Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9812 FOLIO Nº 129/131 PROT. ELECT. JR101661I.251
Río Gallegos, 12 de diciembre de 2025.-
La presente causa caratulada "R.S. S/ Desobediencia" (Incidente de regulación de honorarios) - Expte. Nº R-15.482/23 - Apelación/Causa JR Nº 9926/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 06 del presente incidente obra glosada la providencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno, con asiento en la localidad de Puerto San Julián, quien reguló los honorarios profesionales al Dr. E.D.R. en la cantidad de 75 Jus, por haberse desempeñado en el cargo de Conjuez.
Que a fs. 07/08 el Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 17, y acompañó el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P. a fs. 18/19, quedando de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Se agravió la parte recurrente al considerar que la regulación de honorarios a favor del Dr. E.D.R. es –en su perspectiva- excesiva, irrazonable y desproporcionada.
En tal sentido, expresó que las tareas a cargo del Conjuez en los presentes actuados carecen de complejidad, y que el tiempo de trabajo real que le demandó realizar aquellas tareas, no poseen una significancia tal que justifique la regulación de 75 Jus.
Asimismo, entendió que el letrado no ha desplegado una real labor que amerite apartarse del mínimo legal -10 Jus-, ni se vislumbra –a su juicio- que las tareas hubieran tenido mayor extensión. En efecto, afirmó que S.S. ha aplicado erróneamente el art. 83 en relación con el art. 13 de la Ley Provincial Nº 3330.
Del mismo modo afirmó que la suma regulada es desproporcionada, e impone una carga desmedida e injustificada para su representado, afectando gravemente el patrimonio del erario público provincial.
Por todo lo expuesto, solicitó la disminución de los honorarios regulados a favor del Dr. E.D.R., al mínimo establecido por la ley de aranceles para la instancia en la que intervino.
Que en abordaje a la presente impugnación, corresponde señalar que el Magistrado indicó de manera concreta las pautas tomadas en consideración para la fijación de los honorarios del Dr. R.; esto es, el tiempo en el cargo, la especificación de los actos realizados desde que asume su función hasta la culminación de la instrucción, así como los artículos que fundó su determinación (arts. 82 y 83 de la Ley Provincial Nº 3.330), todo ello de conformidad con el art. 13 de la citada ley. Ahora bien, respecto a la suma arribada, debemos decir que concordamos parcialmente con la Fiscalía de Estado en cuanto que el monto regulado es excesivo. En efecto, se advierte una desproporción entre la cantidad fijada por el Magistrado (75 Jus), y las actuaciones llevadas adelante por el letrado en su carácter de Conjuez.
Sin embargo, cabe destacar que el monto solicitado por la parte recurrente (10 Jus) tampoco parece acertado; por el contrario, dicho importe resultaría escaso. Que, si bien es cierto que resulta difícil la tarea de traducir el trabajo del profesional a una determinada suma dineraria, la ley establece los límites máximos y mínimos dentro de los cuáles debe recaer el cálculo de la retribución, y a su vez, fija parámetros adicionales para su regulación, tales como la naturaleza, complejidad y extensión de la labor desarrollada (art. 13 de la Ley provincial Nº 3.330). En el caso bajo estudio, la labor del letrado –según se informa- consistió en completar la instrucción de la causa a partir de la inhibición de la Dra.
A.P.M., lo cual se manifestó en los siguientes actos procesales: asumió el cargo el día 09/10/2023, aceptó la función y se avocó al conocimiento y trámite de las actuaciones; judicializó declaraciones testimoniales; tomó declaración a tres testigos; ordenó la entrega del rodado al imputado; ordenó y libró oficios ley para la ratificación de F.; ordenó y libró oficios de comunicación e inhibición; dispuso la vista prevista en el art. 239 del C.P.P.; y ordenó la notificación de las conclusiones finales hasta el día 16/09/2025, oportunidad en la que decretó su elevación a juicio, clausurando de ese modo la instrucción. Debemos aclarar que, sin perjuicio de no poder contar con el expediente principal en virtud de que al ser requerido se nos hubo de informar desde el Juzgado de Instrucción que fue enviado a la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial y, a la vez, consultada esta última nos informó que todavía no habían recibido aquellas actuaciones, surgen determinadas constancias objetivas que nos ilustran respecto de cuál sería el monto legal y razonable a establecer.
Así, considerando las características de la causa, y teniendo en cuenta el criterio sostenido en esta Alzada, entendemos que el monto que corresponde abonar al letrado es de 40 Jus, suma a la que se arriba tomando en cuenta los parámetros establecidos en el art. 12 de la Ley Nº 3.330 -referidos a abogados particulares- mediante los cuales equiparamos la labor desarrollada por el letrado -en su rol de Conjuez- con la actuación de un defensor ad hoc que habría logrado el sobreseimiento de su defendido, dando en consecuencia, por culminada la instancia instructiva. Que, ya nos hemos pronunciado de idéntica forma en la causa “Agente Fiscal S/ Requiere Instrucción” (incidente de regulación de honorarios) - Expte.
Nº A-10.095/17 - Apelación Nº 8675/23, xxxx indicando: “…esta Alzada entendió que correspondía la regulación de honorarios de 40 Jus ante el despliegue cuantiosas actuaciones por parte de una letrada, en su rol de Jueza Subrogante, y como tal directora del proceso (con la responsabilidad que ello implica), traducidas en la completa instrucción de una causa y su respectiva elevación a juicio…”. Haciendo hincapié en el tema debemos enfatizar que, a nuestro entender, este monto mínimo regulado también se erige como máximo, es decir como techo.
Ello por cuanto no existen discrepancias doctrinarias ni jurisprudenciales en torno a determinadas pautas hermenéuticas que deben ser tenidas en cuenta de manera inexorable para su mensura (Corte Suprema de Justicia de la Nación- “Gobierno Nacional c. N. N. y/o V., J. P.” - 24/03/1987- La Ley Online- AR/JUR/345/1987.). Concretamente, y entre otras, la complejidad de la causa, celeridad procesal y duración del proceso. Se advierte en forma diáfana que desde que se inició la investigación hasta que se decretó la clausura de la instrucción a cargo del Conjuez designado, hubieron de transcurrir dos (2) años aproximadamente.
Que por otra parte, lo que se investiga en el expediente principal de esta incidencia es la presunta comisión del delito de desobediencia (art. 239 del C.P.), el cual tiene previsto una pena de 15 días a un (1) año de prisión.
A la vista está, entonces, que el proceso llevado a cabo en el expediente principal por la índole del delito no podría ser tildado de complejo, que el tiempo que duró la investigación consistió en el doble del estipulado para el máximo de su pena y que, por tanto, la celeridad en la tramitación lejos estuvo de ser la óptima.
En consecuencia, y teniendo en cuenta la labor -ya citada- llevada adelante por el Conjuez, entendemos que el monto que debería serle abonado al Dr. E.D.R. es de 40 Jus.
Asimismo, debemos recordar que “…la Ley Nº 3330, en su Art. 13, le otorga al Juez un margen de discrecionalidad basado en la complejidad de la causa, el resultado obtenido, y el tiempo empleado en la solución del litigio…” ("G., M.J. S/ INCIDENTE DE REGULACION DE HONORARIOS" Expte. Nº 8909/13 Apelación Nº 4569/14, Resolución inscripta al LIBRO LVIII REGISTRO 4580 FOLIO 152/153, de fecha 15 de octubre de 2014).- Atento ello, haremos lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, reduciremos el monto de los honorarios fijados a fs. 06 del presente incidente, en la cantidad de 40 (cuarenta) Jus, por resultar ajustado a derecho.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR la providencia de fs. 06 del presente incidente, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, y en consecuencia reducir la regulación de honorarios profesionales del Dr. E.D.R., en su carácter de Conjuez a la suma de 40 (cuarenta) Jus, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3º)-Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia