropiado el mantener la actual situación del mismo sujeto a control de éste Juzgado y supervisión del Centro de Referencia Penal Departamental, mediante la aplicación de medidas previstas en los arts. 68 y sgtes. de la ley Pcial. Nro. 13.634 para esta etapa que antes se especificaran, con cargo mensual de observación en su evolución a la Defensa conforme la manda legal (art. 73 Ley precitada) informando sus conclusiones a éste Juzgado y con la salvedad hecha de lo normado por el art. 4-3º de la Ley 22.278 por el tiempo que le resta, en principio de acuerdo a lo antes establecido, hasta alcanzar la mayoría de edad legal (18 años).-
El cumplimiento del requisito de la edad habilitará, entonces, con ulterioridad, a las partes y a su solicitud expresa, la oportunidad de ser oído y el dictado de la sentencia en definitiva (arts. 56 a 58 -en su caso- de la ley pcial. Nro. 13.634) período durante el cual se valorarán los resultados de la intervención del SRPJ; constituyendo ésta, en principio, la consecuencia aparejada al incumplimiento injustificado de las medidas que se dispondrán EN ESTA ETAPA hasta tanto alcance el procesado, la edad legalmente establecida, lo que deberá al joven expresamente hacérsele saber a la hora de asistir el joven C. a la lectura del presente (art. 56 in fine ley pcial. 13.634), sin perjuicio del deber de su Defensa Técnica de explicitar a su pupilo pormenorizadamente los fundamentos y alcances del mismo; ello, dada su directa incidencia en el subsiguiente juicio de punición.-
III.-Asimismo y dentro de los mismos lineamientos, corresponde ordenar la intervención del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, y en consecuencia, la designación del/la Perito por su Coordinadora la Lic.
N. F..-
Dicha intervención pericial, tendrá enfoque en dos ejes simultáneos, de resorte legal y reglamentario:
a) asistir a la suscripta (por la interdisciplinariedad de la cuestión a evaluar periódicamente) en la labor de supervisión y control que detenta éste Juzgado para DECIDIR (cfr. art. 30 ley 13.634) respecto de la marcha e incidencia personal y familiar de las medidas socioeducativas impuestas que implementará el Ejecutivo (y de las que juntamente con la Defensa efectuará seguimiento en su cumplimiento).-
Dichas medidas se encuentran orientadas al fomento en la incorporación del sentido de responsabilización personal y de pautas de convivencia familiar y social, por manda de basamento constitucional.- b) sustancialmente también, a fin de dictaminar sobre la evolución que pudiere detectarse, en dicho proceso individual de implicación subjetiva y responsabilización personal por los hechos penalmente atribuidos a una persona adolescente en plena etapa de crecimiento y desarrollo, a los efectos de la elucidación en el ulterior juicio de necesidad de punición.-
El requerimiento pericial tiene su asiento en los arts. 37 y 40 y cctes. de la CDN, Reglas Nros. 5, 16 y 17 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de de la Justicia de Menores -Reglas de Beijing-; Regla Nro. 16 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de libertad; Párrafo 102 de la Opinión Consultiva Nº 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; parags. 68 y 69 de la OG 10/2007 del Comité de los Derechos del Niño; en consonancia además arts.1, 2, 3, 6, sgtes. y cctes. ley Pcial. 13.634; arts. 244 y sgtes. del CPP en función del art. 1 de la ley especial.-
Asimismo doctrinariamente, es tenido en cuenta al respecto y entre otros, lo expuesto por Silva Baleiro, Diego en "Infracción juvenil y educación social: un encuentro necesario", publicado por el Instituto Interamericano de los Derechos del Niño, pág. 142; García Méndez, Emilio y Vitale, Gabriel (compiladores) en "Infancia y Democracia en la Provincia de Buenos Aires", Ed. del Puerto, pág. 303; Kliun, Martha y Fernández, Gustavo en "Los desafíos de los equipos técnicos en las nuevas leyes de infancia de la provincia de Buenos Aires", publicado en García Méndez, Emilio y Vitale, Gabriel (compiladores) en "Infancia y Democracia en la Provincia de Buenos Aires", Ed. del Puerto, págs. 3 a 6; Frega- Grappasonno en “Responsabilidad Penal Juvenil- Garantías Procesales Penales”, Ed. La Rocca, Ed. 2010, pág. 57 a 76 en consonancia con "El Cuerpo técnico Auxiliar en el fuero de responsabilidad penal juvenil. conversaciones entre el mundo socio-psicobiológico y el mundo jurídico", por M. Luz Bruno, pág. 256 a 275 en "Temas claves en materia de Protección y Promoción de Derechos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia de Buenos Aires, publicación SCJ -Instituto de estudios judiciales y Unicef).-
Por lo que, dirigido a los auxiliares de la justicia conforme su especialidad para asistir PROFESIONAL Y EXCLUSIVAMENTE, tanto a los órganos jurisdiccionales como a los Ministerio Público del FRPJ (cfrme. normativa antes cit. y específicamente, art. 25 ley Pcial Nro. 13.634, Ac. SCBA Nro. 1793 - arts. 29, 34, 36 y conc.- y Ac. SCBA Nº 3370) se funda en motivos de imparcialidad y objetividad en las apreciaciones periciales (en la medida en que ello resultare humana y profesionalmente posible) respecto de la tarea que realizan los operadores ejecutivos encargados de su materialización y seguimiento, revistiendo especial importancia a la hora no sólo de considerar la evolución en la adquisición de los objetivos del Sistema integral de intervención en el caso y revisar periódicamente las limitaciones o restricciones impuestas al sujeto; sino en el presente y conforme su estadio procesal, atiende a la delicada finalidad de permitir al Juez la realización de una adecuada ponderación en el futuro JUICIO DE NECESIDAD DE PUNICION (cfr. asimismo, CSJN "Maldonado" aplicación art. 4to. ley Nac. Nro. 22.278).-
Quedará en principio y a todo efecto dispuesta la intervención interdisciplinaria pericial.- En la esfera del relevamiento socioambiental, con una frecuencia TRIMESTRAL, y en cuanto a las evaluaciones psicológicas, las mismas se efectuarán SEMESTRALMENTE; modalidad ésta encomendada para un mejor ordenamiento procesal, sin perjuicio de lo que pudiere determinarse a contrario reglamentariamente, a futuro y en su caso, en una instancia superior a este órgano jurisdiccional (cfrme. act. admin. remitidas a la SCBA de fecha 19/05/11), teniendo presente lo dispuesto en cuanto a la oportunidad y a todo efecto que incluye la efectivización oportuna de pericias SOCIALES con la frecuencia que se indicará infra, tanto en providencia dictada en fecha 8 de abril de 2011 en el incidente de ejecución Nº 74/10, caratulada "S., R. E. S/incidente de ejecución", como en la sentencia dictada en fecha 20 de abril de 2011 en los autos Nro. 46/10 y ag.Nro. 63/10, carat."M., J. C.-S., C. A.s/Robo doblemente calificado- Trenque Lauquen" todo lo que oportunamente se le comunicó al CTA Dptal.-
Sin perjuicio de lo que, teniendo presentes las fechas de las experticias interdisciplinarias realizadas en el marco de la IPP N° 17-00-000048-15 y que en copia lucen agregadas en autos a fs. 284/285 vta. (pericia psicológica) y 286/287 (relevamiento ambiental) –enero y febrero del cte. año respectivamente, SOLICITESE a la Coordinadora del CTA del FRPJ la realización de pericia psicológica y social de manera INMEDIATA.- Efectuadas que fueran las mismas, proseguirá la intervención de dicho cuerpo técnico con la frecuencia supra indicada.-
Asimismo, en consecuencia y presente lo dispuesto en el Ac. SCBA Nro. 3370, art. 1ro. -dada la dependencia orgánica y funcional del CTA-, y las actuaciones administrativas de fecha 19 de mayo de 2011, elevadas a la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales -Nro. de trámite gral. 3001-197-2008 al que se incluyeran- en cuanto atañe sustancialmente a lo posibilidad de eventuales reemplazos -conforme reglamentación de la SCBA y normativa interna de dichos cuerpos R-2880 de su Dcción. Gral.-, en la labor pericial dispuesta, estimo conducente poner en conocimiento a la Sra. Jefa de la Oficial Pericial Dptal. de las pericias encomendadas al CTA, a los fines que estime pertinentes o pudiere corresponder.-
Así doy respuesta NEGATIVA al interrogante planteado supra con relación al joven J. L. C. (MENOR DE EDAD), en la que finco mi convicción sincera, para proceder consecuentemente a como se ha adelantado (arts. 2 primer párrafo y 4 de la Ley Nac. Nro. 22.278; 10 de la Ley 13.298 en concordancia con la Nac. Nro. 26.061; 1, 5, 56, 68, sgtes. y cctes. de la Ley 13.634, art. 371 y por interp. analog. art. 372, 395 y sgtes. CPP).-
TERCERA CUESTION: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar ?.-
Atenta a como fue resuelta la cuestión anterior conforme a las circunstancias y fundamentos expuestos en el Veredicto; correspondería entonces se declare a J. L. C. co-autor penalmente responsable del delito de LESIONES GRAVES (arts. 90 y 45 del C.P.); y se difiera el pronunciamiento sobre la aplicación de pena -si así fuere el caso-, al cumplimiento de la edad legal de eventual punición COMO PLAZO MINIMO (coincidente con la cesura de 9 meses acordada por las partes), CON UN MAXIMO QUE NO EXCEDA DE UN AÑO en principio contado desde el inicio de las medidas socioeducativas dispuestas mediante la presente, valorando, interín, el cumplimiento de las medidas que hasta tanto se dispongan, para hacerse efectivas dentro del plazo fijado en la ley; todo ello en los términos de los arts. 2 primer párrafo y 4 de la ley Nacional Nro. 22.278 y arts. 68, sgtes.y cctes.de la ley especial Provincial Nro. 13.634 (Arts. 1 y 56 ley Nro. 13.634, 209, 210, 373, 375 inc. 2º, 399 y cctes. del CPP).- En consecuencia de TODO LO QUE y por sus fundamentos;
I. DECLARAR a J. L. C., argentino, con DNI Nº ..., sin apodo particular, nacido el ... en ..., de 17años de edad, soltero, hijo de S. E. C., domiciliado en Barrio ... Casa N° ... de ..., partido del mismo nombre de la Provincia de Buenos Aires, co-autor penalmente responsable del delito de LESIONES GRAVES (arts.90 y 45, del Código Penal).-
II. DIFERIR el pronunciamiento respecto de la sanción penal a aplicar, si así fuere el caso, al cumplimiento del requisito de la edad previsto por el inc. 2do. del art. 4to. de la ley Nac. Nro. 22.278 (18 años, a adquirir el día 8 de febrero de 2016); momento etáreo, en principio y salvo mediara otra solicitud de la Defensa durante el período de cesura, a partir del que, -de acuerdo a lo previsto en las consideraciones para eventual instancia de las partes, con el plazo mínimo por éstas propuesto de nueve (9) meses hasta un tope máximo de un año desde su inicio- con valoración del cumplimiento y resultado de las MEDIDAS que se especificarán en el ítem subsiguiente por equiparación, en su caso, al requisito del plazo legal (inc. 3ro. del mismo artículo) y de así corresponder (o su prórroga o sustitución durante su cumplimiento cfr. lo previsto en el art. 71 de la ley pcial.); se resolverá definitivamente su suerte procesal. -
III. Interín y en consecuencia de lo supra expuesto; se instrumenten las siguientes MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS en relación al joven J. L. C. (tal lo previsto normativamente para la etapa intermedia en los arts. 68 y sgtes. de la ley Nro. 13.634 y con arreglo, asimismo, a la legislación de fondo -art. 27 bis del C.P- ), a saber: I.- Orientación y apoyo sociofamiliar a través del Centro de Referencia Penal Dptal (inc. 1º) por el plazo que no exceda de un año, quedando a criterio de dicha dependencia dentro de las previsiones legales y reglamentarias vigentes respecto del art. 68 inc. 7 de la ley Nro. 13.634, las modalidades de articulación con demás efectores ejecutivos, de considerar ello pertinente (vgr.
SLPPDN, SZPPDN).- II.- Obligación de reparar el daño, en la suma de novecientos pesos ($ 900), pagaderos en nueve cuotas iguales y consecutivas de cien pesos ($ 100), reduciendo de este modo el monto propuesto en un medio, por las consideraciones vertidas, quedando a cargo de la Fiscalía del FRPJ recabar la conformidad de la víctima, e instrumentar los pagos con la colaboración de la Defensa, en su caso; III.- Prestación de servicios a la comunidad por un plazo, en principio tal se fundamentó, de seis (6) meses a razón de cuatro (4) horas semanales, las que podrán ser redistribuidas de acuerdo a las necesidades laborales, educativas y deportivas del joven, debiendo totalizar una carga horaria de noventa y seis (96) horas, en lugar (institución o programa) a ser designado por el Centro de Referencia Penal Dptal. de acuerdo a lo previsto por el art. 76 (inc. 3º del art. 68 de la Ley 13.634); VI.-Imposición de reglas de conducta que el joven deberá observar (conf. inc. 8vo. del art. 68, 77 y 78 de la Ley Pcial.
Nro. 13.634), a saber: a) Fijar residencia, informando cualquier cambio ulterior de domicilio a esta sede y CRPDptal. a través de la Defensoría y disponerse a la supervisión del Centro de Referencia Penal Dptal., conjuntamente con la que detenta éste Juzgado (inc. 1ro. del art. 27 bis del C.P.) debiendo presentarse en dicha sede, en lo sucesivo, una vez por mes y cada vez que -en másdesde allí se lo convoque a fin de cumplir las recomendaciones emanadas de los operadores ejecutivos; b) no relacionarse con el co-imputado D. A. B., ni con la víctima C. P. C., en las cuestiones relacionadas exclusivamente a la causa; c) Realización de evaluación y en su caso, de tratamiento en el CPA local, conforme la recomendación efectuada por la Lic.
R. del CTA del FRPJ, con fundamento en las experticias interdisciplinarias, y lo previsto por el art. 70 inc. 8vo. de la Ley 13.634 y valorando asimismo, lo expuesto por el joven y M. J. R. en audiencia, en ejercicio a su derecho a ser oído y participar de las decisiones que se adopten, salvo que la terapeuta tratante Lic. B. G. expresamente lo contraindique, aportando en consecuencia al CRP la certificación terapéutica correspondiente; d) Procurar, -con asistencia del CRP Dptal. en articulación con otros organismos municipales, provinciales o nacionales-, la obtención de empleo o capacitación laboral adecuada a sus posibilidades, intereses y potencialidades identificadas previamente desde la instancia ejecutiva y pericial, predisponiéndose a asistir a Centro educativo y/o Programa social en que se lo incluya, para favorecer su autovalimiento, o de ocupación del tiempo libre hasta tanto logre empleo u otra ocupación laboral, a fin de favorecer su inclusión familiar y social; todo lo cual deberá ser instrumentado de manera URGENTE por el Centro de Referencia Penal Dptal., solicitando se tenga presente la recomendación efectuada en el punto 4.-, último párrafo, de la pericia psicológica elaborada por la Lic.
R., como lo informado en relación a su educación por la Lic. M. (art. 68 inc. 8º, 77 incs. 1, 2 y 4º ley 13.634 y 27 bis inc. 5 y 7 C.P.).- En relación a la medida supra establecida -en directa relación con la obligación de reparar económicamente el daño causado-, queda expresamente establecido que la valoración de resultado de los pagos pautados, quedará directamente vinculada al deber constitucional/convencional del Estado (en sus distintos estamentos – municipal, provincial y nacional-) de agotar recursos y programas para promover la inclusión laborativa del joven y su sostenimiento, a través del Centro de Referencia Penal local en el marco de su plan de acciones y estrategias, a implementar a la mayor brevedad.-
Asimismo, por imperio de la aplicación analógica del artículo 57 de la ley específica del FRPJ Nro. 13.634 al presente proceso conducido por las normas del juicio abreviado, DEJASE ACLARADO que adquirida firmeza la presente, se producirá el CESE DE LAS MEDIDAS ordenadas en la etapa de garantías (fs. 76/77), ello en cuanto no guardasen identidad con las aquí dispuestas.- De acuerdo a lo dispuesto por el art. 69, último párrafo de la ley Nro. 13.634, TENGA PRESENTE el joven lo antes previsto, en tanto constituye incidencia directa en el juicio de punición el incumplimiento injustificado de las medidas que se disponen en esta etapa de cesura del mismo que se explicitará al joven al momento de su asistencia a la lectura del presente resolutorio, con carga de su Defensa Técnica de la explicitación de los fundamentos y alcances, ello habiendo hecho uso de la opción de concurrir personalmente a la lectura de la presente conferida por la ley especial (art. 56 inc. 2, último párrafo), de acuerdo a lo que informe el acta de visu. Asimismo, encomiéndese a la Dra. Canelo recordar al joven C. respecto de las fechas de las experticias psicológicas a designarse conforme la intervención que subsiguientemente se le cursará al CTA en el punto V.-
IV. La continuidad en la intervención del Centro de Referencia Penal Dptal. para el despliegue de planes y abordaje del presente caso, de acuerdo a su funcionalidad propia y a las finalidades y objetivos del SRPJ.- La Titular del Centro de Referencia Dptal., sin perjuicio de la elaboración y remisión del plan de abordaje del caso en el término reglamentario, subsiguientemente informará en forma mensual a este Juzgado sobre el cumplimiento de las pautas dispuestas y de las estrategias que establezca el órgano ejecutivo provincial a cargo de la Lic. M. A. S., como su contralor, sea por sí o a través de las áreas delegadas bajo su responsabilidad dentro de lo previsto en el SRPJ; debiendo la Defensa técnica del joven, previa toma de razón de los sucesivos informes, poner en conocimiento de este Juzgado sus conclusiones y peticionar lo que pudiere corresponder en beneficio de su asistido, conforme la manda del art. 73 de la ley especial, quedando previsto a tal efecto, la remisión de los autos a su despacho directamente por Secretaría una vez que los mismos sean recepcionados.-
La titular del organismo ejecutivo, por su parte incoará, en su caso, la intervención, sea de la Dirección de Medidas Alternativas o las Áreas competentes de la SubsecretaríaRPJ y/o otras dependientes de la SNA, a los fines de la posible incorporación de J. L. C. a los programas de inclusión o autovalimiento que importen a su mejor e integral atención, debiendo -de exceder facultades propiaspara la ejecución de lo resuelto, instar por medio de la Defensoría o por ante éste Juzgado el libramiento de los oficios que pudieren corresponder a la mayor brevedad (cfr.ley Nac. Nro. 22.278, 26.061 y Pcial. Nro. 13.634, Resol.Nro. 151 y 172 del Ministerio de Desarrollo Humano de la Pcia. de Buenos Aires y Dec. PE Bs. As. Nros. 11/11 y 11/12 ).-
REMITASE a la Titular del CENTRO DE REFERENCIA PENAL, copias reservadas del veredicto y la sentencia y fotocopias de los informes periciales interdisciplinarios del CTA en sobre cerrado, como asimismo los que a continuación se dispondrán, una vez recepcionados en Sede, solicitando a su titular quiera tener a bien considerar, en su caso, las recomendaciones que efectúen los peritos de intervención en pro de la obtención de los objetivos de ley.-
V. De acuerdo a lo sustentado en el último párrafo de la segunda cuestión de la presente; LIBRAR OFICIO a la Sra. Coordinadora de Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil para que proceda a la designación del/los Peritos que habrán de intervenir, previa aceptación del cargo con arreglo a derecho, y determinación de las fechas -en el área psicológica- a la mayor brevedad para la evaluación interdisciplinaria del presente caso durante la etapa de cesura del juicio.-
Quedará en principio y a todo efecto dispuesta la intervención interdisciplinaria pericial, en la esfera del relevamiento socioambiental, con una frecuencia TRIMESTRAL, y en cuanto a las evaluaciones psicológicas, las mismas se efectuarán SEMESTRALMENTE a computarse dicho plazo a partir de la recepción del oficio a librarse; modalidad ésta encomendada para un mejor ordenamiento procesal, sin perjuicio de lo que pudiere determinarse a contrario reglamentariamente, a futuro y en su caso, en una instancia superior a éste órgano jurisdiccional (cfrme. act. admin. remitidas a la SCBA de fecha 19/05/11).- Sin perjuicio de lo que, teniendo presentes las fechas de las experticias interdisciplinarias realizadas en el marco de la IPP N° 17-00-000048/15 y que fueran aportadas a la audiencia de visu, luciendo agregadas en autos a fs. 284/285 y 286/287 respectivamente, SOLICITESE a la Coordinadora del CTA del FRPJ la realización de pericia psicológica y social de manera INMEDIATA (o a la mayor brevedad).-
Efectuadas que fueran las mismas, proseguirá la intervención de dicho cuerpo técnico con la frecuencia supra indicada, hasta la fijación de la audiencia del juicio de punición lo cual le será notificado oportunamente para la previa elaboración del informe de conclusiones finales de interdisciplina.- En orden a las necesidades del SRPJ y al juicio de punición, deberá evaluarse pericialmente en las áreas psicológica y social, en líneas GENERALES:
1. la incidencia personal y familiar del presente proceso judicial en el fomento del sentido de responsabilidad, que el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tiene como finalidad mediante su tramitación y resolución;
2. las alternativas posibles pronósticas en la inclusión en un proyecto de vida digno a partir de la identificación de sus potencialidades y capacidades individuales;
3. la posible evolución en la situación psicosocial y familiar a partir de la implementación de las medidas socio-educativas dispuestas.-
4. Se evalúe y dictamine, a consecuencia de ello, sobre la pertinencia de modificación, revocación, prórroga y/o sustitución de alguna de las medidas socioeducativas dispuestas cuya implementación se encuentra a cargo de los operadores ejecutivos (arts. 71 de la ley Pcial. Nº 13.634) , proponiendo los lineamientos para su mejor desarrollo personal y las específicas estrategias de intervención en concreto "con" (junto a) ése joven que (inclusive a través del posible establecimiento de otras medidas) considere más eficaces para -mediante el fortalecimiento de los aspectos positivos del sujeto y la familia-, contribuír a la composición, reparación y/o reducción tanto de su singular vulnerabilidad al control socio penal, como del daño causado por el delito de la mejor manera posible.-
5. Por último y en forma previa a la audiencia prevista en el art. 4to. de la ley nacional (cuya oportunidad se le hará saber como antes se estableció) y de acuerdo al resultado obtenido durante la etapa de cesura en aras a los objetivos socio-educativos propuestos, en sus eventuales modificaciones e intentos de superación y deseos de cambio frente al acto trasgresor cometido como reconciliadores con la legalidad, elaboren los Peritos de intervención, de acuerdo a su especialidad, INFORME DE CONCLUSIONES PERICIALES FINALES en el que se vuelque última opinión sobre:
5.1. Si consideran se han cumplido las finalidades del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, esto es adquisición de responsabilidad subjetiva por los actos propios y respeto por los derechos de terceros e integración familiar y social.-
5.2. De resultar negativa dicha opinión interdisciplinaria de evolución, por qué motivos consideran no se han logrado las finalidades referidas (vrg. por circunstancias atribuíbles al joven y/o su familia; por no haber afectado el Estado los recursos necesarios de los que dispone, etc.); estimando en qué grado o medida consideran no se han cumplido los objetivos del proceso.-
5.3. En este último caso y para el supuesto de decidirse en esta instancia jurisdiccional a fin de cumplir dichos objetivos antes referidos, la imposición de una sanción penal al joven, se especifique en la OPINION o DICTAMEN que se pide:
* si el nombrado posee capacidad para cumplirla (en iguales términos de posible generación de responsabilidad y de integración social) y * cuál sería el modo para llevarla a cabo más adecuado a su individualidad, -a fin de que (mediante la prognosis disciplinaria respectiva), el joven efectivamente pueda implicarse en la misma y sostenerla a fin de intentar garantizar su viabilidad en concreto-; o sea:
a) estando el joven en libertad asistiendo a programas educativos, de orientación y seguimiento, con el acompañamiento de una persona capacitada a designar por la Suscripta.-
b) a través de una internación diurna o nocturna en el ámbito domiciliario -de resultar el recurso de contención adecuado en su opinión-, posibilitando la realización de actividades externas.-
De desestimarse recomendación sobre las alternativas anteriores y estimar conducente un ámbito institucional de contención externa, emitan opinión de conveniencia sobre:
c) internación diurna o nocturna en establecimientos especialmente destinados a tal fin, con actividades externas.-
d) privación de libertad en establecimiento cerrado.-
En PARTICULAR y cuanto a la intervención PSICOLOGICA dé cuenta la nueva experticia del estado ACTUAL de los aspectos de interés para elucidar la cuestión: capacidad de autorreflexión, autocrítica, responsabilidad, capacidad de registrar las causas de su propios problemas, capacidad de compromiso; observaciones sobre su relación con la legalidad y con las figuras que la representan.- En EVOLUCION, identifique las posibles modificaciones que -en su caso- se podrían haber producido en los distintos aspectos individuales y vinculares del joven (sujeto definido por su condición de cambio, constante desarrollo y formación de su personalidad e identidad), oportunamente efectuados sobre cada uno de los ítems peticionados por el Ministerio Público Fiscal, durante el período comprendido entre la fecha en que se produjo la primera pericia y las que subsigan hasta tanto le sea comunicado el cese de su intervención.-
En función del pronóstico realizado en ésa anterior oportunidad (fs. 284/285), se expida sobre el resultado de las estrategias de intervención propuestas a fin de evaluar sus reales posibilidades de cambio de acuerdo a la problemática detectada.-
Efectúe la Perito al Juzgado las recomendaciones que se consideren necesarias tanto para una mejor atención de su salud psicológica, como en cuanto a las acciones, estrategias de intervención específica y medios o recursos que desde su área, entiende podrían coadyuvar a la construcción de responsabilización personal por los hechos penalmente atribuídos y/o contribuír a un mayor grado en el adecuado proceso de implicación subjetiva.-
Respecto de la pericia SOCIAL, recábese, por los medios que la/el Perito entienda pertinentes, 1) datos en EVOLUCION de su situación familiar y social,- teniendo por norte la incidencia en general del proceso del fuero-, durante el período comprendido entre la primer pericia y las que subsigan, permitiendo conocer la experiencia transitada por el joven y su grupo familiar a lo largo del proceso judicial.-
2. y la existencia-persistencia (o surgimiento posterior) de DERECHOS VULNERADOS sociales, económicos o culturales, como todo otro que pudiere resultar de interés sobre su estado actual, 3) detección, identificación de intereses, capacidades, potencialidades, proyectos individuales, grupales o colectivos del joven y la familia, efectuando a éste Juzgado las recomendaciones que entienda necesarias respecto a posibles acciones y estrategias que proactivamente, a partir de dicha identificación y de los recursos disponibles en su medio familiar y social, considere en su beneficio propendiendo al citado objetivo del fuero, más teniendo en cuenta las medidas socioeducativas dispuestas y vigentes como lo que fuera informado en autos a consecuencia de lo aquí resuelto, por los órganos ejecutivos a cargo de la implementación y supervisión.-
4. En consecuencia, dictamine además, sobre sus propias posibilidades concretas de modificar su realidad y de continuar cumpliendo dichas medidas en el propio entorno familiar, sugiriendo las posibles líneas de acción adecuadas a su singularidad y para el caso que estime conveniente su modificación o la sustitución de alguna de ellas, caracterice su viabilidad social.-
En el oficio a librar al Cuerpo Técnico Auxiliar, solicítesele a la Sra. Coordinadora la designación de fechas de experticias psicológicas, ello a fin de realizar por Secretaría las correspondientes citaciones para la presentación del joven al gabinete; las que se tengan presentes por las partes, para el caso de partes a las direcciones de correo electrónico oficiales de las mencionadas dependencias, con constancia en autos por Secretaría.-
Ofíciese ipso facto al Centro de Referencia Penal Dptal. para la efectivización inmediata de las medidas dispuestas y al Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero haciéndose saber lo ordenado en la presente; quedando subsiguientemente los autos a su disposición.-
Líbrese oficio a la Titular de la Oficina Pericial Dptal. poniendo en conocimiento de las pericias periódicas dispuestas, a los fines que pudiere corresponder (art. 1 Ac.SCBA Nro. 3370).-
VII. Consentida o firme, en su caso el presente, procédase a la recaratulación de los presentes, conforme la calificación efectuada y devuélvase la IPP Nº 17-00-000048/15 al Sr. Agente Fiscal del FRPJ.-
VIII. Comuníquese al Registro de Procesos del Niño y a la Secretaría de la Cámara de Garantías y Apelaciones en lo Penal Dptal., conforme art. 22 del Ac. 3374 de la SCBA.-
Registrese.-
FECHO todo ello y oportunamente, VUELVAN los AUTOS a despacho para lo que pudiere corresponder en cuanto atañe al dictado de la SENTENCIA.- Ante mí:
Se ofició.- CONSTE.-
Fin de la sentencia