Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22269-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, Dr. Fabián Lértora, y revocar la resolución dictada el 20 de octubre de 2025 por el Juzgado en lo Correccional nro. 2 departamental, declarando EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL por reparación integral del perjuicio seguida respecto de Daniel Alejandro Russoniello en orden al delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 59 inc. 6° del C.P.; arts. 6, 86, 87, 321, 323 inc. 1° y 341 del C.P.P.; art. 3 de la CDN; arts. 16 incs. c y d de la ley 26.485)
Causa nro. I-22269-2026/Ia. "RUSSONIELLO, DANIEL ALEJANDRO S/ EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR REPARACIÓN INTEGRAL"
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa particular de Daniel Alejandro Russoniello, Dr. Fabián Lértora, contra la resolución dictada el 20 de octubre de 2025 por la Jueza a cargo del Juzgado en lo Correccional nro. 2 departamental, Dra. María E. Prada, mediante la cual rechazó el pedido de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio formulado en su favor, en los términos del art. 59 inc. 6° del Código Penal, en función de lo establecido por el Acuerdo Extraordinario nro. 678 de esta Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental
Sometida al acuerdo la presente causa a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto, y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: en primer lugar el Dr. Diego E. Martinez y, en segundo término, el Dr. Eduardo Stepaniuc.-
A continuación, los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar la siguiente cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. DIEGO E. MARTINEZ, DIJO:
I. Conforme surge de autos, las presentes actuaciones fueron elevadas a juicio respecto de Daniel Alejandro Russoniello en orden al delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, previsto en los arts. 89 y 92, en función del art. 80 incs. 1° y 11 del Código Penal.
Cabe señalar que la requisitoria de elevación a juicio, de fecha 18 de julio de 2023, había comprendido también el delito de amenazas, en concurso real, respecto del cual el Juez de Garantías dispuso oportunamente el sobreseimiento del imputado.
Dicha decisión fue revocada por la Sala III de esta Cámara Penal de San Isidro a instancia de la acusación y, posteriormente, la Sala III del Tribunal de Casación Penal resolvió estar al sobreseimiento dictado por el Juez de Garantías en orden al delito de amenazas, quedando entonces la causa radicada ante el Juzgado en lo Correccional nro. 2 exclusivamente en relación con el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
Radicadas las actuaciones ante el órgano de juicio, el 28 de abril de 2025 se citó a las partes y posteriormente se fijó audiencia de debate oral para el día 15 de septiembre de ese año, la que fue suspendida en razón de haberse presentado un acuerdo de juicio abreviado.
En el marco del acuerdo de juicio abreviado oportunamente alcanzado con todas las partes tanto con el Dr. Lertora -Defensor Particular del imputado- y el Dr. Olavarria - por la particular damnificada-, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que se impusiera al nombrado la pena de diez meses de prisión de ejecución condicional y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género.
A los fines de dar cumplimiento a la entrevista prevista por los arts. 41 del Código Penal y 398 del Código Procesal Penal, se fijó audiencia personal con Russoniello para el día 3 de octubre de 2025.
II. Sin embargo, el 3 de octubre de 2025, tanto la Defensa particular como la entonces particular damnificada, Verónica Harms Ríos, efectuaron sendas presentaciones poniendo en conocimiento del órgano jurisdiccional que habían arribado a un acuerdo de reparación integral del perjuicio en los términos del art. 59 inc. 6° del Código Penal.
La Defensa solicitó, en consecuencia, que se declarara extinguida la acción penal respecto de Russoniello y se dictara su sobreseimiento en relación con el hecho por el que había sido oportunamente elevado a juicio.
Por su parte, Harms Ríos, con patrocinio letrado, manifestó también su voluntad de avanzar en un acuerdo integral destinado a finalizar los conflictos judiciales existentes entre las partes, señaló haber aceptado un ofrecimiento dinerario de sesenta mil dólares estadounidenses respecto de los hechos objeto de esta causa, desistió de su rol de particular damnificada y prestó conformidad para que se declarara extinguida la acción penal en los términos del art. 59 inc. 6° del Código Penal.
Ante ello, la magistrada suspendió la audiencia prevista en los términos del art. 41 del Código Penal, dio intervención al Ministerio Público Fiscal y convocó a Harms Ríos a una audiencia personal a fin de establecer su debida comprensión, libertad y plena conformidad con la pretensión articulada.
Con fecha 13 de octubre de 2025, la nombrada fue escuchada personalmente por la Jueza y manifestó comprender el contenido del acuerdo, el trámite del instituto solicitado y las consecuencias derivadas de la solución pretendida, prestando su conformidad.
Explicó que el acuerdo le resultaba conveniente en función de la situación económica en la que se encontraba junto a sus hijos; indicó que las cuestiones correspondientes al fuero de familia habían sido trabajadas por los respectivos abogados, que se había acordado una cuota alimentaria y otras cuestiones patrimoniales, y señaló asimismo que Russoniello había iniciado un proceso de revinculación con sus hijos.
Finalmente expresó que necesitaba terminar con el conflicto, que se encontraba cansada y que quería "empezar de cero, empezar de nuevo" , razón por la cual había aceptado el acuerdo.
III. Al evacuar la vista conferida, la representante del Ministerio Público Fiscal, Dra. Silvia Gremes, se opuso a la extinción de la acción penal pretendida.
En primer lugar, sostuvo que el art. 59 inc. 6° del Código Penal incorporó la reparación integral del daño como mecanismo general de extinción de la acción penal y la vinculó con los paradigmas de justicia restaurativa y solución alternativa de conflictos.
No obstante ello, consideró que, tratándose en el caso de una imputación por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, la Ley 26.485 y los compromisos internacionales asumidos por el Estado impedían admitir la solución pretendida en las circunstancias concretas de la causa.
La Fiscal ponderó, además, las constancias anteriores de la causa, entre ellas manifestaciones efectuadas por Harms Ríos en cuanto al temor que habría experimentado respecto del imputado y un informe del Centro de Asistencia a la Víctima en el que se habían consignado indicadores compatibles con un contexto de violencia de género, así como consecuencias que dicha situación habría provocado en los hijos de la pareja.
Consideró también que subsistían indicadores de violencia económica y factores de riesgo que impedían dar por finalizado el proceso del modo solicitado.
Destacó, asimismo, el rol preponderante del Ministerio Público Fiscal como titular de la acción penal pública, con cita de los arts. 6 y 56 del C.P.P. y de la Ley 14.442, y sostuvo que el caso debía analizarse con un enfoque integrado de género y niñez.
Finalmente, con sustento en la Ley 26.485, la Convención de Belém do Pará y los precedentes que citó, solicitó que se rechazara la petición y se diera curso al acuerdo de juicio abreviado anteriormente presentado.
IV. Con fecha 20 de octubre de 2025, la titular del Juzgado en lo Correccional nro. 2 departamental rechazó el pedido de extinción de la acción penal.
Para así resolver, consideró inicialmente que, tratándose de un delito cuya acción había devenido pública, la eficacia de los acuerdos realizados entre las partes debía contemplar la necesaria intervención del Ministerio Público Fiscal y que la salida pretendida no podía prosperar sin un dictamen fiscal favorable, debidamente fundado y que superara el control de legalidad y razonabilidad correspondiente.
Expuso que el caso debía ser abordado con perspectiva de género y teniendo también en consideración el superior interés de los niños, en función de las obligaciones asumidas por el Estado argentino a través de la Ley 26.485 y de los instrumentos internacionales aplicables.
Señaló que la voluntad de la víctima debía ser escuchada y ponderada, aunque entendió que aquélla no resultaba por sí sola determinante de la solución que correspondiera adoptar, especialmente frente al deber estatal de investigar y eventualmente sancionar hechos de violencia contra la mujer.
Asimismo, ponderó la situación económica manifestada por Harms Ríos y consideró que el agotamiento y las dificultades económicas que atravesaba habían tenido incidencia en la aceptación del acuerdo.
Por otra parte, la magistrada entendió que tampoco se encontraban satisfechos los requisitos propios de una reparación integral en los términos invocados por la Defensa.
En ese sentido, señaló que una parte sustancial de los acuerdos celebrados entre las partes versaba sobre derechos derivados de la ruptura convivencial y obligaciones emergentes de la responsabilidad parental, de modo que no resultaba posible considerar, por esa sola circunstancia, que se hubieran reparado integralmente las consecuencias del ilícito penal objeto del proceso.
En consecuencia, resolvió rechazar la extinción de la acción penal solicitada respecto de Daniel Alejandro Russoniello, tener presente la reserva del caso federal formulada por la Defensa y tener por desistida a Verónica Harms Ríos de su rol de particular damnificada.
V. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación el Dr. Fabián Lértora, defensor particular de Daniel Alejandro Russoniello.
El recurrente sostuvo, en primer término, que la oposición del Ministerio Público Fiscal resultaba arbitraria y se encontraba viciada de nulidad, y que tales defectos habían sido trasladados a la resolución judicial que se apoyó en dicho dictamen para rechazar la petición formulada.
Afirmó que la Fiscalía había efectuado una interpretación incorrecta de la normativa aplicable al sostener que la Ley 26.485 y la reforma introducida por la Ley 27.147 impedían la reparación integral en los casos de violencia de género.
En particular, indicó que el art. 28 de la Ley 26.485 se limita a establecer una prohibición respecto de las audiencias de mediación o conciliación, sin comprender a la reparación integral prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal, por lo que consideró que se habían confundido institutos jurídicos diferentes.
Sostuvo, asimismo, que la reparación integral constituye una causal sustantiva y autónoma de extinción de la acción penal y que, una vez verificada, opera independientemente de la voluntad del Ministerio Público Fiscal, a diferencia de los criterios de oportunidad que sí se encuentran sujetos a su intervención.
Cuestionó también que la oposición fiscal se hubiera sustentado en circunstancias anteriores al acuerdo alcanzado por las partes, sin valorar suficientemente la modificación posterior de la situación, la conformidad prestada por Harms Ríos, los acuerdos familiares celebrados y el inicio del proceso de revinculación de Russoniello con sus hijos.
En ese orden, denunció una inadecuada ponderación de los derechos e intereses involucrados y sostuvo que debía atenderse especialmente a la voluntad expresamente manifestada por la víctima, al interés de los hijos comunes y a la solución global alcanzada por las partes.
Invocó en apoyo de su postura precedentes del Tribunal de Casación Penal que, según sostuvo, imponen analizar las circunstancias particulares de cada caso y evitan la aplicación automática de soluciones generales derivadas exclusivamente de la existencia de un contexto de violencia de género.
También cuestionó la aplicación automática del precedente "Góngora", al considerar que se trataba de un supuesto sustancialmente diferente, relacionado con una suspensión del proceso a prueba y con hechos de distinta naturaleza.
En esa línea, sostuvo que en el presente caso la propia damnificada había considerado reparados los perjuicios derivados del hecho e invocó que la reparación integral podía operar como un equivalente funcional de la pena.
Finalmente, afirmó que condicionar la procedencia del art. 59 inc. 6° del Código Penal a la conformidad del Ministerio Público Fiscal implicaba incorporar un requisito no previsto legalmente, con afectación de los principios de legalidad y debido proceso.
Por tales razones solicitó la nulidad de la contestación de la vista fiscal y de la resolución recurrida y, en definitiva, que se hiciera lugar a la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio.
VI. Ante el recurso impetrado, intervino la Sala III de esta Cámara Penal de San Isidro y declaró inadmisible el recurso de apelación. Así fue que contra dicho pronunciamiento, la Defensa interpuso recurso de casación, la que recayó en la Sala III del Tribunal de Casación Penal en la causa nro. 147.038, caratulada "Russoniello, Daniel Alejandro s/ queja".
En consecuencia, mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2026, integrada por los Dres. Víctor Horacio Violini y Manuel Bouchoux, resolvió declarar admisible la queja intentada y procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas; casar el auto impugnado y devolver jurisdicción a esta Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro a efectos de que ingrese al fondo de los agravios planteados en el recurso de apelación.
VIII. Sentado lo anterior y encontrándose firme el pronunciamiento del Tribunal de Casación Penal que dispuso el ingreso al fondo de los agravios planteados por la Defensa, corresponde determinar si, en las particulares circunstancias verificadas en autos, resulta procedente la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal.
Adelanto que habré de responder afirmativamente a dicha cuestión.
En primer lugar, corresponde señalar que nuestro ordenamiento jurídico no posee una disposición que establezca, de manera expresa y con carácter general, la improcedencia de la reparación integral prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal cuando el hecho investigado se encuentre enmarcado en un contexto de violencia de género.
En efecto, el citado artículo establece que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, sin introducir distinción alguna en función de la naturaleza del delito ni excluir expresamente aquellos cometidos en un contexto de violencia contra la mujer.
Cabe señalar que el legislador incorporó tal causal extintiva al Código Penal -conf. Ley nro. 27.147 sancionada en el año 2015- con posterioridad tanto a la incorporación al derecho interno de la Convención de Belém do Pará como al dictado de la Ley nro. 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sin establecer una exclusión específica para estos supuestos.
No paso de soslayo que el cuerpo normativo citado contiene disposiciones dirigidas a impedir mecanismos de mediación o conciliación en materia de violencia contra las mujeres. Así, su art. 28 prohíbe las audiencias de mediación o conciliación dentro del procedimiento allí regulado y su art. 9 inc. e) propicia modelos de abordaje que no contemplen formas de mediación o negociación.
Sin embargo, de tales previsiones no puede derivarse una prohibición absoluta respecto de la causal autónoma de extinción por reparación integral posteriormente incorporada al art. 59 inc. 6° del Código Penal.
La conciliación y la reparación integral, aunque puedan concurrir en un mismo caso, constituyen institutos jurídicos diferenciables. Mientras la primera se estructura necesariamente sobre un acuerdo bilateral destinado a componer el conflicto, la reparación integral se encuentra dirigida a satisfacer las consecuencias producidas por el hecho ilícito y puede operar con autonomía respecto de aquella.
Que en el presente caso la reparación haya sido instrumentada dentro de un acuerdo más amplio y cuente con la expresa conformidad de la damnificada no modifica, a mi entender, su encuadre jurídico como causal de extinción prevista por el art. 59 inc. 6° del Código Penal, ni permite trasladar automáticamente a dicho instituto las prohibiciones establecidas para la mediación o conciliación.
Desde luego, ello no significa desatender las obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de violencia contra la mujer. La Convención de Belém do Pará impone el deber de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar tales conductas, adoptar procedimientos legales justos y eficaces y asegurar a la mujer el acceso efectivo al resarcimiento y a la reparación del daño. Esas obligaciones deben necesariamente integrar la interpretación y aplicación de los institutos previstos por el derecho interno.
Sin embargo, una cosa es que tales compromisos convencionales impongan efectuar una interpretación sistemática y armónica del instituto, atendiendo especialmente a las circunstancias concretas del caso, a la situación de la víctima, a la eventual existencia de relaciones desiguales de poder y a la necesidad de evitar soluciones que puedan traducirse en impunidad o revictimización; y otra distinta es derivar de ellos una prohibición general y automática que el legislador no ha establecido.
Ante este marco, entiendo que la circunstancia de encontrarnos frente a un hecho cometido en un contexto de violencia de género no constituye, por sí sola, un impedimento legal para la aplicación del art. 59 inc. 6° del Código Penal, sino que deberá ser evaluada al analizar la procedencia del instituto en el caso concreto, pero no puede operar como una causal abstracta y genérica de exclusión allí donde el ordenamiento no la ha previsto.
Por otro lado, esta cuestión ha sido objeto de una evolución jurisprudencial que no puede ser desatendida.
En este sentido. el criterio tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exteriorizado en el precedente "Góngora", y seguido posteriormente por nuestra Suprema Corte provincial -entre otros, en P. 128.468, "Altuve", sentencia del 12 de abril de 2017-, ha sostenido una línea restrictiva respecto de la suspensión del juicio a prueba en aquellos procesos en los que se investigan hechos comprendidos dentro del concepto de violencia contra la mujer.
Sin embargo, considero que esos precedentes no pueden ser trasladados de manera automática al supuesto que aquí se analiza.
En primer lugar, porque la suspensión del juicio a prueba constituye un instituto distinto de la causal de extinción por reparación integral prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal y posee una regulación propia, entre cuyos requisitos el art. 76 bis contempla expresamente la intervención y consentimiento del Ministerio Público Fiscal en determinados supuestos.
Precisamente, al resolver la causa P. 135.528-RC (resolución del 15/09/2023) la Suprema Corte provincial recordó esa particular configuración normativa de la suspensión del juicio a prueba, pero al mismo tiempo dejó a salvo una consideración que resulta especialmente relevante para el presente caso en cuanto a la idea de que una causa en la que se investiga un hecho de violencia de género no impone ipso facto la negativa a la probation.
En el voto del Dr. Soria, al que adhieren el Dr. Torres y la Dra. Kogan, se señala allí en un obiter dictum que pueden "existir motivos debidamente fundados y circunstanciados a tenor de las constancias relevantes que tornen susceptible de consideración la admisión de la suspensión del juicio a prueba en supuestos prima facie catalogados como violencia de género, a fin de no establecer una proscripción de este instituto desde la generalidad, excluyendo las singularidades que cada conflicto ofrece;(...)" . Si bien en la cuestión de fondo (la causa era sobre un abuso sexual con una niña como víctima) se resolvió en contra de la suspensión, la decisión puso énfasis en la necesidad de evaluar el caso concreto.
En esta misma inteligencia, y profundizando sobre el rol de la damnificada, la Sala V del Tribunal de Casación Penal provincial (causa N° 134.092, "V., J. C.") ha advertido expresamente sobre la preocupación generada por "las respuestas mecánicas aplicadas por las y los operadores judiciales en esta especie de casos" . El Tribunal Casatorio destacó que si bien el precedente "Góngora" cristalizó obligaciones convencionales ineludibles, "su aplicación automática sin contemplar las particularidades del caso, ni atender a los intereses de la víctima, no parece una solución compatible con los objetivos perseguidos por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)" .
Bajo este prisma, el Máximo Tribunal Penal de la Provincia sostuvo que "La perspectiva de género, en definitiva, es la que nos obliga a abandonar las respuestas automáticas y, en un carril sustancialmente opuesto, abordar el análisis de las salidas alternativas al debate oral en razón del estricto análisis de las circunstancias particulares de cada supuesto, los derechos en juego y, fundamentalmente, la opinión de la víctima sobre la decisión final del caso, opinión que las y los operadores judiciales debemos asegurarnos se brinde en un marco de plena autonomía y libertad" .
Ese criterio resulta plenamente aplicable como pauta hermenéutica al presente caso, pues no se trata, entonces, de desconocer la violencia de género como contexto jurídicamente relevante ni de relativizar las obligaciones convencionales asumidas por el Estado, sino de evitar que aquellas obligaciones sean transformadas en una respuesta abstracta que termine por prescindir de la mujer concreta cuyos derechos se pretende proteger.
A partir de esas premisas, entiendo que la situación verificada en autos presenta circunstancias excepcionales que justifican la solución pretendida.
La Sra. Verónica Harms Ríos no ha permanecido ajena al proceso ni aparece como una persona privada de herramientas para hacer valer sus derechos. Desde sus primeros momentos asumió un rol activo, se constituyó como particular damnificada y contó con asesoramiento letrado propio durante el trámite de la causa.
Su participación procesal resulta particularmente significativa si se considera que, con anterioridad al acuerdo cuya eficacia ahora se analiza, había intervenido en un procedimiento encaminado hacia la definición de mérito de la causa mediante un juicio abreviado, en cuyo marco el Ministerio Público Fiscal había solicitado la imposición de una pena de diez meses de prisión de ejecución condicional. Existía, por tanto, una concreta posibilidad de obtener una respuesta penal condenatoria.
Sin embargo, encontrándose disponible esa alternativa, la propia damnificada, asistida por su abogado, manifestó posteriormente su decisión de adoptar una solución diferente, desistió de su rol como particular damnificada y prestó expresa conformidad con la extinción de la acción penal a partir de la reparación alcanzada.
De allí se desprende que la opción por esta vía no se produjo frente a la ausencia de una respuesta estatal posible ni ante un escenario de desprotección procesal. Por el contrario, existía la presentación de un acuerdo abreviado para la imposición de una eventual condena y, aun así, la damnificada optó posteriormente por una solución integral distinta.
A ello se suma que la magistrada de grado la recibió personalmente, le hizo saber el contenido del acuerdo, el trámite del instituto solicitado y sus consecuencias jurídicas, oportunidad en la cual Harms Ríos manifestó comprenderlas y ratificó expresamente su conformidad.
De ese modo, en las concretas circunstancias verificadas en autos, no advierto elementos suficientes para concluir que la voluntad manifestada por la damnificada al momento de prestar conformidad con la reparación se hubiera encontrado condicionada o disminuida por una situación de vulnerabilidad que afectara su capacidad de decisión.
Ello no significa negar la situación de violencia anteriormente denunciada ni desconocer que durante el desarrollo de la relación pudieron haber existido relaciones desiguales de poder. Sino que permite verificar que existen elementos objetivos que conducen a la conclusión que la voluntad exteriorizada fue libre, informada y jurídicamente asistida.
La existencia de necesidades económicas constituye, naturalmente, un elemento que debe ponderarse con especial atención. Pero no considero que pueda derivarse de esa sola circunstancia que una mujer que ha contado durante todo el proceso con asistencia profesional y participación activa carezca de autonomía para decidir qué solución considera más adecuada a sus intereses.
De otro modo, bajo el propósito de protegerla se correría el riesgo de sustituir su voluntad por una valoración estatal abstracta acerca de cuál debería ser su interés, aun cuando ella misma ha exteriorizado de manera informada, reiterada y asistida una decisión diferente.
La perspectiva de género exige garantizar la autonomía de las mujeres y evitar relaciones de subordinación; no puede, sin elementos concretos que lo justifiquen, transformarse en una presunción irrebatible de incapacidad para decidir acerca del modo en que pretenden encauzar el conflicto que las involucra.
A ello se agrega que la solución alcanzada no se limita al aspecto estrictamente patrimonial vinculado al hecho objeto de este proceso, sino que aparece inserta en una composición más amplia del conflicto familiar.
Conforme surge de las constancias reseñadas, las partes abordaron también cuestiones relativas a las obligaciones alimentarias, vivienda, régimen de comunicación y revinculación entre Russoniello y sus hijos.
La propia damnificada explicó ante la magistrada que los asuntos correspondientes al fuero de familia habían sido trabajados por los profesionales respectivos, que se había acordado una cuota alimentaria acorde a las necesidades de los niños, que el imputado asumiría gastos vinculados con la vivienda y que se había iniciado un proceso de revinculación paterno-filial con intervención profesional.
Todo ello impone incorporar también al análisis el interés superior de los niños involucrados (conf. art. 3 CDN).
No se trata de hacer prevalecer una abstracta idea de preservación familiar sobre los derechos de la mujer, ni mucho menos de justificar la continuidad de un vínculo violento en nombre de la familia.
Se trata de advertir que la decisión jurisdiccional proyecta consecuencias sobre una estructura familiar concreta en la que existen hijos menores de edad y respecto de la cual las propias partes han procurado alcanzar soluciones destinadas a reorganizar los aspectos económicos, habitacionales y vinculares del conflicto.
Por ello, la perspectiva de género, la autonomía de la víctima y el interés superior de los niños no deben ser presentados como principios antagónicos, sino integrados en una ponderación armónica que permita arribar a una solución compatible con la totalidad de los derechos involucrados.
En este punto adquiere especial relevancia que la propia Harms Ríos haya explicado que necesitaba terminar con el conflicto, comenzar una nueva etapa y priorizar una solución que, desde su perspectiva, brindara mayor estabilidad a ella y a sus hijos.
Desconocer por completo esa decisión implicaría otorgar a su intervención un valor meramente formal, contrario al derecho que le reconoce el art. 16 de la ley 26.485 a ser oída personalmente y a que su opinión sea efectivamente tenida en cuenta en toda decisión que la afecte.
Resta analizar el alcance de la oposición formulada por el Ministerio Público Fiscal.
Al respecto, no desconozco que el ejercicio de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal ni el interés de orden público comprometido en la persecución de los delitos. Sin embargo, ello no permite conferir a su oposición un carácter vinculante respecto de la causal de extinción prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal cuando ninguna disposición legal establece semejante efecto.
En este sentido, corresponde diferenciar la regla general que rige el ejercicio de la acción penal pública de aquellos supuestos excepcionales en los que el propio ordenamiento jurídico admite mecanismos alternativos de solución del conflicto penal. La reparación integral constituye precisamente una de esas alternativas legalmente previstas y responde a una concepción que, sin desconocer el interés público comprometido por el delito, procura otorgar relevancia a la reparación del daño, a los intereses de la víctima y a la pacificación del conflicto.
De allí que la indisponibilidad de la acción penal pública no pueda ser entendida como un mandato de llevar inexorablemente todo proceso hasta el dictado de una sentencia cuando la propia ley sustantiva contempla expresamente una causal de extinción destinada a brindar una respuesta alternativa al conflicto.
Naturalmente, la postura del Ministerio Público Fiscal debe ser considerada en atención a las funciones que constitucional y legalmente le corresponden, pero su oposición no opera, en este instituto específico, como un impedimento autónomo para la jurisdicción, sino que corresponde examinar la razonabilidad de los fundamentos en los que se sustenta.
Y es precisamente en ese aspecto donde, por las razones desarrolladas en los apartados precedentes, no comparto la conclusión propuesta por la representante del Ministerio Público.
La oposición fiscal parte sustancialmente de considerar que el contexto de violencia de género y las obligaciones convencionales asumidas por el Estado impedirían la aplicación de esta clase de soluciones alternativas. Sin embargo, como ya fuera expuesto, no existe una prohibición normativa específica que excluya la reparación integral por esa sola circunstancia, ni las obligaciones derivadas de la Convención de Belém do Pará autorizan a prescindir de las particularidades que presenta cada conflicto.
En el caso, la especial intervención de la víctima, su voluntad libremente exteriorizada y ratificada ante la jurisdicción, la asistencia letrada con la que contó durante todo el proceso, el contenido integral del acuerdo alcanzado y la incidencia que éste proyecta sobre la situación de sus hijos y la reorganización del grupo familiar constituyen circunstancias excepcionales que, a mi entender, no han sido suficientemente ponderadas por la acusación.
Por ello, admitir ahora una causal legal de extinción sobre la base de una reparación integral, luego de aquella actividad estatal y de la expresa intervención de la víctima, no puede equipararse sin más a tolerar o invisibilizar la violencia denunciada.
Se trata, por el contrario, de otorgar eficacia a una forma de solución que el propio legislador incorporó al ordenamiento penal y que se inserta dentro de los principios propios de la justicia restaurativa y de mínima intervención.
El derecho penal constituye la herramienta más intensa de intervención estatal y, precisamente por ello, su utilización debe permanecer regida por el principio de ultima ratio .
La indisponibilidad de la acción penal pública no puede ser interpretada como un mandato de conducir inexorablemente todo conflicto hasta una sentencia condenatoria cuando el propio ordenamiento jurídico contempla mecanismos legales capaces de reparar las consecuencias del hecho y procurar una solución pacífica del conflicto.
Como señala la doctrina vinculada con el modelo composicional, el proceso penal no sólo debe crear las condiciones para reconstruir los hechos y aplicar el derecho, sino también procurar, cuando ello resulte jurídicamente posible, una respuesta al conflicto de la forma menos violenta posible, colocando nuevamente a la víctima en un lugar central.
Por ello, considero que la oposición fiscal formulada en autos no resulta suficiente para impedir, en este particular supuesto, la aplicación de la causal de extinción prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal.
Por último, en cuanto a la evaluación de la propuesta de reparación integral formulada no debe ser reducida necesariamente a la entrega de una suma dineraria aislada del conflicto del que provino el hecho. Su carácter integral exige precisamente examinar las consecuencias concretas del daño y las medidas dirigidas a recomponer, en cuanto resulte posible, la situación de las personas afectadas.
En autos, la solución presentada no se limitó a obligaciones alimentarias o patrimoniales preexistentes. La resolución de grado dejó consignado que el acuerdo global contemplaba una prestación económica que se encontraba abonada al momento de su celebración y, específicamente, que la Sra. Harms Ríos aceptó un ofrecimiento de sesenta mil dólares estadounidenses respecto de los hechos objeto de la presente causa.
En consecuencia, existe una reparación integrada dentro de un acuerdo más amplio, expresamente aceptada por la afectada, quien manifestó considerarla adecuada para concluir el conflicto y así lo ratificó posteriormente ante la jurisdicción.
Precisamente porque la reparación integral se encuentra concebida como un mecanismo dirigido a satisfacer las consecuencias producidas por el hecho y no como una simple transacción civil, su suficiencia debe analizarse a partir del conflicto real, de los intereses comprometidos y de la satisfacción exteriorizada por la víctima.
Y en este punto adquiere especial relevancia que no sea el imputado quien unilateralmente pretende imponer una determinada valoración del perjuicio, sino que la propia damnificada, con patrocinio letrado y pleno conocimiento de las alternativas procesales disponibles, haya manifestado expresamente sentirse reparada y consentido la extinción de la acción penal.
XV. En definitiva, este tipo de casos exige una especial prudencia y un análisis reforzado de las condiciones en las que la víctima exterioriza su voluntad, de la existencia de relaciones de poder que puedan condicionarla, de la gravedad del hecho, de las consecuencias producidas, de la suficiencia de la reparación y de las restantes obligaciones convencionales a cargo del Estado.
Pero esa exigencia de análisis reforzado no puede convertirse en una prohibición abstracta que el legislador no ha previsto.
Las circunstancias particulares del presente caso -la participación activa y jurídicamente asistida de la damnificada durante todo el proceso; la existencia previa de una respuesta penal encaminada mediante un juicio abreviado; su posterior decisión expresa de privilegiar la reparación integral; la ratificación personal y consciente efectuada ante la magistrada; la satisfacción económica vinculada específicamente con los hechos objeto de autos; la solución integral de aspectos vinculados con sus hijos y la reorganización de la dinámica familiar; y la relevancia que adquiere en ese contexto el interés superior de los niños- permiten concluir que nos encontramos frente a uno de aquellos supuestos excepcionales en los que la aplicación del art. 59 inc. 6° del Código Penal resulta compatible con las obligaciones asumidas por el Estado en materia de violencia de género.
Por ello, considero que la respuesta adecuada al conflicto no pasa, en este caso particular, por imponer la continuidad inexorable de la persecución penal contra la voluntad libremente expresada por quien fue directamente afectada, sino por reconocer eficacia a una solución legal que procura reparar el perjuicio, atender los intereses de la víctima y de sus hijos y contribuir a la pacificación de un conflicto que excede ampliamente la dimensión estrictamente penal.
En consecuencia, corresponde HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la Defensa particular, REVOCAR la resolución dictada el 20 de octubre de 2025 por el Juzgado en lo Correccional nro. 2 departamental y DECLARAR extinguida la acción penal seguida contra Daniel Alejandro Russoniello por reparación integral del perjuicio, disponiendo su sobreseimiento en orden al delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género por el que fuera elevado a juicio. ES MI VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; arts. 59 inc. 6° del C.P.; arts. 6, 86, 87, 106, 321, 323 inc. 1° y 341 del C.P.P.; art. 3 de la CDN; arts. 16 incs. c y d de la ley 26.485).
A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. JUEZ DR. EDUARDO STEPANIUC, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, Dr. Martinez, por sus mismos motivos y fundamentos.
En efecto, no rige en el presente caso una veda legal a la aplicación del instituto previsto en el art. 59 inc. 6° del Código Penal respecto del delito imputado a Daniel A. Russoniello, ni existe una prohibición normativa específica que excluya su procedencia por la circunstancia de haberse desarrollado el hecho en un contexto de violencia de género.
En este sentido, las obligaciones convencionales asumidas por el Estado en materia de violencia contra la mujer deben necesariamente ser ponderadas, pero no imponen por sí solas una prohibición general y automática para la aplicación de la reparación integral, debiendo atenderse a las particularidades que presenta cada caso.
Por ello, teniendo en cuenta que la oposición fiscal no resulta vinculante para la aplicación de este instituto y que, en el caso, aquélla se sustentó principalmente en el contexto de violencia de género y en las obligaciones convencionales asumidas por el Estado, comparto lo señalado por mi colega en cuanto a la especial relevancia que adquiere la intervención de la víctima, quien contó con asistencia letrada y expresó de manera libre y ratificada su voluntad de finalizar el proceso mediante esta solución, dentro de un acuerdo integral que también contempla los intereses de sus hijos.
En tales condiciones, adhiero a la solución propuesta de declarar extinguida la acción penal por reparación integral del perjuicio. ASÍ LO VOTO (arts. 168 y 171 de la C.P.B.A.; art. 106 del C.P.P.).
Por ello, el Tribunal
Por ello, el Tribunal
I. HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el defensor particular, Dr. Fabián Lértora, y REVOCAR la resolución dictada el 20 de octubre de 2025 por el Juzgado en lo Correccional nro. 2 departamental, DECLARANDO EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL por reparación integral del perjuicio seguida respecto de Daniel Alejandro Russoniello en orden al delito de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 59 inc. 6° del C.P.; arts. 6, 86, 87, 321, 323 inc. 1° y 341 del C.P.P.; art. 3 de la CDN; arts. 16 incs. c y d de la ley 26.485)
Regístrese electrónicamente. Notifíquese al Sr. Fiscal General, a la Defensa y al juzgado interviniente. Fecho, devuélvase a la instancia, encomendando a su Secretaría que realice las demás notificaciones que considere pertinentes. Sirva el presente de atenta nota de estilo.-
Firmas
Funcionario firmante: STEPANIUC Juan Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 969-2026
Fin de la sentencia