Abriendo la norma
Juzgado Civil y Comercial N.º 3 de Moreno-general Rodríguez · Causa 9660
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello, oída la opinión concordante del Ministerio Público (fs. 43/44), R E S U E L V O: 1°) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, autorizar la ablación parcial del hígado de R. D. F. para ser implantado en M. L., quedando bajo responsabilidad del cuerpo médico actuante la valoración definitiva de la conveniencia de la intervención y la confección previa de la documentación exigida por el art. 13, tercer párrafo, segunda parte, de la ley 24.193; 2°) Hacer saber a R. D. F. la posibilidad de retractarse hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, sin obligaciones de ninguna clase (art. 15 de la ley 24.193).
Gral. Rodríguez, 06 de julio de 2017.-
V I S T O S: estos autos caratulados “R. D. F. s/ materia a categorizar (274)”, n° MG9660/2017, en trámite ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3, venidos a despacho en estado de dictar sentencia y de cuyas constancias;
I. El día 30 de junio de 2017 R. D. F. —DNI …—, con el patrocinio letrado del Dr. Edgardo Pablo Molíns —Titular de la Unidad Funcional de Defensa N° 1 departamental— inició demanda judicial pidiendo que se la autorice a ser donante viva hepática no relacionada de la niña M. L.—DNI..— (fs. 18/26).
Explicó carecer del vínculo parental exigido por el art. 15 y cctes de la ley 24.193.
Relató que M. L., nacida el 15/6/16, padece atresia de vía biliar extrahepática desde los primeros meses de vida. Contó que el 8/8/16 se realizó conlangiografía intraoperatoria, confirmándose el diagnóstico, y que se le efectuó una cirugía de Kasai (Porto entero anastomosis), biopsia hepática “cirrosis secundaria a obstrucción de vía billiar”. Explicó que como consecuencia de la progresión de la enfermedad tiene indicación de trasplante hepático, siendo ésta la única medida terapéutica posible para mejorar su calidad de vida.
Adujo que desde el 22/2/17 la niña ha sido considerada apta para trasplante. Indicó que el órgano jurisdiccional provincial —CUCAIBA— se ha encargado de la fiscalización del procedimiento administrativo y certificó el cumplimiento de los requisitos médicos/legales, quedando inscripta bajo el número 361622, con puntaje MELD/PELD 14.
Aclaró que la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles ha dado autorización de financiamiento al trasplante.
No obstante, apuntó que hasta el momento no se ha podido obtener un donante cadavérico ni donantes vivos relacionados, empeorando el estado de salud de la menor con riesgos ciertos de complicaciones de no efectivizarse el trasplante de manera urgente.
Así, requirió que se la autorice a ser donante hepática de M., explicando haberse sometido a todos los estudios y procedimientos médicos que señalaron compatibilidad entre ambas.
Escribió que es la tía política de M., dado que resulta ser cuñada del padre de la menor. En este sentido, puntualizó que mantiene una relación de convivencia con el Sr. B. N. L., hermano del papa de M. —Sr. E. B. E. L., DNI ..—. Dijo que se conocen desde hace más de 10 años y que mantienen una relación vincular de familia y amistad. Sostuvo que su voluntad es totalmente libre, informada, solidaria y desprovista de interés económico, basada en el amor desinteresado hacia su sobrina a la que acompaña desde su nacimiento. Esgrimió que no se encuentran relacionados legalmente, sino afectivamente. Dijo que la decisión la tomó luego de consultarlo con su familia y con el equipo médico del Hospital Gutiérrez. Afirmó que no puede haber un cuerpo mejor receptor que el de aquella niña que le confiere continuamente su amor. Explicó que los médicos del Hospital de Niños Gutiérrez le informaron claramente los alcances y consecuencias de la intervención, comprendiendo los riesgos, secuelas, evolución previsible y limitación resultante.
Reafirmó que el motivo de su pedido radica en una expresión de amor y solidaridad, ante las grandes posibilidades de que M. conserve su vida y mejore su salud.
Adjuntó prueba documental, fundó en derecho y pidió que la autorización se resuelva con carácter urgente ante la posibilidad de realizarse la intervención en la segunda quincena del mes de julio.
II. El día 3 de julio de 2017 se hizo saber que al trámite se le aplicaría el procedimiento regulado por el artículo 56 de la ley 24.193 (cfm. arts. 20 inc. 2 de la Constitución Provincial y 25 de la ley 13.928).
A su vez, se fijó audiencia para el día miércoles 5 de julio de 2017. Por resultar necesaria la opinión de determinados expertos, y dada la celeridad que el caso demandaba y el derecho comprometido, se requirió la colaboración y asistencia del cuerpo técnico del Juzgado de Familia N° 1 departamental y se solicitó a la Asesoría Pericial de Mercedes la urgente designación de un perito médico. Además, se convocó al Dr. Carlos Daniel Luque (Jefe del Programa de Trasplante Hepático del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez).
Lucen a fs. 28/35 las comunicaciones realizadas al efecto.
III. El día 5 de julio de 2017 se celebró la audiencia designada, participando R. D. F., su letrado patrocinante Dr. Edgardo P. Molíns, los progenitores de M. L. —M. A. C. y E. B. E. L.—, la Dra. Karin Pérez Corbalán —Asesora de Menores—, el Dr. Carlos D. Luque —Jefe de Programa de Trasplante Hepático del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez—, los peritos Dr. Oscar I. Rudoni —Médico Legista—, Dra. Paola Ríos — Psiquiatra— y Teresita Iris Mendietta —Trabajadora Social—, la Dra. Natalia M. Vázquez —Delegada de la Fiscalía departamental, la Dra. Mariela E. Magallanes – Actuaria- y quien suscribe (fs. 39).
Finalizada la audiencia, los peritos emitieron dictamen favorable a la autorización pretendida (fs. 40).
Por su parte, se recibió la declaración de tres testigos ofrecidos por la accionante (fs. 42).
La Delegada de la Oficina de Asuntos Civiles de la Fiscalía General departamental, tras el traslado conferido de todo lo actuado (fs. 40 y 42), opinó que se encontraban reunidos los requisitos legales para acceder a la petición, entendiendo que lucía demostrada la gratuidad del acto, la decisión voluntaria de la accionante, el consentimiento informado del dador y el receptor y las especificaciones médicas (fs. 43/44). Estimó que debía autorizarse la donación de órganos entre vivos planteada. Encontrándose el trámite en condiciones para ello, se efectuó el llamado de autos para dictar sentencia.
1) R. D. F. solicita en este proceso que se la autorice a ser donante hepática de la niña M. L. quien sufre cirrosis secundaria a obstrucción de la vía biliar. La ley de trasplantes de órganos y materiales anatómicos, en lo que aquí importa, dispone que “sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha relación hubieren nacido hijos. … En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18) años podrá disponer ser dador sin las limitaciones de parentesco establecidas en el primer párrafo del presente artículo. Los menores de dieciocho (18) años —previa autorización de su representante legal— podrán ser dadores sólo cuando los vincule al receptor un parentesco de los mencionados en el citado precepto.” (art. 15 de la ley 24.193).
Ello así, la falta de parentesco entre la requirente y la receptora (F. y M. en adelante) se presenta –en principio- como una imposibilidad a la pretensión entablada en los términos literales de la norma.
Entran así en juego derechos de suma importancia tales como a la autodeterminación y a la salud, junto a la actitud activa que se requiere del Estado frente a los supuestos en los que se encuentra involucrado el derecho a la vida. En ese contexto, cabe referenciar —por un lado— que “los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales” (art. 17 del CCyC).
En este orden, la normativa consagra que ningún derecho sobre el cuerpo humano o sus partes puede tener valor económico, permitiendo únicamente su disponibilidad con fines terapéuticos, científicos, humanitarios o sociales, y de acuerdo a la legislación que se dicte —ley 24.193 en este caso—.
Por otro lado, en cuanto a la salud, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dispone, en su artículo 12, que “Toda persona en la Provincia goza, entre otros de los siguientes derechos:...3) al respeto de la dignidad, al honor, la integridad física, psíquica y moral”. Resalto, además, que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la C.N.) estipula que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales...” (art. 11).
A su vez, la Corte de Justicia de la Nación ha indicado que la preservación de la salud integra el derecho a la vida, circunstancia que genera "una obligación impostergable de las autoridades de garantizarla mediante la realización de acciones positivas” (cfr. art. 75, incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional y Fallos: 323: 1339 y 3229 y 331: 2135, causa P. 876 XLVII y P692 XLVII, caratulada “P. L., J. M. c/ I.O.M.A. s/ amparo - recurso de nulidad e inaplicabilidad de ley, sentencia del 19 de marzo de 2014, entre otros). Y ha destacado que el derecho a la salud está reconocido por diversos instrumentos internacionales de rango constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extensivos a la salud individual y colectiva, y que —aparte de no interferir en el ejercicio personal de tales derechos— el Estado "tiene, además, el deber de realizar prestaciones positivas, de manera tal que el ejercicio de aquéllos no se torne ilusorio" ("Asociación Benghalensis", Fallos, 323:1339).
2. En esas condiciones, habiendo valorado la prueba aportada al caso concreto, adelanto la suerte positiva de la acción pues la interpretación de la ley debe conducir a su armonización con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de las Constituciones Nacional (confr. Fallos: 209:337; 224:423; 226:688; 262:168; 255:192; 297:142; 301:460) y Provincial.
Es sabido que la interpretación de una norma —en el caso, el art. 15 de la ley 24.193— siempre debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico.
Por otra parte, como la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se suponen en el legislador, se impone preferir la inteligencia que de mejor modo armonice las normas en juego, antes que otra que las haga irreconciliables entre sí (cfr. Fallos: 281:146). Es ésta también la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia, que ha sostenido que en atención a la presunción de coherencia que reina en el sistema normativo, la interpretación debe efectuarse de manera que los preceptos armonicen entre sí, y no de modo que se produzcan choques, pugnas o exclusiones entre ellos (conf. SCBA, Ac. 46.992, sentencia del 15/3/94; 47.812, sentencia del 31/8/93). Sobre estas bases considero que no corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 15 referido, ultima ratio del orden jurídico, pues cabe interpretarlo junto al art. 19 de la Constitución Nacional, al derecho a la salud, al espíritu y fin último de la ley 24.193 que es la vida de la persona humana (cfm. Felizia Agustina, Díaz Cafferata Santiago, “La donación de órganos entre vivos y el derecho del hombre a disponer de su cuerpo”, LLC2015 (julio), 587), y –en especial- a las disposiciones del artículo 56 de la misma ley. Así, quienes no se encuentren en la lista de donantes autorizados por el art. 15 no están excluidos de la donación sino que necesitan del trámite de la autorización judicial para cumplir con la finalidad perseguida por la norma (art. 56 ley 24.193). Es ésta, por lo demás, la interpretación que surge de sendos precedentes jurisprudenciales (Juzgado Civil y Comercial Federal 5 CABA, M.S/ sumarísimo ley 24193, del 30/7/12; Juzgado Federal de 1ra Instancia de Reconquista, FVN s/ sumarísimo, del 4/7/13; y Juzgado Nacional de 1era Instancia en lo Civil y Comercial Federal 6 CABA, HNI y otros s/ sumarísimo, del 12/2/15, entre muchos otros) y la que mejor se ajusta a los principios indicados y a los lineamientos fijados en el novel cuerpo normativo de fondo (art. 2 del CCyC).
Por ello, fuera de los casos literalmente previstos en el art. 15 de la ley 24.193 —sujetos a la sede administrativa— el pedido de autorización de una ablación e implantación de órganos entre sujetos vivos, debe ser tratada en sede judicial, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, a saber: gratuidad del acto, acto voluntario del dador, el consentimiento informado del dador y el receptor y las especificaciones médicas" (C.C. y Com. Salta, sala I, 18/12/2013, "L. M., E. D. s/ medida autosatisfactiva trasplante de órgano", LLNOA 2014 (marzo), 214; cita online: AR/JUR/85742/2013). De tal forma, la intervención jurisdiccional tendrá por finalidad colocar a quien se postula como donante vivo no relacionado en la misma posición en que se hallan las personas detalladas en el art. 15 de la ley 24.193, dejando los demás aspectos médicos bajo responsabilidad exclusiva del equipo profesional que intervenga (cfm. Juzgado de 1a Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de 13a Nominación de Rosario, O. C. N. s/ leyes especiales, del 9/9/15).
3. En tales condiciones, pondero que de las audiencias celebradas (fs. 39 y 42) se desprende un fuerte vínculo de trato familiar que une a F. con M. Tal es la razón de la solidaridad que expresa al ofrecerse como su donante.
La relación entre donante y receptora fue corroborada por las declaraciones testimoniales de J. M. F., V. E. G. y de E. G. R., quienes dieron cuenta de la gratuidad del acto (exigencia expresamente estipulada y protegida mediante la tipificación de un delito penal cfm. art. 28 y cctes ley 24193) y la carencia de cualquier contraprestación. El dictamen de la asistente social se dirigió en idéntico sentido (fs. 40). Es sin dudas la vulnerabilidad actual de M. la que moviliza a F. Destáquese que el pedido urgente de autorización es fundado con documental que señala al trasplante como única medida posible de tratamiento —art. 2 ley 24.193— (cfm. resumen de historia clínica suscripto por la Dra. María Solaegui, Hepatóloga Pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fs. 5); que da cuenta de la inscripción —con la fiscalización de CUCAIBA— en lista de espera de INCUCAI (ver constancias de fs. 6/8); que indica el crítico estado de salud de la menor y la carencia de donantes vivos relacionados que resulten compatibles (cfm. constancia suscripta por la Dra. Marcela A. Galoppo, Hepatóloga Pediatra del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fs. 16); y que fija como fecha de intervención quirúrgica a confirmarse la segunda quincena del corriente mes de julio (cfm. informe suscripto por el Dr. Luque Carlos Daniel, Jefe del Programa de Trasplante Hepático de Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fs. 17). Todo, mientras las posibilidades de recibir un hígado cadavérico son inciertas e incompatibles con la premura que la patología exige (la menor se encuentra en este momento internada ante una seria complicación reciente, de acuerdo a lo informado por el médico tratante en la audiencia realizada).
Por su parte, encuentro que F. cuenta con la información suficiente que demanda el artículo 13 de la ley 24.193.
Es que, a las explicaciones dadas en la demanda (fs. 21/26) y a las ilustraciones brindadas por la Dra. Marcela Galoppo (cfm. fs. 16), se suma la puntillosa descripción realizada por el Dr. Luque en el marco de la audiencia celebrada (secuelas, riesgos, cuidados posteriores, evolución previsible, etc), destacando sobre el punto las grandes posibilidades de éxito para la receptora y la carencia de graves perjuicios en la salud de la dadora (art. 14 de la ley 24.193).
En este aspecto, F. arriba a su decisión conociendo todas las particularidades de su intervención. El perito médico opinó en ese sentido, sin perjuicio de la obligatoriedad que destaco en cuanto a la constancia documentada que deberá dejar asentada el equipo médico en los términos del art. 13 de la ley (fs. 40). Por su parte, mientras el objeto de su planteo luce acorde a las exigencias del art. 279 del CCyC, no existe elemento alguno que permita cuestionar la conformación de su decisión, la que luce libre y desprovista de cualquier presión (arts. 260 del CCyC y 27 inc. g) ley 24.193). La experta psiquiatra, ante ello, no encontró impedimentos frente al pedido (fs. 40).
Todo sin perjuicio de la ausencia de eficacia vinculante de la autorización que se pretende, circunstancia que se hará saber a la accionante en la parte dispositiva de la sentencia. Ello, en tanto la revocabilidad surge de una derivación del derecho a la autodeterminación en una materia vinculada con aspectos centrales de la persona (cfm. Alterini Jorge H, Director General, Código Civil y Comercial Comentado, Ed. Thompson Reuters, La Ley, 2015, T° I, pág. 127 y art. 15 de la ley 24.193).
4. No puedo concluir sin destacar el ejemplo que nos brinda F. Es dar sin esperar nada a cambio, es el otro soy yo, es el ponerse en el lugar del otro que tantas veces escuchamos.
Es que "yo soy madre" comenzó diciendo en la entrevista para explicar su postura; frase tan simple y con tanto contenido a la vez.
Su solidaridad, basada en el afecto y la ternura que la une con M., merece esta respuesta por parte de la justicia.
Claro que el derecho no podrá asegurarle a M. la recuperación que anhela F., pues esa es tarea reservada a Dios —fuente de toda razón y justicia (cfr. Preámbulo de la Constitución Nacional)—, a la ciencia médica y a los designios misteriosos que encierra la existencia humana (arg. CCASM causa Nº 1509 “Quagliano” del 30/12/08). Pero lo que si puede —y debe— el derecho, es garantizarle a ambas el acceso a los procedimientos con los que cuenta la medicina de nuestros días para vencer —o intentar vencer— la enfermedad.
Por ello, oída la opinión concordante del Ministerio Público (fs. 43/44), R E S U E L V O: 1°) Hacer lugar a la demanda y, en consecuencia, autorizar la ablación parcial del hígado de R. D. F. para ser implantado en M. L., quedando bajo responsabilidad del cuerpo médico actuante la valoración definitiva de la conveniencia de la intervención y la confección previa de la documentación exigida por el art. 13, tercer párrafo, segunda parte, de la ley 24.193; 2°) Hacer saber a R. D. F. la posibilidad de retractarse hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, sin obligaciones de ninguna clase (art. 15 de la ley 24.193). REGISTRESE. NOTIFIQUESE por Secretaría a la accionante, a los representantes de M. L., a la Asesoría de Menores, a los peritos intervinientes y a la Fiscalía departamental.
En tanto la decisión arribada concuerda con lo dictaminado por el Agente Fiscal, la sentencia dictada le resulta inapelable (art. 56 inc. j ley 24.193). En tales condiciones corresponde comunicar la autorización conferida —sin más trámite—, mediante oficio de estilo, al Jefe del Programa de Trasplante Hepático del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, al INCUCAI y a la autoridad sanitaria jurisdiccional (CUCAIBA).
LEANDRO NAHUEL JOANDET JUEZ
Fin de la sentencia