Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto glosado a fs. 15/26 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2Hacer SABER A LA INSTRUCCION lo consignado en el punto 5) de los considerandos.-
TOMO CLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9853 FOLIO Nº 060/066 PROT. ELECT. JR101702I.261
Río Gallegos, 30 de enero de 2026.-
La presente causa caratulada “R.G.A. S/ HOMICIDIO” Expte. Nº 33714/25, Apelación/Causa JR Nº 9988/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 15/26 de los presentes, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Instrucción N° 3 de Río Gallegos, Dr. G.A.G., quien en el punto I) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de G.A.R., en orden a los delitos de “HOMICIDIO SIMPLE CON EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA", (arts. 45, 79, 34 inc. 6 y 35 y 84 del C.P.); en tanto en el punto II) trabó embargo sobre bienes del nombrado hasta cubrir la suma de pesos tres millones ($ 3.000.000).- Que a fs. 30/33, la Dra. R.C.P. defensa técnica particular, apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 37 sostuvo el recurso (cód. validación d3bcd26) y, habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP -fs. 39/40 y vta.-, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió del pronunciamiento argumentando que el mismo no se ajusta a derecho, resultando a toda luces arbitrario, lo que atenta contra el debido proceso y la defensa en juicio, causando un grave perjuicio a su defendido.-
I. VALORACION FRAGMENTADA Y ARBITRARIA DE LA PRUEBA - ANALISIS EN PARTICULAR DEL HECHO Y EL DELITO IMPUTADO: Expresó acerca de la valoración arbitraria de la prueba, así como su utilización direccionada y selectiva para arribar a una conclusión forzada, orientada desde el inicio de la investigación a declarar al imputado como autor penalmente responsable del delito que oportunamente le fuera imputado.- Indicó una valoración fragmentaria, parcial y sesgada del material probatorio, que condujo a una conclusión errónea y carente de sustento lógico-jurídico.-
Cuestionó la calificación legal; como así también, el informe del laboratorio obrante a fs. 176/177, mencionando que no se han incorporado resultado de pericias sobre el material genético hallado, que permitan establecer la identidad del registro hemático.-
II. PRISION PREVENTIVA - ERRONEA APRECIACION DE LOS RIESGOS PROCESALES: Señaló que la prisión preventiva devino en una decisión arbitraria del A Quo, pues no tuvo en cuenta, con el grado de compromiso requerido para este tipo de situación, las pautas procesales para determinar los límites a la restricción de la libertad de las personas sometidas a proceso penal, más aún teniendo en cuenta la falta de antecedentes penales, domicilio efectivo en la provincia y su condición de propietario.- Sostuvo que el mérito sustativo es uno de los requisitos sine qua non del encarcelamiento preventivo; el hecho de que existan relativas pruebas como para sujetar al imputado al proceso penal, no es suficiente para dictar la prisión preventiva.-
Refirió que no puede tomarse en cuenta para fundar la prisión preventiva, la gravedad del supuesto delito cometido o de los medios comisivos presuntamente utilizados.-
En ese carril argumentativo, dijo que no es posible presumir el peligro procesal ya que esto llevaría a la aberrante consecuencia de que en determinados casos se encarcelaría preventivamente aunque cuando no existe un peligro procesal concreto.-
Determinó que el Sr. D.E.F. (???), cuenta con un firme arraigo dentro de la ciudad; reside hace muchos años en Río Gallegos con último domicilio en P.C. N° xxx de esta ciudad junto a su pareja.-
Mencionó que a pesar de no contar actualmente con un trabajo en relación de dependencia, su defendido ha asistido al GREMIO UOCRA, con la promesa del ingreso a las empresas, firmando mensualmente la planilla de asistencia, única condición para conseguir el puesto laboral, por lo que quedaría demostrado a todas luces, la intención de permanecer en esta provincia.- Hizo mención a la excepcionalidad del encarcelamiento preventivo, es decir, el juez debe agotar en forma previa los medios menos lesivos para el imputado a los fines de evitar que éste eluda el accionar de la justicia o entorpezca la investigación.-
Citó las Reglas de Tokio avalando su postura.-
III. MONTO EXCESIVO Y FALTA DE FUNDAMENTACION A LA HORA DE FIJAR LA CAUTELAR: Objetó el monto dispuesto, por considerarlo excesivo, arbitrario y exorbitante, teniendo en cuenta la situación ocupacional del encartado y sus ingresos mensuales.-
Invocó jurisprudencia y peticionó su adecuación atento a las constancias obrantes en autos.-
IV. Finalmente en la oportunidad de ampliar los agravios (art. 437 del C.P.P.), la recurrente reiteró en primer lugar, acerca de la errónea calificación legal escogida, diciendo que aparece así como forzada, anticipada y carente de sustento probatorio suficiente, configurando un adelantamiento de opinión que vulnera el principio de inocencia y torna inválido el procesamiento dictado.- En segundo lugar, adujo que la instrucción se encuentra manifiestamente inconclusa, con múltiples medidas probatorias pendientes de producción y/o incorporación.-
En tercer lugar, expuso que la resolución apelada incurre en un apartamiento palmario del principio en dubio pro reo, al resolver todas las dudas existentes en perjuicio exclusivo del imputado, sin justificar por qué se descartan hipótesis alternativas compatibles con su inocencia o con una causa de justificación completa.-
En cuarto lugar, insistió que el resolutorio recurrido exhibe una fundamentación meramente aparente, apoyada en afirmaciones genéricas, inferencias dogmáticas y valoraciones parciales del material probatorio.-
Requirió que se revoque el procesamiento dictado y se disponga la falta de mérito, ordenando la prosecución de la investigación; que se deje sin efecto la prisión preventiva.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
1. Pues bien, se advierte desde esta Alzada que la defensa ha consignado erróneamente el nombre del imputado en su presentación -fs. 32 de los presentes-, circunstancia que se deja expresamente aclarada a fin de evitar confusiones, interpretaciones erróneas o eventuales planteos posteriores, debiendo estarse a la correcta identificación que surge de autos.- Ahora bien, hecha esta necesaria salvedad vinculado al nombre del encartado, siendo R.G.A., y comenzando el abordaje de los agravios, vemos que las consideraciones en las que la presentante pretende fundar la supuesta arbitrariedad del auto de mérito en análisis, alegando falta de fundamentación lógica y ausencia de elementos probatorios que acrediten la autoría del imputado, sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto por el Sr. Juez de grado en la decisión recurrida, no logrando acreditar el apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para el caso ni tampoco una decisiva carencia de motivación, circunstancia que -por sí sola-, autoriza a rechazar este primer planteo.- Al respecto la CSJN tiene dicho que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297).-
Por el contrario a lo planteado por la defensa, el pronunciamiento de la Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo, las cuales fueron analizadas de manera conjunta, a la luz de la sana crítica racional, observándose las pautas previstas en los arts. 115, 116 y 199 del CPP, y dando las razones por las que arriba al auto de procesamiento.- Por otro lado, en cuanto a la crítica dirigida al pronunciamiento en función del mérito de las pruebas colectadas, cabe recordar a la defensa que: “...El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...” (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló “...Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...” (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).- En otras palabras, para el dictado de este auto “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).- En el auto recurrido, se ponderó la totalidad de la prueba aunada a la causa, las cuales lo llevaron al dictado del resolutorio recurrido.-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en el mismo; por tal motivo, se rechazará el presente agravio .-
2. En cuanto al/los punto/s destinados a cuestionar la calificación legal atribuida al hecho investigado, cabe señalar que la Instrucción ha expuesto con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta -fs. 15 y vta.-, la razón que lo llevó a encuadrar provisoriamente al hecho en orden al delito de “HOMICIDIO CON EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA" (arts. 45, 79 en función de lo dispuesto en el art. 34 inc. 6 y 35 y 84 del Código Penal); con lo cual, este planteo se presenta como un mero disenso con lo resuelto, sin lograr controvertir lo decidido.- Jurisprudencialmente se ha dicho que, la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase: Cám. Apel.; Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; 28/02/2018; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).-
En este sentido, en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, esta alzada entiende que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y, asimismo, en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando, no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia (criterio asentado en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23, 8488/23 y, recientemente, en Apelación Nº 9577/25, por citar algunas).- Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales..." (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).- En razón de lo expuesto, rechazaremos este punto.-
3. Continuando con el análisis integral del escrito recursivo, en relación al mérito de la prueba reunida, los planteos esgrimidos por la apelante no logran conmover el decisorio impugnado. Ello, toda vez que en autos advertimos que no se trató de la valoración de un único sino de varios elementos probatorios, que interrelacionados entre sí, y a la luz de la sana crítica racional, permitieron al Magistrado arribar al auto de procesamiento de R..- Cabe destacar, que la adecuada valoración de los indicios exige una consideración conjunta de ellos, y no un examen aislado o fragmentario, puesto que la meritación independiente de cada elemento de convicción de esta clase, desnaturaliza las características definitorias de este tipo de prueba.-
Al respecto nuestro Máximo Tribunal, sostuvo: “...cuando se trata de una prueba de presunciones es presupuesto de ella, que cada uno de los indicios, considerados aisladamente, no constituya por sí la plena prueba del hecho al que se vinculan -en cuyo caso no cabría hablar con propiedad de este medio de prueba- y en consecuencia es probable que individualmente considerados sean ambivalentes...” C.S.J.N., “M., S.”, 7/6/88, Fallos 311:948; cfr. T.S.J., Sala Penal, Sent. nº 45, 28/7/98, “S.”; A. 32, 24/2/99, “V.”, A. n° 520, 26/12/01, “L.”; A. n° 176, 7/6/02, “López”; A. n° 1, 2/2/04, “T.”, entre muchos otros). En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: “...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...” (Fallos 300:928; T.S.J.
Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Sumado a ello, debemos referirnos al valor probatorio atribuido al informe forense -cuestionado por la recurrente-, que tampoco prosperará, en razón de haber sido elaborado por funcionarios públicos que no tienen un interés directo en el conflicto, constituyendo su informe verdadero instrumento oficial, que gozan del pleno valor probatorio atribuido por el Juez en el resolutorio.- En cuanto a las pruebas que no estarían incorporadas en el legajo, huelga señalar que, sin perjuicio de la probabilidad requerida en esta etapa de la investigación y del rol del/la juez/a como director/a del proceso, y como en forma reiterada esta Alzada expone a los recurrentes, se considera de suma importancia que la defensa técnica de los incusos mantengan en la investigación judicial un rol activo, a fin de ejercer plenamente su rol defensista.- Al respecto los tribunales manifestaron que “...este Tribunal adelanta que el presente recurso no tendrá acogida favorable en estos actuados pues, como consecuencia de la discrecionalidad técnica de la que goza, el juez de primera instancia, en su carácter de director del proceso, debe disponer la realización de las diligencias probatorias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la etapa instructoria (artículo 193 CPPN).
Dicha facultad implica no sólo decidir con respecto a la realización de una medida de prueba sino también escoger tanto la ocasión como el modo en que deberá producirse aquella. En cuanto a ello, conforme lo establece el artículo 199 CPPN, ha señalado esta Sala en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a diligencias probatorias “queda incluido dentro de las facultades discrecionales del Juez, en virtud de lo normado por el artículo ya citado, resultando las decisiones que se tomen en esa dirección irrecurribles…” (TR LALEY AR/JUR/43899/2018). En el caso de marras, corresponde analizar las diligencias probatorias que sí fueron realizadas, a fin de determinar si las mismas permiten atravesar la etapa regulada por el Art. 289 del C.P.P.: siendo mi respuesta afirmativa, es decir, alcanzan para confirmar el temperamento incriminante adoptado respecto del causante, es decir, que este cuestionamiento de la defensa no tiene asidero.-
4. Que, con relación al encarcelamiento preventivo, debemos señalar que la prisión preventiva fue debidamente abordada por la Jueza luego de disponer el procesamiento, en el considerando IV.- Medidas Cautelares -fs. 25 y vta.-, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas que rigen el principio de inocencia y del debido proceso.- Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones.-
Es que el derecho a permanecer en libertad durante el proceso que alega la defensa, no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.- Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245).-
Esta Alzada concuerda con el A Quo en que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley, entendiendo que las medidas alternativas no son suficientes para asegurar que el imputado no entorpecerá el avance de la investigación.-
La gravedad del hecho y sus consecuencias penales concurren a reputar la privación cautelar de libertad del imputado como absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación del régimen legal aplicable.-
Con lo dicho, quedan desechados los argumentos que constituyen el presente agravio, puesto que entendemos que el A Quo evaluó correctamente la peligrosidad que el sujeto activo demostró con su conducta concreta en el hecho objeto de investigación, logrando acreditar la vulnerabilidad de la víctima y que el riesgo de entorpecimiento procesal no es evitable más que con la medida cautelar de prisión preventiva decretada.-
4. EMBARGO: Por último, la recurrente se agravió del monto dispuesto a la hora de trabar embargo sobre los bienes del imputado como medida precautoria, siendo la suma de pesos tres millones excesiva, arbitraria y exorbitante, máxime si tenemos en cuenta la situación ocupacional del encartado y sus ingresos mensuales.-
Que respecto a este cuestionamiento, no se hará lugar al mismo, toda vez que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento, el magistrado debe ordenar también el embargo de bienes del imputado.-
Cabe recordar a la defensa que el embargo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia, los honorarios profesionales y el resarcimiento por el daño ocasionado, aun cuando el actor civil no se haya constituido como tal, por ser una medida de protección eventual al ejercicio de sus derechos; sin que deba tenerse en cuenta a los fines de su cuantificación, la situación económica de los imputados.- En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).- Y en el caso en estudio, se comparte la determinación del Sr. Juez, advirtiendo que lo dispuesto cumple con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues en el IV) considerando b.- de fs. 25 vta. de los presentes, se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria, y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de tres millones de pesos ($ 3.000.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino.- Asimismo, cabe mencionar que -en coincidencia con lo manifestado por otros tribunales-, entendemos que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).- Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permita apartarnos del criterio seguido por la Instrucción, limitándose genéricamente a calificarlo como excesivo, arbitrario y exorbitante.-
Por ello, rechazaremos este cuestionamiento, por entender que se encuentra debidamente motivado en las disposiciones procesales y su monto no luce desproporcionado dentro del contexto señalado.-
5. Asimismo, y sin que afecte la validez del pronunciamiento atacado, corresponde señalar desde esta Alzada que la Instrucción incurrió en un error material en la consignación del año de la resolución -2021- dictada en los autos de marras, el que deberá ser rectificado por el correcto.-
6. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
7. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Jueza subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 15/26 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER A LA INSTRUCCION lo consignado en el punto 5) de los considerandos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Dra. CECILIA LOPEZ JUEZ SUBROGANTE Juez de Recursos 1ª Circ. Judicial GABRIELA RENEE PHILLPOTT Jefa de Despacho A/C SECRETARIA
Fin de la sentencia