Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, solicita se rechacen los planteos formalizados por la defensa.
IV. Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de los planteos de nulidades formulados por el Sr. Defensor Particular.
En primer término corresponde señalar que surge de las constancias de autos que a fs. 19, el 01 de febrero de 2023, el Sr. Juez de Instrucción ordena la realización de audiencia en cámara gesell, a tenor de lo previsto por el art. 234 bis C.P.P. para la adolescente S. A. G. C.; providencia notificada al Defensor Público Oficial el 03 de febrero siguiente (fs. 19).
Que a fs. 22, en fecha 10 de febrero, la psicóloga interviniente fija fecha para dicho acto para el miércoles 1 de marzo de 2023, y a fs. 23 en fecha 23 de febrero del mismo año el Sr. Juez de Instrucción ordena se realice la medida dispuesta a fs. 19 el día 1 de marzo de 2023 a las 10.00 horas, providencia notificada a la defensa en el día (fs. 23 vta.).
A fs. 26, el 28 de febrero de 2023, el Defensor Público Oficial solicita la suspensión de la audiencia en cámara gesell dispuesta para el día siguiente, hasta tanto se notifique al imputado y pueda designar abogado de su confianza o elegir la defensa pública (arts. 97, 100, 104 C.P.P.)
En la misma fecha, es decir el 28 de febrero de 2023, el Sr. Juez de Instrucción resuelve dicho planteo en los siguientes términos: "...teniendo en cuenta la índole de la presente investigación y que es prioridad promover y garantizar las condiciones de acceso efectivo a …
TOMO: CXXIV REGISTRO: 012 FOLIO: 111/140
Caleta Olivia, 31 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “R. O. H. S/ Infracción al art. 119 del C.P.A” Expte. Nº *****/22, N° de Juzgado de Recursos ****/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 141/152, el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…ordenar el PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de R. O. H., en virtud de lo establecido en el art. 289 y 293 del C.P.P., por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL Y ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL TODO ELLO EN CONCURSO REAL (art. 119, 1er. y 3er. párr. , 54 del C.P.) con respecto a los hechos por el que fuera indagado, ocurrido en la ciudad de Pico Truncado, el día 24 de diciembre de 2022 entre las 04.00 am y las 8.00 am, en perjuicio de la adolescente S. A. G. C., trabando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS ($15.00.600), actualizables (art. 499 y ccs. del C.P.P.)” Contra dicha resolución el Sr. Defensor Particular doctor L. O. C., interpone recurso de apelación a fs. 155/164, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 167. En esta instancia es mantenido a fs. 179 por el Sr. Defensor, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., presenta el informe que autoriza la citada norma procesal a fs. 184/204. De los planteos de nulidades formulados por la defensa, se corre vista al Ministerio Pupilar y al Fiscal de Cámara, en ese orden. Las vistas son evacuadas a fs. 208 por el Ministerio Pupilar y a fs. 218/218 por el Ministerio Público Fiscal. A fs. 220 pasan los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo: AGRAVIO I: Inexistencia de requerimiento de instrucción fiscal respecto de R. O. H.. Nulidad del procesamiento por ausencia de acción penal válidamente ejercida Señala que la resolución recurrida parte de un presupuesto inexistente: no hubo un ejercicio válido de la acción penal contra R. O. H., porque la investigación se inició respecto de una persona distinta.
Que el requerimiento fiscal se dirigió contra una persona identificada como “A. S.”, cuyos datos eran desconocidos, y describió un hecho de abuso sexual solicitando medidas para individualizar al sospechoso. Que la acción penal fue ejercida contra una persona indeterminada, sin que luego se formulara un nuevo requerimiento fiscal contra R. O. H. ni se adecuara formalmente el objeto procesal.
Que el proceso avanzó contra R. O. H. sin un acto acusatorio válido, dejando a la jurisdicción sin el impulso fiscal concreto necesario para actuar respecto de una persona determinada.
Que el requerimiento fiscal fija el objeto del proceso y delimita el hecho, su calificación jurídica y la persona perseguida; el Juez no puede suplir ni ampliar esa función. Que la actuación judicial sin impulso fiscal implica una alteración de la estructura acusatoria, porque el Juez asume funciones propias del órgano acusador y convierte el proceso en una investigación de oficio.
Que no existió un acto posterior del Ministerio Público que imputara concretamente a R. O. H., pese a que se recibió su indagatoria, se produjeron pruebas y se dictó su procesamiento.
Que la intervención posterior del Ministerio Público o la producción de prueba no subsanan la ausencia del requerimiento fiscal, porque este es un acto constitutivo del proceso cuya falta afecta la defensa y la legalidad procesal.
Que el procesamiento modificó además el objeto fáctico original, transformando un episodio atribuido a una persona indeterminada en dos hechos autónomos atribuidos a R. O. H..
Que la resolución carece de base acusatoria válida, vulnera el principio acusatorio, el debido proceso y el derecho de defensa, y queda alcanzada por la nulidad. Solicita se declare la nulidad del procesamiento, porque la investigación se desarrolló sin ejercicio válido de la acción penal respecto de R. O. H..
AGRAVIO II.: Nulidad por afectación del derecho de defensa. Realización de Cámara Gesell pese a oposición de la defensa y ausencia de control efectivo de la Alzada Expresa que el procesamiento se apoya centralmente en la Cámara Gesell, cuya realización fue cuestionada por la defensa mediante recursos que nunca fueron resueltos por la Alzada.
Que la defensa pidió suspender la audiencia, pero el juzgado dispuso realizarla; por ello interpuso reposición con apelación en subsidio, y la apelación fue concedida. Que la validez de la Cámara Gesell quedó sometida a revisión del tribunal superior, pero el proceso continuó sin que existiera una decisión sobre el recurso.
Que la prueba cuestionada fue utilizada para dictar el procesamiento, pese a que todavía no existía una resolución firme sobre su validez.
Que la irregularidad es manifiesta porque se utilizó una prueba irreproducible sin control efectivo de la Alzada, privando a la defensa de la revisión jurisdiccional correspondiente.
Que la Cámara Gesell constituye el eje de la imputación, ya que el procesamiento le atribuye un valor determinante junto con la pericia psicológica.
Que la falta de resolución del recurso afectó directamente el derecho a recurrir, tornando ilusorio el control jurisdiccional solicitado por la defensa. Que la naturaleza irreproducible de la Cámara Gesell agrava el vicio, pues la defensa fue privada tanto de suspender el acto como de obtener un pronunciamiento superior sobre su validez.
Agrega que la deficiente elevación del incidente, posiblemente sin toda la documentación necesaria, profundizó la ausencia de control sobre la prueba cuestionada.
Señala que la utilización de la Cámara Gesell resulta improcedente, porque se produjo pese a la oposición defensiva y se utilizó sin que la apelación hubiera sido resuelta.
Solicita se declare la nulidad del procesamiento, al encontrarse sustentado en una prueba cuyo control jurisdiccional nunca fue efectivamente realizado. AGRAVIO III: Nulidad de la indagatoria por defectuosa delimitación del hecho imputado.
Incongruencia entre imputación y procesamiento Sostiene el defensor que el procesamiento se basa en una reconstrucción fáctica distinta de la imputación formulada en la indagatoria, lo que afecta directamente el derecho de defensa.
Manifiesta que la indagatoria fija el objeto del proceso y permite conocer el hecho atribuido; que por ello, el procesamiento debe mantenerse dentro de los límites fácticos de esa intimación.
Que la imputación describió una única secuencia continua de conductas, sin distinguir hechos independientes ni establecer interrupciones temporales. Que el procesamiento transformó esa secuencia en dos hechos autónomos, calificados como abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal en concurso real. Que la fragmentación del relato alteró sustancialmente el marco defensivo, porque el imputado fue intimado por una secuencia única y procesado por dos delitos distintos.
Que el concurso real exige hechos independientes claramente delimitados, pero la imputación original no distinguió episodios autónomos ni separaciones temporales suficientes.
Que la resolución amplió el objeto del proceso sin una nueva intimación, incorporando una estructura fáctica que no había sido comunicada al imputado.
Que la construcción del concurso real depende de una fragmentación no respaldada por la imputación original, por lo que existe una incongruencia sustancial. Cita doctrina y jurisprudencia de la CSJN ("Tarifeño Francisco")
Agrega que la indagatoria no delimitó dos hechos independientes, por lo que la reconstrucción efectuada por el procesamiento vicia la resolución.
Señala que corresponde declarar la nulidad del procesamiento, porque se sustenta en hechos que exceden los límites de la imputación inicial.
Cita jurisprudencia y expresa que la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que la fragmentación judicial del hecho vulnera la congruencia y el derecho de defensa, generando la nulidad del procesamiento.
AGRAVIO IV: Errónea construcción del acceso carnal. Valoración expansiva de la pericia psicológica y ausencia de corroboración objetiva Alega que la existencia del acceso carnal se fundamenta principalmente en la pericia psicológica, aunque la introducción de dedos no surgiría con claridad del relato inicial ni tendría corroboración objetiva. Que el dato sobre la penetración aparece como una reconstrucción progresiva dentro de la evaluación psicológica, y no como una descripción inicial, precisa y autónoma.
Que la pericia psicológica no prueba hechos materiales, sino que evalúa la coherencia del relato, los indicadores emocionales y su compatibilidad subjetiva con situaciones traumáticas.
Cita doctrina y jurisprudencia.
Refiere que el acceso carnal requiere una constatación material o una descripción clara y autónoma, pero en el caso surge únicamente de una elaboración posterior de la pericia psicológica.
Que el informe médico no registra lesiones ni signos traumáticos compatibles con la penetración digital, por lo que la mera compatibilidad médica no puede convertirse en confirmación indirecta.
Que la resolución construye el acceso carnal exclusivamente a partir de la interpretación psicológica del relato, atribuyendo a la pericia una función que corresponde al Juez.
Que la calificación agravada se basa en una inferencia interpretativa y no en una constatación objetiva, sin alcanzar el grado de probabilidad necesario para procesar.
Solicita se revoque la resolución respecto del acceso carnal o, subsidiariamente, se declare la nulidad del procesamiento por valoración probatoria expansiva. AGRAVIO V: Falta de motivación suficiente y valoración arbitraria de la prueba. Ausencia del grado de probabilidad exigido para el procesamiento.
Señala que la resolución no cumple con el deber de fundamentación, porque aunque es extensa, no efectúa una valoración crítica, concreta e integral de la prueba. Manifiesta que el juzgado enumera los elementos probatorios y construye la hipótesis acusatoria completando vacíos mediante interpretaciones, especialmente respecto del relato y la pericia psicológica. Que el Juez reconstruye el hecho durante la valoración probatoria, en lugar de partir de hechos establecidos y luego aplicarles la calificación jurídica. Señala que la resolución reconoce que inicialmente no se describieron aspectos centrales del hecho, pero igualmente considera acreditados dos delitos, sin alcanzar el estándar de probabilidad requerido.
Que la valoración es fragmentaria, porque privilegia el relato, la comunicación a la madre y la pericia psicológica, sin confrontarlos adecuadamente con la ausencia de corroboración médica.
Que la resolución transforma elementos compatibles en elementos confirmatorios, utilizando la explicación de la madre y la pericia para reforzar la acusación. Que la explicación del imputado fue interpretada de manera incriminante, aunque su versión niega los tocamientos y cualquier contenido sexual, por lo que no constituye una confesión parcial.
Dice que el juzgado afirma la existencia de dos hechos autónomos, pero no explica con precisión cómo se delimita cada uno ni qué prueba demuestra su independencia.
Que la motivación de un procesamiento exige explicar la conexión entre cada prueba y cada elemento del hecho atribuido, lo que no ocurrió en la resolución.
Que el fallo presenta una motivación aparente, porque se apoya en reconstrucciones posteriores, inferencias incriminantes y una pluralidad delictiva no demostrada.
Que la resolución vulnera el deber de motivación previsto por los arts. 116 y 289 y ccs. del C.P.P. y no constituye una derivación razonada del derecho aplicado a las constancias del expediente.
Solicita se revoque el procesamiento o, subsidiariamente, se declare su nulidad por falta de fundamentación suficiente.
AGRAVIO VI: Improcedente aplicación del concurso real. Fragmentación artificial del hecho y ausencia de introducción de dedos.
Sostiene que el procesamiento aplica el concurso real sobre la base de dos hechos -tocamientos e introducción de dedos- cuya diferenciación y acreditación resultan insuficientes.
Expresa que la resolución califica ambos hechos como autónomos, aunque su propia narración describe una única secuencia desarrollada en el mismo contexto. Que la introducción de dedos no aparece claramente acreditada, ya que surge recién en la evaluación psicológica y no fue delimitada en la imputación original. Que el acceso carnal carece de corroboración objetiva, porque no existen lesiones médicas compatibles ni una descripción precisa en la Cámara Gesell.
Que el concurso real exige una pluralidad de hechos independientes, pero no existe tal pluralidad cuando las conductas forman parte de una misma secuencia incierta. Que la resolución transforma una inferencia derivada de la pericia psicológica en un episodio autónomo, construyendo artificialmente dos delitos.
Que la jurisprudencia rechaza el concurso real cuando los tocamientos y la penetración integran una misma secuencia y esta última no está claramente acreditada.
Que la resolución fragmenta un único episodio sobre la base de un hecho no probado con precisión, por lo que la existencia del segundo delito resulta arbitraria. Aduce que concurso real es improcedente, porque la conducta aparece como una secuencia única y la introducción de dedos no se encuentra suficientemente acreditada.
Solicita se revoque el procesamiento respecto del concurso real y del acceso carnal o, subsidiariamente, declarar la nulidad de la resolución.
AGRAVIO VII: Ausencia de probabilidad suficiente para el dictado del procesamiento. Insuficiencia del cuadro indiciario.
Señala que el procesamiento se apoya en un cuadro indiciario débil, insuficiente para acreditar con probabilidad la materialidad del hecho y la participación del imputado.
Refiere que el procesamiento requiere elementos de convicción suficientes, no bastando la mera sospecha o una posibilidad abstracta.
Que la imputación se sostiene en tres elementos principales: el relato de la presunta víctima, la comunicación a la madre y la pericia psicológica. Que el relato presenta imprecisiones y una evolución progresiva, porque aspectos determinantes fueron incorporados recién durante la evaluación psicológica. Que la comunicación de la madre es un testimonio indirecto, que puede constituir un indicio, pero no acredita por sí solo la materialidad del hecho ni el acceso carnal. Que la pericia psicológica no constituye prueba directa, ya que evalúa la coherencia del relato y los indicadores emocionales, pero no determina la ocurrencia del abuso ni la penetración digital.
Que no existe corroboración médica suficiente, dado que el examen físico no registra lesiones ni signos traumáticos compatibles con la introducción de dedos. Que la explicación del imputado ofrece una hipótesis alternativa compatible con la inexistencia de una conducta sexual, que no fue refutada mediante prueba objetiva. Que la valoración conjunta de la prueba revela debilidades relevantes: relato progresivo, testimonio indirecto, pericia limitada y ausencia de corroboración física.
Que el procesamiento no puede basarse en una reconstrucción interpretativa, sino en elementos objetivos que sostengan razonablemente la imputación.
Que no se alcanza el grado de probabilidad suficiente, especialmente respecto del acceso carnal y de la existencia de dos hechos autónomos.
Solicita se revoque el procesamiento y se dicte la falta de mérito o, subsidiariamente, se anule la resolución por falta de fundamentación.
AGRAVIO VIII: Reconstrucción judicial del hecho y alteración del objeto procesal.
Expresa que el auto de procesamiento redefine la estructura fáctica del hecho, incorporando elementos no delimitados en la imputación y construyendo una pluralidad delictiva inexistente en el objeto procesal original.
Que la imputación describió una secuencia única y continua, mientras que la resolución la divide en abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal.
Alega que el Juez transforma una secuencia única en dos episodios independientes, aplicando el concurso real para agravar la imputación.
Cita jurisprudencia y doctrina.
Expresa que la resolución reconstruye el hecho y convierte la introducción de dedos en un episodio autónomo, ampliando el objeto procesal.
Que la modificación afecta el derecho de defensa, porque el imputado fue intimado por una secuencia única y procesado por dos hechos distintos.
Solicita se revoque el procesamiento, por haberse alterado judicialmente el hecho imputado más allá de los límites de la imputación original.
AGRAVIO IX: Arbitrariedad en la valoración de prueba testimonial indirecta y ausencia de corroboración periférica.
Destaca que el procesamiento se apoya principalmente en prueba indirecta, especialmente en el relato de la madre y en la reconstrucción de la pericia psicológica, otorgándoles un alcance excesivo.
Expresa que el testimonio de la madre es de oídas, porque no presenció los hechos y sólo reproduce lo que su hija le habría manifestado.
Que la prueba indirecta requiere corroboración externa, y no puede ser fundamento suficiente por sí sola para una imputación penal.
Que en el caso no existe corroboración periférica suficiente: no hay testigos presenciales, evidencia física ni informe médico compatible con penetración.
Que la resolución utiliza la prueba indirecta como elemento central, desplazando indebidamente el estándar probatorio exigido.
Que el relato de la madre no aporta datos autónomos sobre la introducción de dedos ni permite diferenciar un segundo hecho, porque su conocimiento es derivado. Que la doctrina sostiene que los testimonios de referencia carecen de autonomía probatoria suficiente y deben ser corroborados por elementos independientes. Que la valoración efectuada genera un cuadro probatorio insuficiente, basado en prueba indirecta no corroborada, una pericia limitada y ausencia de evidencia física.
Solicita se revoque el procesamiento, porque la probabilidad del hecho no puede sostenerse en una valoración arbitraria de prueba indirecta sin corroboración periférica.
AGRAVIO X: Embargo sin fundamentación suficiente y exceso en el monto fijado.
Sostiene que el embargo de $15.000.600 fue dispuesto sin explicar el criterio utilizado, su razonabilidad ni su relación con las circunstancias del caso.
Destaca que el embargo es una medida cautelar destinada a asegurar responsabilidades pecuniarias, pero debe estar respaldado por una fundamentación específica y parámetros objetivos.
Que la resolución no indica el daño económico estimado, la eventual reparación civil, el método de cálculo ni las razones de proporcionalidad del monto. Que la ausencia de toda explicación sobre la cuantificación impide controlar la razonabilidad del embargo y torna arbitraria la medida.
Señala que la jurisprudencia exige una motivación concreta del monto, que permita verificar su proporcionalidad y relación con las consecuencias patrimoniales previsibles.
Que el monto resulta excesivo, porque no se acreditó un daño patrimonial directo ni existe una estimación económica que justifique la suma.
Que la medida debe ser proporcional al estado del proceso, y un monto elevado sin justificación constituye una restricción patrimonial indebida.
| Que la falta de motivación del embargo configura un vicio autónomo, porque impide conocer y controlar las razones de la decisión.
Solicita se revoque el embargo o se reduzca a un monto razonable, debidamente justificado conforme a los parámetros legales.
AGRAVIO XI: Imposición del dispositivo de monitoreo electrónico -GPS- sin fundamentación y sin necesidad cautelar. Violación del principio de proporcionalidad. Sostiene que la colocación del GPS fue dispuesta sin fundamentación concreta ni circunstancias objetivas que demostraran su necesidad, por lo que resulta arbitraria y desproporcionada.
Señala que el monitoreo electrónico restringe derechos personales y requiere motivación específica, no pudiendo imponerse automáticamente junto con otras medidas cautelares.
Expresa que la resolución sólo invoca la necesidad de controlar permanentemente las medidas, sin mencionar incumplimientos, intentos de contacto, obstrucciones o riesgos concretos.
Destaca que R. O. H. mantuvo una conducta procesal adecuada: fijó domicilio, designó defensor, compareció, declaró y no incumplió medidas ni se sustrajo de la justicia.
Que la conducta procesal del imputado descarta un riesgo que justifique el monitoreo permanente, pero la resolución no la pondera.
Que las medidas cautelares personales deben basarse en riesgos concretos y respetar la proporcionalidad, procediendo el GPS sólo cuando la prohibición de acercamiento sea insuficiente.
Que la resolución no explica por qué la prohibición de acercamiento resulta insuficiente ni por qué sería necesario un control permanente.
Que el monitoreo electrónico constituye una restricción innecesaria y desproporcionada, al no existir riesgo concreto de incumplimiento.
Solicita se revoque la colocación del GPS, por falta de fundamentación, ausencia de necesidad cautelar y violación del principio de proporcionalidad.
AGRAVIO XII: Errónea calificación legal.
Improcedente configuración del abuso sexual con acceso carnal.
Manifiesta que la calificación como abuso sexual con acceso carnal no se corresponde con los hechos ni con la prueba reunida, incluso bajo la hipótesis más desfavorable para la defensa.
Que el tipo agravado exige acreditar una penetración claramente delimitada y atribuida al imputado, sin que baste una posibilidad o reconstrucción indirecta. Que la introducción de dedos no surge con claridad, porque fue incorporada recién en una etapa posterior de la evaluación psicológica.
Que el relato psicológico menciona la intervención de una tercera persona identificada como “A. S.”, lo que impide atribuir inequívocamente la penetración a R. O. H.. Que la referencia a “A. S.” coincide con el requerimiento fiscal inicial, que dirigía la acción contra una persona desconocida, reforzando la indeterminación del autor.
Que la resolución atribuye la introducción de dedos a R. O. H. sin analizar la ambigüedad del relato, la falta de corroboración médica ni la ausencia de atribución clara. Que la doctrina y la jurisprudencia exigen que el acceso carnal y su autoría surjan de manera concreta e inequívoca, sin apoyarse en inferencias o relatos indeterminados.
Que el acceso carnal no está suficientemente acreditado ni atribuido al imputado, por lo que no corresponde aplicar la calificación agravada.
Que aún si se consideraran acreditados los tocamientos, ello sólo permitiría eventualmente encuadrar la conducta como abuso sexual simple.
Solicita se revoque el procesamiento respecto del abuso sexual con acceso carnal, se subsuma el hecho en abuso sexual simple o se dicte la falta de mérito por insuficiencia probatoria del agravante.
Formula reserva del recurso de casación y reserva del caso federal.
En esta instancia al ampliar fundamentos, sostiene que la resolución recurrida no constituye una simple discrepancia sobre la valoración probatoria, sino que presenta una insuficiencia estructural derivada de irregularidades instructorias, mutaciones retrospectivas de la hipótesis acusatoria, desplazamiento del rol jurisdiccional y afectaciones al debido proceso. Solicita la declaración de nulidad absoluta e insanable de la secuencia instructoria, especialmente de la declaración indagatoria, el auto de procesamiento y los actos procesales dependientes de una instrucción constitucionalmente defectuosa.
Señala que los planteos de nulidad se sustentan en: a) la violación del principio de congruencia y del derecho de defensa; b) la ausencia de un requerimiento fiscal específico contra R. O. H.; y c) la irregular remisión del incidente de apelación relacionado con la audiencia de Cámara Gesell, que impidió una revisión jurisdiccional efectiva.
Subsidiariamente, solicita la revocación íntegra del procesamiento por arbitrariedad valorativa, insuficiencia del estándar de probabilidad, errónea tipificación, utilización impropia de la pericia psicológica, reconstrucción retrospectiva de la acusación e ilegalidad de las medidas cautelares.
Destaca que aún prescindiendo de las nulidades, el material probatorio sería insuficiente para alcanzar la probabilidad positiva necesaria para el procesamiento. Por ello, solicita la falta de mérito conforme al artículo 292 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, junto con el cese del monitoreo GPS y el levantamiento del embargo.
Efectúa consideraciones preliminares sobre el alcance del control jurisdiccional, la perspectiva de género, y sus límites constitucionales de valoración. Sostiene que la revisión del procesamiento debe considerar no sólo la valoración de la prueba, sino también la forma en que la hipótesis acusatoria fue construida, ampliada y consolidada durante la instrucción.
Señala que no desconoce el deber estatal de investigar posibles afectaciones a la integridad sexual, especialmente cuando intervienen personas menores de edad, ni la necesidad de evitar estereotipos y prejuicios. Que, sin embargo, la perspectiva de género no permite sustituir la prueba por inferencias ni flexibilizar las garantías del proceso penal.
Expresa que la resolución no se habría construido sobre una plataforma fáctica estable y corroborada desde el inicio, sino sobre reinterpretaciones, ampliaciones descriptivas y validaciones indirectas que otorgaron apariencia de homogeneidad a una hipótesis progresivamente agravada.
Refiere que juzgar con perspectiva de género exige eliminar prejuicios, pero no reemplazar el estándar de corroboración. Que esta perspectiva puede orientar la investigación, pero no constituye una presunción de veracidad ni exime al Juez de motivar racionalmente su decisión.
Que el precedente “C. D. S/ INF. ART. 119 TERCER PÁRRAFO DEL C.P.”, dictado el 22 de abril de 2026, por este Juez de Recursos, sostuvo que la perspectiva de género obliga a dejar de lado estereotipos, pero no permite modificar arbitrariamente las normas aplicables. Que el mismo precedente estableció que el principio de igualdad no autoriza a dar por acreditados hechos sin información proveniente de la prueba, por lo que la perspectiva de género no puede suplir déficits de corroboración racional.
La defensa afirma que en este caso se utilizó la posterior validación clínica y emocional del relato para fortalecer retrospectivamente una hipótesis que alcanzó su mayor gravedad durante las intervenciones psicológicas posteriores.
Que no se niega la posibilidad de revelaciones progresivas o dificultades narrativas en casos de victimización sexual. Que lo objetable sería que las reformulaciones posteriores se utilizaran para agravar retrospectivamente la imputación y conferir estabilidad a una plataforma fáctica inicialmente más limitada. Que el problema constitucional no es la existencia de ampliaciones posteriores, sino su utilización para reconstruir una hipótesis más gravosa y proyectar sobre las primeras constancias una intensidad incriminatoria que originalmente no tenían.
Cita doctrina, y señala que la perspectiva de género puede impedir lecturas estereotipadas y ampliar la investigación, pero no puede sustituir aquello que el expediente no logra corroborar mediante medios racionalmente controlables.
Que el procesamiento habría otorgado al relato y a la pericia psicológica un alcance corroborativo superior a sus límites, utilizando la evolución narrativa y los indicadores emocionales para reforzar una hipótesis más gravosa que la inicialmente delimitada.
Que el control de Alzada debe partir de que la perspectiva de género y de infancia no suspende la presunción de inocencia, el principio de congruencia ni el derecho de defensa, ni permite reorganizar retrospectivamente la prueba.
Que la jurisprudencia local reconoce que las dificultades probatorias de los delitos contra la integridad sexual no autorizan a abandonar el análisis racional, integral y controlable de la prueba ni a sustituir la corroboración por la fuerza interna del relato o la validación clínica.
Que los agravios no pretenden desconocer la gravedad de los hechos ni los estándares convencionales, sino exigir que la revisión se realice dentro de los límites constitucionales y sobre una plataforma fáctica congruente, estable y corroborada.
La defensa cuestiona que el procesamiento haya transformado una secuencia probatoria fluctuante y parcialmente reconstruida en una imputación de extrema gravedad, con consecuencias sobre la situación procesal, la calificación jurídica y las medidas cautelares. Plantea la nulidad de las indagatorias por violación al principio de congruencia y afectación al derecho de defensa, y la nulidad absoluta del auto de procesamiento, porque la imputación fue reformulada progresivamente durante la investigación, en violación del principio de congruencia y del derecho de defensa reconocidos por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Señala que el artículo 281 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz exige que la intimación penal delimite de forma clara, concreta, circunstanciada y estable el hecho atribuido, dado que la indagatoria constituye una garantía material de conocimiento y contradicción.
Que el análisis cronológico demostraría que R. O. H. fue inicialmente convocado por hechos más acotados que aquellos que luego fundamentaron el procesamiento del 7 de abril de 2026.
Que la denuncia del 24 de diciembre de 2022 se habría referido a supuestos tocamientos superficiales mientras la adolescente dormía, e incluso habría mencionado a un tercero identificado como “A. S.”, sobre cuya base se estructuró inicialmente la defensa. Que posteriormente se recibió una segunda indagatoria destinada a introducir referencias más gravosas. Que ese acto fue declarado nulo por falta de firma, lo que habría provocado su exclusión del universo de actos válidos.
Que la nulidad de la segunda indagatoria no sería una irregularidad ritual, porque el acto pretendía introducir una reformulación sustancial de la hipótesis. Pese a su exclusión, la investigación habría continuado sobre la expansión descriptiva allí incorporada.
Que la nulidad resulta especialmente relevante porque recayó sobre una intimación vinculada con la incorporación del supuesto acceso carnal y la posterior división de la secuencia en dos hechos autónomos. Que la nulidad imponía reconstruir la intimación sobre bases claras y autónomas, pero la investigación continuó sin recomponer ni delimitar establemente el objeto procesal.
Que la tercera indagatoria no habría corregido la irregularidad, sino que incorporó nuevas referencias cada vez más amplias y gravosas, contrariando el artículo 281 del rito provincial.
Que el acto habría mantenido una formulación acumulativa y difusa, sin identificar con precisión las conductas independientes, los hechos autónomos ni la plataforma fáctica concreta de la defensa.
Que la intimación habría superpuesto referencias dispersas, ampliaciones narrativas y reformulaciones que desdibujaron los límites de la imputación.
Que la supuesta penetración digital y la pluralidad de hechos que sostienen el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real no habrían sido introducidas mediante una delimitación clara, estable y lineal.
Que esos extremos habrían adquirido centralidad a partir de reinterpretaciones posteriores y de intervenciones psicológicas incorporadas durante la instrucción.
Que el problema constitucional consiste en que R. O. H. no habría sido informado de manera clara y estable sobre la hipótesis fáctica por la que finalmente fue procesado.
Que el auto de procesamiento habría reorganizado retrospectivamente referencias dispersas y ampliaciones posteriores, construyendo una plataforma de cargo distinta de aquella respecto de la cual se ejerció la defensa.
Que el Juez habría fusionado elementos de distintas etapas instructorias, incluidos informes psicológicos posteriores, otorgando continuidad a una hipótesis cuya gravedad aumentó progresivamente.
Que la expansión descriptiva habría incidido en la agravación de la calificación jurídica, en la construcción del concurso real y en la intensidad de las medidas cautelares.
Que la resolución habría convertido la indagatoria en una formalidad destinada a convalidar una acusación reconstruida durante la investigación, en lugar de utilizarla como garantía de conocimiento y contradicción. Que el precedente “Incidente de Copias en autos: Z. M. A. s/ Recurso de Apelación” habría establecido que las omisiones o vaguedades de la intimación no pueden subsanarse mediante reinterpretaciones retrospectivas al dictar el procesamiento.
La defensa sostiene que el procesamiento no puede completar, reorganizar ni corregir los déficits de la instrucción, pero eso habría ocurrido en el caso. Que la indagatoria habría dejado de ser una garantía constitucional para convertirse en un mecanismo ritual de validación retrospectiva de la acusación.
Que la concatenación de irregularidades habría provocado un perjuicio real, concreto e irreversible, configurando una quiebra estructural del debido proceso y no un defecto formal convalidable.
Por ello, solicita la nulidad absoluta de la indagatoria y, por el efecto expansivo de las nulidades y la exclusión probatoria, la invalidez de todos los actos dependientes, incluido el procesamiento del 7 de abril de 2026. La defensa plantea la falta de promoción de la acción penal pública por ausencia de requerimiento fiscal específico.
Afirma la nulidad de la persecución penal porque el trámite habría avanzado sin un requerimiento fiscal específico, concreto y dirigido contra R. O. H.. Señala que el sistema del Código Procesal Penal de Santa Cruz, particularmente los artículos 172, 174 y 188, reserva al Ministerio Público Fiscal la iniciativa persecutoria y excluye que el Juez asuma funciones acusatorias. Que el requerimiento fiscal delimita el objeto inicial de la investigación y habilita la intervención jurisdiccional.
Dice que el requerimiento fiscal fija el marco inicial de la persecución, determina el objeto de la investigación e individualiza a la persona contra quien se promueve la acción. Su ausencia constituye una alteración estructural del sistema acusatorio.
Que aunque existiría una pieza fiscal impulsora, esta no contendría un requerimiento específico contra R. O. H. respecto de la hipótesis que luego sustentó el procesamiento.
Que pese a esa ausencia, el Juez habría avanzado mediante sucesivas indagatorias y reformulaciones, delimitando y consolidando por sí mismo la hipótesis acusatoria.
Que la secuencia demostraría que el órgano jurisdiccional ocupó un espacio funcional reservado al Ministerio Público Fiscal, reconstruyendo una imputación progresivamente agravada.
Que la ausencia de requerimiento fiscal específico afectaría el principio acusatorio y la garantía del Juez natural, porque el tribunal habría pasado de controlar una acusación a impulsarla y consolidarla.
Cita jurisprudencia.
La defensa sostiene que las actuaciones reproducen esa alteración estructural, pues R. O. H. fue perseguido sin un acto fiscal concreto que delimitara la imputación. Que la investigación se habría iniciado sobre una sospecha dirigida hacia una persona identificada como “A. S.”, reconocida inicialmente como de identidad desconocida.
Que el sistema acusatorio no permitiría que la jurisdicción complete retrospectivamente la falta de individualización ni estabilice tardíamente una imputación. Que el déficit no habría sido subsanado mediante un nuevo requerimiento fiscal autónomo dirigido contra R. O.
H..
Que el requerimiento originario habría promovido la acción respecto de “A. S.” y situado los hechos en la vivienda posterior del domicilio de calle xxxxx N.º **. Luego se realizaron diligencias para determinar la identidad, residencia y circunstancias personales de A. S.. Que posteriormente se indagó y procesó a R. O. H., cuyo domicilio era xxxxx Nº **, sin que existiera un acto fiscal que explicara jurídicamente el cambio de persona investigada.
Que la anomalía surgiría de las propias constancias del expediente, que demostrarían que la Fiscalía no promovió inicialmente la acción contra R. O. H., sino contra una persona cuya identidad debía determinarse. Que las medidas posteriores estuvieron dirigidas a identificar a “A. S.”, pero nunca se habría formulado un nuevo requerimiento fiscal respecto de R. O. H.. Que por ello, solicita la nulidad absoluta del procesamiento y de los actos dependientes de la indebida habilitación instructoria, con reconducción del trámite conforme a las reglas constitucionales y procesales. Plantea irregularidad en la remisión del incidente de apelación.
Expresa que se denuncia un defecto material en la remisión del incidente de apelación concedido a la Defensoría Oficial, que habría afectado el derecho de revisión respecto de la audiencia de Cámara Gesell. Que el entonces defensor oficial, Dr. Marcelo Nieva, interpuso reposición con apelación subsidiaria contra la realización de la Cámara Gesell, cuestionando sus condiciones y solicitando su reprogramación para asegurar el control defensivo.
Que el Juez rechazó la reposición, pero concedió la apelación y ordenó formar y elevar el incidente al Juzgado de Recursos.
Que al verificar el trámite mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas, la defensa constató que el archivo remitido no contenía el recurso del Dr. Nieva, sino documentación ajena vinculada con una presentación de la Dra. Ramos.
Que la irregularidad surgiría de las constancias digitales y del cotejo efectuado mediante el sistema de validación electrónica, donde el incidente elevado aparece incompleto.
Que mientras el recurso se encontraba materialmente desnaturalizado, la Cámara Gesell se realizó y luego fue incorporada como elemento central del procesamiento. Que el defecto no sería un simple error administrativo, sino una privación concreta del control jurisdiccional sobre la regularidad del anticipo jurisdiccional de prueba.
Que la afectación no depende del resultado hipotético del recurso, sino del hecho objetivo de que la apelación concedida nunca recibió tratamiento materialmente válido. Que la irregularidad habría quebrado el circuito recursivo y afectado el derecho de revisión reconocido por el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que la defensa acompaña las constancias del incidente, los registros digitales y los movimientos de elevación, y solicita la verificación de su autenticidad y trazabilidad.
Que la anomalía habría alterado objetivamente el trámite recursivo y afectado el control jurisdiccional sobre una prueba luego utilizada contra R. O. H..
Que la Cámara Gesell habría sido incorporada sin atravesar un control revisor efectivo sobre su regularidad constitucional.
Que el agravio consiste en la privación objetiva del derecho de revisión de un anticipo de prueba que luego tuvo incidencia decisiva en el procesamiento.
Plantea arbitrariedad valorativa en la apreciación de los testimonios y metamorfosis del relato incriminatorio. La defensa denuncia arbitrariedad en la valoración de los testimonios, porque el procesamiento otorgó estabilidad retrospectiva a una plataforma narrativa que evolucionó de manera progresiva y fluctuante.
Que la hipótesis finalmente consolidada no habría sido lineal ni estable desde el inicio, sino producto de sucesivas reformulaciones que aumentaron su intensidad incriminatoria.
Que la denuncia originaria del 24 de diciembre de 2022 describía tocamientos superficiales mientras la adolescente dormía y mencionaba a “A. S.”, configurando una hipótesis más limitada que la del procesamiento. Que las primeras referencias presentaban una modalidad menos gravosa y una coexistencia narrativa vinculada a un tercero, lo que exigía una delimitación subjetiva, cronológica y contextual rigurosa.
Que la complejidad inicial imponía al juzgador explicar cómo las referencias fueron atribuidas finalmente a R. O. H. y no a otra persona.
Que la resolución habría absorbido retrospectivamente toda la evolución narrativa como si desde el inicio existiera una imputación homogénea y claramente individualizada.
Que las manifestaciones de la Sra. C. serían reproducciones de dichos posteriores de la adolescente y, por ello, tendrían limitado alcance corroborativo autónomo.
Que con las intervenciones psicológicas se habrían incorporado referencias a penetración digital y a varios hechos autónomos, elementos que no aparecían inicialmente delimitados.
Que el problema no sería la existencia de variaciones narrativas, sino la manera en que fueron valoradas por el Juez.
Que el procesamiento habría proyectado las ampliaciones posteriores sobre toda la prueba, como si siempre hubieran existido los mismos datos y la misma configuración típica.
Que la hipótesis de tocamientos superficiales habría sido reconstruida como una imputación por acceso carnal reiterado, absorbiendo retrospectivamente las reformulaciones.
Que el auto no habría analizado críticamente cuándo y cómo surgieron las nuevas circunstancias ni sus efectos sobre la estabilidad y confiabilidad del relato. Que el Juez habría reorganizado las referencias y otorgado continuidad a una secuencia que presentaba mutaciones en la modalidad, intensidad y configuración típica.
Que esa metodología sería incompatible con la sana crítica racional, porque la evolución del relato fue utilizada como fortalecimiento de la acusación, en lugar de ser sometida a corroboración.
Que las ampliaciones posteriores habrían operado simultáneamente como hipótesis acusatoria y como mecanismo de autoafirmación.
Que la resolución habría desplazado la corroboración objetiva hacia validaciones psicológicas y emocionales posteriores.
Que los informes médicos del Hospital xxxxx no habrían registrado lesiones genitales, laceraciones, desgarros, espermatozoides ni indicadores biológicos concluyentes compatibles con acceso carnal reciente. Que la resolución habría minimizado esas constancias y privilegiado las reconstrucciones narrativas y clínicas posteriores.
Que la ausencia de elementos periféricos autónomos dejaría la imputación sustentada principalmente en reformulaciones narrativas y validaciones emocionales indirectas.
Cita jurisprudencia, y refiere que el precedente “COCHA” habría reafirmado que la perspectiva de género no permite reemplazar la prueba objetiva por inferencias basadas exclusivamente en la persistencia subjetiva del relato.
Que la hipótesis habría adquirido estabilidad no por una corroboración objetiva uniforme, sino por una reorganización retrospectiva de referencias posteriores. Que por ello, solicita revocar el procesamiento por falta de motivación suficiente y valoración racional de la prueba.
Plantea insuficiencia del grado de probabilidad positiva, subsistencia de un estado de sospecha e imposibilidad de superar el estándar de duda propia de la etapa instructoria.
Señala que aún descartando las nulidades, la prueba reunida sería insuficiente para alcanzar la probabilidad positiva necesaria para dictar procesamiento.
Que la resolución habría construido una apariencia de suficiencia mediante una valoración fragmentada, acumulativa y retrospectiva, incapaz de superar el umbral de una sospecha en evolución exigido por el artículo 290 y concordantes del Código Procesal Penal.
Que persistirían inconsistencias estructurales que impedirían afirmar una hipótesis consolidada respecto de R. O. H..
Que no existiría corroboración médica objetiva de acceso carnal, delimitación estable de los hechos, uniformidad inicial sobre la identidad del autor, individualización clara de hechos independientes ni corroboración periférica suficiente.
Que la resolución se apoyaría principalmente en validaciones retrospectivas, reinterpretaciones psicológicas y reconstrucciones acumulativas.
Que la jurisprudencia nacional exigiría elementos suficientes para una probabilidad positiva seria sobre materialidad y autoría, sin que basten sospechas progresivas o inferencias acumulativas.
Que el procesamiento sería resultado de una investigación aún atravesada por incertidumbres, reformulaciones y déficits objetivos de corroboración.
Por ello, aun descartando las nulidades, entiende que corresponde disponer la falta de mérito conforme al artículo 292 del Código Procesal Penal.
Plantea la utilización expansiva y arbitrariedad de la pericia psicológica; delegación de función jurisdiccional; validación retrospectiva del relato y desplazamiento del análisis probatorio ante la orfandad nominal de la cámara gesell.
Señala que la resolución habría utilizado la intervención psicológica de la Lic. N. B. C. como mecanismo de reconstrucción retrospectiva de la hipótesis incriminatoria.
Que el problema no sería la producción de la pericia, sino el alcance expansivo y estructurante que el Juez le asignó al dictar el procesamiento.
Que la hipótesis inicialmente limitada a tocamientos habría adquirido mayor gravedad a partir de intervenciones psicológicas posteriores.
Que el procesamiento habría incorporado referencias surgidas en entrevistas clínicas y las habría utilizado para dar continuidad histórica a hechos inicialmente no delimitados.
Que las posteriores referencias sobre una modalidad más gravosa habrían sido proyectadas retrospectivamente sobre toda la instrucción.
Que la intervención psicológica habría dejado de ser un elemento auxiliar para ocupar un rol central en la estructuración de la imputación.
Que el informe clínico habría sido utilizado para completar insuficiencias descriptivas y corroborativas del expediente.
Que las entrevistas contenían referencias tanto a R. O. H. como a “A. S.”, lo que exigía diferenciar rigurosamente los episodios y sujetos involucrados. Que la resolución no habría explicado cómo esas referencias coexistentes fueron reorganizadas y atribuidas finalmente a R. O. H..
Que las reformulaciones posteriores habrían sido absorbidas para conferir estabilidad a una secuencia inicialmente no consolidada.
Que los informes médico-forenses no registraron laceraciones, lesiones relevantes ni hallazgos objetivos compatibles con la modalidad típica agravada.
Que el protocolo médico tampoco constató desgarros, espermatozoides ni indicadores biológicos autónomos de acceso carnal reciente, aunque ello no permita descartar por sí solo los hechos denunciados.
Que la insuficiencia de corroboración médico-forense habría sido desplazada hacia indicadores emocionales y clínicos.
Que la duda derivada de la evolución narrativa no habría sido resuelta por prueba periférica objetiva, sino por interpretaciones clínicas posteriores.
Que la pericia psicológica habría recibido un alcance impropio, pues no puede determinar la verdad histórica ni la autoría penal. Sólo permite evaluar aspectos clínicos, expresivos y emocionales.
Que la resolución habría confundido compatibilidad psicológica con corroboración histórica.
Cita jurisprudencia.
Sostiene que la relevancia de ese precedente radica en señalar los riesgos de convertir la intervención psicológica en un mecanismo de estabilización retrospectiva de hipótesis insuficientes.
Que el procesamiento habría utilizado las conclusiones de la Lic. N. B. C. como suplencia corroborativa de una hipótesis inicialmente más restringida.
Que la resolución habría sustituido la falta de corroboración médico-legal por indicadores emocionales y clínicos.
Cita jurisprudencia.
Aduce que la hipótesis incriminatoria habría adquirido estabilidad retrospectiva mediante elaboraciones clínicas posteriores, no mediante corroboración objetiva uniforme.
Invoca errónea tipificación; ausencia de elementos constitutivos del acceso carnal; y arbitraria construcción de un concurso real de delitos.
Sostiene que la calificación de abuso sexual con acceso carnal reiterado en concurso real no estaría respaldada por los elementos exigidos por el artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal.
Que la hipótesis típica agravada habría sido construida mediante una reorganización retrospectiva de elementos inicialmente menos precisos.
Que no se trataría de una simple discrepancia jurídica, sino de la utilización de reformulaciones posteriores para construir una imputación más gravosa. Que la investigación comenzó con referencias a tocamientos superficiales mientras la adolescente dormía. Que la hipótesis inicial no incluía acceso carnal ni pluralidad autónoma de hechos.
Que la primera indagatoria habría mantenido ese marco, sin mencionar penetración digital ni concurso real. Que las referencias a la introducción de dedos habrían surgido posteriormente, durante intervenciones psicológicas, y luego fueron proyectadas sobre la investigación completa.
Que el Juez no habría analizado críticamente la incorporación progresiva de esa circunstancia.
Que el acceso carnal se sustentaría en reformulaciones posteriores y no en una plataforma inicial estable y objetivamente corroborada.
Que la mayor precisión de la modalidad comisiva surgida tardíamente exigía una corroboración especialmente rigurosa.
Que la resolución habría neutralizado los déficits objetivos mediante validaciones psicológicas y narrativas posteriores.
Que los informes médicos registraron indemnidad corporal y ausencia de hallazgos concluyentes compatibles con la modalidad imputada.
Que aunque la falta de lesiones no descarte por sí sola el abuso, sí limitaba la corroboración disponible frente a una hipótesis progresivamente modificada. Que la resolución habría neutralizado la insuficiencia médico-forense mediante referencias emocionales y clínicas.
Que el Juez habría reemplazado el análisis de correspondencia probatoria por una reconstrucción retrospectiva autoafirmativa.
Alega que la jurisprudencia habría advertido sobre los riesgos de convertir la evolución narrativa y las intervenciones interdisciplinarias en corroboración automática.
Cita jurisprudencia.
Además, cuestiona la construcción del concurso real previsto por el artículo 55 del Código Penal.
Dice que el procesamiento habría afirmado la existencia de dos hechos autónomos sin demostrar su independencia típica, temporal y volitiva.
Que la resolución describiría una única secuencia desarrollada en el mismo lugar y durante la misma madrugada, sin explicar por qué correspondería el concurso real y no el concurso ideal.
Que la fragmentación de los hechos parecería artificial y funcional al agravamiento de la imputación. Que la aplicación del concurso real incidiría en la escala penal y en la intensidad de las medidas cautelares. Que la expresión de R. O. H. sobre haberse “confundido” al regresar alcoholizado habría sido utilizada retrospectivamente para validar una imputación más grave que la originalmente vinculada con dicha manifestación. Solicita se desarticule la calificación de acceso carnal reiterado en concurso real y se revoque el procesamiento. Alega desplazamiento del rol jurisdiccional de control, elaboración retrospectiva de la hipótesis acusatoria y suplencia judicial de las debilidades estructurales del legajo.
Señala que el auto de procesamiento no presenta deficiencias valorativas aisladas, sino un desplazamiento del Juez hacia la reorganización y estabilización retrospectiva de la hipótesis acusatoria.
Que la resolución habría absorbido y reconstruido una plataforma que inicialmente carecía de estabilidad, precisión y delimitación típica.
Que las primeras constancias describían tocamientos superficiales mientras la adolescente dormía.
Que la primera indagatoria habría mantenido esa plataforma, sin acceso carnal ni pluralidad delictiva. Que las intervenciones psicológicas y ampliaciones posteriores incorporaron referencias a penetración digital y multiplicidad de episodios.
Que el Juez habría absorbido esas reformulaciones como si constituyeran una única acusación lineal desde el inicio.
Que el magistrado habría dejado de controlar la suficiencia de la acusación para reorganizar las constancias y darle continuidad.
Que la resolución habría utilizado las intervenciones de la Lic. N. B. C. como mecanismos de consolidación histórica de una hipótesis inicialmente limitada. Que el procesamiento habría sustituido una plataforma objetiva y cronológicamente estable por una reorganización retrospectiva.
Que aunque reconocía que algunos extremos adquirieron precisión tardíamente, el Juez habría utilizado esa evolución como fortalecimiento de la acusación. Que la instrucción habría suplido jurisdiccionalmente las debilidades estructurales del legajo.
Que la resolución no habría delimitado las insuficiencias, sino que las reorganizó para conferir apariencia de estabilidad.
Que los informes médicos indicaban ausencia de lesiones y de hallazgos compatibles con la modalidad agravada.
Que en lugar de integrar críticamente esa insuficiencia, el Juez habría desplazado la corroboración hacia validaciones psicológicas.
Que la resolución habría sustituido la corroboración objetiva por la coherencia interna y emocional del relato. Que ello sería incompatible con el sistema acusatorio, porque el Juez habría completado las deficiencias de la acusación en lugar de controlarlas.
Que las debilidades acusatorias habrían dejado de operar como límites constitucionales y sido suplidas por la jurisdicción.
Cita jurisprudencia de la CSJN.
Alega que el sistema acusatorio no permite que la jurisdicción supla las insuficiencias de la acusación. Expresa que cuando el Juez reorganiza los déficits para dar estabilidad a la imputación, abandona su posición de tercero imparcial.
Que las constancias demostrarían ese desplazamiento del control jurisdiccional hacia una función reconstructiva.
Por ello, solicita revocar íntegramente el procesamiento por vulnerar el sistema acusatorio, la sana crítica racional y el debido proceso.
Plantea arbitrariedad de las medidas cautelares. Ilegalidad del monitoreo por dispositivo GPS y embargo preventivo mediante una falaz aplicación de la gravedad abstracta.
Sostiene que el procesamiento impuso monitoreo GPS y embargo preventivo sin acreditar riesgos procesales concretos y actuales, utilizando la gravedad abstracta de la imputación.
Que las constancias objetivas descartarían peligro de fuga, ocultamiento o entorpecimiento probatorio. Que R. O. H. habría comparecido a todas las convocatorias, constituido domicilio, designado defensa y permanecido sujeto al proceso sin rebeldías ni incumplimientos.
Que no existirían elementos que indiquen intentos de fuga, influencia sobre testigos, alteración de pruebas o perturbación del proceso.
Que la conducta procesal demostraría arraigo, sometimiento y sujeción permanente a la jurisdicción. Que pese a ello, se impuso un monitoreo GPS sin explicar qué riesgos concretos justificaban la medida. Que la resolución no identifica fugas, incumplimientos, ocultamientos ni actos de perturbación probatoria, ni explica por qué las medidas menos gravosas serían insuficientes.
Que el monitoreo aparecería como consecuencia automática de la gravedad de la imputación.
Que la resolución habría sustituido el análisis cautelar por una presunción abstracta basada en la escala penal.
Cita jurisprudencia.
Dice que las medidas personales requieren proporcionalidad, necesidad y explicación sobre la insuficiencia de alternativas menos gravosas.
Que las presunciones sobre peligro procesal sólo pueden operar como pautas iuris tantum, no como fundamentos automáticos de restricciones.
Que la Corte Suprema ha sostenido que la coerción procesal debe fundarse en riesgos efectivamente acreditados y no transformarse en pena anticipada, conforme al principio de inocencia.
Que el embargo también habría sido impuesto con una lógica presuntiva y abstracta.
Que la resolución no analiza la situación económica, la capacidad patrimonial ni la existencia de maniobras destinadas a frustrar responsabilidades patrimoniales. Que no existirían referencias a ocultamiento de bienes, insolvencia deliberada o disposición fraudulenta. Que el embargo aparecería como una consecuencia automática de la gravedad de la imputación, sin parámetros objetivos de necesidad y proporcionalidad. Que tanto el GPS como el embargo se basarían en la misma matriz defectuosa: la gravedad abstracta como sustituto del análisis cautelar individualizado. Que la conducta procesal de R. O. H. demostraría arraigo y ausencia de riesgos concretos.
Que por ello solicita el cese inmediato del monitoreo electrónico y el levantamiento del embargo preventivo. A manera de colofón reitera sucintamente todos los planteos anteriores Formula reserva de casación y del caso federal.
III.-El Ministerio Pupilar a cargo del doctor Alejandro Ariel Diocarés Sedán, al contestar la vista corrida expresa que no detecta vulneración de defensa que sea materia de nulidad, entendiendo que las garantías de defensa han sido respetadas, y que las impugnaciones pretendidas podrían generar sobre su asistida una vulneración aún mayor a la que padece actualmente. Por lo que ese Ministerio Pupilar solicita sea rechazado el recurso interpuesto.
Señala que lo manifestado por la defensa no logra delimitar el interés afectado de su representado. En el supuesto del defectuoso requerimiento de instrucción fiscal realizado sobre persona referenciada por el nombre de A. S. y la base fáctica del hecho indagado con incongruencia entre imputación y procesamiento por defectuosa fórmula, debe señalarse que el Sr. R. O. H. ha decidido declarar en indagatoria reconociendo el lugar, horario y situación de lo ocurrido pero dándole motivación distinta, señalando que erró en la persona que pretendía tocar. Por lo que la existencia del hecho en manos del imputado ha sido confirmado por él mismo, pudiendo ejercer su defensa al dar su versión.
Que respecto de la oposición a la realización de la cámara Gesell que se haya irresoluta, la posibilidad de estar presente y/o realizar control posterior de la misma invalida de momento la intención nulificante, por cuanto no hubo de perderse la chance de ejercer crítica respecto del contenido. La Cámara Gesell es una garantía de ser escuchada la víctima menor, por lo que no habría vulneración de defensa si puede quien es acusado ejercer las observaciones mencionadas. Porque pese a la similitud que puede encontrarse con una prueba testimonial o pericial, la realidad es que es una forma de darle la posibilidad de poder declarar de forma mediata a una joven intentando no ejercer sobre ella un trato inhumano y revictimizante.
Que, por otro lado, el cotejo y control de otras pruebas también sirven a los efectos de la defensa para poder ejercerla sin turbaciones dentro de un sistema penal judicial donde las garantías son respetadas y donde prevalece el principio de inocencia como principal rector. Por lo que esta circunstancia, la posibilidad del cotejo con otras pruebas y el control de cada una de ellas dentro del proceso, son una garantía de una correcta defensa en juicio.
Por último, expresa que es importante destacar que por el interés superior de la niñez y por la prevalencia como sujeto de derecho de su tutelada, frente a cualquier otro interés los derechos de la niñez son imperantes. Que esto es un mandato constitucional que como en este caso, busca el bienestar y el derecho que su pupila sea oída aún en el supuesto de tener que realizar ajustes y adecuaciones sobre el derecho de defensa del imputado, en tanto no sea vulnerado este. Es por ello que en virtud del interés superior de la niñez, ante el confronte o disyuntiva de derechos, debe preponderar el derecho de mi pupila.
Que es por ello, en base a las consideraciones expuestas, que ese Ministerio se opone en su totalidad a la fundamentación del recurso impetrado, entendiendo que debe rechazarse el mismo.
A su turno, el Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, al contestar la vista corrida, entiende que el argumento esgrimido por la defensa no debe tener acogida favorable en virtud de las consideraciones fácticas y jurídicas que expone Señala que para el tratamiento de nulidades debemos tener en cuenta dos aspectos a saber: a) la existencia de sanción legal (voluntad expresa de la ley de sancionar el acto cuando no se observen las disposiciones previstas) y b) que exista un incumplimiento de las garantías constitucionales que causen perjuicio, vulnerando especialmente el “debido proceso” y “la defensa en juicio”. Que asimismo resulta trascendental que este perjuicio se demuestre efectivamente durante su sustanciación y que contenga agravio real y concreto.
En relación al planteo de nulidad de las sucesivas indagatorias efectuadas en el proceso penal, debido a la mutación progresiva de la plataforma fáctica de los hechos, entiende que no le asiste de razón al temperamento adoptado por el Sr. Defensor en su escrito de fs. 155/164, debido a que no se observa que se haya conculcado garantías procesales en torno al derecho de defensa del imputado R. O. H.. Que en los actos procesales de las indagatorias el imputado pudo conocer los hechos y efectuar el descargo oportuno y que la última ampliación de indagatoria efectuada a fs. 132/133, se le hace saber el modo, tiempo y lugar en que se sucedieron los hechos, ello, de clara conformidad con el relato del suceso aportados por la menor víctima en Cámara Gesell y su progenitora, cuya declaración testimonial rola sucesivamente en la denuncia efectuada a fs. 02, 06 y en la ampliación efectuada a fs. 49/50, por lo que no se vislumbra perjuicio procesal alguno a los intereses defensistas del imputado.
En relación a la falta de promoción de la acción penal por ausencia del requerimiento de instrucción, entiende que no le asiste de razón a su planteo, debido a que la progenitora insto debidamente la acción penal a los efectos que se investigue el hecho ilícito y que a fs. 47, el Sr. Fiscal de conformidad con la normativa del art. 180 y 187 del C.P.P. efectuó el pertinente requerimiento de instrucción no con respecto al imputado, pero si en cuanto al delito denunciado, habilitando para ello la vía procesal para que se investigue el caso de abuso sexual.
Que el a quo y de conformidad con la normativa del art. 187 y luego del requerimiento fiscal de instrucción, procedió a investigar el presente hecho, pues el mismo constituyó delito a los fines de su debida prosecución penal.
Con respecto a la Cámara Gesell, entiende que la nulidad planteada deviene en improcedente, debido a que el acto goza de las formalidades previstas en el art. 247 del C.P.P., y que es una cuestión de valoración que tuvo en consideración el Juez para dictar el procesamiento. Cabe advertir que el acto tuvo notificado el Sr. Defensor de su realización y de las conclusiones, no observando perjuicio procesal alguno a los intereses defensistas del imputado. Con respecto a la nulidad del procesamiento, disiente con la justificación de nulidad pretendida por la Defensa, del auto de procesamiento se observa que el acto procesal goza de las formalidades de contenido exigidos en el art. 291 de la manda procesal penal.
Que conforme el auto de mérito, el a quo identifica al imputado R. O. H., brinda una somera enunciación de los hechos que se le atribuyen, los motivos en que la decisión se funda y el dictado de la calificación legal del delito, con citas de las disposiciones legales.
Que, como se observa, el a quo brinda una valoración del hecho con las pruebas referenciadas e incorporadas al proceso para luego encontrar a R. O. H. prima facie como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en concurso real ( art. 119 1ºy 3º párr, 54 del C.P.) Que de igual manera, entiende que la nulidad pretendida por la defensa no cuenta con un encuadre legal específico, lo que hace inadmisible tal petición, máxime si se tiene en cuenta que en materia de nulidades rige el principio de especificidad (art. 158 del CPP) el cual fija un régimen claramente taxativo, impidiendo invalidar actos que exhiben defectos formales, si su descalificación no ha sido expresamente prevista.
De los planteos esgrimidos considera que el cuestionamiento realizado, se subsume al contenido y resultado de la misma, sin exponer cuál ha sido el perjuicio ocasionado y el derecho al cuál se vio privado de ejercer como consecuencia de la violación legal. De las formulaciones expresadas por el presentante, a criterio de la fiscalía, no existe causal de nulidad alguna, no hubo lesión a garantía constitucional que requiera extirpar del proceso algún acto viciado de nulidad. Por el contrario, considera que se han respetado tanto el derecho de defensa como así también las garantías constitucionales.
Por lo expuesto, solicita se rechacen los planteos formalizados por la defensa.
IV.-Establecido ello, corresponde ingresar al análisis de los planteos de nulidades formulados por el Sr. Defensor Particular.
En primer término corresponde señalar que surge de las constancias de autos que a fs. 19, el 01 de febrero de 2023, el Sr. Juez de Instrucción ordena la realización de audiencia en cámara gesell, a tenor de lo previsto por el art. 234 bis C.P.P. para la adolescente S. A. G. C.; providencia notificada al Defensor Público Oficial el 03 de febrero siguiente (fs. 19).
Que a fs. 22, en fecha 10 de febrero, la psicóloga interviniente fija fecha para dicho acto para el miércoles 1 de marzo de 2023, y a fs. 23 en fecha 23 de febrero del mismo año el Sr. Juez de Instrucción ordena se realice la medida dispuesta a fs. 19 el día 1 de marzo de 2023 a las 10.00 horas, providencia notificada a la defensa en el día (fs. 23 vta.).
A fs. 26, el 28 de febrero de 2023, el Defensor Público Oficial solicita la suspensión de la audiencia en cámara gesell dispuesta para el día siguiente, hasta tanto se notifique al imputado y pueda designar abogado de su confianza o elegir la defensa pública (arts. 97, 100, 104 C.P.P.)
En la misma fecha, es decir el 28 de febrero de 2023, el Sr. Juez de Instrucción resuelve dicho planteo en los siguientes términos: "...teniendo en cuenta la índole de la presente investigación y que es prioridad promover y garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia, tomando las medidas conducentes al pleno goce de los servicios del sistema judicial sobre todo en esta circunstancia particular que involucra a una niña en situación de vulnerabilidad, por lo que hay que evitar y mitigar toda acción que le cause algún perjuicio ante su contacto con el sistema judicial, que respete la dignidad otorgándole un trato adecuado a las circunstancias de su propia situación y que evite la victimización secundaria; A la solicitud de suspensión de audiencia artículo 234 bis planteada por el Dr. Nieva Figueroa, no ha lugar, sin perjuicio de ello requiérase a la Unidad Preventora que de forma inmediata proceda a la confección de dos juegos de fichas dactiloscópicas (art, 67 C.P.P.), acta de fijación de domicilio a disposición de este Juzgado de Instrucción Nro. 1 poniendo en conocimiento que no podrá mudarse de domicilio sin dar previo aviso a esta sede y el informe de los arts. 26 y 41 del C.P. del señor R. O. H., debiendo la oficiada notificar al referido sus derechos conforme lo establecido por los arts. 97 y 88 del CPP, y asimismo hacer saber que se ha fijado fecha para llevar adelante la audiencia prevista por el art. 234 bis a sus efectos, la misma se llevará a cabo el día 1 de marzo en estas instalaciones."
Esta providencia fue notificada a la defensa oficial el mismo 28 de febrero conforme constancia de fs. 28. En fecha 01 de marzo de 2023, conforme consta a fs. 29/34, se practica la notificación al imputado, poniendo en conocimiento de la existencia de la causa en su contra y haciéndole saber sus derechos.
Sin perjuicio de ello, cabe hacer notar que ya en fecha 24 de diciembre de 2022 el imputado, Sr. R. O. H., conocía la existencia de la denuncia y proceso en curso en su contra pues a fs. 04 obra notificación al nombrado efectuada por la autoridad policial de medida cautelar de prohibición de acercamiento hacia la adolescente S. A. G. C. y su grupo familiar, ordenas en el marco del mismo. A fs. 38 obra constancia de realización de la audiencia en cámara gesell, llevada a cabo en la fecha y hora previamente establecida por el a quo, debidamente notificada a las partes.
El mismo 1 de marzo a las 12,33 horas el Defensor Público Oficial Subrogante, Dr. Marcelo Nieva Figueroa, interpone recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia de fs. 27 que no hizo lugar a la suspensión de la audiencia.
Previa vista al Sr. Agente Fiscal, a fs. 44/45vta., el Sr. Juez de Instrucción resuelve no hacer lugar al recurso de reposición y hacer lugar a la apelación interpuesta en subsidio, ordenando la formación del incidente y su elevación a esta sede.
Conforme surge del "Inc. de Copias Dr. Marcelo Nieva s/ Recurso de Apelación en autos: R. O. H. s/ Infracción art. 119 del C.P." agregado por cuerda al presente, se formó el incidente y se remitió a esta sede por SNE conforme Código de Validación ***ebb**.
Ahora bien, tal como también se acredita con otro de los incidentes que obra agregado por cuerda, se recibió la notificación por sistema SNE en este Juzgado a mi cargo, pero el archivo adjunto contenido en la misma no constaba el incidente referido en el párrafo anterior, sino otra incidencia formada a raíz de un recurso interpuesto por la Dra. Ramos en su carácter de Ministerio Pupilar designada en autos.
Es decir, la incidencia respecto del recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Oficial Subrogante, jamás ingresó a esta sede judicial para su trámite.
Por lo que, tal como lo expone el Defensor Particular, el recurso interpuesto por la defensa oficial, nunca fue resuelto.
Ahora bien, corresponde analizar qué impacto tiene esa situación en el proceso, a esta altura y trámite del mismo.
Lo primero que cabe señalar es que, conforme la resolución obrante a fs. 44/45 vta., el recurso de apelación fue concedido a un solo efecto, es decir, al solo efecto devolutivo, lo que implicaba que no se suspendía la ejecución de la resolución apelada.
Siendo ello así, la defensa sabía que la concesión del recurso no suspendía el trámite y que la audiencia prevista por el art. 234 bis C.P.P. se realizaría de todos modos, aún cuando se encontrare pendiente el recurso de apelación respecto a la negativa del Juez a suspenderla, y sin perjuicio de lo que resultare del trámite y resolución del mismo.
Lo segundo a remarcar es que la defensa fue notificada de todas y cada una de las providencias y resoluciones detalladas en párrafos anteriores.
Teniendo en cuenta ello, y que el agravio objeto de aquel recurso pendiente, respecto a la producción del acto procesal cuestionado, esto es, la audiencia en cámara gesell, es reeditado en el recurso en trámite interpuesto por la actual defensa, Defensor Particular Dr. L. O. C., como un agravio a la cuestión de fondo y un planteo de nulidad al respecto, cabe concluir que la ausencia de elevación de aquellas actuaciones por la omisión de la instrucción, no produce impacto procesal negativo de imposible reparación ulterior, toda vez que se encuentra en consideración y resolución en la presente.
Ahora bien, corresponde entonces analizar si la decisión del a quo de no suspender la audiencia del art. 234 bis C.P.P: a solicitud de la defensa, fue razonable. La defensa pretendía se suspenda la audiencia hasta tanto se ponga en conocimiento del imputado de la existencia del proceso en su contra y se le hagan saber sus derechos, a los fines de que pueda escoger defensor de su confianza o mantener la defensa oficial.
Si bien la audiencia no se suspendió, el a quo ordenó la notificación al Sr. R. O. H., la que se practicó por la autoridad preventora el día 01 de marzo de 2023 a las 9.00 horas, una hora antes de la fijada para la medida en cuestión, firmando el imputado sin efectuar manifestación alguna.
Es recién en fecha 09 de octubre de 2025 que se presenta el Sr. R. O. H. designando como defensor particular al doctor C. T. V. (fs. 91), con lo cual hasta la designación y aceptación del cargo del letrado, se mantuvo la intervención del Defensor Público Oficial, durante más de dos años.
Así las cosas, ningún perjuicio le ocasionó al imputado y su defensa la no suspensión de la audiencia en cámara gesell de la adolescente víctima, pues la realización de la medida fue debidamente notificada a todas las partes con antelación suficiente, teniendo la defensa la posibilidad de concurrir a controlarla, allende la estrategia procesal elegida, y sin perjuicio del recurso de apelación que interpuso y que le fue concedido a un solo efecto, de lo cual también se encontraba debidamente notificado, lo que implica que la audiencia se realizaría aún encontrándose pendiente el recurso, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la resolución de la instancia recursiva.
En consecuencia, el planteo de nulidad resulta improcedente y debe ser rechazado.
En lo referente al planteo de nulidad por ausencia de requerimiento fiscal de instrucción, en los autos caratulados “G. L. D. C. S/ Denuncia” Expte. Nº **.***/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Liminarmente débese señalar que el Artículo 160 del CPP. impone el deber general a todos los órganos jurisdiccionales que intervienen en el proceso penal, de analizar la regularidad de los actos del proceso, y en caso de comprobar una causa de "...nulidad tratará, su fuere posible, de eliminarla inmediatamente", actividad que débese realizar de forma oficiosa, siendo además factible declararla a pedido de parte. Es sobre este andamiaje, que surge manifiesto que el Decreto de fs. 3, Punto 1, en el cual se ordena la instrucción del presente sumario, omitió cumplir con la vista que dispone el artículo 172, por lo que el mismo es irregular y corresponde sea declarada su nulidad relativa.
Sabido es que el procedimiento penal de nuestra Provincia admite dos formas de inicio conforme lo regulado en el artículo 178 primer párrafo del CPP., que establece textualmente: “La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención o información policial, según lo dispuesto en el artículo 180 y 178, respectivamente, y se limitará a los hechos referidos en tales actos.” (La negrita me pertenece) Este sistema de doble inicio de la instrucción establece, conforme la misma norma dos caminos. El primero de ellos es el que remite al artículo 180 del CPP. que regula el requerimiento fiscal de instrucción, que debe ser iniciado cuando el Agente fiscal tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito de acción pública, y más específicamente cuando sea por denuncia.
Ahora bien esta norma es de carácter general para la actuación del Ministerio Público Fiscal y debe ser analizada conjuntamente con el artículo 6 del CPP., pero que, y además, debe armonizarse con el artículo 172 del código de rito que establece que una vez recibida una denuncia ante Juez, sea porque este la recepcionó ante los estrados judiciales que preside (art. 166 primer párrafo del CPP.) o porque la denuncia fue recepcionada en sede prevencional (policía de la Provincia de Santa Cruz, Servicio Penitenciario Provincial, Fuerzas de Seguridad Nacionales o Policía Federal, entre otros) y elevada sin actuar el procedimiento establecido en el artículo 178, deberá ser remitida al Sr. Agente Fiscal en vista a los fines que requiera su instrucción, o la desestimación de la misma.
Asimismo, cuando el propio Ministerio Público Fiscal recepcione la denuncia, tal como se adelantara supra, será dicho órgano en virtud del artículo 172, quien deberá tramitar el requerimiento del artículo 180 del CPP. o pedir la desestimación en su caso. La segunda forma de inicio es la que establece el artículo 187 primer párrafo y su reenvío al artículo 178 del CPP., está abarcada por los supuestos en que por denuncia o prevención y/o información policial, el sumario comienza a ser tramitado en “sede policial”, lo que requiere, además de la denuncia o informe de la autoridad policial, una mínima investigación conforme lo normado en los arts. 175 a 179, y cc. del CPP..- Cuando ello sucede el Juez de Instrucción que recibe el sumario decreta de oficio, el inicio de las actuaciones y notifica al Sr.
Agente Fiscal. La discusión sobre la constitucionalidad de la norma y sobre la vigencia del sistema descripto en el código ha sido zanjada tanto en la jurisprudencia nacional como en los pronunciamientos de esta sede Judicial de manera pacífica. (Véase fallos Cámara Nacional de Casación Penal Sala IV causa “Perotti” del año 2009, Sala III causa Cárdenas Castillo” de 2010; Sala I causa “Musimundo”, Sala II causas Avila” y Guillén Varela” y expte. "GOMEZ, JESICA MARIANA S/ DENUNCIA AMENAZAS", Expte. Nº **.***/13) doctrina a la que adhiero y remito en honor a la brevedad. Partiendo de la constitucionalidad del sistema instaurado, vemos que en autos el Sr. Juez debió ordenar, como se dijera, la vista del artículo 172 al Ministerio Público Fiscal para que realizara el Requerimiento Fiscal de Instrucción en virtud del artículo 180 del CPP. o requiriera su desestimación, hecho que no sucedió.
La pregunta que surge es la siguiente, ¿la violación a la forma procesal señalada, da lugar a una sanción de nulidad absoluta, con la consecuente invalidación de todos los actos generados en su consecuencia o da lugar a una sanción de nulidad relativa y por ende subsanable conforme lo normado en el artículo 164 última parte del CPP.? Para aproximarnos a una respuesta, lo primero en señalar es que la nulidad se centra en el supuesto del artículo 159 inciso 2 del CPP., es decir en lo que hace a la “intervención…del ministerio público fiscal”. Y sobre esta base, el Ministerio Público Fiscal ha intervenido desde el inicio mismo de las actuaciones siendo notificado de todos y cada uno de los actos.
Si la estructura del Código hubiere sido diferente, y solo existiera como acto promotor del inicio de la actuación establecido en el artículo 180 y no existiera la posibilidad de iniciar el procedimiento conforme lo normado en el artículo 178 del CPP., siendo en esta hipótesis sólo el Ministerio Público Fiscal el único autorizado legalmente para ello, podríamos sostener, sin lugar a dudas, que la nulidad es absoluta porque se violó el principio “net procedat iudex ex officio”, porque hace al principio acusatorio y vulneraría el debido proceso adjetivo que se desprende del artículo 18 de la C.N.. Pero este no es el caso, al permitir el código dos sistemas de inicio y uno en cabeza de un órgano integrante del Poder Ejecutivo –Policía- la nulidad se transforma en relativa y el incumplimiento es una forma procedimental pero que no materializa una garantía constitucional.
En este sentido “La nulidad relativa esta en relación con las formas simplemente “ordenadoras” de la actividad procesal. La nulidad relativa es una sanción que se impone a un acto procesal por incumplimiento de una forma simplemente ordenadora del Proceso Penal”. (Conforme “La Nulidad en el Proceso Penal. Estudio de los silencios normativos aparentes", tercera edición ampliada y actualizada, Autor Dr. Nelson R. Pessoa, Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 454) Como puede observarse, la intervención dada al Ministerio Público Fiscal, si bien no fue la que establece el artículo 172, estuvo garantizada a lo largo del proceso. Por su parte, surge claro que dicha irregularidad no puede subsumirse nunca en el supuesto de una nulidad absoluta.
El mismo autor en la misma obra citada y misma página, señala que “La nulidad absoluta en el proceso penal está en directa relación con el incumplimiento de formas procesales consagradas para hacer plenamente vigentes mandatos constitucionales. La nulidad absoluta es una sanción que se impone a un acto procesal por incumplimiento de una forma impuesta directamente por la Constitución o de una forma realizadora de una regla constitucional”.- En síntesis, surge claro que la omisión en la que incurrió el Sr. Juez de Instrucción deberá ser saneada ordenando la vista que dispone el artículo 172 del CPP. y que al realizar el Requerimiento Fiscal de Instrucción por parte del Sr. Agente Fiscal, quedará saneada dicha irregularidad conforme lo normado en el artículo 164 del CPP..".- Sobre este piso de marcha, corresponde señalar que en el caso que nos ocupa, las actuaciones se inician por la segunda de las formas detalladas en los antecedentes citados, es decir por prevención policial, mediante denuncia de la madre de la adolescente S.
A. G. C., Sra. M. D., efectuada en comisaría, acto en el cual la denunciante insta la acción penal.
La autoridad prevencional eleva al juzgado el sumario de prevención en los términos del art. 178 del C.P.P., compuesto por la denuncia referida, la notificación al imputado de medida de prohibición de acercamiento y protocolo de ASI efectuado por la Tocoginecóloga Dra. E.
G..
Es decir, que la autoridad policial no solo eleva la denuncia sino que previo a ello ordena y efectiviza medidas en el marco de las funciones y facultades que establece el art. 176 C.P.P.
En función de ello, y de lo dispuesto por el art. 187 y su remisión al art. 178 C.P:P., el requerimiento fiscal de instrucción, en el caso no era necesario, bastando solo la comunicación al Agente Fiscal, la que se produjo al inicio de las actuaciones judiciales, conforme surge de fs. 19. Ahora bien, luego de llevada a cabo la audiencia del art. 234 bis, de su contenido, al surgir una situación posiblemente delictiva respecto de otro imputado, se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal en los siguientes términos: "Atento a lo que surge de la audiencia 234 bis específicamente de lo mencionado desde el minuto 22.00 hasta el minuto 26.46, córrase vista de la presente al Ministerio Fiscal a sus efectos"
Es decir, la vista fue corrida en función de una situación específica, situación que motivó el requerimiento de instrucción del Sr. Agente Fiscal obrante a fs. 47 respecto de un hecho distinto al denunciado, objeto la presente investigación, y cuyo autor sería una persona distinta al imputado de autos, respecto del cual a fs. 88 se ordenó la formación de nueva causa con copia de de las piezas procesales pertinentes, entre ellas del requerimiento de fs. 47.
Para ser claros, el hecho objeto de dicho requerimiento no está investigado en autos, sino que se investiga en otras actuaciones.
En las presentes, el requerimiento fiscal de instrucción no resultaba necesario para el inicio válido de la instrucción, la que comenzó de una de las formas previstas por la ley en el art. 187 del C.P.P., la prevención policial.
En función de todo lo expuesto el planteo de nulidad por ausencia de requerimiento fiscal de instrucción debe ser rechazado.
Ahora bien, distinta solución debe adoptar se en relación al planteo de nulidad de la indagatoria, pues se advierte una irregularidad en la descripción de las proposiciones fácticas en el acta de indagatoria, que trae aparejada la sanción de nulidad absoluta.
En los autos caratulados “G. L. D. C. S/ Denuncia” Expte. Nº **.***/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nro. 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "Liminarmente débese señalar que el Artículo 160 del CPP. impone el deber general a todos los órganos jurisdiccionales que intervienen en el proceso penal, de analizar la regularidad de los actos del proceso, y en caso de comprobar una causa de "...nulidad tratará, su fuere posible, de eliminarla inmediatamente", actividad que débese realizar de forma oficiosa, siendo además factible declararla a pedido de parte…”.-
Respecto de la regularidad de la declaración indagatoria, en los autos caratulados “HERRERA MARCOS MIGUEL Y OTRO S/Robo calificado en grado de ttva. ” Expte. Nº H-*****/20, N° de Recursos 5896/20, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Cuando se sabe con certeza el despliegue de acciones de cada sujeto interviniente, el mismo debe ser detallado en dicho acto procesal acusatorio y defensivo a la vez. No se puede perder de vista que el acto de indagatoria es la materialización del derecho a ser oído por el "Estado" cuando éste acusa a una persona por la supuesta comisión de un delito. Así se ha expresado que: "...A partir de ello puede verse que si bien la calidad de imputado se adquiere con anterioridad, esta audiencia es el acto formal a partir del cual se le informa la persecución que el Estado, a través del fiscal, dirige en su contra en cuanto a los hechos, calificación legal y las pruebas que al efecto se disponen de forma tal de que pueda ejercitar su derecho de defensa...Si presta conformidad para declarar podrá hacerlo libremente, invitándoselo a que exprese cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos que se le atribuyen.
Los presupuestos son de sustancial importancia en tanto demuestran que la declaración del imputado es inicialmente un medio de defensa. No se busca la confesión sino que se le otorga la posibilidad de que ejercite su defensa material. (TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL de EDUARDO JAUCHEN- EDITORIAL RUBINZAL CULZONI - TOMO II, pág. 458 y 467)".- En este sentido, la información integrada por todas y cada una de las proposiciones fácticas que integran el acto acusatorio que se realiza en la declaración del imputado y que es un acto de ejercicio del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.), deben ser precisas, claras, y hacer referencia a las conductas que cada persona acusada llevó adelante, sumado a la existencia de un plan y una finalidad común.
La falta de información precisa en la imputación conspira con la posibilidad de una defensa efectiva. En este sentido el Dr. Nelson R. Pessoa en la obra "LA NULIDAD EN EL PROCESO PENAL. Estudio de los "Silencios normativos aparentes"" 3ra. edición ampliada y actualizada, Editorial Rubinzal- Culzoni, año 2013, págs. 221 y ss., señala que: "... En síntesis, cabe pensar que el derecho de defensa del imputado se encuentra lesionado, tanto cuando se omite poner en conocimiento del acusado en forma total el hecho que se le atribuye (o las pruebas obrantes en la causa) como cuando tal información es incompleta o insuficiente, pues ello hace que no se tenga un acabado conocimiento del hecho a fin de realizar la actividad judicial defensiva.
Por tal motivo pensamos que trasladar el tema de la nulidad a los actos posteriores, por ejemplo, al auto de procesamiento, no hace más que ratificar que lo que está en juego que es la validez o invalidez del acto de indagatoria pues la invalidez del procesamiento no es sino la consecuencia de la nulidad de la indagatoria a causa de la información "incompleta" del hecho, que no es otra cosa que la falta de información en debida forma del hecho imputado. Hay un conjunto de pronunciamientos que merecen citarse porque han desarrollado conceptos que constituyen aportes valiosos en torno al derecho en cuestión. En tal sentido es importante el fallo de la CNCCorr., sala I, del 20 de Marzo de 2000, en la causa "C.J.C.".
En este proceso el Tribunal invalidó la indagatoria en razón de que al llevarse a cabo tal acto procesal al acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar no se le hizo saber qué períodos había omitido cumplir con sus obligaciones alimentarias. El Tribunal entendió acertadamente que la información respecto del hecho era incompleta y, por lo tanto, era inválida la declaración de imputado, en razón de que tal situación afectaba el derecho de defensa. En igual sentido, es decir, de "información deficiente", la CNCCorr., sala VII, causa "El viño", del 16 de Septiembre de 1993, pues no se informó al imputado "detalladamente" de los hechos atribuídos", o de la misma Cámara, Sala IV, causa "Oyarzábal", del 14 de Marzo de 1997, aquí el tribunal se refiere a una "deficiente intimación del hecho que se efectuara al causante", aunque de la lectura del fallo no surge lo que tal vez constituye una falencia del mismo en qué consiste tal defecto, o si no se definió la imprudencia atribuida al imputado, ni tampoco de individualizó a los damnificados, CNCCorr., sala VII, causa "Brever", del 11 de Febrero de 1998.
En esta sentencia el tribunal al declarar la nulidad de la indagatoria en razón del defecto señalado, que en este caso consistía en que frente a una imputación de un comportamiento imprudente, no se precisaban los sujetos víctima del hecho, y tal vez, lo principal en que no se delimitaba debidamente cuál era el deber de cuidado infringido por el imputado, lo que, según el fallo comentado, recién se produjo con el dictado del procesamiento, sostuvo que tal ambigüedad atenta contra el ejercicio adecuado del derecho de defensa, pero no invocó norma alguna como fundamento normativo de la declaración de invalidez. En tiempo mas reciente, la CNCCorr., sala IV, en la causa "Colucci", del 14 de Febrero de 2009, declaró la nulidad de la indagatoria en razón de que la imputada de ser cómplice primaria de un robo de automóvil en la vía pública, no fue informada con debida precisión del hecho que le era atribuido; específicamente se habló de una información deficiente de la acusación, respecto a cuál era el aporte que hizo a fin de que los autores pudieran trasladar el vehículo." Que al comentar la doctrina el art. 289 del CPPN.
(de idéntico tenor al art. 281 del C.P.P. de nuestra Provincia) se ha señalado que: "...Descripción del hecho. Este elemento esencial al derecho de la defensa en juicio constituye en la imposición al individuo de un actuar concreto y delimitado que se le enrostra; así como también los efectos materiales que se hallan colectado en la investigación. No debe admitirse la formulación generalizada ni la imposición de una calificación jurídica vacía de contenido fáctico...Lo trascendente es qué se imputa y cuáles son los elementos en que se basa la sospecha....Asimismo, la indicación del hecho resulta crucial a los fines de verificar el cumplimiento del principio de congruencia, comprendido dentro de la inviolabilidad de la defensa en juicio, pues todo pronunciamiento judicial debe relacionarse con los hechos sobre los cuales versó la indagatoria.
De esta manera, tal información no consiste solamente en hacer conocer al encausado la imputación o contenido de la acusación, sino que se le debe informar concretamente los hechos sobre la que recae, así como se lo debe anoticiar de los derechos que le asisten y que pueda hacer valer en juicio, ya que nadie se puede defender eficientemente de lo que no conoce... Es decir que los hechos deben serle impuestos al imputado en forma clara, precisa y circunstanciada, no pudiendo validarse una declaración por las curcinstancias concomitantes o por el mero encuadre legal de los mismos. Resulta en tal sentido necesario que sea conocida por el imputado la cuestión fáctica por la cual se lo requiere o se lo inculpa, esto es, algo que se le atribuya haber hecho u omitido hacer en el mundo físico, con su correspondiente significado en el mundo jurídico..." (Conforme CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, COMENTADO Y ANOTADO, DIRECTOR DR.
ALMEYRA, COORDINADOR DR. BAEZ, PÁGS. 523 SS.
CC. COMENTADAS POR EL DR. MARIANO LA ROSA
EDITORIAL LA LEY). Surge claro que la información que deberá brindarse a los imputados al momento de recepcionársele su declaración, debe estar detallada informando qué, cómo, cuándo y dónde, y respecto de quien o quienes se realizó el acto. Asimismo y en caso de existir calificantes por elementos subjetivos del tipo distintos del dolo, deberá consignarse la ultra-finalidad específica y cuando se trate de elementos de ánimo o motivaciones especiales para calificar la conducta con agravantes que las contengan, también deberán serle señaladas. Cada una de estas pautas deben necesariamente ser integradas con proposiciones fácticas surgidas de la información recolectada en autos a través de los medios probatorios "lato sensu", que deberán ser lo más precisas posibles para garantizar la descripción de la o las conductas que son objeto de imputación penal, las que y además, deberán subsumir en una o varias figuras delictivas, según el caso, para que en su conjunto puedan ser tenidas como violatorias de las distintas normas prohibitivas que se deducen de los tipos penales.
Esta es la primera faz de la imputación penal, pues el estado solo puede imputar conductas que subsumen en tipos penales, no puede imputar conductas atípicas, a los fines de resguardar el debido proceso adjetivo. La segunda faz de la correcta imputación, es permitir fijar y precisar el objeto procesal para posibilitar una debida y efectiva defensa en juicio (Art. 18 de la C.N.). En nuestro proceso penal provincial están regulados los actos que incumplen formas procesales que hacen a la garantía de la defensa en juicio, y se establece la sanción que implica la vulneración constitucional convencional en la que puede incurrir un acto, a través del supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 160 que sanciona con nulidad y que en virtud de los derechos en ciernes, no es otra que la absoluta.
Como bien explica el Dr. Nelson R. Pessoa en la obra citada, nuestro sistema combina dos supuestos, uno de nulidades tasadas, donde se encuentran las genéricas, específicas y las implícitas y otro referido a garantías constitucionales y que hacen al control constitucional convencional de los actos del proceso. El artículo 160 segundo párrafo del CPP. establece que "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior (hace referencia al artículo 159 del CPP.) que impliquen violación de las normas constitucionales (lo que debe leerse como normas constitucionalesconvencionales). En este sentido, tanto sea por conducto de dicha norma, como por lo expresamente normado en el artículo 281 respecto a la imputación que deberá realizarse de manera circunstanciada, dejándose constancia en el acta, bajo pena de nulidad, ambas declaraciones debe ser nulificadas.
Por lo expresado, entiendo que debe hacerse lugar al planteo articulado por la defensa debiendo declarar la nulidad de la audiencia indagatoria a ambos imputados y todos los actos posteriores a las mismas...". Y en los autos caratulados:
“INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: "JUZGADO
S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” Expte. Nº *****/18, N° de Juzgado de Recursos ****/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "Bajo estas pautas hermenéuticas, lo que puede observarse de la intimación de los hechos al imputado efectuada en autos, transcripta supra, surge que le asiste razón a la defensa en cuanto a que no se establece en la imputación, un tiempo aproximado del acaecimiento del hecho, pues si bien se hace referencia a que la víctima tenía entre diez y doce años, nada impedía consignar el lapso temporal, máxime cuando se constató, reitero, la edad de la víctima al momento de su declaración, conforme las prescripciones del art. 234 ter del C.P.P..Cabe señalar que, sobre este punto, existe información en la causa que debería haberse brindado como una proposición fáctica, para que el imputado pudiera controvertirla de alguna manera.
No comparto la explicación que brinda el Ministerio Público Fiscal respecto a que si el imputado pudo defenderse, ello implica, sin análisis crítico alguno, que la conducta, en cuanto a su imputación, estuvo bien formulada. Cuando el Estado acusa a una persona de la comisión de un delito, éste ejerce su defensa material frente a cualquier imputación que se le haga al igual que lo hará su defensa técnica, salvo que estemos ante un hipotético caso en el cual la falta de información, la ambigüedad, vaguedad, y la textura abierta del lenguaje sea tan amplia, que le resulte imposible defenderse. Aún en un hipotético supuesto como éste, puede la persona, sin entender ni comprender la acusación, negarla.
Ahora bien, que se pueda defender, no significa que la acusación este correctamente formulada. El razonamiento no puede ser esgrimido de manera dogmática para todos los casos, pues de ser ello así, se justificaría cualquier arbitrariedad. El razonamiento puede ser válido o no, depende las circunstancias de cada causa. Lo que se debe evaluar es la trascendencia de la información omitida o expresada errónea, vaga, ambiguamente, para establecer si, pese a que el imputado se haya defendido, lo pudo hacer de manera correcta. La Corte Suprema, por mayoría, utilizó un argumento similar en la causa “Schoklender” Fallos 311:340 y “Acosta” Fallos 323:935, frente a la omisión de hacerle saber al imputado su derecho a no declarar contra sí mismo.
Ahora bien, el mismo no debe trasladarse acríticamente, en lo referente al hecho y de la información que existe sobre el mismo, pues allí está en juego el principio de congruencia. En autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. ****/17 (M- ****/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El principio de congruencia impedirá juzgar por fuera de los hechos descriptos en aquellos actos, esto es por fuera de las circunstancias históricas que conforman el objeto procesal del debate. El exceso implica violación de la contradicción y, en definitiva, de la garantía del debido proceso, por ausencia de defensa.
Asimismo, cabe agregar, atento lo manifestado en forma general por los recurrentes, que en el sub judice incólume se mantuvo el derecho fundamental de defensa en juicio consagrado en nuestra Constitución Nacional en el art. 18 y tratados de Derechos Humanos incluidos en el bloque de constitucionalidad de su art. 75 inc. 22. Siguiendo dichos lineamientos constitucionales, como reiteradamente lo ha recordado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha asegurado no un formal sino real y efectivo ejercicio de defensa tanto material como técnica del enjuiciado. Las manifestaciones de los recurrentes no han pasado de una generalización que ausente se ha visto de ser acompañada por una circunstancia particular acontecida en este proceso judicial.
En conclusión, los hechos por los cuales se ha condenado a los recurrentes resultan ser idénticos a los atribuidos desde el inicio de este proceso, manteniéndose, en tal sentido, incólume el derecho de defensa del imputado, al no haber experimentado la imputación ninguna variación fáctica perjudicial para ello."(La negrita es de mi autoría) El análisis que se debe efectuar en autos es si existe información para cubrir una proposición fáctica como la que se discute, y que hace al espacio temporal en donde se habría materializado la conducta. No estamos hablando de un aspecto secundario en una imputación, que puede ser o no motivo de una proposición fáctica, como cuestiones incidentales o contextuales, que dan marco a una imputación, sino uno de los puntos centrales de toda acusación.
Asimismo, tampoco puede perderse de vista que el Estado debe producir prueba de cada proposición fáctica que afirma y asevera, es decir que las mismas deben apoyarse y sostenerse en información aportada por un medio probatorio realizado en legal forma, para llegar a la determinación de un hecho punible. ..." Y finalmente en los autos caratulados: “BENITEZ ROCIO AYLEN S/Denuncia Amenazas” Expte. Nº B-*****/21, Nº de Juzgado de Recursos ****/240, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Que establecido ello, frente al estudio de las presentes actuaciones, se advierte que en el presente se ha incurrido en una irregularidad en la declaración indagatoria que acarrea la sanción de nulidad absoluta.
Por lo que siendo ello una cuestión de orden público y por ende, de previo y especial pronunciamiento, no corresponde abordar el análisis de los agravios expuestos por el recurrente. Sobre esta plataforma de análisis y valoración, comparto "in totum" lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámara de fs. 76 y vta. En referencia a lo antedicho, se evidencia que a fs. 37 y vta. obra declaración indagatoria recepcionada al imputado Sr. José Alberto Almonacidad, en la cual, y al realizarse la enumeración de pruebas, se indicó una certificación, pero no se sustanció la prueba documental de manera posterior, a la cual la actuaria refiere, por lo que la falta de realización de dicha medida, al no poder ser suplida con el certificado actuarial, implica una omisión probatoria que impacta en la reseña de pruebas, conforme lo establece como formalidades previas el art. 281 del Código Procesal Penal de la Provincia.
Esto es así, siendo que de la lectura de la normativa procesal se establece que en el acta de indagatoria deberán ser indicadas las pruebas mediante su ubicación en el expediente, bajo pena de nulidad. El artículo 281 en su parte pertinente, establece que: "El hecho imputado deberá transcribirse circunstanciadamente en el acta y las pruebas serán indicadas mediante su ubicación en el expediente, lo que también constará en el acta, bajo pena de nulidad".- Como puede apreciarse, en autos solo existe una certificación actuarial en relación a la imputación del delito de desobediencia Judicial, no encontrándose agregadas las piezas procesales pertinentes en cuanto el auto y/o decisión jurisdiccional que así lo dispuso, la correspondiente notificación del imputado, etc., que permita asumir que el mismo conocía la existencia de dicha restricción, vale decir que no se observa en los presentes, la información suficiente para cubrir esa proposición fáctica.
Estamos ante una omisión probatoria, que impacta, directamente, en la omisión a reseñar prueba, pues va de suyo que no se puede reseñar lo que no se sustanció. La individualización de las pruebas, tal y como lo expresa la norma, de forma siguiente a la transcripción de los hechos imputados, tiene la finalidad que la persona acusada de un delito, pueda comprender de donde surge la información que se le brinda como una conducta realizada u omitida, de forma dolosa o culposa, por él. Sin la enumeración de la prueba, o de la omisión de alguna de ellas, que aportan información que se traduce en las proposiciones fácticas que integran una acusación o imputación, la garantía de una defensa en juicio eficaz se ve directamente afectada, y no puede suplirse con la lectura de la causa que regula el artículo 281 en el párrafo siguiente.
Peor aún, como en el caso, que la omisión no solo impacta, como dije, en la enumeración e individualización de la prueba, sino en la realización de la misma directamente, pues la prueba documental debe ser agregada en la causa. En este orden, y retomando el razonamiento, una vez transcripto el hecho y la prueba, el art. 281 establece que: "El Juez permitirá la lectura de las mismas y de la denuncia por el imputado, si este así lo requiere otorgándosele el tiempo necesario para hacerlo". Ahora bien, como adelanté, si el imputado o su defensor, hacen uso del derecho a compulsar todas las actuaciones, ello no puede suplir la falta de enumeración de todas o algunas medidas probatorias que aportan información para la formulación de las proposiciones fácticas, pues es obligación del Estado, detallar debidamente las pruebas en las cuales basa su acusación o imputación, como forma de garantizar el principio de congruencia.
Agrégase a ello que, la norma, regula un derecho, no establece una obligación en cabeza del imputado o su defensa técnica de compulsar las actuaciones, razón por la cual, si el imputado o su defensor no hacen uso del mismo, la deficiencia en la enumeración probatoria, con más razón, tiene la misma resolución procesal que la indicada en el párrafo anterior. Tampoco puede ser suplida la omisión, dando por sentado que si está la medida probatoria o de investigación agregada en la causa, el imputado o su defensa, pueden haber tenido conocimiento de la misma, sea a través de presentación de escritos o peticiones, pues en el acto de indagatoria, debe ser específicamente reseñada la misma. Existe un orden lógico para acusar a una persona, que se inicia con la denuncia o instrucción policial de oficio, la investigación que se abre a partir de esta circunstancia, la sustanciación de medidas de investigación y probatorias, las que, a la postre, aportan información para la determinación de un hecho punible, por lo que, claramente, al momento de imputarle a una persona los hechos, deben agregarse expresamente, todas las pruebas y medidas de investigación que aportaron información al mismo.
Las remisiones a medios probatorios sustanciados en otras actuaciones, si no se cuentan con el original de las mismas acollaradas por cuerda a la causa principal dejándose debida constancia, individualizando estrictamente las fojas pertinentes; o en copia certificada, impide valorar y analizar a la defensa, tanto material como técnica, en que prueba documental, como sería en éste caso, se basa el Juez para imputar y procesar a una persona. Esta imposibilidad no se acota solo a la Defensa, sino que impide a las partes y a la función jurisdiccional, en sus distintos grados, poder analizar y valorar los hechos y la información en la cual se sostienen. ... Por todo lo expresado, corresponde declarar la nulidad absoluta del acta de declaración indagatoria y lo obrado como su consecuencia directa, y se reitera que deberá realizarse nuevamente la declaración indagatoria, debiendo detallarse al momento de celebrarse la misma, las pruebas obrantes en su contra y la ubicación de las mismas en las actuaciones.
En este caso, deberá adjuntarse en copia certificada o en sus originales, la prueba documental en la cual se basa el A quo para imputar el delito de desobediencia a la autoridad (art. 239 del C.P.); y en los autos caratulados: “LEDESMA, ROBERTO LEOPOLDO S/ LESIONES LEVES, AMENAZAS CALIFICADAS ATENTADO Y RESISTENCIA” Expte. Nº L- *****/23, N° de Juzgado de Recursos ****/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras sostuve que: "Sobre estas pautas hermenéutica, hay que tener presente que las proposiciones fácticas que integran la imputación de un hecho punible tienen como origen o causa eficiente en la información que debe haber en un legajo de investigación. La selección de las proposiciones fácticas y la necesaria subsunción de las mismas en una figura delictiva, requisito indispensable para poder ser imputadas, demanda un acto de determinación y precisión al momento de ser establecidas, a cargo de la autoridad judicial o a propuesta de la acusación (Querella Particular o Ministerio Público Fiscal), el que no puede darse por supuesto por el ejercicio de la competencia, sino que, y además de ello, debe tener un anclaje en la información agregada en la causa.
No puede la autoridad judicial establecer proposiciones fácticas sin que las mismas se funden en la información que se produjo en una causa. Esa información es la que se valora y analiza al momento de establecer y determinar un hecho punible, y esta actividad debe realizarse de manera integral, máxime cuando como en autos, existen varios órganos de prueba que aportan datos esenciales para el presente proceso. Finalmente en los autos caratulados: “INC. DE APELACIÓN EN AUTOS: "GEIS CARLOS MICHAEL S/ Homicidio Simple” Expte. Nº I-*****/24, N° de Juzgado de Recursos ****/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, sostuve que: "Sobre este camino, surge claro lo señalado por la Fiscalía de Cámara, pues y tal, como quedó redactada la imputación, no se puede establecer frente a qué estructura típica nos encontramos, es decir si estamos ante una conducta dolosa o culposa, o si lo que se le está imputando es una conducta preterintencional.
(Conf. art. 81 inciso 1, apartado b) del C.P.) En este sentido, surge de autos información suficiente para poder precisar una estructura típica determinada, razón por la cual, entiendo que le asiste razón a la Fiscalía de Cámara, pues y va de suyo, no es lo mismo defenderse de una imputación por homicidio preterintencional, que defenderse de una acusación de homicidio dolosa o culposa. Las proposiciones fácticas redactadas deben establecer claramente la conducta y la subsunción de la misma en una figura delictiva dolosa, culposa o preterintencional, y ello no puede obviarse o suplirse al momento de asignarle la calificación legal. La acción humana, para que sea delito, debe ser típica, y la estructura de tipicidad debe surgir clara de la imputación, no siendo constitucional-convencional que, ante la vaguedad de la misma o su ambigüedad, la luz la arroje la calificación provisoria que le otorgue por el a quo al momento de la indagatoria, pues además, ni siquiera es un requisito legal que la misma sea impuesta en ese momento".
Asimismo, en los autos caratulados: “BAEZ OSCAR ALFREDO Y OTRO S/Robo en poblado y en banda en grado de tentativa” Expte. Nº *****/24, N° de Juzgado de Recursos ****/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "Cabe señalar que, con la prueba reunida en autos, existía información suficiente para describir correctamente la plataforma fáctica, independientemente de la calificación legal atribuida y su posible controversia o control. Es decir que se cuenta con información precisa acerca de la modalidad que llevaron adelante los coimputados para sustraer las chapas del techo de la vivienda, lo que no fue descripto en la imputación, no bastando la transcripción de los requisitos y elementos típicos que exige la figura delictiva.
Hay que precisar que lo que se imputan son conductas es decir actos y acciones disvaliosas y sus respectivos resultados típicos que afectan y lesionan bienes jurídicos por lesión o por peligro, y éstas deben subsumir un una figura delictiva precisa, no es a la inversa como se realizó en la audiencia indagatoria, es decir que se imputó una figura delictiva (léase sus medios comisivos) sin señalar la modalidad de las conductas realizadas. Así en el primer acto de defensa se estableció una calificación legal específica, pero no se describieron, reitero, qué conductas tipo de conductas realizaron los presuntos coautores, sino el verbo típico, y conforme la imputación realizada, la misma podría subsumir en los alcances de la figura delictiva de robo o de hurto, pues no existe precisión a éste respecto.
A fs.30 y 31 los hechos imputados se describen: “El hecho ocurrido en la ciudad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz, el día12 de mayo de 2024 sin horario preciso pero con anterioridad a las 17:00 horas en circunstancias en que el compareciente-en connivencia y junto al ciudadano Báez Oscar Alfredo-, se habrían apersonado en el domicilio de la ciudadana Vanesa Albarracín, sita en Avenida xxxxx y calle xxxxx de esta ciudad una vez allí se habrían apoderado ilegítimamente, de chapas del sector techo, no pudiendo lograr así sus cometidos, por circunstancias ajenas a la voluntad, dado que el personal policial los interceptaron al momento del hecho”. (La negrita y el subrayado son de mi autoría).
De la narración del hecho, se observa la utilización de los significantes típicos que no tienen que ver directamente con el caso en análisis y las acciones desplegadas por los coautores. El apoderamiento ilegítimo presupone la sustracción de una cosa total o parcialmente ajena (cosa sustraída, modalidad, actividad desplegada por casa partícipe, etc.) y depende de la existencia de fuerza en las cosas o violencia en las personas para que la misma subsuma en una figura distinta a la de hurto, y en el presente caso, esa acción concreta no se halla descripta. Estas proposiciones fácticas ausentes, reemplazadas por el relato de la figura delictiva imponen declarar la nulidad de las indagatorias y de todos aquellos actos que son su consecuencia.
Por su parte, en los autos caratulados: “TOLEDO, GABRIEL ALEJANDRO S/DENUNCIA” Expte. Nº **.***/21, N° de Recursos 7869/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado", sostuve que: Por último en lo que respecta a la nulidad de la declaración indagatoria por imprecisión en los hechos narrados, se observa que el Magistrado interviniente efectúa una transcripción de los términos típicos legales, pero no realiza una descripción detallada de la proposiciones fácticas que subsumirían en dichos supuestos, invirtiendo así, el juicio de tipicidad. Comparto lo expresado por la Defensa y la fiscalía de Cámara. Es más, claramente surge el que a quo imputa segmentos de figuras delictivas (tipo objetivo sistemático) y las entrelaza con proposiciones fácticas, estableciendo una imputación, que en lo central, no señala las acciones del imputado ni describe el estado de la víctima.
Como señalé, esto impide realizar el normal juicio de subsunción típica, que debe partir de la conducta que se imputa, para luego, analizar si es o no típica, y en su caso en que figura delictiva encuadra. En los autos caratulados: “DEFENSORÍA OFICIAL PERITO MORENO S/ DENUNCIA INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.A.” Expte. Nro. D-*****/21, Nro. de Juzgado de Recursos ****/24, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras; sostuve que: "De la lectura de la descripción de las proposiciones fácticas atribuidas al imputado, surge que, en el primero de los hechos, ocurrido en Pasaje xxxxx *** de la localidad de Los Antiguos, se le describe a R.A.L. que le habría hecho tocar sus “partes íntimas” a la adolescente I.N.G.
Lo mismo sucede en el último de los hechos descriptos, ocurrido en el domicilio sito en Mza. 246 solar 30 del Barrio Malvinas de Las Heras, en cuya descripción se detalla que el imputado le efectuó tocamientos a I.N.G en sus “partes íntimas”. Dicha terminología resulta imprecisa. Todo el cuerpo de la persona pertenece a su esfera de intimidad, por lo que la acepción “tocar partes íntimas” puede tener diferentes significados o interpretaciones de acuerdo a su emisor o su receptor. Dicha oración, tenía significancia en ciertos ámbitos sociales a principios del siglo pasado (léase siglo XX, en ámbitos sociales denominados oligarcas) y se la utilizaba para indicar los genitales de varones y mujeres, pues nombrarlos, solo estaba reservado a ciertos lenguajes como el científico, Nombrarlos era señal de pertenencia a las clases sociales marginadas, en los cuales los genitales eran nombrados, aunque por sinónimos valorados como “vulgares”.
Ahora bien, la construcción de este significante, no solo carece de actualidad en el lenguaje común en donde a nadie se le ocurre señalar las “partes íntimas”, pues el cuerpo de la persona es una unidad psicofísica, ya que son nombradas abiertamente, sino y aún, no puede tener acogida cuando se detalla una acción que subsume en una figura delictiva. Las acciones no pueden ser reemplazadas por construcciones metafóricas que remitan a la inteligibilidad de cada persona. Las figuras retóricas deben ser evitadas y solo utilizar un lenguaje descriptivo, el que se enfoca como narración de acciones humanas (de allí la expresión “relato del hecho”), desprovisto de cualquier consideración que se pueda realizar de los mismos.
Ello permite el entendimiento y la comprensión de la persona que es destinataria de la acusación, y centra, fundamentalmente, el objeto procesal, al permitir una subsunción que sea transparente, allende discusiones, para cualquier persona. En otras palabras, la oración utilizada en la imputación puede significar una acción concreta para una persona y una diferente para otra. Claramente dicha terminología utilizada resulta confusa e imprecisa. Sobre todo cuando existe en autos información suficiente para poder precisarla, pues I.N.G. en la audiencia en cámara gesell, cuando se le pide que aclare como se llaman las partes íntimas, menciona a los pechos y la vagina en referencia a las suyas, y luego hace mención al pene en referencia al imputado.
Contándose en autos con información suficiente para efectuar una descripción precisa y detallada de la acción desplegada por el imputado, la efectuada en el acto indagatorio no satisface las exigencias del art. 281 del C.P.P. ocasionando un perjuicio para el imputado ya que no le permite conocer de qué hecho concreto se tiene que defender, cual fue la conducta específica que se le está atribuyendo. Por otra parte, de la escucha del testimonio de la adolescente, se aprecia que I.N.G. refiere a una situación precisa ocurrida en un auto, que no fue objeto de imputación. Asimismo, en la imputación de los hechos, tampoco se ha tenido en cuenta que en el último de aquellos, el imputado se encontraba bajo la guarda de hecho de la niña pues había sido dejada en la casa y al cuidado de éste y su esposa, ante un viaje de los progenitores...
Más allá de que no se efectuó ningún análisis del mérito de la prueba, más que el referido respecto del informe pericial, ninguna consideración han merecido para el A quo los dichos de la adolescente I.N.G. vertidos en la audiencia realizada en cámara gesell, la que obra en filmación resguardada en el DVD incorporado a estos obrados. La prueba fundamental sobre la que se debe partir y anclarse el análisis valorativo, no fue objeto de apreciación por parte del Sr. Juez de Instrucción, lo que priva al auto de mérito de ser debidamente motivado."
Bajo esas pautas rectoras, entiendo que la descripción de las proposiciones fácticas atribuidas al imputado, no surgen de la información que emana de las constancias de autos, poniendo en jaque, de ese modo, no solo el derecho de defensa del imputado sino el principio de congruencia.
Es así que, luego de haber observado la filmación de declaración de S. A. G. C. realizada en cámara gesell, y analizado el informe pericial psiquiátrico de fs. 85/86, se advierte que los hechos atribuidos a R. O. H. en la indagatoria de fs. 136/vta., no encuentran anclaje en la información que surge de autos, en especial la testimonial y pericial psicológica citadas. Lo mismo sucede con la indagatoria anterior obrante a fs. 96/97.
La adolescente en la audiencia en cámara gesell relata un solo hecho ocurrido en el mes de diciembre de 2022, y luego refiere a otra situación vivenciada años atrás cuando era niña (la que, como quedó aclarado supra, no es objeto de investigación en los presentes obrados, sino en otro expediente).
Luego, la Lic. N. B. C., al realizar el informe pericial, expresa: "S. A. G. C. no puede describir lo sucedido, le es hasta intolerable para su psiquismo pronunciar con nombre y apellido a la persona que la lastimó. Frente a ello, se indaga aun sobre lo traumático, expresando de manera breve que la persona denunciada le tocó por debajo de la ropa interior introduciendo sus dedos en la vagina y que le tomó de la mano para que le toque sus partes (pene). Frente a ello S. A. G. C. logró salir corriendo"
Lo expuesto por la Lic. N. B. C. se aprecia como una ampliación de las circunstancias y modalidades relativas al hecho que la adolescente S. A. G. C. relató en el ámbito de la cámara gesell y no un nuevo hecho como fue interpretado por el A quo.
No surge del informe pericial que la perito psicóloga se esté refiriendo a que la adolescente le relató dos situaciones concomitantes distintas, respecto del mismo imputado, tal como le fueron atribuidas al Sr. R. O. H. en su indagatoria.
Por otra parte, sin perjuicio de lo expuesto, y más allá del motivo de la declaración de nulidad que corresponde, también se observa que en la descripción de la segunda situación no se describen, claramente, las circunstancias de tiempo, pues si bien se indica que fue "el mismo día", no establece la descripción en que horario o si fue inmediatamente después de la primera o cuánto tiempo luego.
Así como tampoco surge cuál habría sido la modalidad comisiva, es decir si hubo "violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción "(art. 119 primer párrafo), y en el último supuesto previsto por el texto legal, cuál fue dicha causa o motivo.
Por ello, sin perjuicio de lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, en función de lo dispuesto por el art. 160 del C.P.P., corresponde declarar la nulidad de las declaraciones indagatorias de fs. 96/97 y 136/vta, por deficiente intimación de los hechos atribuidos al imputado, y del auto de procesamiento que es su consecuencia. Atento lo expuesto en párrafos precedentes, entiendo pertinente y prudente, a los fines de delimitar con precisión las proposiciones fácticas que contendrá la imputación, que previo a recibirle nueva indagatoria al imputado, se cite a la adolescente S. A. G. C. a prestar declaración testimonial en los términos del art. 234 ter. del C.P.P. Así lo recomiendo.
Por todo, como Juez de Recursos;
I.-RECHAZAR los planteos de nulidad por ausencia de requerimiento fiscal, y nulidad por afectación al derecho de defensa en la realización de la cámara gesell pese a la oposición de la defensa y ausencia de control de la Alzada, formulados por el Defensor Particular en los puntos I y II de su recurso de apelación de fs. 155/164, por los motivos expuestos en los considerandos.
II.-DECLARAR LA NULIDAD de las declaraciones indagatorias de fs. 96/97 y 136/vta., y del auto de procesamiento de fs. 141/152 que es su consecuencia. III.-Hacer saber al Sr. Juez de Instrucción la recomendación efectuada en el último párrafo de los considerandos.
IV.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado. Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia