Abriendo la norma
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8351 FOLIO Nº 009/012 PROT. ELECT. JR101226I.231
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "División Comisaría Gobernador Gregores S/Investiga muerte en accidente de tránsito" (segundo incidente de excarcelación), Expte. Nº 7555/22 - Apelación/Causa JR Nº 8667/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 18/23 del presente incidente de excarcelación obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto 1º) declaró la inconstitucionalidad del tercer párrafo del art. 302 del CPP, en el punto 2°) concedió la excarcelación con caución juratoria del procesado M.E.P. y en el punto 3°) ordenó la inmediata libertad. Que a fs. 26/27 y vta. la parte querellante apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 34. Que, de igual forma, a fs. 28/29 la fiscalía de primera instancia apeló, sin embargo al no comparecer la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones ante esta instancia a sostener el recurso dentro del plazo legal, a fs. 35 se declaró desierto el mismo. Que, sin perjuicio de encontrarse aún vigente el plazo previsto por el art. 437 del CPP con relación a la querella, advertimos de oficio una cuestión de orden público que amerita el pase a resolver sin más trámite;
Y
I. Que la parte querellante se agravia de la resolución recurrida por ocasionar un gravamen irreparable a sus intereses, es por ello que solicita se revoque la resolución atacada y se ordene la inmediata detención del imputado M.E.P., toda vez que: a.- La resolución adolece de una fundamentación “aparente” en razón que la Magistrada enuncia que existiría una contradicción entre el 1er párrafo y el 3ro del art. 302 del CPP que conculca en principio de inocencia, declarándolo inconstitucional, pero no explica en qué consiste la supuesta contradicción como para arribar a tan grave conclusión, tratándose de una fundamentación arbitraria y aparente. b.- La quo afirma que el 3er párrafo del art. 302 del CPP, afecta la “garantía de igualdad ante la ley” y el “principio de inocencia”, ya que da un trato distinto a los imputados de un delito en relación a los imputados de otros delitos incluso más graves por ser dolosos, sin explicar cuál sería el trato distinto y cuáles serían los otros delitos incluso más graves por ser dolosos.
Al respecto plantea que es evidente un homicidio aún si fuera culposo es un delito sumamente grave pues se trata nada más ni nada menos que de quitarle la vida a alguien, en este caso al joven I.U.G. quien contaba al momento del luctuoso hecho con apenas 20 años de edad, tratándose del bien jurídico más preciado: el derecho a la vida. c.- La Sra. Jueza argumenta que el 3er párrafo del art. 302 del CPP desvirtúa el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva y la transforma en una pena anticipada aplicable al imputado en función de circunstancias propias de la comisión de un delito mientras se lo presume inocente. Esto agravia a la querella pues por el contrario a lo aseverado por la Instrucción, la limitación del derecho a la libertad tiene su fundamento en la gravedad de la conducta desplegada por el autor y su desaprensión del resultado muerte, toda vez que en el caso concreto no sólo conducía el vehículo bajo los efectos de un alto grado de alcoholemia sino que lo hacía conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 km por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, es decir, muy superior a la permitida en la ciudad, además de haber hecho caso omiso a las súplicas de las víctimas que disminuyera la misma o que detuviera su marcha, no advirtiéndose ninguna circunstancia atenuante para su conducta. d.- La resolución recurrida va en contra de la jurisprudencia provincial de instancias judiciales superiores, que en otros casos similares al aquí tratado, se ha pronunciado en contra de la declaración de inconstitucionalidad de las normas procesales que restringen la libertad adecuada a la circunstancias del caso.-
e.- Se ha cambiado de criterio del juzgado interviniente, más allá de la subrogancia legal, sin que hayan variado las circunstancias tenidas en cuenta tanto al momento de ordenar la detención del imputado como al momento de denegar la excarcelación hasta el momento del dictado de la resolución recurrida. Por último hace reserva de casación y del caso federal, para el caso de la denegatoria del recurso. II) Que del análisis del presente incidente y de los agravios de la recurrente, en función de la resolución puesta en crisis, advertimos de oficio que, la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción con asiento en Puerto Santa Cruz, ha incurrido en una nulidad de carácter absoluta, toda vez que previo a resolver los planteos de la defensa del imputado, corrió la vista a la fiscalía de instrucción, solicitando que se expida sobre el planteo de inconstitucionalidad del 3er párrafo del art. 302 del CPP (ver fs. 15vta), emitiendo la resolución de fs. 18/23 del presente incidente sin que el Ministerio Público Fiscal hubiera dictaminado sobre ese punto en concreto.
Veamos, en el dictamen fiscal de fs. 16vta./17 se dijo: “…sabido es que el control de constitucionalidad es una atribución y deber que tienen los jueces de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial de la Nación y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra posibles abusos involuntarios de los poderes públicos (…), por lo que entiendo que es facultad exclusiva de S.S. expedirse respecto al planteo de inconstitucionalidad incoado por la defensa del imputado en autos y no así, de este Ministerio Público Fiscal.
En efecto, estimo pertinente que, previo a contestar la vista conferida respecto a la solicitud de excarcelación en favor del imputado en autos, SS se expida en relación a la constitucionalidad del art. 302 3er párrafo del CPP, en los términos expuestos por el Dr. G. y que, solo en el hipotético caso que SS declare la inconstitucionalidad de la manda procesal cuestionada, otorgue nueva vista a los mismos fines y efectos que la oportunamente efectuada…”. Que, en consecuencia esta Alzada advierte la existencia de una irregularidad que pone en juego aspectos que atañen al orden público, es decir, vicios que provocan una nulidad por afectación a una garantía constitucional, debiéndose extremar –en tal sentido- los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio de los derechos.
Concretamente, entendemos que la fiscalía de primera instancia debía emitir opinión sobre el asunto que le fuera requerido por la Sra. Jueza de grado, es decir, sobre la inconstitucionalidad del 3er párrafo del art. 302 del CPP, toda vez que como titular de la acción pública debe velar por la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, provincial y los tratados internacionales en los que la República sea parte, mediante dictámenes fundados en el derecho vigente, contemplando los pactos y convenciones internacionales incorporados a la Constitución Nacional; máxime cuando en este caso se está alegando una controversia entre un artículo del Código Procesal y el bloque de constitucionalidad. Cabe destacar que esta obligación se encuentra específicamente impuesta a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal en los arts. 75 inc. a y 78 inc. 1 de la ley orgánica para la justicia de la Pcia. de Santa Cruz.
En este mismo sentido se ha expedido recientemente el Excmo. TSJ en autos caratulados: “R.C.A. S/Homicidio culposo”, Expte. Nro. R-1319/22/TSJ, mediante auto interlocutorio registrado bajo el T°: XXXIII – R°: 06 – F°: 017/021, de fecha 27/09/2023 y previamente en autos caratulados: “S.G.A. S/Inf. Arts. 84 2° p y 45 CP”, Expte. Nro. S-951/15/TSJ, mediante auto interlocutorio registrado bajo el T°: VII – R°: 05 – F°: 061/067. Que, por lo tanto, corresponde declarar la nulidad absoluta del dictamen obrante a fs. 16vta./17 del presente incidente y de todo lo actuado en consecuencia incluyendo la resolución recurrida (de conformidad con los arts. arts. 116 en función de los arts. 62, 158, 159 inc. 2, 160 y 162 inc. 1 con los efectos de los arts. 164 del CPP).
En consecuencia, corresponde retrotraer el trámite hasta el decreto de fecha 22/11/2023 (ver fs. 15 vta.). II) Que en atención a los fundamentos precedentes, se exhorta a la Sra. Jueza a tramitar la presente causa con el orden de prioridad y celeridad que amerita, haciéndole saber que deberá abstenerse de concretar medidas en riña con el debido proceso legal como el que nos ocupa. III) Que en virtud de ello corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido con relación a la Sra. Jueza titular del Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, Dra.
N.R.U., remitiendo copia de la presente resolución a través del sne. IV) Que, sin perjuicio de la nulidad dictada precedentemente respecto del dictamen de la fiscalía actuante, corresponde remitir copia de la presente resolución y de los dictámenes del ministerio público fiscal glosado a fs. 16vta./17 al Sr. Fiscal ante el Excmo. T.S.J. a los efectos pertinentes. Ello teniendo especialmente presente lo expresado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia recientemente en el sentido que: “…es deber del Fiscal emitir su opinión en cualquier asunto que le sea requerido por los jueces, sea cual fuese la instancia en la que se desempeñe, pero siempre mediante un dictamen fundado en derecho vigente contemplando los pactos y convenciones internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional; máxime teniendo en cuenta que…él es garante del control de legalidad…” (Resolución inscripta al Tomo: XXXI –Interlocutorio- T.S.J.; Registro Nº: 017; Folio Nº: 099/101, de fecha 03 de Septiembre de 2022 en autos “S.F.H. s/ abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo”, Expte.
Nº 2519/22 (S-1354/22/TSJ)), entre otras –, donde se analiza la debida diligencia reforzada que se debe imprimir a las actuaciones cuando estén en juego los derechos de las víctimas. V) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. VI) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada -bajo los recaudos de estilo- al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. DECLARAR –DE OFICIO- LA NULIDAD ABSOLUTA del dictamen de la fiscalía de primera instancia de fs. 16vta./17 y todos los actos posteriores labrados en consecuencia y RETROTRAER EL TRÁMITE hasta el decreto de fecha 22/11/2023 (ver fs. 15 vta.), por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden de conformidad con los arts. arts. 116 en función de los arts. 62, 158, 159 inc. 2, 160 y 162 inc. 1 con los efectos de los arts. 164 del CPP.
2. HACER SABER a la Instrucción lo consignado en el II) considerando que antecede.
3. TENER PRESENTE la reserva de casación y del caso federal efectuada por la parte querellante, para el momento procesal oportuno.
4. REGÍSTRESE y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
5. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto III) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.-
6. OFICIESE al Sr. Fiscal ante el Excmo. T.S.J. a los efectos y con los alcances indicados en el punto IV) de los considerandos.-
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected], de conformidad con lo dispuesto en el VI) considerando que antecede.-
(A.I.G.)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia