Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala III
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos, sin costas.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de octubre de dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Sala III del Tribunal de Casación Penal, doctores Ricardo Borinsky, Daniel Carral y Carlos A. Natiello, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en la causa número 13.982 (Registro de Presidencia 47.995) caratulada “R., G. D. s/recurso de casación” y su acumulada 13.985 (Registro de Presidencia 48.102) caratulada “C., R. O. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY – CARRAL - NATIELLO.
El Tribunal en lo Criminal nro. 3 de Mar del Plata condenó a G.
D. R. y R. O. C. a cuatro años y seis meses de prisión y diez años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogados, para cada uno, con accesorias legales y costas para ambos, por resultar coautores del delito de estafa.
Contra dicho pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de casación los acusados, ejerciendo su propia defensa, en el caso de C. compartida con su defensor de confianza (fs. 95/130 del presente y 59/68 del legajo nro. 13.985, respectivamente).
El primero trajo los siguientes motivos:
Nulidad de las pruebas obtenidas por el Ministerio Público Fiscal durante la investigación preparatoria -utilizadas para fundar la condena-, a través de la actuación del Dr. Osvaldo Cruz, pues la Suprema Corte invalidó el procedimiento del Consejo de la Magistratura para su designación, dejando sin efecto la aprobación de la terna para el cargo de Agente Fiscal y el Decreto 2829/2001; con lo que el nombrado carecía de competencia.
Nulidad del auto de citación a juicio toda vez que a la fecha de su dictado, se encontraban pendientes de resolución por la Suprema Corte Provincial, el recurso extraordinario federal articulado en el expediente 104.726 y su acumulado 104.301 y la queja traída ante la Sala en la causa nro. 42.713.
La acción penal se encontraba extinguida por prescripción al tiempo del dictado de la sentencia.
Absurda valoración de la prueba.
Las penas impuestas no fueron motivadas y resultan excesivas.
El recurso de C., en tanto se apoyó en los siguientes agravios:
Quebrantamiento de las formas esenciales de la sentencia, falta de fundamentación suficiente y arbitrariedad.
Condena por un hecho impune con la consiguiente infracción al principio de legalidad; y prescripto.
Pena desmesurada y arbitraria.
Radicadas las actuaciones en Sala con debida noticia a las partes y trámite común (fs. 138 y 103 de las causas 13.982 y 13.985, respectivamente) se acumularon, se rechazó la recusación articulada por el acusado Rivas (fs. 176/177 vta. y 182/183), y luego la prueba por él ofrecida (fs. 189/193 vta.).
Designada audiencia de informes que no pudo llevarse a cabo (fs. 206), la Fiscal presentó dictamen (fs. 200/205) por el que solicitó el rechazo de los recursos.
En la finalmente realizada (fs. 213/220 vta.), ambas defensas mantuvieron los motivos de sus respectivas presentaciones, agregando el defensor de C. la notas corrientes a fs. 208/212 vta. El Fiscal, en tanto, mantuvo posición en punto a la improcedencia de los recursos.
El patrocinador del particular damnificado presentó memorial (fs. 221/226 vta.) adhiriendo a la presentación fiscal.
Encontrándose la Sala en condiciones de dictar sentencia definitiva, se trataron y votaron las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Se encuentra extinguida, por prescripción, la acción penal respecto del hecho por el que llegaran condenados G. D. R. y R. O.
C.?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
Si en el caso, a través de un conjunto de maniobras engañosas que incluyó la interposición de una demanda falsa al carecer de representación de los actores, la innecesaria articulación de una excepción que ya estaba contenida en la anterior, la sustracción del expediente a fin de que no se advirtiera la falsificación de la firma del apoderado del sindicato demandado cuya reconstrucción se efectuó sin anoticiar a la demandada; los acusados concretaron la finalidad perseguida desde el inicio de obtener que el juez en lo civil ordenara el pago de honorarios, disponiendo a fin de asegurar su cobro, un embargo que inmovilizó una cifra cercana a los 480.000 pesos del patrimonio de la parte demandada por más de diez años; el hecho está consumado (arg. del artículo 172 del Código Penal). Poco importa si esa suma resulta o no irrelevante en comparación con el patrimonio total del Sindicato perjudicado ya que la alegada insignificancia no resulta un parámetro válido para verificar el perfeccionamiento o no del delito atribuido a los acusados pues, por lo dicho, reitero, el perjuicio se verificó.
Luego, si la estafa debe considerarse consumada, el plazo de extinción de la acción es el máximo de la escala prevista para el delito esto, es, seis años, y, no habiendo transcurrido entre la requisitoria de elevación a juicio del 21 de junio de 2005 y la sentencia condenatoria del 28 de marzo de 2011 -últimos actos con carácter interruptor- ni desde esta última, la acción se encuentra vigente -como ya resolviera la Sala en el expediente 42.713 que recuerda la Fiscal en su escrito de fs. 200/205- y el motivo decae (artículos 18 de la Constitución Nacional; 8.2.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 59 inciso 3ro. y 62 inciso 2do. del Código Penal).
Pero como la mayoría de este Acuerdo decide lo contrario, me limito a salvar el voto en este punto. ASÍ LO VOTO.
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. A un lado la dilación indebida de la tramitación del presente recurso atendiendo la fecha de la Audiencia y los plazos que rigen al efecto, abro disidencia respecto del sufragio suscripto por el colega que lidera el acuerdo, doctor Ricardo Borinsky.
Evaluado que fue el legajo recursivo, en esencia: la sentencia de condena dictada por el tribunal de mérito y las presentaciones recursivas, así como también habiéndose celebrado la audiencia en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal; estimo que en función del evento que se acreditó en el proceso, corresponde declarar la prescripción de la acción penal en orden al delito de estafa en grado de tentativa.
Por su carácter preliminar, he de analizar en primer lugar los hechos que el “a quo” tuvo por probado, para entonces señalar las cuestiones referentes a la subsunción legal que conforme adelanté corresponde asignarle a la conducta reprochada a R. y C. en carácter de coautores responsables (estafa procesal en grado de tentativa).
II. El tribunal de mérito, tras sustanciarse el juicio dio por acreditado que G. D. R. y R. O. C. –ambos de profesión abogados- actuaron de manera conjunta y coordinada con el propósito de defraudar los intereses de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA).
En tal sentido, los sentenciantes dieron por probado que: “…el 11 de septiembre de 2001, G. D. R. interpuso demanda por resolución de contrato contra la UTA, reclamando la suma de $2.794.540 con más intereses, quedando radicados dichos autos ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 4 del Departamento Judicial Mar del Plata. En esa ocasión, el letrado dijo representar a cuarenta y dos suscriptores a un plan de viviendas cuando en realidad ellos no le habían conferido poder a tal efecto. En dichos autos se corrió traslado a la accionada y su apoderado, el Abogado W. H. C., le envió la “Contestación de Demanda” al abogado local R. O. C. para que la presentara (en esa pieza se constituía domicilio en el estudio de éste último, que se limitaba a firmar los escritos que le llegaban confeccionados).
C. presentó la “Contestación de la demanda” y en el mismo acto, sin conocimiento ni autorización de C. y con el sólo propósito de generar honorarios profesionales para sí y para el abogado de la actora, presentó un escrito sólo suscripto por él (art. 48 C.P.C.C.) oponiendo una “excepción de prescripción de previo y especial pronunciamiento”. Ello, a pesar de que el escrito “Contesta Demanda” ya contenía el planteo prescriptivo en forma subsidiario a otras argumentaciones de fondo. Cisneros, quien era primo de un Secretario General de la UTA, requirió y obtuvo ratificación de lo actuado por parte de C..
R. y C. utilizaron la firma aclaratorio de ese escrito de ratificación y mediante un proceso de “fotocomposición” crearon un instrumento falso que presentaron en el trámite del expediente civil sin que ni el Juez ni sus colaboradores adviertan que la “firma” de C. era una fotocopia. En esa pieza “C.”, R. y C. desistían del proceso y solicitaban regulación de honorarios en base al monto reclamado en la demanda. Como consecuencia de la maniobra, el 22/5/2002 el juez fijó los siguientes honorarios: Por la incidencia (R.: $50.300), (C.: $10.735) y (C.: $21.475); por el resto de las actuaciones: (R.: $176.055), (C.: $83.835) y (C.: $167.670). Luego de ello R. retiró el expediente del Juzgado y a los pocos días se presentó denunciado falsamente que le habían sustraído su camioneta junto con los autos civiles que estaba en su interior. Iniciado el proceso de reconstrucción, se libró cédula de notificación al domicilio constituido por la demandada (E. R. …. de M. d. P.) intimándole a que se pronunciara sobre las copias acompañadas por R. en “representación” de la actora. La cédula llegó así al estudio de C. quien, conforme el plan, dejó transcurrir el plazo fijado sin efectuar ninguna presentación en el expediente civil y sin comunicar a C. lo ocurrido con los autos.
En la creencia de haber disimulado la causa ilícita de la obligación, R. y C. promovieron la ejecución de honorarios contra la UTA, en cuya tramitación lograron engañar nuevamente al titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 4 obteniendo la traba de embargo sobre cuentas bancarias del gremio, ocasionándole perjuicio patrimonial con la indisponibilidad de importante suma de dinero (Expediente 74.581 por R.: $ 79.613,14; Expediente 74.621 por C.: $ 189.645 con más $ 65.000 en concepto de intereses)…” (fs. 68/69 y vta. del legajo recursivo).
III. Conforme da cuenta el veredicto, los sentenciantes discriminaron las etapas del evento endilgado y la prueba que sirvió de sustento a las mismas. Así, se individualizaron etapas, esto es: 1) la “Demanda” 2) la oposición de la excepción de prescripción 3) el desistimiento 4) la pérdida del expediente 5) la reconstrucción del expediente y, por último, 6) el registro de llamadas entrantes y salientes en las líneas telefónicas de los acusados.
Luego, el “a quo” analizada la prueba a través del orden expositivo antes referido, el tribunal arribó a la conclusión final, acápite en el cual explicitó los motivos del temperamento adoptado.
VI. Ahora bien, conforme adelanté deviene esencial subrayar que, como consecuencia de las conductas endilgadas a los acusados, el Sr. juez titular del juzgado civil y comercial nº 4 de Mar del Plata dispuso la traba de embargos sobre cuentas bancarias del gremio. En mi opinión, tal medida de carácter cautelar, representa una etapa previa a la disposición patrimonial dado que, aunque resulte sobreabundante, no medió desplazamiento patrimonial alguno.
Existe consenso doctrinario, respecto de que la estafa procesal se trata de una modalidad incluida en la descripción del artículo 172 del Código Penal, y tal delito exige la utilización ardidosa de la jurisdicción que, inducida a error, efectúa un pronunciamiento perjudicial que produce desplazamiento patrimonial ilegítimo.
A modo de aproximación, cabe puntualizar que, en este delito, conocido en doctrina como estafa en triángulo “...la víctima del engaño es el juez, y el ofendido por la estafa la persona a quien afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de la propiedad...” (Donna, Edgardo Alberto, “Derecho Penal, Parte Especial T.II-B, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 322).
Desde análoga perspectiva, Gladys N. Romero explica que el delito de estafa, ya en su modalidad general, se caracteriza por que la víctima dispone de la cosa como consecuencia del error en que fue inducida por el agente activo, en provecho de éste (pág. 221 “Delito de Estafa Análisis de modernas conductas típicas de estafa – Nuevas formas de ardid o engaño. 2º edición actualizada y ampliada. Ed. Hammurabi 1998).
Continúa la citada autora, y refiere que “…La estafa procesal es un caso de desdoblamiento entre la víctima del engaño y el ofendido por la estafa: víctima del engaño es el juez, y ofendido por la estafa es la persona a la que afecta la sentencia o resolución judicial dispositiva de la propiedad. (Pág. 239 /245 Ob. cit.). Destaca en la obra, el aporte que efectuó Cerezo Mir y posteriormente Oliva García. Este último autor estima que, “en definitiva, la estafa procesal no es un delito nuevo o distinto de la estafa común. No consiste en un hecho concreto y determinado que deba ser previsto en los códigos por su peligrosidad, sino simplemente en una conducta engañosa desarrollada en el curso de un procedimiento civil, administrativo o penal eventualmente dirigida a obtener un lucro con daño ajeno, a través de la resolución injusta que por error dicta el juez. Es, sin más una estafa cometida en un proceso.
Caracteriza al delito en trato, la circunstancia de que debe evidenciar un engaño idóneo para producir error en el juez que motive una decisión dispositiva patrimonial, en perjuicio de la otra parte o de un tercero. En rigor de verdad, conforme adelanté, la resolución del magistrado relativa a embargar una significativa suma de dinero propiedad del gremio, indefectiblemente se trata de una etapa anterior al desplazamiento patrimonial que, insisto, en el caso, no sucedió.
Sintéticamente, para que el delito se tenga por configurado se requiere: la existencia de un expediente judicial donde se materialice el engaño, la inducción a error por su medio y una disposición patrimonial perjudicial, en estricta relación de causalidad con el engaño, como consecuencia directa de estos elementos. En suma, se trata de la utilización de la jurisdicción como medio para lograr un beneficio económicamente, causando un perjuicio a otro mediando un desplazamiento patrimonial. Sobre el punto en examen, la Casación Nacional expuso “…En idéntico sentido se ha sostenido que “la tentativa se configura con la sola presentación que tiende a engañar al juez. La estafa es un delito material en que la consumación depende de la producción del resultado de la acción. Quien hace lo necesario para procurar un daño y un provecho sin lograrlo por causas ajenas a su voluntad, completa la consumación subjetiva, vale decir comete estafa en grado de conato” –voto de la Sra. Jueza Ana María Figueroa en causa número 15.603 (Reg. 63/13 Sala II– C.F.C.P “Amuchástegui Astrada, Miguel Enrique s/ recurso de casación “Cámara Nacional de Casación Penal-.
No huelga destacar que, si bien el error integra el engaño, él es a su vez el elemento subjetivo que posibilita la disposición patrimonial, con lo que se concluye que todos los actos anteriores al error son preparatorios; los subsiguientes referentes a la disposición patrimonial integran la tentativa, y sólo con la entrega del objeto material del delito se consuma la figura del delito de estafa, ya que no es un delito de pura acción sino de resultado. El Profesor Kindhäuser es quien a través de sus investigaciones en materia de delitos patrimoniales, extendidas históricamente en el tiempo, ofrece algunas pautas de análisis que contribuyen a reforzar estos argumentos. En efecto, ha señalado que “Una pauta adicional para la determinación del elemento del perjuicio deriva de la estructura de delito de la estafa. La estafa no se agota en la lesión del patrimonio, sino que exige el desplazamiento de un elemento patrimonial cuya pérdida, que ha de verse como perjuicio, le aporte a otro una ventaja” (KIndhäuser, Urs; “Sobre el perjuicio Patrimonial en la Estafa”, en Estudios de Derecho Penal Patrimonial, traducción de Nuria Pastor Muñoz, Editorial Grijley, 1era edición, Lima, Perú, Julio de 2002).
Desde ese atalaya se ofrece una comparación de innegable aporte a la discusión. En ese andarivel se ha señalado que si en la extorsión a nadie se le ocurriría tener por consumado el ilícito hasta tanto el sujeto activo no tenga un mínimo de disponibilidad sobre el objeto que hace a la lesión patrimonial que exige esta figura, de plural cobertura en términos de bienes jurídicos (Libertad-Patrimonio) no hay razón alguna para efectuar un análisis distinto en la Estafa como en cualquier otra figura donde la lesión patrimonial esté caracterizada por la disposición patrimonialmente perjudicial. Entre tanto, esta es una de las consecuencias que conlleva lo que en definitiva no deja de ser una estafa genérica del art.172 del plexo sustantivo, al menos, hasta tanto se independice su regulación regulándose la problemática específica de la “estafa procesal”.
Esta discusión también se ha planteado en España, tal es así que en el año 2010 una reforma al Código Penal receptó la figura específica del fraude procesal, con una estructura propia y exigencias que la diferencian del tipo básico de estafa.
Así lo recuerda el Supremo Tribunal Español en su sentencia del 2 de Julio de 2013, mediante la cual se estima procedente un motivo de casación vinculado a un “error iuris”, señalando al respecto “Hay que estar a la tipificación de la estafa procesal existente en el momento en que se produjeron los hechos antes de la reforma de 2010. La Ley Orgánica 5/2010 ha remodelado ese tipo agravado perfilando sus contornos lo que permite a partir de su entrada en vigor acoger casos como el presente. Antes de tal reforma la estafa procesal se construía sobre la base de todos los elementos típicos del delito genérico de estafa: engaño, error, y acto de disposición que comportaba un desplazamiento patrimonial (empobrecimiento de la víctima y correlativo enriquecimiento del autor) (art. 248)”.(el destacado es propio, Nºde Resolución: 684/2013,Procedimiento: RECURSO CASACIÓN, Ponente: ANTONIO DEL MORAL GARCIA).
Ya en nuestro derecho interno, con la aclaración que no ofrece diferencias respecto de las estructuras fradudatorias antes señaladas, Julio C. Báez destaca que la provisoriedad constituye uno de los rasgos distintivos de las medidas cautelares, esto es, se tratan de actos procesales anticipatorios de la sentencia definitiva. Continúa el autor y precisa “…(a)hora bien, nos preguntamos ¿si una de las partes, mediante el despliegue de un artificio, obtiene del judicante una medida cautelar merced al error en que hizo incurrir al juez configura el delito de estafa procesal?...”. Al respecto, Báez entiende que la estafa procesal, al igual que la estafa genérica- se consuma en el momento de la tradición patrimonial definitiva, esto es, “…cuando el agraviado ve envilecido su patrimonio merced a la sentencia injusta montada en los embustes del sujeto activo. De allí que estemos persuadidos que la mera obtención de esas medidas procesales anticipatorias a la realización del derecho material, de por sí, no configura el delito de estafa procesal. La obtención de un embargo o de una anotación de litis se encuentra en dos esferas diferentes, cuyas relaciones se define por oposición, respecto de la tradición patrimonial definitiva. Es justamente esa característica de provisoriedad, susceptible de una mejora, ampliación e injusto, dejada sin efecto de la cautela, la que obra como excluyente para abrazar en el mismo conjunto a las medidas cautelares con una disposición patrimonial final. No obstante ello, no lejos estamos de decir que aquellas conductas no describen el tipo objetivo; por el contrario, quien despliega artificios y aporta pruebas falsas y engaña al juez en materia cautelar, bien puede superponer su accionar con un comienzo de ejecución del acto, por lo que nos hallamos frente al caso de un tentativa idónea…” (el subrayado me pertenece). Estafa Procesal. Julio C. Báez. Procesos Judiciales. LA LEY, Pág. 156.
En función de todo lo que llevo dicho, juzgo que se encuentra con suficiencia acreditado que G. D. R. y R. O. C. resultan coautores responsables del delito constitutivo de estafa procesal en grado de tentativa.
VI. A esta altura del examen, observo prudente compulsar el expediente principal, con el propósito de precisar datos del proceso y, entonces verificar si transcurrió el término de prescripción de la acción penal, previsto para el delito atribuido a R. y C.
Así las cosas, encuentro que entre el requerimiento de elevación a juicio y el auto de citación, –actos de carácter interruptivostranscurrió en exceso el lapso de prescripción que rige respecto del delito, a saber cuatro años. Ello así, en consonancia con lo estipulado en los artículos 2, 42, 62, 67 –texto conforme ley 25.990- y 172 del Código Penal. En el proceso en cuestión, (registro del Tribunal de instancia nº 4459), el requerimiento de elevación a juicio tuvo lugar el día 21 de junio de 2005 (fs. 710/746 del cuerpo IV de la I.P.P. nº 130.138); el día 14 del mes de junio de 2010 (fs. 1 de la causa nº 4459) el tribunal efectuó la citación a juicio.
De lo expuesto, sin hesitaciones se evidencia que, transcurrió con creces el plazo de prescripción de la acción penal prevista para el caso que nos ocupa, reitero –cuatro años-; sin que se verifique la ocurrencia de alguna causal de interrupción.
Por lo demás, conforme lo acreditan las constancias expedidas por el Registro Nacional de Reincidencia (vid. fs. 457 y 649 correspondientes a Rivas y Cisneros respectivamente), los causantes no cometieron otro delito.
En consecuencia, he de proponer al acuerdo absolver a G. D.
R. y G. D. R., por encontrarse prescripta la acción penal respecto del delito que considero se acreditó. ASI LO VOTO (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, 8.2.h. de la CADH, 14.5 del PIDCyP, 2, 42, 62, 67 del Código Penal, 210, 448, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal, 28 parte final del decreto ley 8904/77).
A la primera cuestión el señor juez doctor Natiello dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Carral y me pronuncio en igual sentido. ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Borinsky dijo:
De conformidad con el resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos, declarar extinguida, por prescripción, la acción penal en orden al hecho de estafa en grado de tentativa por el que llegaran condenados G. D. R. y R. O. C. absolviéndolos, sin costas, respecto al mismo; y regular los honorarios de los doctores Fabián Améndola y Fernando Burlando en un 20% de las respectivas sumas fijadas en la sentencia de primera instancia, y los del doctor Jorge Alberto Sandro en una suma igual a la que corresponde al primero de los nombrados (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 29 inciso 3ro., 59 inciso 3ro, 62 en función de los artículos 42, 44 y 172, y 67 del Código Penal; 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 28, parte final, del Decreto 8904/77). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión los señores jueces doctores Carral y Natiello dijeron:
Que votan en igual sentido que el doctor Borinsky.
Con lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal, la siguiente S E N T E N C I A I.- HACER LUGAR parcialmente a los recursos interpuestos, sin costas.
ACCIÓN PENAL en orden al hecho de estafa en grado de tentativa por el que llegaran condenados G. D. R. y R. O. C. ABSOLVIÉNDOLOS, sin costas, respecto al mismo.
III. REGULAR los honorarios de los doctores Fabián Améndola y Fernando Burlando en un 20% de las respectivas sumas fijadas en la sentencia de primera instancia, y los del doctor Jorge Alberto Sandro en una suma igual a la que corresponde al primero de los nombrados.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h. de la CADH; 14.5 del PIDCyP; 29 inciso 3ro., 59 inciso 3ro, 62 en función de los artículos 42, 44 y 172, y 67 del Código Penal; 448, 451, 456, 459, 460, 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, remítase al tribunal de primera instancia para su archivo.
FDO.: RICARDO BORINSKY – DANIEL CARRAL – CARLOS ÁNGEL NATIELLO
Ante mi: Carlos Javier Durán
Fin de la sentencia