Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9073 FOLIO Nº 031/033 PROT. ELECT. JR101751I.242
Río Gallegos, 08 noviembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados “U.R.F.S. S/ Pta. Privación Ilegitima de la Libertad y Amenazas Calificadas” - Expte. Nº 82.877 - Apelación Nº 9240/24, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 84/90vta. obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado RFUS, en orden al delito de “Privación Ilegitima de la Libertad Agravada por cometerse con violencia, Amenazas Calificadas (hecho uno) y Amenazas Simples (hecho dos) todo en concurso real” (Arts. 55, 142 inc. 1 y 149 bis primer párrafo del C.P). Que a fs. 92/95, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 103 (código de validación de 24705448) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
1. La parte recurrente solicita que se declare la extinción de la acción penal por prescripción.
Entiende que ha transcurrido el tiempo suficiente y excesivo para que su defendido haya estado sometido a proceso por el hecho descripto como “hecho dos”, explicando que el máximo de la pena prevista para los delitos de amenazas es de dos años.
Señala la recurrente que tomando en cuenta la fecha presunta de los hechos a saber, 7 de julio de 2021 (respecto al hecho dos por el delito de amenazas) y la fecha en la que se llama a prestar declaración indagatoria el día 9 de agosto del año 2023 (2 años y un mes después) y sin que en ese plazo se haya producido o se ordenen actos procesales relevantes para la interrupción del plazo de prescripción en el proceso, argumentando que se dejó transcurrir el tiempo por un plazo de veinticinco meses, superando el máximo de la pena prevista por el delito en ese hecho. Y cita jurisprudencia a fin de sostener su postura. En consecuencia, estima que dada la magnitud del tiempo transcurrido y la morosidad judicial señalada, a su criterio no imputable a la defensa, solicita a esta Alzada se dicte el sobreseimiento del sr. RFU respecto al hecho dos, debido a la prescripción, según lo previsto por el art. 319 inc. 1 del CPP.
Atento lo planteado por la recurrente advierto que, luego de un análisis de los plazos referidos, la acción penal se encontraría vigente.
Entendemos que si el delito se llevó a cabo con fecha 07/07/2021, el llamado a indagatoria se realizó el 02/12/2022 y considerando que la figura atribuida al imputado es “Amenazas”, art. 149 bis primer párrafo del C.P (6 meses a 2 años de prisión) advierto que la fecha de prescripción del mismo es el 02/12/2024, ello teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 62 inc. 2 del Código Penal: “...Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito (…) no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años…”. De igual modo, y en respuesta a la morosidad judicial señalada por la recurrente, advertimos que surgen de autos reiterados decretos a fin que el imputado comparezca a la audiencia de declaración indagatoria, habiendo dilatado la tramitación de la presente causa por el lapso de aproximadamente siete meses, logrando la instrucción su comparecencia mediante la intimación de declarar su rebeldía e inmediata detención (fs. 74). Así pues, entiendo que la acción penal se encuentra vigente al día de la fecha con lo cual el presente agravio no tendrá acogida favorable.
2. En cuanto al delito de privación ilegítima de la libertad se agravia la defensa por considerar que no se ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y carece de fundamentos para sostener su postura, observándose una valoración errónea o parcializada de la escasa prueba.
Que el análisis de los indicios y las presunciones fueron realizadas en contra de su defendido, en contraposición y desconociéndose la normativa penal vigente, afectando el principio de In dubio pro reo (Art. 4 del CPP).
Plantea que la prueba de cargo recolectada resulta insuficiente a la hora de atribuir a RF la responsabilidad penal como autor material del delito de Privación Ilegítima de la Libertad, ello, atento a la ausencia de testigos presenciales e imparciales que corroboren el extremo de la imputación, siendo la única fuente de prueba los dichos de la pretensa damnificada, indicando que dicho relato debe ser analizado con la mayor rigurosidad posible y su valoración debe ser restrictiva. Desarrolla sobre los requisitos de validez de la declaración de la víctima y concluye en que la resolución recurrida adolece de una evidente orfandad probatoria, principalmente ante la inexistencia de prueba objetiva que corrobore los términos vertidos por la pretensa damnificada.
Daré inicio al abordaje del presente agravio indicando que las probanzas arrimadas a la causa permiten acreditar -con el grado de probabilidad requerido- la responsabilidad de U.
En este sentido, la a quo fundó el ilícito en los dichos de la víctima mediante las denuncias de fs. 03/06vta., 10/12vta. y 14, el informe de situación de riesgo de fs. 07/08, el oficio de fs. 09/vta., la secuencia fotográfica de fs. 16/17, la pericia psicológica de fs. 47/48vta., entre otros.
Explicó la a quo que el poder conviccional de las manifestaciones de FP se robustecen con el informe de riesgo, el cual fue valorado como “riesgo alto”, indicando que el relato de la víctima fue conteste con lo que oportunamente expresó ante la autoridad policial, de igual modo tomó en consideración el acta de constatación de fs. 15/vta. entendiendo que la información hallada es conteste con los dichos de la misma, evidenciado la existencia de violencia física y psicológica por parte del imputado, motivo por el cual aplicó amplitud probatoria al valorar las pruebas. De esta forma, señaló a fs. 88: “...Que así, el análisis de la situación y contexto en que se encontraba la víctima al momento del hecho, contribuyen holgadamente a construir la certeza de que su libertad ambulatoria estaba sometida a la sola voluntad del imputado. En efecto, del relato de la misma surge que logró escapar de la vivienda ante un “descuido” por parte del causante, luego de haber estado encerrada durante un lapso de cinco días…”. Que resulta de suma importancia lo mencionado por la Magistrada a fs. 89: “...Que en este marco, no podemos dejar de considerar la gran cantidad de denuncias existentes en contra del imputado ante la Oficina de Violencia Doméstica del Poder Judicial (O.V.D.) (vr. fs. 9), desprendiéndose que el causante fue denunciado por al menos cuatro víctimas diferentes -todas ellas mujeres-, vislumbrándose claramente un patrón violento y estereotipado de conducta que se reitera en el tiempo con personas del sexo opuesto, reforzando así la veracidad en torno a los dichos de la victima de autos, FP…”. Que esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la a quo, entendiendo que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho y en concordancia con lo prescripto por los arts. 115, 116 y 199 del CPP., por lo que el presente agravio tampoco prosperará, debiendo confirmarse el auto de procesamiento en su integridad.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 84/90vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia